03-07-2020| El tribunal comunicó su voluntad de retomar las declaraciones testimoniales -suspendidas en marzo por la emergencia sanitaria- y escuchó las opiniones de las partes. No se definió aún el pedido de mayor celeridad del debate. Avanzó la lectura de la acusación contra Navarro Moyano con las víctimas del “Operativo Antijesuita”. La próxima audiencia será el viernes 17 de julio.
La continuidad del juicio
Antes de reanudar la lectura del requerimiento, el presidente del tribunal, Alberto Carelli, explicó que se estaba trabajando junto al Equipo de Acompañamiento en un protocolo que permitiera continuar con las declaraciones testimoniales de forma virtual. Cabe recordar que el juicio había entrado en esta etapa a fines de 2019, pero se vio interrumpida pocos meses después debido a las medidas de aislamiento. Los jueces pidieron que acusación y defensa se pronunciaran al respecto.
El primero en tomar la palabra fue el abogado particular de Santa María, Carlos Benavídez. Argumentó que las declaraciones por videoconferencia afectaban el principio de inmediatez y el derecho de defensa de los imputados porque “no es lo mismo” ver a los y las testigos en la sala. Planteó que entendía que la mayoría eran víctimas mayores de 65 años, pero solicitó estar presente, al menos, cuando se tomara declaración a testigos de cargo de su defendido: “voy a la casa, lo acompaño al secretario”, propuso.
Por el contrario, el defensor oficial, Leonardo Pérez Videla, acompañó la propuesta del tribunal amparándose en las múltiples instancias de declaraciones virtuales que se desarrollaron a lo largo de los distintos juicios de lesa humanidad en la provincia, incluido el presente.
Los argumentos de los demás abogados particulares fueron similares. Despouy, Capdevilla, Yoma y Ramos adhirieron al planteo de Benavídez y señalaron las recurrentes complicaciones técnicas de la plataforma virtual utilizada. Solicitaron, por tanto, que se mantuvieran las declaraciones presenciales. Ariel Civit agregó que las calificaciones jurídicas que pesan sobre los imputados en este juicio -“forzosas y arbitrarias”, según su punto de vista- exigen no ser tomadas a la ligera.
“Para muestras sobra un botón”, sentenció a su turno el defensor Eduardo San Emeterio refiriéndose a las fallas de conexión de la audiencia en curso. Explicó que era necesario ver a las personas testimoniantes ya que, según teorías de agencias como la CIA, los cuerpos dan múltiples señales. Sugirió que, en su defecto, se incorporaran por lectura las declaraciones ofrecidas durante la instrucción o se reprodujeran en forma de video -aunque aseguró que se oponía a esta última modalidad-. Cerró su intervención con un una exhortación: “Soy una persona de 70 años, tengo tres operaciones de cáncer de pulmón, tuve un ACV. Pero si el tribunal lo autoriza, yo no tengo ningún problema de arriesgarme y estar presente esas audiencias. Si yo, con los antecedentes médicos que tengo, me arriesgo, que se arriesguen también los testigos y los magistrados”.
Benavídez exigió que la Corte Suprema pusiera recursos para resolver los problemas de conectividad, pero el fiscal Dante Vega respondió que ya había mejorado sensiblemente el funcionamiento de la plataforma y que dependía de las terminales de cada usuario.
El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que algunas de las propuestas escuchadas tampoco abarcan a las defensas que se encuentran hoy en otras jurisdicciones y fue tajante: si la recepción de testimonios por vía remota no se habilita, será imposible continuar. “En cualquier juicio oral la prueba fundamental es el testimonio”, agregó. También refutó que hubiera afectación del derecho de defensa. Para Vega, es posible examinar remotamente al testigo, como se ha hecho en múltiples ocasiones. Sugirió que, de verificarse algún problema con el testimonio o la conectividad, el tribunal sabría resolverlo. Concluyó que a las personas que declaran se les debe garantizar su seguridad.
Fernando Peñaloza, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, resaltó que los procesos judiciales han continuado durante el aislamiento, incluso en tribunales orales, y cuestionó que puedan suspenderse estos debates por cuestiones aparentes. Exigió que las declaraciones sean receptadas: “Cualquier necesidad que imponga irremediablemente la presencia física de un testigo en la sala, podrá ser enmendada oportunamente”.
Repudio generalizado
El abogado querellante Pablo Salinas puso el foco en las víctimas, exigió que se cumpla ley que las ampara y denunció que no habían sido escuchadas debido a las prisiones domiciliaras concedidas a los imputados. Sostuvo que las personas citadas están en todo su derecho de elegir declarar de forma virtual para cuidarse y señaló que las defensas dilataban el juicio buscando la solución biológica: “como Pinochet, que murió sin ser condenado”.
