21-10-2022 | Luego de concluir con la reconstrucción de los casos de detenciones en la IV Brigada Aérea, la fiscalía alegó por las personas detenidas en Las Lajas y refirió las condiciones de cautiverio de este centro clandestino de detención (CCD) de la Fuerza Aérea ubicado en el pedemonte mendocino. Las próximas audiencias serán el jueves 27 de octubre a las 13:30 y el viernes 28 a las 9:30.
La audiencia completa puede verse en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=il2a7Nmncm8
Antes de comenzar con el desarrollo de los casos de Campo Las Lajas, el fiscal se refirió a los cuatro casos vinculados con los dieciocho que detalló la audiencia anterior. Son aquellos en donde se evidencia la injerencia de la IV Brigada, ya sea porque las víctimas estuvieron detenidas en hangar de la dependencia donde funcionaba el cine o —“conjunta o alternativamente”— transitaron en su cautiverio por las comisarías que estaban bajo control operacional de la Fuerza Aérea.
Desde febrero del 68, Juan Miguel Becerra fue secretario general del Sindicato de estaciones de servicio, gomerías, playas de estacionamiento y afines. Cesó su función cuando fue detenido —en mayo del 76— en el aeropuerto de El Plumerillo, al regresar de un viaje en Buenos Aires relacionado con su actividad gremial. Personal de la Fuerza Aérea lo aprehendió y lo trasladó a la IV Brigada, donde lo mantuvieron encerrado e incomunicado, por lo que su familia no sabía nada de él.
Según percibió Becerra, fue interrogado por personal de inteligencia, entre los que mencionó a uno de apellido alemán y a un capitán de la Aeronáutica. Lo torturaron psicológicamente con los ojos vendados y las manos atadas. Recordó haber compartido cautiverio con Rodolfo Arancibia, Alberto Ceballos, Pedro Justino Franco y Miguel Ángel Pérez.
En julio del 76 fue conducido a la Compañía de Comunicaciones y el 30 de septiembre, a la Penitenciaría Provincial, por orden de la VIII Brigada de Infantería de Montaña. “El permanente traslado de un centro clandestino de detención a otro es una muestra más de la absoluta coordinación que existía entre las fuerzas en el marco del plan represivo estatal”, aseguró el fiscal. Fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional el 30 de julio del 76 bastante después de su detención, y ese decreto quedó sin efecto el 21 de diciembre de ese año. Sin embargo, recién recuperó su libertad el 5 de agosto del 77, desde el penal.
Algo similar le sucedió a Rodolfo Gerardo Arancibia, por cuyo caso declararon su esposa, Lidia Tapia, dos compañeros de trabajo de la Universidad Nacional de Cuyo, Luciano Pagoto y José Notarnicola, y sus compañeros de detención, Raúl Herrera, Juan Becerra, Reynaldo González, Sergio Larroulet. Al momento de su secuestro tenía 43 años y era secretario general y presidente de la comisión vivienda del sindicato de personal no docente de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).
Antes de dar con él, la Policía Federal había ido a buscarlo a su casa, en el barrio Unimev, pero solo encontró a su esposa. Los hombres de la fuerza se dirigieron a la Escuela Superior de Música, donde trabajaba, y de allí se lo llevaron en una camioneta sin identificación, el 18 de mayo de 1976. Notarnicola intentó seguir el vehículo con su sobrino y, aunque lo perdió de vista, luego lo vio estacionado en la puerta de esa dependencia policial en calle Perú.
Horas después lo trasladaron a la IV Brigada y su familia no sabía dónde estaba. Lo raparon y sufrió diversas torturas, como simulacros de fusilamiento o tener que orinar a punta de pistola. A fines de junio de ese año lo llevaron a la Compañía de Comunicaciones y el 30 de septiembre —como a Becerra—, a la Penitenciaría Provincial. Recuperó su libertad el 19 de junio del 77, pese a que el decreto que lo ponía a disposición del PEN tuvo vigencia entre el 30 de julio y el 21 de septiembre del 76.
