Día de la Memoria: en Mendoza hay 90 condenados por genocidio en los juicios de lesa humanidad

Compartimos la nota del periodista e integrante del Colectivo Juicios Mendoza Gustavo De Marinis, publicada en Diario UNO el 24/3/2024. En ella repasa el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad de nuestra provincia.

Enlace a la nota: https://www.diariouno.com.ar/politica/balance-el-dia-la-memoria-mendoza-hay-90-condenados-los-juicios-lesa-humanidad-n1306147 

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Día de la Memoria: en Mendoza hay 90 condenados por genocidio en los juicios de lesa humanidad

Por Gustavo De Marinis

Al conmemorarse este domingo el Día de Nacional de la Memoria un repaso por los juicios de lesa humanidad que se han desarrollado en Mendoza indica que son 90 las personas condenadas por delitos que la Justicia Federal determinó -en todos los casos- que fueron cometidos en el contexto internacional de genocidio.

Sobre este último término –genocidio– desde la asunción de Javier Milei como Presidente han retornado con fuerza los cuestionamientos de quienes ponen en duda la cantidad de 30.000 desaparecidos y también los que esgrimen la denominada teoría de los dos demonios para argumentar que se trató de una guerra (sucia) y no de un plan de extermino.

Lo real es que la extensa nómina de quienes recibieron condena en 12 juicios desde 2010 la integran ex miembros de las Fuerzas Armadas, Policía de Mendoza, Policía Federal y Penitenciaría. También hay civiles -por apropiación de menores- y 4 ex jueces federales entre quienes sobresale la figura del ya fallecido Otilio Romano, encontrado culpable en más de 130 casos.

Los delitos que cometieron van desde homicidios, homicidios doblemente agravados, privación ilegal de la libertad, ataques sexuales a hombres y mujeres, tormentos, robos, sustracción de menores y asociación ilícita, entre otros.

Doce juicios de lesa humanidad en Mendoza y el 13°, en curso

Los juicios de lesa humanidad en Mendoza comenzaron en 2010 y desde entonces se desarrollaron 12. Uno de ellos -el más notorio- fue el que incluyó a 4 ex jueces federales, todos condenados a prisión perpetua. Además de Romano recibieron esa pena Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Rolando Carrizo.

Actualmente se está ventilando el 13° proceso judicial en el que son juzgadas 28 personas que cumplieron funciones en el centro clandestino de detención y exterminio conocido como D-2 en el Palacio Policial donde actualmente funciona el Espacio Provincial de la Memoria.

Los crímenes investigados y juzgados ocurrieron antes (hay algunos casos de 1971) y durante la dictadura militar que tomó por asalto el poder el 24 de marzo de 1976, hace exactamente 48 años.

Las víctimas cuyo casos han sido considerados son más de 500. De ellas 380 sobrevivieron y pudieron dar testimonio de los padecimientos sufrido. Once fueron asesinadas y 110 son desaparecidos.

Entre quienes padecieron el terrorismo de Estado hubo militantes políticos y sociales, profesionales (sobre todo abogados), docentes, jubilados, estudiantes, delegados gremiales, periodistas, religiosos, conscriptos, empresarios, trabajadores (gran cantidad de bancarios) y hasta niños. Algunos tuvieron vínculos con partidos políticos sobre todo de izquierda y del peronismo -también de la UCR- o con algún movimiento armado como Montoneros y ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo).

El mencionado D-2, el campo de entrenamiento de la Fuerza Aérea en Las Lajas, comisarías, dependencias de las Fuerzas Armadas, una parte del edificio que ocupaba la Legislatura de San Rafael… fueron algunos de los centros clandestinos de detención en los que fueron alojadas las personas que eran secuestradas por las fuerzas paraestatales.

De los 90 condenados por delitos de lesa humanidad en Mendoza, 39 recibieron la pena de prisión perpetua y no sólo una vez. Alcides París Francisco y Armando Osvaldo Fernández, ex Policía de Mendoza, acumulan tres perpetuas. Es más, este último suma dos sentencias más: una a 20 años y otra a 10, por la apropiación de una menor.

El resto ha sido objeto de penas de entre 3 y 22 años de prisión y hubo 5 absueltos. La mayoría hoy cumple prisión domiciliaria por razones de salud o de edad. Algunos ya fallecieron.

Las partes de los juicios por delitos de lesa humanidad

Buena parte de los implicados en estos delitos ha contado con la defensa oficial del Ministerio Público Fiscal aunque unos cuantos contrataron a sus propios abogados.

En la parte acusadora, al Ministerio Público Fiscal, encabezado por Dante Vega y Daniel Rodríguez Infante (Pablo Garciarena en San Rafael) se sumaron la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos (MEDH) de Mendoza, La Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la provincia de Mendoza (en los últimos juicios no participó) y abogados particulares.

En las doce sentencias dictadas hasta ahora los jueces que conformaron los tribunales de los juzgados federales números Uno y Dos coincidieron en «declarar que todos los hechos resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y cometidos en contexto del delito internacional de genocidio, razón por la cual resultan imprescriptibles y así deben ser calificados (artículos 75 inciso 22 y 118 de la Constitución Nacional y Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobadas por las Leyes 24.584 y 25.778)»

Los magistrados que han participado de los distintos procesos son Jorge Roberto Burad, Roberto Julio Naciff, Héctor Fabián Cortés, Juan Antonio González Macías, Antonio Burad, Alejandro Nocetti Achával, Jorge Picarenco, Alejandro Piña, Raúl Alberto Fourcade, Marcelo Grosso, Gretel Diamante , Fátima Ruiz López, Daniel Alberto Cisneros, María Paula Marisi, Alberto Daniel Carelli y María Carolina Pereira.

Las sentencias completas se pueden buscar y leer en el sitio web Lesa Humanidad Mendoza.

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El Colectivo Juicios Mendoza se conformó en 2010 por iniciativa de los Organismos de Derechos Humanos para la cobertura del primer juicio por delitos de lesa humanidad de la Ciudad de Mendoza. Desde ese momento, se dedicó ininterrumpidamente al seguimiento, registro y difusión de los sucesivos procesos judiciales por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.