Durante la intervención de Salinas, alguno de los imputados presentes en la sala virtual -Simone, Navarro, Álvarez, Chiófalo, Martínez, Zalazar, Carmona, Campanille o Fernández- pronunció un insulto que se escuchó fuerte y claro: “qué hijo de puta este”. Causó sorpresa e indignación -los propios defensores pidieron sanciones- el atrevimiento de los acusados en medio de una audiencia judicial, pero demostró cuán acostumbrados están los miembros de terrorismo de Estado a los atropellos.
Operativo Antijesuita
En la segunda parte de la audiencia se continuó con la lectura de los hechos que se le imputan Vicente Omar Navarro Moyano, otro de los acusados que se incorporó al expediente por delitos cometidos por el Destacamento de Inteligencia 144. Se trata de un oficial del Ejército capturado hace unos meses que se encontraba prófugo desde febrero de 2013.
El militar está señalado por su participación en el Operativo Antijesuita y el de mayo del 76. Se le adjudican privaciones abusivas de libertad, homicidios, tormentos y robos contra veintinueve personas, diecisiete de las cuales se encuentran desaparecidas.
Campamentos Universitarios de Trabajo
En esta oportunidad el tribunal prosiguió con la información sobre los Campamentos Universitarios de Trabajo (CUT) que dirigía el sacerdote José “Macuca” Llorens en el naciente barrio San Martín. Una de las aristas de la hipótesis acusatoria se apoya en que en el ámbito de los CUT se tejía un rico entramado de relaciones entre militantes sociales y políticos de diversas organizaciones y este fenómeno sería detectado por la inteligencia militar.
En el requerimiento se menciona que ciertos sectores de la iglesia comenzaron a ser considerados por la dictadura como una amenaza inminente. Los CUT eran instancias que posibilitaban a estudiantes universitarios convivir con comunidades en situación de vulnerabilidad durante un período de tiempo, colaborando en sus tareas cotidianas. El objetivo fundamental era producir un impacto vital en los y las estudiantes para transformar su conciencia social.
La referencia a los CUT es ineludible, en cuanto fue Llorens quien lanzó las primeras ediciones en la provincia de Mendoza y luego se convirtió en uno de sus organizadores en el resto del país. Estos campamentos fueron el centro de confluencia de gran cantidad de jóvenes con sensibilidad social, generándose una especie de mística en torno a ellos y a la labor de Llorens. El contacto con el dolor, la pobreza extrema y la injusticia, para muchos jóvenes universitarios que participaban era un curso aceleradísimo de radicalización política. A partir de esta experiencia movilizadora desde el punto de vista social, muchos de sus participantes optaron por la praxis política.
Aquel era un movimiento que se erigía como intimidante para el gobierno de facto, puesto que lo que había comenzado como una experiencia religiosa en una provincia del oeste del país se había extendido en todo el territorio nacional adquiriendo dimensiones políticas impensadas.
José María Llorens
Organizador de los CUT y vinculado al MSTM, el Padre Llorens –popularmente conocido como “Macuca”- fue uno de los sacerdotes más queridos y respetados en el país. Era de la Orden Jesuita y concretó una de las obras más trascendentes de la orientación conocida como “Opción por los pobres”: la transformación de un basural en lo que hoy es el barrio San Martín. Al principio, ni él ni las setenta personas que componían el basural imaginaban el barrio que existe actualmente, donde habitan casi treinta mil personas. Por eso “Macuca” se expresaba siempre en plural. Decía que para poder concretarlo “fue que aprendimos a vivir fuera de la ley”.
Llorens no era visto por el régimen como un simple cura, sino como un militante que en el ámbito del catolicismo renovador estaba despertando inquietudes políticas en los jóvenes, quienes gradualmente pasaban a incorporarse a círculos y grupos politizados.
Hechos particulares: Las víctimas y sus vinculaciones
La lectura siguió con la descripción de los distintos secuestros enmarcados en el Operativo Antijesuita. María Leonor Mércuri, María Inés Correa Llano, Carlos Jacowsczyk, Mercedes Salvadora Vega, María Cristina Lillo, Zulma Zingaretti, Rafael Olivera y Nora Rodríguez son las ocho víctimas que presentaron un patrón común: todas trabajaron en el barrio San Martín junto al Padre Llorens.
Mercedes Salvadora Eva Vega de Espeche fue secuestrada en su vivienda y permanece desaparecida. El hecho ocurrió cuando un grupo de personas vestidas de civil y encapuchadas ingresó a su domicilio. Su hermano, Héctor Eduardo Vega, y su madre, María Vicenta Faliti, lograron zafarse de las ataduras minutos después de que se llevaran a Mercedes y radicaron la correspondiente denuncia en la Seccional Cuarta de la Policía.
