13-10-2022 | El fiscal repasó las detenciones ilegales de Pablo Seydell, Francisco Amaya y Luis Moretti en la Comisaría 7, y el secuestro y desaparición de Rubén Bravo, quien también pasó por esa dependencia. La próxima audiencia es el viernes 14 de octubre a las 9:30.
En este debate se encuentra acusado el expolicía Ramón Dagoberto Álvarez, quien cumplió funciones en la Comisaría 7 para el momento de los hechos que se investigan. Entre las víctimas de este centro clandestino de detención (CCD) hay tres sobrevivientes —Francisco Amaya, Luis Moretti y Pablo Seydell— y un desaparecido —Rubén Bravo—. Las causas han sido analizadas en juicios anteriores pero es la primera vez que por el secuestro de Bravo se responsabiliza a las fuerzas, ya que previamente solo se condenó a los exjueces federales por su complicidad.
De la Seccional Séptima se conoce, por procesos anteriores, su funcionamiento, su estructura, los delitos sexuales que allí perpetraron. Pero la apuesta de esta investigación es incorporar a Rubén Bravo, cuya causa “constituye por antonomasia un ejemplo de cómo un establecimiento regular puede funcionar en la más absoluta clandestinidad”, explicó Daniel Rodríguez Infante. También extender la acusación al nuevo imputado.
La reconstrucción de los hechos se hizo a través de declaraciones de sobrevivientes, familiares y personas allegadas, y se suman, como evidencia, los reconocimientos fotográficos y habeas corpus de aquel momento. Además de Seydell, Moretti y Amaya, se cuenta con los testimonios de María Rosario (“Mariú”) Carrera y Eugenia Elma Zacca (“Mabel”), la esposa y la madre, respectivamente, de Rubén Bravo; Juan Eduardo Bonoldi, cuñado de Mariú; Pablo Modesto Estrella, vecino; Carmelo Cirella Paredes, expolicía federal; María Celeste Seydell, hermana de una de las víctimas; Guillermo Martínez Agüero y Ramón Alberto Córdoba, detenido también en la seccional de Godoy Cruz.
Pablo Seydell es cordobés y tenía actividad política activa como toda su familia, que sufrió persecuciones desde la década del 60. Un hermano fue secuestrado en la dictadura de Lanusse, su padre y su madre también pasaron por la cárcel y prácticamente todo el grupo familiar estuvo detenido en uno y otro momento. En el 76 se vino a Mendoza para intentar evadir el cerco represivo pero fue secuestrado en la Terminal de Ómnibus cuando bajaba del micro de la empresa TAC.
Francisco Amaya era oficial albañil especialista en cerámica. Vivía en San Rafael y allí había militado en el peronismo pero luego se pasó al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), donde conoció a otras personas que están desaparecidas. En febrero de 1976 se trasladó solo a la Ciudad de Mendoza y posteriormente arribó su esposa.
Luis Matías Moretti era chileno. Estuvo en Mendoza en el 75, luego volvió a Chile y regresó nuevamente a la provincia argentina en marzo del año siguiente. Residía en una pensión de Godoy Cruz, cerca de la fábrica de caños y blocks en la que trabajaba.
Rubén Bravo tenía 26 y era un reconocido actor. Vivía en la calle Corrientes de la capital mendocina junto con su esposa, el hijo de la pareja —Nazareno— y su madre. Rubén dirigió un grupo de teatro llamado “La pulga”, con el que habitualmente salía de gira, y su familia iba con él. Era una persona pública, participaba en programas radiales y ocupaba el cargo de secretario general de la Asociación de Actores de Mendoza. Seydell contó que lo conoció en agosto del 74, por gente en común, en el marco de una función infantil que Bravo dirigía y a la que él asistió.
