Siguen las jornadas de lectura del requerimiento de elevación a juicio. Con interrupciones por problemas técnicos que impedían la buena conexión con los puntos de videoconferencia, continuó el debate. En la audiencia anterior se leyó la prueba documental que el Ministerio Público Fiscal incluyó en dicho requerimiento y hoy continuó desde ese punto. Se sumaron algunos libros históricos que explicitaban las “acciones de guerra” en la “lucha contrasubversiva” y se continuó con la prueba testimonial.
Prueba testimonial
Se leyeron algunas declaraciones de integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que aportan información. José Luis D’Andrea Mohr -militar retirado en 1976-ratificó en 2006 el rol protagónico de las tareas de inteligencia en lo que denominaban “lucha contra la subversión”. Néstor Norberto Cendón -integrante de los grupos operativos- declaró en 1984 ante la CONADEP la oficialización de los grupos de tareas que con anterioridad habían empezado a funcionar dentro de las dependencias. Además confirmó la centralidad del Batallón 601, la participación de las oficinas de inteligencia en la Central de Reunión, las tareas del personal civil de inteligencia, los operativos conjuntos, etc. Los dichos de Armando Osvaldo Fernández -ya condenado a prisión perpetua- destacaron el funcionamiento y la articulación de las oficinas de inteligencia y ubicaron muy precisamente al Destacamento 144, su emplazamiento y dependencias orgánicas. Orlando Oscar Dopazo también aportó en ese sentido. Pedro Dante Sánchez Camargo confirmó que era responsabilidad de personas del 144 intervenir en los interrogatorios. Además, remarcó que personal de inteligencia del D2 actuaba mancomunadamente con el Destacamento. Julio César Santuccione dio detalles de la actuación de la Comunidad Informativa y el Centro de Operaciones Táctico (COT). Por último, las palabras de Segundo Héctor Carabajal -condenado por la sustracción y apropiación de la entonces menor Claudia Domínguez Castro- confirmaron el accionar clandestino del Personal Civil de Inteligencia (PCI).
Las declaraciones de las víctimas también son prueba en este juicio. María Elena Castro Nardi reconoció la ubicación del destacamento y los apodos de quienes allí prestaban funciones. Elvira Nievas Rodríguez -madre de Zulma Pura Zingaretti- afirmó que el Destacamento 144 tenía un conocimiento pleno sobre la situación del momento y la autoridad del Ejército en la represión: la mandaron a preguntar por su hija desaparecida al Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña. Rafael Antonio Morán conoció al jefe del destacamento José Osvaldo Riveiro y también aportó en este sentido.
Organigrama represivo
A lo ya referido en la audiencia pasada sobre la estructura y funcionamiento del Destacamento de Inteligencia 144, se explicó la conformación del mismo. Diversos tenientes coronel se desempeñaron como jefes. Hamilton Barrera, desde el 13 de diciembre de 1973 hasta el 15 de diciembre de 1976; José Osvaldo Riveiro, hasta el 12 de febrero de 1979, Juan Rodolfo Brocca hasta el 1 de diciembre de 1980; Luis Faustino Suárez hasta el 30 de noviembre de 1982; y Félix Ricardo González hasta el mismo día de 1984.
Como segundo jefe del Destacamento, no hay registro en los libros sobre la persona que ocupó ese cargo en 1976. En 1977 y hasta el 12 de febrero de 1979, Jorge Alberto Cabrera. Hasta el 30 de noviembre de 1981, Juan José Ramírez. Miguel Ángel Amigo hasta el mismo día de 1983 y Alberto José Jaime a partir de esa fecha.
Alberto Horacio Silva fue jefe de Reunión desde junio de 1976. José Luis Piedra y Jorge Pedro Rodolfo Wagner fueron jefes de Comandos y Servicios. Ernesto Luchini fue jefe de Actividades Especiales, Inteligencia y Contrainteligencia. Raúl Tarradellas fue jefe de la Primera Sección Ejecución y Vicente Omar Navarro lo fue de la Segunda Sección hasta el 22 de diciembre de 1976, fecha en que asumió Luis Fernando Tenreyro.
