El próximo viernes 4 de agosto a las 9:00 iniciará el décimo tercer juicio por delitos de lesa humanidad de Mendoza. Se trata de una megacausa centrada en investigar el rol del Departamento de Informaciones de la Policía (D2) y sus integrantes en el plan represivo estatal desplegado en nuestra provincia. De acuerdo al Ministerio Público Fiscal, esta unificación en una causa evita la dispersión de los hechos y las pruebas y permite comprender cabalmente el funcionamiento del D2 como aparato organizado de poder.
Creado en 1970 por ley orgánica de la Policía durante la dictadura de Lanusse, el Departamento de Informaciones fue una dependencia encargada específicamente de la tarea de inteligencia que implicaba reunir, recopilar y analizar información para detectar personas sospechosas de “subversión” y, por tanto, posibles “blancos”. En 1977 cambió su nombre por Dirección de Informaciones Policiales pero sin alterar sus funciones, que conservó hasta muy entrada la democracia. Ubicado desde 1975 en el Palacio Policial —Belgrano 179 de Ciudad—, intervino en numerosas desapariciones y ejecuciones aportando desde diversas labores: realizaba inteligencia previa sobre las víctimas, confeccionaba sumarios, planificaba los operativos, participaba en la ejecución de los allanamientos y secuestros y se convirtió en el mayor Centro Clandestino de Detención (CCD) de Mendoza, lugar por el que pasaron cerca de 300 personas detenidas de forma ilegal.
La megacausa D2 contempla una serie de delitos —homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, lesiones graves, violaciones y robos— cometidos contra 334 víctimas: 71 de ellas fueron asesinadas o se encuentran desaparecidas. Más de una docena de los casos corresponde a niños y niñas. Los crímenes se ubican en un amplio rango temporal que se extiende desde abril de 1974, cuando el D2 aún funcionaba en el edificio de la Unidad Regional I de la Policía de Mendoza—Montevideo y Mitre—, hasta el mismo mes pero de 1981. Algunos de los hechos se oirán por primera vez. Muchos fueron reconstruidos con anterioridad al investigar el rol de otras fuerzas del aparato represivo local. En esta ocasión se pondrá el foco en la responsabilidad directa del D2 a través de la inteligencia, el secuestro de las víctimas o el cautiverio de las mismas en sus celdas.
En cuanto a los imputados, 28 policías llegan a juicio oral y público, 15 de ellos por primera vez: Rubén Oscar Blanco, Eduardo Germán Cía Villegas, Carlos Plácido Escobar Zurita, Teodoro Alejo Galigniana Oros, Lucas Marcelo Rubén Garay Domínguez, Gerónimo Antonio Mateo Jofré, Oscar Alfredo Maturano Ibaceta, Antonio Marcos Ochoa Albornoz, Jacinto Salvador Olmedo Muñoz, Armando Oscar Quintero Bassi, Omar Pedro Reta Zárate, Adolfo José Siniscalchi Arizmendi, José Lellis Sosa Córdoba, Juan Hipólito Tello Yáñez y Omar Pedro Venturino Amaker. Por su parte, otros 13 suman condenas previas: Carlos Faustino Álvarez (6.° juicio), Armando Osvaldo Fernández Miranda (3.°, 4.°, 6.°, 9.° y 10.° juicio), Abelardo Santiago Garay (10.° juicio), Rubén Darío González Camargo (4.° juicio), Pablo José Gutiérrez Araya (4.° y 6.° juicio), Julio Héctor La Paz Calderón (4.° juicio), Mario Alfredo Laporta (4.° y 6.° juicio), Celustiano Lucero (2.° juicio), Ricardo Benjamín Miranda (3.°, 4.° y 6.° juicio), Marcelo Rolando Moroy Suárez (4.° y 9.° juicio), José Esteban Roccato Villegas (9.° juicio), Miguel Ángel Salinas (6.° juicio), Miguel Ángel Tello Amaya (4.° y 6.° juicio).
Exactamente trece años han transcurrido desde julio de 2010, cuando comenzó el primer juicio que propuso investigar los crímenes cometidos en Mendoza en el marco del terrorismo de Estado. Frente a este nueva instancia, seguimos pidiendo Memoria, Verdad y Justicia.