Los cuatro compartieron cautiverio en la Comisaría 7, aunque —salvo dos— no se conocían desde antes. A Seydell, Moretti y Amaya los detuvieron personas uniformadas y de civil la mañana del 15 de octubre en distintos lugares de la vía pública del Gran Mendoza. Se tiene constancia de que intervino la Compañía Motorizada de Vigilancia (CMV) de la Policía provincial, ubicada al lado de la Comisaría 25, de Guaymallén.
En el sumario que les armaron, les atribuyeron falsa y burdamente el robo a la sucursal Carrodilla del Banco Mendoza que ocurrió ese día a las 11:00, con el objetivo de juntar fondos para su “actividad subversiva”. Sin embargo, no solo no fueron los responsables sino que aquel delito quedó impune, sin ser siquiera investigado.
A Francisco Amaya lo introdujeron a un vehículo a las 9:30 mientras caminaba por calle Alberdi: “Lejos de mi casa pero cerca de una cita”, dijo. Pablo Seydell estaba bajando del colectivo que lo trajo desde Córdoba y, de la Terminal, se lo llevó personal uniformado y de civil. Moretti aseguró que lo secuestraron policías y que fueron objeto de torturas en la CMV, mientras los interrogaban por su actividad política. Horas después los trasladaron a la Séptima.
A pesar de la causa armada por el robo del banco, una semana después —el 21 de octubre— allanaron el domicilio de Moretti y registraron la existencia de revistas del Ejército Revolucionario del Pueblo como “Estrella Roja”. Ese día, en la Comisaría 7 lo interrogaron no sobre el suceso del banco sino sobre su actividad política. En el acta que falsearon y cuya firma obtuvieron bajo tortura, supuestamente mencionó a Seydell y Amaya, aunque ni siquiera se conocían. “Los tres presuntos autores del robo pasan a ser integrantes de una célula subversiva”, puntualizó el fiscal. Su causa llegó hasta un Consejo de Guerra y después al fuero federal.
El caso de Rubén Bravo
Daniel Rodríguez Infante señaló que las mismas circunstancias de los hechos aportan datos sobre la intervención de la Comisaría 7 en el secuestro y desaparición de Rubén Bravo. Lo secuestraron personas de civil, a cara descubierta, con gorros de lana, después de ingresar violentamente a su casa, alrededor de las 22:30 del 21 de octubre de 1976. Cuando entraron, le preguntaron por “el cordobés”, por Montoneros y por las armas. Se sabe que fue trasladado a la Séptima para obligarlo a reconocer a Pablo en una suerte de “careo”, aunque no era “el cordobés” que buscaban. A Seydell, Moretti y Amaya también les preguntaron por el mismo hombre.
En la vivienda de la familia, obligaron a Mariú y a Rubén a arrodillarse en un sofá mientras llevaban a Mabel a la habitación donde estaba Nazareno. Después condujeron a Mariú a esa pieza y golpearon, amenazaron y maniataron a ambas mujeres. Cuando soltaron a Mariú para que calmara al bebé pudo prestar atención a algunas caras. Las encerraron con llave y les dijeron que se llevaban a Rubén para que identificara a una persona y regresaban. Nunca ocurrió. En el procedimiento, además, se constata la rapiña: “Se llevaron todo”, dijo la mujer, hasta la ropa del niño.
En todo este tiempo, Mariú Carrera ha reconocido a efectivos de distintas fuerzas que participaron. El primero fue un joven ágil y de piel cetrina que entró primero por la ventana y le abrió la puerta al resto de la patota. Un año después del procedimiento, lo vio ingresar a la Comisaría 7 y, según un reconocimiento fotográfico, se trata de Eusebio Leónidas Lima Pereira, subcomisario de la seccional para la época de los hechos. Además, uno de los que apuntaban con armas podía ser Blanco Luna o Eduardo Smaha, integrantes del Departamento de Informaciones de la Policía (D2) —lo que deja en evidencia la participación de esa dependencia—, y otro Ricardo Aleks, expolicía federal.
