19-08-2022 | La fiscalía dio comienzo al alegato por ocho desapariciones de personas vinculadas al sacerdote “Macuca” Llorens y su trabajo en el barrio San Martín. Luego de presentar el contexto de emergencia del Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo (MSTM) y los debates del catolicismo renovador, Daniel Rodríguez Infante se detuvo en la figura de Llorens, los Campamentos Universitarios de Trabajo y la inteligencia desplegada sobre esta militancia. Por último, abordó el caso de Mercedes Vega. La próxima semana habrá audiencias los días jueves 25 y viernes 26 de agosto a las 9:00.
Casos e imputados
El fiscal inició su exposición refiriéndose a los imputados por este operativo. Actualmente solo se sostiene la acusación contra Hugo Luis Zalazar y Vicente Omar Navarro Moyano, integrantes del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército, dado que el resto de los responsables se encuentra prófugo —entre ellos Rodolfo Wagner, cuya extradición desde España fue rechazada— o fallecido.
Las ocho víctimas que componen esta causa fueron secuestradas entre el 8 de junio y el 16 de septiembre de 1976. La mayoría integraba el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), dos pertenecían a Montoneros y una parece no haber tenido militancia en organizaciones políticas. El elemento común a todas ellas fue la participación en el barrio San Martín junto a “Macuca” Llorens. Precisamente, explicó el fiscal, la diversidad de extracciones y la convivencia de tareas sociales y políticas caracterizó a los Campamentos Universitarios de Trabajo (CUT) y demás actividades desarrolladas en torno al cura jesuita.
Daniel Rodríguez Infante aclaró que algunos casos ya fueron abordados. En el segundo juicio de la provincia se investigaron las desapariciones de Rafael Olivera y Nora rodríguez Jurado, mientras que el cuarto juicio analizó los secuestros de Zulma Pura Zingaretti, María Leonor Mércuri y Mercedes Vega. El noveno juicio contempla también las detenciones de María Inés Correa Llano, Carlos Jacowczyk y María Cristina Lillo.
El catolicismo renovador
Para entender el enfoque que motivó el operativo, el fiscal se propuso develar la “aparente contradicción” entre el catolicismo profesado por los represores y la persecución de personas vinculadas a esta fe. La respuesta, indicó Rodríguez Infante, radica en que el modelo occidental y cristiano que buscó imponer el golpe de Estado significaba también un modelo político, económico y social. Es decir, necesitaba de un tipo de catolicismo consecuente.
Ya desde el informe que elaboró la Comisión Nacional sobre la Desapraciciópn de Personas (CONADEP) se hizo énfasis en la represión dirigida contra víctimas religiosas. Un capítulo entero del documento abordaba este tema e incluía una lista de personas religiosas asesinadas o desaparecidas. Retomaba también declaraciones de los perpetradores —“seguimos siendo católicos” y “obramos a partir del amor”, sostenía Massera en 1977— y señalaba el “desprecio constante por la criatura humana” de su accionar, pese a la proclamación de su fe. Las investigaciones de Emilio Mignone ampliaron el conocimiento a detenciones y torturas sufridas por otras tantas.
Entre las fuentes consultadas por la fiscalía para reconstruir el ideario del catolicismo renovador y sus expresiones en América Latina y Argentina se encuentran las investigaciones de Lucas Lanusse, Luis Donatello, Carlos Altamirano, Pedro Brieger y Yamile Álvarez, así como también testimonios de integrantes de la familia Llorens y sobrevivientes de nuestra provincia que intervinieron en el barrio San Martín.
Rodríguez Infante comenzó por ubicar el reordenamiento que implicó para la Iglesia católica el Concilio Vaticano II en la década del sesenta. Desde entonces, se complejizó su estructura y diversas organizaciones quedaron bajo tutela del clero. Otro hito fue, a fines de 1967, la conformación del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) a partir de la firma de dieciocho obispos del Tercer Mundo a un manifiesto que buscaba promover la aplicación de la encíclica papal Populorum Progressio. Poco después, en 1968, la Conferencia del Episcopado Latinoamericano celebrada en Medellín significó el surgimiento formal de la Teología de la Liberación. En Argentina este ideario ya era promovido por los curas obreros como Jerónimo José Podestá desde los años cincuenta y tuvo como ingrediente particular la proscripción del peronismo.