En el expediente consta una resolución firmada por el comodoro Héctor Eduardo Ruiz, rector interventor, en la que figuraba suspendido a causa de su detención. Lidia Tapia, además, contó que cuando su esposo estaba en cautiverio le quisieron arrebatar, mediante intimidaciones, la vivienda de la calle Adolfo Calle de Guaymallén.
Carlos Jacinto Tassín tenía 30 años y militaba en el Partido Comunista, donde oficiaba como tesorero en la sección de Las Heras. Lo secuestraron de su casa ubicada en la calle Perú, el 25 de marzo del 76, alrededor de las 4 de la mañana. El operativo fue realizado por 30 o 40 personas de la Fuerza Aérea que él definió como de Infantería: tenían ropa de fajina, borcegos verdes y ametralladoras.
Cuando las defensas lo interrogaron por los uniformes, explicó el fiscal, el testigo no fue concluyente pero tampoco expresó duda alguna con la pertenencia a la Aeronáutica de los hombres que se lo llevaron. Aclaró, entre otras cosas, que conocía a algunos de los soldados porque eran vecinos y que el vehículo en el que se lo trasladaron pertenecía a esa fuerza. La persona que dirigía el operativo era un oficial de estatura alta, de aproximadamente 30 años de edad y “un ojo bizco”, recordó.
Ya en su casa le vendaron los ojos, lo amenazaron de muerte, lo sometieron a un simulacro de fusilamiento y le preguntaron por Capurro. Tassín contó que, como estaba tranquilo, le dieron un revólver para que se disparara él mismo. Rogelio Rivera, un vecino, presenció todo porque, supuestamente, lo habían obligado a marcar el domicilio. Los hombres del operativo buscaban armas, pero solo encontraron un viejo mimeógrafo que Carlos Tassín había usado para hacer volantes. Antes de llevarlo a la Comisaría 16, donde estuvo aproximadamente 13 días, dejaron a Rivera en su casa.
Fue el primero en arribar a esa dependencia policial de Las Heras, donde sufrió golpes y torturas, y también escuchó los gritos de sufrimiento de otras personas. Un día, un hombre rubio de la Fuerza Aérea entró a la seccional, lo insultó y le dijo que no se metiera más en política. En su declaración, Tassín aseguró que durante todo ese tiempo estuvo desaparecido, porque nadie de su familia sabía dónde estaba. De allí lo trasladaron en una camioneta de la VIII Brigada al Liceo Militar General Espejo, junto a los hermanos Frías. Mientras permanecía en ese lugar, la persona que lo había interrogado en la Comisaría 16 se presentó en su casa y le dijo a su esposa que no se hiciera problema porque iba a recuperar la libertad, que efectivamente sucedió a fines de abril.
Julio Santiago Quiroga trabajaba en un colegio secundario del obispado y vivía en la calle Dr. Moreno, de Villa Tulumaya, en Lavalle. En su casa, además de su esposa y sus hijos pequeños, también residía su cuñado. Quiroga había militado en la Juventud Peronista hasta el 75. Fue detenido el 24 de marzo de 1976 alrededor de las once de la noche, por un grupo de la Fuerza Aérea y la policía provincial que irrumpió en su domicilio. Cuando llamaron a la puerta, vio soldados parapetados por todo el frente, un camión militar con ametralladoras antiaéreas, una rural de la municipalidad y un camión
Lo interrogó el hombre de la Aeronáutica que estaba a cargo del operativo, de apellido Ayala, y lo alojaron en la Comisaría 17 de aquella localidad. En el calabozo conoció a un joven que había sido detenido con Antonio Flores, un vecino. Según recordó, la custodia estaba a cargo del oficial Ortubia. La noche del 25 de marzo llegó personal del Ejército, aseguró el testigo, los subieron con el joven a un Fiat 125 y le vendaron los ojos. Por lo que pudo percibir, estimó que tomaron la Ruta 40, se dirigieron al sur y, a la altura del aeropuerto, doblaron a la derecha por una calle de tierra.
Cinco o diez minutos después llegaron a un lugar que se parecía a las escuelas públicas de la década del 50, según describió. Tenía una galería, arcos, ripio grueso, lámparas a kerosene. Quiroga supuso que se trataba de El chalecito, un centro clandestino descripto en el Nunca Más. Declaró que estuvo en un habitáculo con azulejos verdosos, donde probablemente hubo una ducha, que se encontraba cerca de una ruta porque escuchaba los vehículos que pasaban. Cuando lo interrogaban bajo tortura le preguntaban por su actividad política y su compañero, Ernesto Quiles.
