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AUDIENCIA 11 / «UNIR A LOS POBRES ES SUBVERSIÓN»

Por primera vez en un juicio de lesa humanidad de Mendoza, se incluyó el llamado “Operativo Antijesuita”. Se trata de un grupo de procedimientos desatados entre junio y septiembre de 1976 contra militantes sociales que acompañaron al cura Llorens en los trabajos del barrio San Martín. Se hizo un repaso por el contexto y las víctimas. La próxima audiencia es el viernes 13 de septiembre a las 9:30.

Los últimos secuestros de diciembre del 77

Al comenzar la audiencia, se concluyó con los casos correspondientes al “Operativo Escoba”, de diciembre de 1977: los procedimientos que terminaron con el secuestro y desaparición del matrimonio Domínguez-Castro. Estos hechos ya habían sido analizados en debates anteriores y, a principio de este año, tuvo sentencia el juicio por la apropiación de la hija de la pareja, Claudia Domínguez Castro, que recuperó su identidad en 2015.

El acusado Guillermo Campanille y su defensor

El 9 de diciembre de 1977 por la madrugada, personal armado destrozó la puerta de entrada de la vivienda de Godoy Cruz donde residía el matrimonio compuesto por Walter Domínguez y Gladys Castro, embarazada de seis meses. Vecinas y vecinos vieron cómo introdujeron a la pareja en un auto y oyeron los gritos de Walter pidiendo ayuda.

Esa misma noche, la casa de la familia Domínguez era allanada: Osiris Domínguez, padre de Walter, fue interrogado sobre sus hijos, especialmente respecto del mayor. Las fuerzas intervinientes buscaban a Osiris (hijo), también militante del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) quien no se encontraba en la casa porque trabajaba turno noche en Pescarmona. Por la mañana, cuando salió del trabajo, Osiris se dirigió a la casa de Walter y vio la puerta violentada. Entonces se refugió tres meses en una finca (su familia creyó que también había sido secuestrado) hasta que un compañero de la organización, hermano del desaparecido Rodolfo Vera, lo contactó y se lo llevó a Buenos Aires.

Audiencia 11

El “Operativo Antijesuita”

Entre el 8 de junio y el 16 de septiembre de 1976, ocho personas fueron secuestradas y continúan desaparecidas: María Leonor Mércuri, María Inés Correa Llano, Carlos Jakowczyk, María Cristina Lillo, Zulma Pura Zingaretti, Mercedes Salvadora Vega, Rafael Olivera y Nora Rodríguez Jurado. Todas tenían en común haber participado con “Macuca” Llorens de la militancia social en el naciente barrio San Martín.

En el pedido de elevación a juicio, el Ministerio Público Fiscal contextualizó el desarrollo de tendencias reformistas dentro del catolicismo que se convirtieron progresivamente en una amenaza para el régimen instaurado durante el terrorismo de Estado. Pese a pregonar su fe católica, las fuerzas represivas persiguieron a sacerdotes y practicantes comprometidos y comprometidas con “la causa de los humildes”.

Las tensiones generacionales al interior de la jerarquía eclesiástica eran evidentes: curas jóvenes progresistas, en contacto con la pobreza y la lucha social, alentaban la organización de los sectores más postergados de la sociedad con claras consecuencias políticas. El interrogatorio de Orlando Yorio, sacerdote jesuita secuestrado en la Escuela de Mecánica de la Armada en marzo de 1976, da cuenta de visión del aparato represivo: “Vos no sos un guerrillero (…) pero vos no te diste cuenta que al irte a vivir allí, en la villa, unís a la gente, unís a los pobres y unir a los pobres es subversión”, le dijo el torturador. “Cristo habla de los pobres, pero de los pobres de espíritu y usted hizo una interpretación materialista de eso y se ha ido a vivir con los pobres materialmente. En la Argentina, los pobres de espíritu son los ricos y usted, en adelante, deberá dedicarse a ayudar más a los ricos que son los que realmente están necesitados espiritualmente”.

Defensa y acusados

A su vez, estos curas despertaban inquietudes en jóvenes que, de la militancia social y barrial, se desplazaban a organizaciones político-militares. La composición de Montoneros, gran parte de sus integrantes proveniente del catolicismo reformador, es un ejemplo de ese recorrido ideológico.

El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM)

Desde la Conferencia de Obispos Latinoamericanos, desarrollada en Medellín en 1968, un grupo de sacerdotes proclamó “la opción de la Iglesia por los pobres” y denunció  “la violencia estructural” de las sociedades latinoamericanas. En Argentina, el MSTM representó el 10% de todos los sacerdotes del país, muchos de los cuales asumieron la identidad peronista. Carlos Mujica, asesinado en 1974 por la Triple A, fue uno de sus máximos exponentes: “Yo sé por el Evangelio (…) que tengo que mirar la historia humana desde los pobres. Y en la Argentina, la mayoría de los pobres son peronistas, para decirlo de manera muy simple”, explicó.

El MSTM fue una tendencia católica altamente radicalizada. Comenzaron cuestionando determinados aspectos de la Iglesia y terminaron cuestionando al sistema en su totalidad.