El fiscal mencionó que en nuestro país hubo cerca de cuatrocientos curas tercermundistas, además de algunos obispos —entre ellos, el asesinado Enrique Angelelli—. El 10% de la curia en Argentina adhería a esta corriente que se acercó al socialismo y, principalmente, al peronismo de izquierda. De esta forma, coexistieron “dos iglesias”, ya que parte de la jerarquía eclesiástica se incorporó al aparato represivo: su silencio durante la dictadura y su pedido de perdón una vez recuperada la democracia fueron elocuentes de esa connivencia.
Militancia social y política en el barrio San Martín
Para comprender el entramado de lazos sociales construidos en el barrio San Martín a partir del trabajo Llorens y los CUT, Rodríguez Infante recurrió a tres categorías: ámbitos sociales, círculos y grupos políticos. Estas nociones explican la convergencia entre lo social y lo político y la migración de personas de una a otra en esta época.
Los ámbitos sociales incluían actividades de organización barrial, apoyo escolar —como el que dictaba el grupo de estudiantes de Trabajo Social que declaró en este juicio— y armado de cooperativas, entre otras. Los círculos y los grupos políticos eran expresiones de las organizaciones políticas. Las primeras consistían en tareas de superficie, mientras que los grupos desarrollaban actividades relativas a la lucha armada. De acuerdo a la investigadora Yamile Álvarez, en Mendoza los curas del MSTM tuvieron una relación más estrecha con el Peronismo de Base y no Montoneros, dado que expresaban reservas en lo que respecta a la lucha armada.
Para la fiscalía, además del ideario y la praxis cristiana que eran incompatibles con el modelo que la dictadura pretendía imponer, fueron los lazos allí construidos la mayor amenaza para el aparato represivo. El testimonio del sacerdote tercermundista Orlando Yorio recogido por la CONADEP así lo demuestra: uno de los torturadores le reprochó haber interpretado de forma excesivamente material la doctrina de la iglesia. “Unir a los pobres es subversión”, sentenció entonces su verdugo.
Llorens y los Campamentos Universitarios de Trabajo
Los CUT, impulsados por Llorens, eran instancias donde estudiantes de nivel superior convivían con comunidades vulnerables y colaboraban en sus tareas cotidianas. Inicialmente se enfocaron en la construcción de viviendas. El objetivo era generar un impacto vital en sus participantes. Según los testimonios, el contacto con el dolor y la injusticia fue en muchos casos el puntapié inicial para incorporarse a la militancia política.
La primera edición de los CUT, cuya consigna era “una experiencia dura para universitarios fuertes”, sucedió en 1964. Un grupo de estudiantes de distintas provincias se instaló en el barrio San Martín, que era un basural, para construir “la casa de los hombres”. La asistencia se duplicó en las convocatorias siguientes y luego se expandió su organización a nivel nacional. Tenían una duración de entre dos y cuatro semanas.
En este juicio declararon Mercedes Gagnaten, directora de algunos de los CUT desarrollados y compañera de José María Llorens, así como dos sobrinas del sacerdote que participaron de dichas instancias y fueron posteriormente detenidas: María del Carmen Llorens y Teresita Fátima Llorens. En 1972, por situaciones conflictivas de seguridad, se decidió colectivamente suspender los CUT, de acuerdo al testimonio de María del Carmen.
“Macuca” Llorens, de la orden de los jesuitas, llegó a Mendoza producto de un traslado y pudo comenzar aquí una nueva etapa, según su sobrina Fátima. Estuvo vinculado al MSTM y aportó a transformar un basural en lo que hoy conocemos como barrio San Martín. El proceso fue narrado por el propio Llorens en su libro Opción fuera de la ley: dado que esta población no existía para las instituciones, había aprendido a vivir fuera de las normas. En 1972 o 1973 se instaló en el barrio San Martín. También desarrolló trabajo social en los barrios Flores y Olivares de Mendoza. Además de sufrir atentados, el 24 de marzo de 1976 fue finalmente detenido.
La inteligencia previa al golpe
A continuación, Daniel Rodríguez Infante repasó la investigación de las fuerzas sobre Llorens, los CUT y las personas relacionadas a ellos y destacó que existe gran cantidad de documentación al respecto. En el archivo general del Escuadrón 27 de Punta de Vacas hay informes —elaborados por Gendarmería— sobre la apropiación de Carlos Goya, el caso Verd-Palacio y todas las personas con militancia social en el barrio San Martín.
El primer registro es del 22 de mayo del 71. En el expediente, correspondiente a “información células peronistas”, se nombra a Mercedes Gagneten, una de las organizadoras de los CUT. Ahí detallan su lugar de residencia, sus viajes y el contacto con curas de Santa Fe. También mencionan el itinerario y los cursos de un cura de apellido Befart, a quien se lo describe con aspecto “hippie”.
