Junto con Guzzo, fue el juez que actuó —ilegalmente— en la mayoría de los hechos previos a la dictadura o de la primera mitad de 1976. Fue condenado por rechazar habeas corpus o sobreseer causas sin promover investigación alguna sobre denuncias de secuestros y desapariciones.
Además, fue quien recibió a diez personas secuestradas en el D2 de la “Causa Rabanal” en febrero del 76 y les tomó declaración en la Unidad Regional Primera de la Policía de Mendoza. Sin indagar en las condiciones deplorables en que se presentaron, remitió al grupo a la Penitenciaría Provincial.
Condenas
Fue condenado a la pena de prisión perpetua en el cuarto juicio.