El acusado Armando Fernández y los defensores Pérez Videla y Dillon

Los Campamentos Universitarios de Trabajo (CUT)

Desde 1964, José María Llorens propició la organización de campamentos de trabajo en el barrio San Martín, en los cuales participaban estudiantes de distintas provincias y universidades del país. Durante dos semanas, los y las jóvenes colaboraban en la construcción de viviendas para sus pobladores. Esta experiencia fue creciendo y posteriormente se nacionalizó, llegando a desarrollarse en distintos territorios.

El contacto con la injusticia y los debates que se generaban entre sus participantes los convirtieron en un curso acelerado de radicalización política, como explicó Miguel Longo, uno de los protagonistas. El Peronismo de Base tuvo mucha injerencia en la realización de estos campamentos. Por estas razones, gran cantidad de asistentes sería blanco de las fuerzas represivas. Entre ellos Hugo Medina, santafecino que colaboró  con Llorens en la planificación nacional de los encuentros y que reorganizó las Fuerzas Armadas Peronistas. Al igual que las ocho víctimas de este operativo, continúa desaparecido.

“Macuca” Llorens y el San Martín: de basural a barrio popular

Llorens, de la orden de los jesuitas, se convirtió en un sacerdote muy querido en todo el país por su trabajo en este barrio de la ciudad de Mendoza donde vivían unas setenta personas y que hoy alberga a más de treinta mil. “Aprendimos a vivir fuera de la ley”, decía siempre en plural, “porque para la ley esta población no existía”. La politización creciente alrededor de su propuesta de urbanización y los CUT lo hizo merecedor de persecución para el aparato terrorista: en 1975 sufrió un atentado con explosivos en su capilla, pero se salvó porque no estaba presente. Poco después, el mismo día del golpe de Estado, fue detenido con “urgencia” por el Ejército y trasladado al Departamento de Informaciones de la Policía (D2), según explicó el jefe de esta dependencia, Pedro Sánchez Camargo.

Abogado defensor Santiago Bahamondes y acusados

Las víctimas

Como se dijo, las ocho víctimas que se detallan a continuación tuvieron vínculo con el trabajo social y político generado en torno a Llorens en el barrio mencionado.

Mercedes Salvadora Eva Vega de Espeche fue secuestrada de su domicilio, la medianoche del 8 de junio de 1976. Se la llevaron personas encapuchadas vestidas de civil. Cuando su madre y su hermano lograron desatarse, radicaron la denuncia en la Seccional Cuarta. “Mecha” era médica, tenía 25 años y dos hijos al momento de su desaparición: ambos declararon en juicios anteriores. Estaba casada con Carlos Rafael Espeche, secuestrado en marzo de ese año en Tucumán y cuyos restos fueron identificados en 2014 por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Según las palabras de su hijo mayor, Ernesto Espeche, Mercedes era cercana a la militancia del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Trabajaba junto a “Macuca” Llorens y había identificado en el barrio San Martín una epidemia producto de la falta de agua potable. Junto con las personas del barrio y colegas, se organizaron para conseguir un tanque de agua y extremaron medidas sanitarias para combatir enfermedades.

Héctor Eduardo Vega confirmó la persecución previa de la que su hermana era víctima. Meses antes de la desaparición de Mercedes, el Ejército allanó la vivienda de la familia Vega. Además, el día del secuestro, ella le advirtió a su hermano que la estaban siguiendo y anteriormente habían ido dos personas a buscarla a su casa. Una de ellas era de la Policía Federal, según pudo identificar un conocido.

María Cristina Lillo fue secuestrada 45 minutos después del procedimiento contra Vega. Tenía 24 años y era estudiante avanzada de la carrera de Medicina. “Piri” y su marido, Oscar Ricardo Rojas, tenían una relación cercana con el matrimonio Espeche-Vega. La madrugada del 8 de junio del 76, un grupo de personas fuertemente armadas entraron a su casa, violentaron a la familia, revolvieron todo, robaron documentación, objetos y se la llevaron. Radicaron la denuncia en la Comisaría Sexta pero nunca obtuvieron información sobre el paradero de la muchacha.

“Piri” trabajaba en la organización del barrio San Martín, colaboraba alfabetizando y, como médica, hacía revisaciones a las personas y las derivaba según la necesidad de cada una. Era cercana al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Previo al secuestro de Lillo, su marido se había mudado a Buenos Aires debido a una advertencia que había llegado a sus manos.

Nora Rodríguez Jurado y Rafael Olivera se conocieron estudiando Sociología en Buenos Aires. Eran católicos practicantes -cercanos a la teología de la liberación-, realizaban trabajos sociales, militaban en Montoneros y con el golpe militar decidieron pasar su vida a la clandestinidad. Fueron secuestrados en Mendoza, el 12 de julio de 1976.