El informe de gendarmería también especifica aspectos de “Macuca” Llorens, en una hoja membretada y sellada. Refiere que contaba con la anuencia del cura Pellegrini, pero no con la del obispo de la diócesis; le adjudica una “dialéctica marxista peronista”; registra una misa que ofició el sacerdote organizada por la CGT y que, al finalizar, un grupo de personas se dirigió a un centro comunitario y entonó la marcha peronista; destaca que simularon un censo para averiguar si era necesaria la cantidad de plazas escolares que había solicitado Llorens; recalca un viaje a Buenos Aires en 1971 para reunirse con otros curas tercermundistas.
Otro expediente de junio del mismo año —con los mismos sellos y membretes— contiene un “informe de experiencias periódico” que, bajo el título “Subversivo” habla de la participación de Llorens en los barrios. Asegura que su pregonar conllevan palabras “activistas e incitantes a la violencia” y sus “campañas”, peligrosamente para las fuerzas, “podrían sobrepasar los límites del barrio” e influir a otros con similares condiciones de vida.
En este marco, Rodríguez Infante trajo a colación los numerosos ataques de los que el sacerdote tercermundista era víctima. Su sobrina, Teresita, contó que, en una ocasión, le colgaron perros muertos en los cercos de la capilla del barrio San Martín. También es conocida —y fue mencionada en los testimonios— la bomba que pusieron allí el 30 de agosto de 1975, una noche en la que, por casualidad, el hombre había salido. Susana Negrette, Mario Gaitán y María Teresa Muñoz declararon, además, sobre la infiltración de personas de los servicios de inteligencia en las actividades del barrio.
Para ilustrar la persecución, el fiscal resaltó que Teresita Fátima Llorens hizo referencia a un colaborador del sacerdote, de apellido Moyano, que fue detenido. Probablemente se refería a José Luis Moyano, seminarista a quien Leonor Mércuri contactó cuando vino a Mendoza. Soledad Puente Olivera también dio con él en el 2000, cuando arribó a la provincia para intentar reconstruir lo sucedido con su padre, Rafael Olivera, y su madre, Nora Rodríguez Jurado, víctimas del Operativo Antijesuita.
José María “Macuca” Llorens fue detenido el mismo 24 de marzo de 1976. Según la reveladora declaración del comisario Sánchez Camargo, la fuerza a cargo era el Ejército y las personas que intervinieron pertenecían al D2. Él mismo participó, relató, en el grupo que confeccionó un informe sobre el religioso. Todo evidencia, aseguró Daniel Rodríguez Infante, las tareas de inteligencia “sin fisuras” que realizaba el aparato represivo estatal.
“Operativo Antijesuita” es el nombre que le pusieron las fuerzas
La búsqueda de la familia de una de las víctimas, Leonor Mércuri, fue la que derivó en este dato. Su madre, Dolores Monzó, emprendió numerosas gestiones. Ante el Juzgado de Instrucción Militar (JIM), relató que en el almuerzo de Navidad del 76, le hicieron llegar una nota al coronel Ahumada. Cuando el militar leyó los datos, comentó que Mércuri probablemente había sido detenida en el “Operativo Antijesuita”. En una carta que presentó en 1984 ante el Consulado de España, Monzó hace esta misma mención. Y agrega que, según el militar, no había una grave acusación contra Leonor y si hubiera sabido antes podría haberla sacado.
Sucede que Ciro Ahumada, junto con “Regueiro y Palmieri” compartían una oficina en Capital Federal y Monzó era amiga de Daniel Alonso, el portero del edificio donde se encontraba. Él fue el intermediario. A pesar de las discrepancias con el apellido, el fiscal asegura que, en realidad, el primero se refiere a Osvaldo Riveiro, conocido como “Balita”, exjefe de inteligencia del Batallón 601, a cargo del Destacamento de Inteligencia 144. Riveiro fue uno de los organizadores del centro clandestino de detención “El campito”, de Campo de Mayo, y la justicia francesa lo condenó a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, por el secuestro en Ezeiza y la desaparición del ciudadano franco-chileno Jean-Yves Claudet.