Finalmente, describió a Basilio Estalles, una persona de unos 40 años que se movía con tranquilidad: se trata de un antiguo oficial de la Federal que tenía una empresa de seguridad a la que Carrera fue a averiguar por su marido. Además, en la década del 80, Carmelo Cirella Paredes —quien había cumplido funciones en la Federal— mencionó cuatro detenciones en la calle Corrientes de la que participó la su dependencia, el Ejército y la Policía de Mendoza.
Ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza, Pedro Modesto Estrella, vecino, declaró el ingreso de un grupo de hombres a la casa de la familia de Bravo. Su esposa llamó al Comando Radioeléctrico para informar la situación, pero le dijeron que se trataba de un operativo y que permanecieran en su vivienda. Sin embargo, Estrella salió, entró a la casa, vio todo el desastre y supo que se habían llevado a Rubén. Sostuvo el fiscal: “Esto deja en claro que los procedimientos no eran realizados por grupos secretos sino que todas las estructuras actúan de forma absolutamente coordinada”.
Un mes más tarde de este secuestro, Marcelo Carrera, hermano de Mariú, y su esposa, Adriana Bonoldi, también fueron víctimas de desaparición forzada. Juan Eduardo “Nino” Bonoldi, hermano de Adriana, se refirió a los procedimientos a partir de la reconstrucción familiar: cuando Marcelo fue secuestrado, el 24 de noviembre, le dijeron “vos vas a cantar lo que no cantó tu cuñado”, según relató su esposa Adriana. Una semana después se la llevaron a ella, embarazada. La pareja era militante del PRT al igual que Rubén y Mariú.
No hay certezas del paso previo de Bravo por otro centro clandestino, pero sí de su traslado a la Comisaría 7. “La relativa imprecisión sobre el momento exacto del ingreso de Bravo a la Séptima en nada impacta sobre la responsabilidad penal, porque lo que sabemos con absoluta certeza es que estaba ya en la Comisaría Séptima la noche del 22”, sostuvo el fiscal. Seydell lo declaró ya ante el juez Guzzo por aquellos años: cuando estaba detenido en la penitenciaría, le pidió al cura Latouff que le comunicara a la familia de Bravo que lo había visto durante un “careo”. Rubén no podía mantenerse en pie y lo sostenían dos personas. Esta situación, además, quedó asentada en el habeas corpus que presentó la madre de Mariú en el 77.
Seydell dijo que antes de concretar el encuentro le mostraron un afiche de Bravo para que lo reconociera. Por esta razón, el fiscal advirtió que las fuerzas ya habían investigado a Rubén. Sabían dónde vivía, que era militante y que conocía de alguna forma a Pablo Seydell. Su detención puede haberse precipitado por la necesidad de concretar el careo en la Séptima, lo que despeja toda duda sobre la intervención de esta dependencia. También Moretti declaró ante la Conadep que allí lo interrogaron acerca de Bravo. Otro hecho relevante, de acuerdo al fiscal, fue la presencia de Sánchez Camargo, jefe del D2, en la seccional policial la tarde del 21 de octubre, horas antes del procedimiento en la casa de Bravo. “Estaban ultimando los detalles de este operativo conjunto”, sostuvo.
La búsqueda
Entre las gestiones que realizó la familia de Rubén luego de su desaparición, Rodríguez Infante mencionó la primera denuncia que Mariú y su suegra interpusieron en la Comisaría 3 la misma noche del secuestro. Los oficiales de guardia se burlaron de ellas. Un día más tarde Mariú regresó e insistió con su declaración, pero no quedó constancia. Presentaron también tres habeas corpus que fueron rechazados con costas. El de abril de 1977 mencionaba que Bravo había sido visto en la Séptima.
Las familias Bravo y Bonoldi se entrevistaron con Tamer Yapur en dependencias del Ejército: “Lo que pasa es que sus hijos son ideólogos, los estamos recuperando. Y cuando estén recuperados para la sociedad van a salir”, les dijo. También con Garibotte y con el gobernador de facto de Mendoza, brigadier Jorge Sixto Fernández. Recibieron humillaciones y amenazas.