Al tercer día, un grupo de jóvenes vestidos de civil le vendaron los ojos y lo trasladaron en un DKW Unión, lo bajaron, lo sometieron a un simulacro de fusilamiento y finalmente lo dejaron en el Liceo Militar. El 17 de mayo lo llevaron a la penitenciaría y el 31 de mayo recuperó la libertad.
Los casos del CCD Las Lajas
El sexto juicio de Mendoza investigó los hechos relativos a cinco víctimas desaparecidas que pasaron por Las Lajas en 1977: Mauricio Amílcar López, Osvaldo Zuin, María del Carmen Marín, Carlos Marín y Juan Ramón Fernández. Debido al apartamiento de Paulino Furió hacia el final del proceso, únicamente se sostuvo la acusación contra Juan Carlos Santa María por el secuestro de López. El excomodoro recibió la pena de prisión perpetua por esta desaparición y los demás delitos quedaron sin condena. La sentencia reconoció a Las Lajas como CCD.
El presente juicio retomó estos cinco casos pero analizó también las detenciones de dos sobrevivientes cuyos testimonios fueron fundamentales para reconstruir lo sucedido con las demás víctimas: Emilio Luque Bracchi y Horacio Ferraris. Asimismo, se incluyó dentro de este grupo el secuestro de Mario Benditti porque la víctima sugirió que podría haber estado privada de la libertad en Las Lajas. Pese a que el Ministerio Público descartó esta posibilidad y ubicó el cautiverio dentro del predio de la IV Brigada, decidió mantener el orden original al momento de alegar.
Los acusados actuales son todos integrantes de la Fuerza Aérea: Juan Carlos Santa María, Eduardo Elio Gaviola, Alberto Raganato, Emilio García Ponce, Julio Roberto Agüero, José Santos Chiófalo y Néstor Nivaldo Carmona.
La detención de Luque Bracchi en 1976
Emilio Luque Bracchi tenía veinte años al momento de su secuestro. Había estudiado Ciencias Agrarias y Geología en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). En esa provincia compartía pensión con el militante peronista Sandro Santana Alcaraz, quien continúa desaparecido desde septiembre de 1976.
Luego de ser expulsado de la universidad el 20 de octubre de ese año, Emilio regresó a Mendoza, su ciudad natal. El 28 de ese mes, a las diez de la mañana, dos personas se presentaron en su domicilio de Las Heras para hacer un falso censo estudiantil. De acuerdo a la fiscalía, este procedimiento tuvo por objetivo confirmar la identidad de la víctima antes de su secuestro. Dos horas más tarde las mismas personas —ahora disfrazadas— junto a dos hombres más lo introdujeron en el piso de un vehículo y le taparon la cabeza.
Por las maniobras del auto y por el conocimiento de la zona, Emilio supo que lo llevaron por un camino de tierra en dirección al pedemonte, es decir, al campo Las Lajas. Allí fue interrogado, golpeado y torturado con picana mientras permanecía atado a una camilla. Lo condujeron luego a una carpa grande donde había muchas personas secuestradas, a quienes retiraban para interrogarlas. Se oían aviones.
El 29 de octubre por la noche lo trasladaron al centro clandestino de detención conocido como Granja La Amalia en San Luis. Viajó en el baúl de un Fiat 125. En este CCD estuvo cincuenta días atado de pies y manos a una cama. El 18 de diciembre fue liberado en Córdoba, lejos de la ruta.
La familia realizó la denuncia por su detención ante la Comisaría 16 de Las Heras y presentó un habeas corpus que fue rechazado con costas. También enviaron una carta al gobernador de facto Sixto Fernández.
A raíz de un trámite indemnizatorio, en 1995 Luque escribió una carta al presidente Menem. Este documento contiene la primera mención de un sobreviviente respecto a su detención en el CCD Las Lajas. En todas sus presentaciones y declaraciones posteriores se refirió al lugar de esta forma.