En paralelo y sin cruzar información, también hizo algunas gestiones el primo de Dolores Monzó, Atilio Pozo. El hombre conocía a un comisario que le dijo dónde podía estar, pero también le preguntó si a Leonor Mércuri la habían “careado” con María Inés Correa Llano porque, de ser así, no la iban a volver a ver: “Esta gente no deja rastros”. Otra investigación la realizaron mediante el cura Iñaki de Azpiazu, quien, mediante un militar conocido, averiguó que el Operativo Antijesuita había existido pero no pudo obtener más información. Monzó, además, envió el dato de Leonor por medio de una amiga que trabajaba en una empresa que pedía informes a la SIDE sobre su personal. La respuesta fue: “Detenida por el Operativo Antijesuita en Mendoza”.
El primer caso: Mercedes Eva Vega de Espeche
Al adentrarse en el análisis de los hechos que se juzgan en este debate, Daniel Rodríguez Infante inició cronológicamente: la primera víctima del Operativo Antijesuita fue Mercedes Salvadora Eva Vega de Espeche. Estudió Medicina en la UNCuyo, donde conoció a Carlos, su pareja y padre de sus hijos —Ernesto y Mariano—, con quien luego trabajó en el Hospital Lagomaggiore. “Mecha”, como la conocían, oficiaba de peluquera para costearse la facultad y tenía 28 años al momento de su secuestro.
Ella fue una de las personas que ayudaron a levantar y organizar el barrio San Martín. Estaba comprometida con el lugar y, de hecho, sus hijos fueron bautizados por “Macuca” Llorens en la capilla Virgen de los Pobres. Como se especializó en infecciones, detectó una epidemia causada por la falta de agua potable, y consiguieron un tanque. Era parte del grupo de salud preventiva y también realizaba labores en el barrio Espejo, de Las Heras.
Tenía una militancia de superficie en el PRT y una amistad muy estrecha con “Piri” Lillo, otra de las víctimas de este operativo. Oscar Rojas, pareja de su amiga en aquel momento, confirmó que incluso solían cuidar a Ernesto y Mariano. Para escapar del accionar represivo, en febrero del 76 se fue a vivir con los niños a la casa de su mamá y su papá, en la calle Ituzaingó de la Ciudad de Mendoza.
La inteligencia desplegada sobre ella y su familia está ampliamente documentada. En archivos de la DIPPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) hay información sobre el matrimonio. Una ficha de Carlos Espeche, de la mesa “DS” (delincuente subversivo) especifica sus datos personales, familia, matrícula, esposa, domicilios sucesivos. Habían pedido el informe la Comisión Asesora de Antecedentes y el Batallón de Inteligencia 601, en 1980: “Registra antecedentes ideológicos marxistas”, dedujeron.
El 18 de septiembre de 1973, la SIDE dejó constancia de que Espeche integraba la comisión de solidaridad con el pueblo chileno. En 1975, el DI 144 y el Batallón 601 lo marcaron como responsable de una célula del ERP en Maipú. El mismo año, la policía y la SIDE emitieron un documento que mencionaba su desempeño como médico de primeros auxilios en la sala del barrio Espejo. Hay registro de noviembre del 75 de que abandona su domicilio particular, informado por el DI 144 y otras reparticiones. Y en diciembre, detallan que “la esposa, su hijo y el causante” salen de su casa. En marzo del 76 pidieron información de Carlos a la Comunidad Informativa, el 8 de abril la DGIPBA lo tacha de “prófugo” y el 26 de abril se ordena su detención.
Ernesto, hijo de Mercedes, contó que cuando su mamá supo de la desaparición de su padre, le habían dicho que lo habían trasladado a Mendoza y ella salió a buscarlo por distintos lugares. En una ocasión, allanaron la casa de calle Ituzaingó y en otra, en el Comando, se presentó y le dijeron que sabían quién era. El hermano de Mecha, Héctor Eduardo Vega, confirmó el allanamiento y, además, que ella sabía que la seguían. Incluso contó de un hombre que se fue a hacer revisar por ella en el centro de salud que, según alguien del trabajo, iba acompañado por un policía federal.
El 8 de junio a las 00:30, ingresó violentamente un grupo de personas —de civil y encapuchadas— que rompió la puerta de la casa. Apuntaron a la madre con un arma, maniataron y golpearon al hermano y se llevaron a Mercedes, sin dejarle buscar su DNI. La familia radicó la denuncia en la Seccional 4. Al día siguiente también se dirigieron a la IV Brigada Aérea y al Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña. Ernesto relató que, con posterioridad al hecho, su tía recibió llamadas telefónicas que decían que a Mecha la habían secuestrado subversivos y el mismo mensaje le dieron en el Comando a su tío.
La próxima semana habrá dos audiencias: el jueves 25 y el viernes 26 de agosto a las 9:00.