Los delitos del CCD Comisaría Séptima
Amaya, Seydell y Moretti estuvieron en esta dependencia desde el 16 hasta el 26 de octubre de 1976, momento en que fueron trasladados a la penitenciaría y “blanqueados”. Los ingresos y egresos quedaron registrados en el libro de novedades de la seccional. La documentación refiere también la presencia del jefe de la Policía, Julio César Santuccione, el día que arribaron los detenidos. El 17 de octubre ingresaron otras tres víctimas provenientes del D2: Roque Argentino Luna, Alberto Córdoba y Elbio Benardinelli.
Para reconstruir los hechos relativos a Rubén y el “careo”, la fiscalía agrupó las numerosas declaraciones de Pablo Seydell de acuerdo a las referencias temporales. Si bien no todas son concluyentes, advirtió el fiscal, su cruce con otros eventos y con la prueba documental permite ubicar el secuestro del actor el 21 de octubre por la noche y el careo un día más tarde. Uno de esos hitos fue la llegada de Antonia Julia Gualtieri y Celeste Seydell, madre y hermana de Pablo. Alertadas por el llamado telefónico de un policía, las mujeres viajaron de Córdoba a Mendoza y se presentaron en la seccional preguntando por él. El 22 de octubre por la tarde, luego de ser demoradas, quedaron detenidas, tal como evidencian los registros policiales.
Horas antes del careo, como anticipó Rodríguez Infante, personal de la comisaría obligó a Pablo a reconocer a Bravo en un afiche: “A este ya lo tenemos, este va a perder”, decían de Rubén. “Su destino era la muerte y la desaparición”, argumentó el fiscal. Dado que Seydell se negó a responder, lo amenazaron con su familia: “Vos sabés bien que tu hermano está secuestrado, las acabamos de detener a tu mamá y a tu hermana, pero a vos te vamos a hacer aparecer con dos tiros en la cabeza”. El estado de Rubén cuando se produjo ese encuentro también es elocuente: “Llevaba 24 horas siendo torturado”, argumentó el fiscal, en la propia Séptima o en otro lugar, pero necesariamente había transcurrido tiempo desde el secuestro. Ramón Dagoberto Álvarez estuvo presente la noche del careo, insistió.
Además de las condiciones de cautiverio y la incertidumbre, los sobrevivientes declararon haber sido sometidos a numerosas sesiones de tortura en la sala ubicada en la parte superior del edificio, a la cual se accedía desde el patio. Una de las particularidades de la Séptima como CCD fue la práctica de colgamiento y la utilización de ganchos en el patio interno —Seydell llegó a prisión con los hombros luxados—, así como los delitos sexuales contra los varones allí detenidos. “Todo el personal de la comisaría prácticamente estaba involucrado (…) desde el comisario hasta el último policía que hacía la guardia sabía lo que pasaba y lo que estaban haciendo”, denunció Moretti al describir el procedimiento de traslado a la sala de tortura en un juicio anterior.
En todas las declaraciones de Pablo Seydell —incluso ante Guzzo— se repite el episodio del careo. Una noche lo retiraron de la celda y en una habitación del primer piso, mientras le apuntaban con un arma en la nuca, lo pusieron frente a Rubén Bravo: estaba vestido, tenía el pelo revuelto y lo sostenían dos personas de civil. No emitió palabra. Duró unos pocos minutos. Repitieron el procedimiento, retiraron a Bravo y luego regresaron a Seydell a la celda. Fue la última persona en verlo con vida.
“Aunque no sepamos si fue asesinado allí o al salir de ese lugar (…), es totalmente irrelevante en términos de responsabilidad penal (…) Quienes intervienen en la continuidad delictiva en la que se lleva a cabo esta maniobra, son responsables del homicidio”, insistió el fiscal.
La próxima audiencia es el viernes 14 de octubre a las 9:30.