Un testigo clave
Horacio Oscar Ferraris es una de las víctimas de este juicio, pero también es el sobreviviente de Las Lajas que permitió confirmar la presencia de López, Zuin, Fernández, María del Carmen y su padre Carlos Marín en este CCD. En 2004 declaró en instrucción, momento en que realizó un croquis del lugar a raíz del cual se dispuso una inspección ocular que Ferraris acompañó. En 2018 brindó testimonio por primera vez en un juicio oral y público.
Ferraris tenía 24 años, vivía en San Luis y militaba en la Juventud Peronista. Fue secuestrado el 24 de junio de 1977 por la mañana cuando se dirigía al trabajo. Intervinieron personas de civil armadas que lo obligaron a ingresar en un vehículo que partió rumbo a Las Lajas. En un momento del viaje, cerca de Desaguadero, lo amordazaron y lo colocaron en el baúl de otro auto.
El recorrido —de tres o cuatro horas— terminó en un lugar desconocido para él al que se accedía por un camino de tierra previa apertura de una tranquera. Allí Ferraris fue torturado un día entero en una carpa donde había una mesa amplia y varias sillas. Luego pasó a otra carpa más grande, ubicada a unos diez metros, donde durmió varios días en un colchón sobre el piso de tierra. Lo trasladaron finalmente a una construcción de chapa con dos habitaciones pegada a la “casita” de material del personal de custodia. Se encontró entonces con tres personas: Osvaldo Zuin, Mauricio López y una víctima cuya identidad no ha podido ser determinada.
Mauricio López, un hombre mayor, se presentó ante Ferraris y dijo ser rector de la Universidad de San Luis. No se conocían previamente. Zuin no dijo su nombre pero sí que venía de La Perla. Tenía la pierna enyesada porque había recibido un disparo al ser detenido. Ambos se movían sin vendas, estaban habituados al lugar y lo ayudaban a Ferraris a ir al baño. Según su declaración, eran “usados” para hacer la comida o el café de la custodia. Con Mauricio, que estuvo en Lajas “un par de meses”, es con quien más pudo conversar.
Ferraris mencionó que entraban y salían vehículos del predio y que los guardias decían “vamos a bajar al pueblo”. Tardaban unos treinta minutos en regresar, por lo cual supuso que había algo cerca. La descripción de Vivian Acquaviva, también sobreviviente de este CCD, coincide plenamente. Un rancho sin luz y con piso de tierra. Por fotos, ella reconoció luego la entrada al sitio.
El sobreviviente también oyó cuando secuestraron a un hombre y una mujer. A él lo torturaron atado en un mástil. La mujer tomó la pastilla de cianuro antes de ser torturada. Los captores, enfurecidos, golpearon y patearon su cuerpo. Más tarde llegó también el padre de la joven. Se trataba de Juan Ramón Fernández, María del Carmen Marín y Carlos Marín, cuya detención se produjo el 28 de julio.
A principios de agosto Ferraris fue trasladado junto al joven del mástil en un baúl de auto y luego subido a una avioneta. A él lo bajaron en Córdoba, en La Perla, donde estuvo un mes. No supo qué sucedió con el chico. Luego de pasar otro mes en La Rivera, ingresó a la penitenciaría del Barrio San Martín, también de Córdoba. Fue liberado en 1978.
Respecto al reconocimiento de Las Lajas, en 2004 Ferraris recorrió el predio y su infraestructura y señaló algunas modificaciones en la construcción. Estaba presente el suboficial retirado Ángel Ruggeri, actual habitante de Las Lajas. El hombre confirmó que se habían realizado remodelaciones que coincidían con el relato de Ferraris. El fiscal recordó las palabras de Ruggeri ante el tribunal durante este juicio: Ferraris efectivamente conocía el lugar.
Las víctimas desaparecidas
Mauricio Amílcar López tenía 58 años de edad cuando fue secuestrado, el 1 de enero de 1977. Era un hombre reconocido en el ámbito académico y eclesiástico, había egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo e integraba el Consejo Mundial de Iglesias. Fue el primer rector de la UNSL. Al momento del golpe se encontraba en San Luis y la máxima autoridad militar de la provincia vecina dispuso su arresto domiciliario por tres días. Finalmente le permitieron regresar a Mendoza. Poco después fue cesanteado de su trabajo docente en la UNCuyo.