En el departamento de San Rafael, la jefatura de inteligencia estuvo a cargo del Mayor Luis Ricardo Rizo Avellaneda desde el 20 de enero de 1976 hasta el 5 de diciembre de 1977. Luego asumió el capitán Alberto Horacio Silva, hasta el 30 de noviembre de 1979. Gustavo Alejandro Eppens, con el grado de capitán, asumió hasta el 1 de diciembre de 1982 y el mayor Francisco Horacio Méndez ostentó el cargo desde ese momento. En la provincia de San Juan, el capitán Mario Héctor González estuvo a cargo de inteligencia desde el 1 de diciembre de 1981 hasta el 30 de noviembre de 1983, fecha en que asumió el capitán Horacio Ángel Dana.
Los imputados en el aparato represivo
Anacleto Edmundo Calderón fue jefe del Grupo Examen del Destacamento 144 durante 1977, jefe del Grupo de Reunión en 1978, encargado de Primera Sección de Ejecución en el 81, y encargado de la Segunda Sección de Ejecución en el 82.
José Antonio Escobar cumplió funciones como sargento primero en el Destacamento, efectivamente desde el 24 de enero de 1977, como auxiliar en la Primera Sección de Ejecución. En marzo del 78 pasó a ser auxiliar de Reunión. El 31 de diciembre de 1979 ascendió al grado inmediato superior y continuó prestando servicios hasta el 1 de enero de 1982.
Juan Carlos Luis hizo efectiva su presentación en el Destacamento el 27 de enero de 1977 como sargento ayudante en Comunicaciones y auxiliar de Inteligencia. Se desempeñó como encargado de la Primera Sección de Ejecución y en el año 1982 pasó a ser encargado del Tercer Grupo de Ejecución y del Grupo de Reunión. Cumplió funciones en esa dependencia hasta el año 1980, momento en el que fue destinado al servicio exterior, como “auxiliar del Equipo Asesor de Doctrina Militar en el ejército de Bolivia”.
Hugo Luis Lahora prestó servicios en inteligencia de Mendoza desde 1968. Cuando pasó a ser el Destacamento 144, ingresó como jefe de la Segunda Sección de Ejecución. Luego de un traslado en comisión a Venezuela, regresó el 17 de noviembre del 77 y fue nombrado encargado del 144.
Hugo Luis Zalazar prestó servicios en Mendoza desde 1965. Durante el 76 se desempeñó como jefe del Pelotón de Logística del Destacamento de Inteligencia 144 y el 1 de marzo de 1977 fue designado encargado del mismo. En marzo del 78 volvió al Pelotón y en octubre de ese año, nuevamente, se desempeñó como encargado del 144 y de la Sección Comando y Servicios.
Eduardo Araya Navarro cumplió funciones en el DI144 desde el 16 de febrero de 1971 al 30 de noviembre de 1977, y desde el 30 de noviembre del 81 hasta el mismo día del 82. Desde junio del 75 se desempeñó como jefe del Centro de Mensajes y desde mediados del 76 como jefe del Grupo de Examen de Documentación.
Ernesto Guillermo Luchini fue destinado al Destacamento 144 en diciembre de 1975, como jefe del Cuerpo de Actividades Especiales de Inteligencia. Posteriormente fue ascendido al grado de capitán y cumplió esa función hasta el 28 de diciembre de 1977. Luego fue enviado en comisión a distintos puntos del país. Posteriormente, fue comisionado a distintos puntos del país. Durante su paso por el Destacamento, realizó diversas comisiones que tuvieron lugar, para el año 1976, en las provincias de Buenos Aires y San Juan; no obstante en las fechas de los hechos que se le atribuyen estuvo en Mendoza.
La responsabilidad concreta de cada uno será desarrollada más adelante.
Diciembre de 1977: procedimientos contra el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML)
La acusación contra miembros del Destacamento 144 contempla grandes operativos conjuntos, dos de ellos ya abordados en audiencias anteriores por los que se responsabilizó también a la Fuerza Aérea: la persecución contra miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en mayo de 1976 y las detenciones y desapariciones de militantes peronistas en abril de 1977.