“Mecha” –como le decían sus íntimos- tenía 25 años a la fecha de los hechos. Había estudiado medicina y en la Facultad conoció a Carlos Rafael Espeche con quien se casó en 1972. Espeche desaparecería posteriormente en Tucumán. El matrimonio trabajaba en el Hospital Lagomaggiore y tenía dos hijos varones.
María Cristina Lillo fue secuestrada aproximadamente a la una de la madrugada del 8 de junio de 1976 y desde ese día permanece desaparecida. En aquella ocasión, un grupo de personas fuertemente armadas llamó a la puerta de la calle Martínez de Rosas de la Sexta Sección de Ciudad, donde vivía con su familia. Al abrir la puerta, su hermano, Jorge Enrique Lillo, fue inmediatamente encañonado, maniatado con un cable y arrojado en un sillón boca abajo mientras le tapaban la cabeza con un almohadón y se sentaban sobre él.
Los secuestradores no solo maniataron al padre de la víctima, sino también a su esposa, María Rosa Garro. Posteriormente se llevaron a María Cristina, a quien sacaron de su cuarto. Revolvieron toda su habitación y robaron dinero, un teléfono y sus documentos. Lillo fue secuestrada casi en simultáneo con Mercedes Vega.
Rafael Olivera y Nora Rodríguez vivían junto a sus cuatro hijas en calle España de Villa Nueva, Guaymallén. El lunes 12 de julio, Nora se dirigió al jardín con las tres niñas mayores, dejando en la casa durmiendo a la más pequeña. Cuando llegaron al jardín de infantes, la mayor de las niñas -Ximena- no quiso quedarse y Nora regresó con ella a la casa. En el trayecto, fueron secuestradas madres e hija por un grupo de personas que las arrojaron dentro de un vehículo y las trasladaron a un edificio que, según recuerda Ximena, tenía muchas ventanas. Allí, la separaron de su madre y, para entretenerla, la dejaron jugando con una máquina de escribir y unas fibras.
Mientras que Nora fue secuestrada la mañana del 12 de julio, a Rafael Olivera lo interceptaron unas horas más tarde, cuando regresaba a su casa en bicicleta; una persona vestida de civil comenzó a dispararle. Fue alcanzado por un proyectil y al caer al suelo su victimario lo golpeó fuertemente. A continuación fue subido a un vehículo con destino desconocido.
Desde ese día, la pareja compuesta por Rafael Olivera y Nora Rodríguez permanece desaparecida. Además de las detenciones ilegales, de poner en riesgo la vida y el destino de sus cuatro hijas, al día siguiente los secuestradores se apropiaron de sus cosas materiales, dejando la casa completamente vacía.
Zulma Pura Zingarettifue secuestradael 22 de agosto de 1976 cuando tenía 27 años de edad. Cerca de las tres de la mañana, un grupo de cuatro personas vestidas de civil fuertemente armadas irrumpieron en el domicilio de la familia Zingaretti -ubicado en Villa Hipódromo- y la secuestraron. Desde ese momento se encuentra desaparecida, sin contar con constancia de su paso por ningún centro de detención.
Zulma era soltera, de religión protestante. Según el testimonio de su hermano, para la fecha de los hechos ayudaba en el barrio San Martín con el cura Llorens y tenía inclinación al peronismo.
María Leonor Mércuri fue secuestrada en la vía pública,el 9 de septiembre de 1976, cuando salía de cursar clases en la facultad de Servicio Social y se dirigía con rumbo a su domicilio. A partir de aquel día no se volvió a tener noticias de ella.
Mércuri tenía para la fecha de los hechos 23 años. En sus ratos libres colaboraba con las tareas de asistencia social que realizaba Llorens en el barrio San Martín. Existen en este caso cuatro referencias al Operativo Antijesuita, provenientes de personas en contacto con fuerzas de seguridad.
Por último, el 16 de setiembre de 1976, en horas de la madrugada, una pareja fue secuestrada y desde entonces permanece desaparecida:María Inés Correa Llano, de 32 años -y embarazada de 6 meses-, y Carlos Jakowsczyk, de 33.
Las víctimas fueron retiradas por la fuerza de su domicilio ubicado en Julio A. Roca de La Puntilla, Luján de Cuyo. María Inés trabajaba como enfermera en el Hospital Central y Carlos era técnico electricista. Una compañera de trabajo de Correa Llano, Estela Yelich -quien también era enfermera del Servicio de Cardiología del Hospital Central- dio noticia a su familia de la inasistencia de su colega al trabajo. Su padre visitó el domicilio de la pareja y lo encontró abierto y revuelto, por lo que inmediatamente radicó la denuncia en la Comisaría de Chacras de Coria.