Rodríguez Infante mencionó que la víctima tenía previsto un viaje a Costa Rica en el marco de su trabajo en el Consejo Mundial de Iglesias para enero de 1977. “Posiblemente el aparato represivo ya tenía el dato de que viajaría el 6 de enero y por eso lo secuestran el 1 de enero del 77”, explicó.
El operativo tuvo lugar a las 4:30 de la mañana en el domicilio de la familia López, ubicado en calle Olegario Andrade de Ciudad. Allí vivía Mauricio junto a su madre, su hermana, su hermano Raúl y su sobrino Norberto Estrach. Este último relató que golpearon la puerta e inmediatamente se refugió en el techo. Antes de escapar llegó a ver a Mauricio en pijama. Desde el techo, Estrach observó dos vehículos detenidos en la entrada, un Peugeot y un Falcon. Luego de diez minutos personas con traje militar y pasamontañas salieron con su tío, maniatado y encapuchado, y lo subieron en el Falcon. Cargaron también dos valijas con objetos robados. Cuando ingresó en la vivienda la familia estaba quitándose las ataduras.
El 7 de enero, el general Maradona citó a la familia y mostró un radiograma de Videla donde se requería ubicar al profesor López a raíz de la presión internacional de las iglesias: “Una pantomima”, sostuvo el fiscal. Ese mismo día llegó a la casa una carta manuscrita por Mauricio cuyo remitente indicaba AADAL (Asociación Anticomunista de América Latina). Había sido despachada supuestamente desde Chile. En ella el hombre aseguraba que estaba ausente pero tranquilo, bien tratado y alimentado. Se realizó una pericia caligráfica que resultó negativa pero la familia reconoció la letra de la víctima.
En algún momento, Mauricio López fue trasladado a Campo Las Lajas. Cuando Ferraris llegó al predio en junio de 1977 él ya estaba ahí. Su forma de desenvolverse en la construcción de chapa era elocuente respecto al tiempo transcurrido. Ferraris incluso llegó a ubicar en el croquis el espacio que ocupaba López en este lugar. La fiscalía explicó que su permanencia en este CCD puede sostenerse con certeza hasta el traslado de Ferraris en agosto de 1977.
Héctor Osvaldo Zuin, conocido también como “Horacio”, tenía 23 años. Había sido seminarista, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), trabajaba en YPF y era actor. Junto a María del Rosario Carrera (“Mariú”) vivió un tiempo en Buenos Aires. A su regreso, en 1975, fundaron el elenco teatral La Pulga. El grupo se instaló en una casa de Dorrego propiedad de Aldo Zuin, hermano de Osvaldo. En 1976 fue allanada, al igual que la vivienda de la familia Zuin en la calle Tropero Sosa de Maipú. De acuerdo al testimonio de Elba Zuin, hermana del joven, Osvaldo no estaba presente pero el aparato represivo no perdió oportunidad para robar todo tipo de bienes.
En mayo de 1976 Osvaldo se refugiaba en la casa de su compañera del PRT Blanca Graciela Santamaría cuando la joven fue secuestrada. Él pudo huir y estuvo escondiéndose hasta diciembre de ese año o principios del siguiente. Durante esos meses se encontró una vez con su hermana y le dijo que se iba al extranjero. Luego se trasladó finalmente a Córdoba.
La próxima persona en verlo fue Celeste Seydell, compañera de la organización que vivía esta provincia y que oyó de boca de Zuin el relato sobre los allanamientos de Maipú y el secuestro de Santamaría. La fecha de detención de Osvaldo no pudo ser precisada, pero sí el contexto: ocurrió cuando volanteaba fuera de una fábrica y recibió un disparo en la pierna. En mayo de 1977 estuvo en La Perla, de acuerdo al testimonio de Teresa Meschiatti. En su declaración durante el sexto juicio de Mendoza, la sobreviviente refirió haber conocido a un exseminarista mendocino llamado Horacio que tenía una herida en la pierna. Supo por el propio Zuin que estaba por ser trasladado a Mendoza. La descripción de Ferraris respecto al segundo hombre detenido en la construcción de chapa de Las Lajas coincide exactamente con esta información que se pudo recabar.