Para evitar repeticiones, la secretaria prosiguió directamente con los casos de diciembre de 1977: se trata de ocho secuestros ejecutados en tan solo cinco días, entre el 5 y el 9 de diciembre de ese año, cuyas víctimas integraban el PCML. El operativo –conocido como “escoba” por las fuerzas represivas- significó la desaparición de Néstor Carzolio y Nélida Tissone; Antonia Adriana Campos y su esposo, Antonio Alcaraz; Alberto Gustavo Jamilis y Rodolfo Osvaldo Vera; Gladys Castro –embarazada- y Walter Domínguez. Además, incluyó el secuestro por 24 horas de Martín Alcaraz, hijo pequeño de la pareja Campos-Alcaraz, y la apropiación de Claudia Domínguez Castro.
El matrimonio Carzolio-Tissone era oriundo de Buenos Aires y había llegado a Mendoza a mediados del 76. Aquí, Néstor comenzó a trabajar junto a Vera y Jamilis en una mimbrería ubicada en Dorrego, Guaymallén, que también funcionaba como lugar de reunión de la organización. La noche del 5 de diciembre la pareja fue secuestrada de su domicilio de Godoy Cruz en presencia de su hija de seis años y su hijo de tres. Al mismo tiempo, detuvieron a Jorge del Carmen Fonseca, miembro del PCML que vivía en un departamento interno. Se llevaron a las tres víctimas en la camioneta familiar, además de secuestrar la moto de Fonseca. El y la menor quedaron dentro de la vivienda, con mordaza, hasta que los rescató una vecina. La familia de Nélida viajó a Mendoza e interpuso dos habeas corpus que fueron rechazados por el juez Guzzo. También pidió información ante el Ministerio del Interior.
Un día después, la madrugada del 6 de diciembre detuvieron a Antonia Adriana Campos y José Antonio Alcaraz junto a su hijo Martín, de diez meses, en su vivienda de Godoy Cruz. Vecinos y vecinas vieron cómo se llevaron electrodomésticos y muebles cargados en un camión. Miembros de la Comisaría Séptima concurrieron a lugar y constataron la rotura de puertas y de objetos. Un día más tarde, Martín fue depositado en la puerta de la casa de la familia Campos de calle Pedernera de Guaymallén. El padre de Adriana fue citado al Palacio Policial, donde le aseguraron que el matrimonio estaba bajo control de las fuerzas de seguridad. La familia Alzaraz oyó rumores de que Antonio y Adriana estuvieron en el D2. Sí existe constancia de que sus prontuarios fueron pedidos y devueltos por el D2 (Informaciones) al D5 (Archivo), para la inteligencia previa sobre las víctimas.
La hermana de Adriana, Silvia Campos, había sido detenida un año antes y continúa desaparecida.
Alberto Gustavo Jamilis era sociólogo y se había trasladado a Mendoza con su pareja María Inés Barbetti en 1976, luego de ser cesanteado de su trabajo en el Ministerio de Economía. Trabajaba en la mimbrería mencionada con Vera y Carzolio. Posiblemente, luego de secuestrar a Jamilis en su vivienda de Godoy Cruz y de exigirle que entregara las llaves del local, la madrugada del 6 de diciembre el mismo grupo responsable se trasladó a Guaymallén y detuvo a Vera en la mimbrería.
Un vecino realizó la denuncia ante la Comisaría Séptima y llegó a la casa con oficiales de esta dependencia: estaba vacía y todo revuelto. Barbetti se refugió con su hijo Nicolás en la casa de una amiga y luego regresó en tren a Buenos Aires.
Rodolfo Osvaldo Vera, casado con Mirta Hernández, había participado del centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura junto a Walter Domínguez. Antes de su secuestro, la madrugada del 6 de diciembre, ya había sufrido hechos de persecución: en 1976 su vivienda había sido allanada y él y Mirta se trasladaron a Rivadavia. También presenció la detención de Jorge Becerra en su camioneta, a fines de ese año. Becerra recuperó su libertad en 1980 y el vehículo fue visto en el D2 (por este robo agravado están imputados Hugo Luis Zalazar y Ernesto Guillermo Luchini del Destacamento 144). En septiembre de 1977, creyendo que la represión había disminuido, regresaron a Mendoza. Mirta se refugió con su pequeña hija en la casa del matrimonio Domínguez-Castro y Rodolfo se instaló en la mimbrería. La mañana siguiente a la detención, su hermano Carlos encontró la mimbrería revuelta y emprendió junto a Mirta y otras personas del PCML un largo itinerario de escape por el país.
La próxima audiencia será el viernes 30 de agosto a las 9:30.