Tareas de inteligencia desplegadas sobre las víctimas
En las tareas de inteligencia previas se detectó sistematicidad. Los procedimientos llevados a cabo, cuyo objetivo fue secuestrar a personas vinculadas a los círculos y grupos de trabajo social que realizaba Llorens en el barrio San Martín, fueron similares. Todas las detenciones fueron realizadas por personal vestido de civil, de manera sorpresiva y en horas de la noche. A la vez, la modalidad de ejecución indica el claro conocimiento que sus ejecutores tenían sobre las actividades y demás información de las víctimas. Por otra parte, ya estaba decidido de antemano el destino que se les daría.
En primer lugar, Llorens y su grupo venían siendo vigilados y perseguidos por la inteligencia del Estado desde mucho antes del golpe militar. Un informe del Grupo de Inteligencia de Punta de Vacas de mayo del 71 tenía por objeto ampliar información sobre la actividad subversiva en Mendoza y se refería casi íntegramente a las actividades de Llorens. También explicaba cómo se habían organizado en una Cooperativa de Vivienda y agregaba que en su prédica e interpretación de los Evangelios, se incitaba permanentemente a la violencia, especialmente a los y las jóvenes, quienes en la mayoría de los casos, empleaban la más avanzada dialéctica marxista-peronista.
Asimismo, tiempo antes del golpe, el 30 de agosto de 1975 en horas del amanecer autores desconocidos atentaron contra la vida de Llorens detonando una bomba en la capilla Virgen de los Pobres del barrio San Martín, una precaria construcción. Por casualidad, Llorens no se encontraba en el lugar al momento del hecho. No obstante, el hecho indignó y conmocionó a toda la población del barrio.
Es evidente que la inteligencia del Estado estaba tras los pasos de Llorens y del grupo de jóvenes nucleados alrededor suyo. Se había convertido en un objetivo militar en sí al punto tal que, el mismo día del golpe, el Ejército procedió a su detención.
Las tareas de inteligencia que se desplegaron con anterioridad al secuestro de Mercedes Vega -amiga, colega del Hospital y compañera del Ejército Revolucionario del Pueblo de María Cristina Lillo- son reveladoras. La mínima diferencia temporal entre su secuestro y el de María Cristina Lillo –45 minutos- permite afirmar no solo que ambas eran perseguidas por su pertenencia al entorno social y político en el que interactuaban, sino que, además, esa noche los procedimientos fueron comandados y/o ejecutados de manera articulada.
La participación de los integrantes del Destacamento de Inteligencia en la confección del Operativo Antijesuita queda corroborada también por la declaración de la madre de Zulma Zingaretti, quien relató que en una oportunidad en la que visitó el edificio de la calle Martínez de Rosas y Emilio Civit -sede del Destacamento de inteligencia 144 a la fecha de los hechos-, fue seguida por una persona que le dijo que no se diera vuelta y que “concurriera al Comando para entrevistar al teniente coronel Gómez Saa, quien sabía dónde se hallaba su hija”. Asimismo, el hermano de la víctima relató que, desde su desaparición, en varias oportunidades censistas desconocidos fueron a su domicilio a hacer sondeos y averiguaciones.
Además, se encuentra el testimonio de la madre de María Leonor Mércuri. La testigo declaró que el 25 de diciembre de 1976, en oportunidad de celebrarse un almuerzo en una quinta en Buenos Aires, le entregó una nota al coronel Ciro Ahumada con todos los datos de identificación de su hija. Ese coronel le dijo que la joven muy probablemente había sido detenida en razón del “Operativo Antijesuita”.
Por último, en el secuestro de María Inés Correa Llano y Carlos Jacowsczyk también se encuentra acreditada la presencia del personal militar en el operativo. El hermano de Carlos relata que la última vez que fue a visitar a la pareja encontró toda la casa revuelta y los vecinos le dijeron que había estado el Ejército.
En conclusión, María Leonor Mércuri, María Inés Correa Llano, Mercedes Vega, Carlos Jacowsczyk, María Cristina Lillo, Zulma Zingaretti, Rafael Olivera y Nora Rodríguez fueron objeto de investigación previa. El aparato terrorista estatal conocía perfectamente sus actividades, sus domicilios y su forma de vida. Esto les permitió acceder fácilmente a las víctimas, secuestrarlas sin mayor resistencia y disponer libremente de ellas hasta su desaparición final.