Tenían cuatro hijas: Ximena, Soledad, Rosario y Guadalupe. Ese día, Nora llevó una torta de cumpleaños al jardín de infantes para festejar el cumpleaños de Rosario, pero se volvió con Ximena porque la niña no se sentía bien. Ambas fueron secuestradas por un grupo de personas y las trasladaron a un edificio que “tenía muchas ventanas”. La pequeña fue llevada a su casa por los secuestradores que pasaron la noche junto a ella y la menor de las hermanas. Las otras dos habían tenido que quedarse con la maestra.

Fueron las docentes quienes se encargaron de hacer la denuncia y las niñas estuvieron separadas, bajo responsabilidad de distintas personas, hasta que sus abuelos las buscaron días después. Según declaró una vecina, Rafael Olivera fue alcanzado por el proyectil de un hombre que lo persiguió cuando llegaba a su casa en bicicleta. Al día siguiente, un camión se llevó las pertenencias de la vivienda.

Alrededor de las tres de la mañana del 22 de agosto de 1976, secuestraron de su domicilio a Zulma Pura Zingaretti. Un hombre apuntó a su madre mientras se la llevaban. Además, robaron distintos objetos y el expediente sucesorio del Sr. Zingaretti. La familia aseguró haber hecho una denuncia y presentado tres habeas corpus para dar con el paradero de Zulma, que aún está desaparecida.

Su hermano aseguró que para la fecha de su secuestro, la víctima prestaba ayuda social en el barrio San Martín junto al cura Llorens. Después del procedimiento, distintas personas desconocidas se presentaron en el domicilio haciéndose pasar por censistas.

María Leonor Mércuri estudiaba Servicio Social y fue secuestrada el 9 de septiembre de 1976, cuando salía de cursar. Tenía 23 años y hasta la fecha continúa desaparecida. Había nacido en Capital Federal y desde su trabajo, el Banco Nacional de Desarrollo, la habían trasladado a Mendoza. Aquí alquilaba una habitación en una vivienda del barrio Cementista de Las Heras y colaboraba en el barrio San Martín. Fue la dueña de la vivienda quien denunció la ausencia de Mércuri.

Su madre, Dolores Monzó, viajó a Mendoza a realizar la denuncia. Recorrió dependencias policiales y Arzobispado. En su búsqueda, dio con José Ignacio Correa Llano, abogado del mismo banco y tío de María Inés, también desaparecida, quien la ayudó en la redacción de un habeas corpus. La búsqueda de la señora Monzó resultó en distintas referencias de personal de las fuerzas al “Operativo Antijesuita”.

El último caso que integra estos procedimientos es el secuestro de María Inés Correa Llano y su pareja, Carlos Jakowczyk. Fue el 16 de septiembre de 1976. Ella tenía 32 años, era enfermera en el Hospital Central y estaba embarazada de seis o siete meses. Él tenía 33 años y era técnico electricista. Se los llevaron de su casa de La Puntilla, en Luján de Cuyo, y desde entonces están desaparecidos.

Luego de los procedimientos, revolvieron la vivienda de la pareja y también casas vecinas. El padre de María Inés, abogado, radicó la denuncia en la Comisaría 33 de Chacras de Coria. Después de varios intentos de investigar qué había pasado con su hija, concluyó que tanto ella como Jakowczyk habían sido secuestrados y asesinados por personal del Ejército. Una compañera de trabajo de María Inés aseguró que frecuentaba el barrio San Martín, asistía a la iglesia con el cura “Macuca” Llorens y luego de su desaparición, la Policía Federal revisó las instalaciones del hospital.

La intervención de Inteligencia

Teniendo en cuenta que el Destacamento 144 es el acusado en este caso, se probaron las tareas de inteligencia previa realizadas sobre las víctimas del “Operativo Antijesuita”. Es evidente la sistematicidad de los procedimientos contra personas que se relacionaban con el trabajo social del cura José María Llorens en el barrio San Martín. Las modalidades son similares en todos los casos.

Distintos informes dan cuenta de que Llorens y su gente venían siendo víctimas de vigilancia y persecución desde mucho antes del 24 de marzo del 76.  Los informes del Grupo de Inteligencia de Punta de Vacas confirma estos hechos: buscaban información de células “peronistas y comunistas” relacionadas con el Movimiento de Curas del Tercer Mundo; conocían los movimientos de los curas; detallan actividades de Llorens y aseguran que “en su prédica e interpretación de los Evangelios, incita permanentemente a la violencia, especialmente a los jóvenes, los cuales en la mayoría de los casos emplean la más avanzada dialéctica marxista-peronista”.

El jefe del D2, Pedro Dante Sánchez Camargo, confirmó en 1980 que cuando Llorens fue detenido por personal del Ejército, fue llevado a los calabozos del Palacio Policial. Además, aseguró haber realizado tareas de inteligencia sobre el cura tercermundista junto con personal del D2: “la mayor parte del Ejército lo tenía como comunista”.

La próxima audiencia será el viernes 13 de septiembre a las 9:30

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El Colectivo Juicios Mendoza se conformó en 2010 por iniciativa de los Organismos de Derechos Humanos para la cobertura del primer juicio por delitos de lesa humanidad de la Ciudad de Mendoza. Desde ese momento, se dedicó ininterrumpidamente al seguimiento, registro y difusión de los sucesivos procesos judiciales por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.