El quinto juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza fue el segundo en San Rafael y se desarrolló entre el 29 de diciembre del 2014 y el 14 de junio del 2017. El proceso estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal 2 y se constituyeron como querellantes Marta Sosa, Javier Fagetti, Enzo Bello, Héctor Rosendo Chávez, Mariano Tripiana, Haydeé Pérez, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
Los imputados iniciales fueron 27 y entre ellos figuraban las máximas autoridades militares y policiales del sur mendocino, pero solo 23 llegaron a la sentencia. Luis Alberto Stuhldreher, Luis Rizo Avellaneda, Ruiz Soppe, Juan Armando Giovarruscio, Cecilio Martínez, Aníbal Guevara, Oscar Pérez, Roberto Labarta, Juan Huajardo, Orlando Gutiérrez, David Massaccesi y Hugo Ramón Trentini recibieron la máxima pena de prisión perpetua. Suárez falleció antes de la sentencia. Tres imputados fueron absueltos y el resto recibió penas entre 3 y 8 años.
Se trataron los hechos relacionados con los operativos llevados a cabo en febrero, marzo y abril de 1976 en barrios populares de San Rafael; la persecución a sindicalistas en el sur mendocino; la detención de abogadas y abogados que defendían a personas detenidas por razones políticas y militantes sindicales; la detención de tres mujeres embarazadas; y las desapariciones forzadas de Rolando Berohiza, Rosa Sonia Luna, Martha Guerrero, Omar Ozán, Félix Órdenes Velázquez, Francisco Tripiana, Aldo Fagetti, José Guillermo Berón, Raúl Walter Reta, Carlos Zapata, Ricardo Demetrio Ríos, Simón Osorio y Pascual Sandobal.
El juicio demostró dos importantes hechos. En primer lugar, que en el sur de la provincia —entre el 76 y el 78— funcionó una organización que acordó y ejecutó un plan criminal sistemático de persecución social, sindical, económica, política e ideológica. La represión actuaba localmente en un contexto que no respondía al estereotipo de enemigo impuesto por la dictadura militar, ya que en San Rafael no existieron acciones armadas, terrorismo civil, atentados, bombas o grupos políticos militarizados. Y, en segundo lugar, dio cuenta de la complicidad en delitos de lesa humanidad de personas pertenecientes a Iglesia católica.