Elba Zuin explicó que su familia se enteró de la existencia del CCD Las Lajas y del paso de Osvaldo por allí a partir de una nota del diario Los Andes publicada en 2004. Su padre y su madre nunca supieron qué pasó con él.
María del Carmen Marín tenía 23 años,vivía en Buenos Aires y estudiaba Bellas Artes. Militaba en la Juventud Peronista. En mayo de 1977 su padre Carlos viajó con el objetivo de convencerla de que regresara a Mendoza. Su hermana Celina declaró que la militancia de la joven era un tema de preocupación para la familia.
En las vacaciones de invierno de ese año María del Carmen vino de visita a la provincia y se quedó en la casa de su madre, ubicada en calle Belgrano de Ciudad. Estuvo diez días hasta que se produjo el secuestro, durante los cuales llegaron cartas de compañeros y compañeras de la organización con mensajes en clave que le advertían que corría peligro. El 27 de julio se presentó en la vivienda un compañero de Buenos Aires apodado “el tucumano”. El hombre le dijo a la madre de María del Carmen que tenía una pastilla de cianuro para su hija por si era capturada. Se trataba de Juan Ramón Fernández.
Esa noche tuvieron una reunión familiar con este hombre y discutieron largas horas cuál sería la mejor decisión para proteger a María del Carmen. Ella y Fernández salieron a tomar un café por la zona y no volvieron más. La detención ocurrió el 28 de julio en la vía pública cerca de las 00:30. Horas más tarde, a las seis de la mañana, fue secuestrado Carlos Armando Marín, de 51 años, en su domicilio —el matrimonio se había divorciado— de San José, Guaymallén. Estaba presente la hermana de Carlos, quien refirió que antes de llevárselo le preguntaron por las cartas.
A las diez de la mañana del mismo día un grupo de civil se presentó en el domicilio de la madre y la hermana de María del Carmen. No pudieron ingresar por los gritos y pedidos de auxilio de las dos mujeres. Poco después llegó personal del Comando del Ejército y de Investigaciones de la Policía. Estas personas mencionaron que provenían de la vivienda de Carlos y que el hombre había sido detenido.
Lo que sucedió en Las Lajas pudo ser reconstruido a partir del testimonio de Ferraris. Llegaron un joven y una joven, a él lo ataron al mástil y lo torturaron —quedó toda la noche— y ella tomó la pastilla de cianuro. Entonces los captores se retiraron y regresaron más tarde con el padre de la chica, lo torturaron y se lo llevaron. Ferraris mencionó que en agosto dejó Las Lajas en compañía del chico del mástil, pero no supo dónde lo bajaron del avión.
El derrotero de Juan Ramón Fernández se desprende del testimonio de un sobreviviente de El Vesubio. Fernández, de 27 años, era conocido como “el tucumano” o “Chaelo”. La última persona en verlo con vida fue Ricardo Cabello en este CCD de la provincia de Buenos Aires, al menos hasta diciembre de 1977. En uno de esos encuentros Fernández le contó que había “caído” en Mendoza, cerca de la estación, con una compañera “rubiecita”. Fue el Equipo Argentino de Antropología Forense quien le informó a la familia Marín que “el tucumano” era Juan Ramón.
En cuanto a la responsabilidad penal por la muerte de María del Carmen, Daniel Rodríguez Infante retomó la argumentación que la fiscalía ya desarrolló en el sexto juicio. La ingesta de pastilla de cianuro está absolutamente determinada por el hecho de estar detenida en un CCD bajo los designios de una patota que estaba torturando a la persona que había ingresado con ella, que evidentemente se disponía a torturarla y, en virtud de la represión diferenciada por el género, seguramente mucho más. “Esto implica que la víctima se quita la vida a los fines de evitarse a ella misma un sufrimiento que sabe con certeza que se dirigía inmediatamente contra ella”. Estas situaciones han sido analizadas por la jurisprudencia y se catalogan como homicidio: la víctima puede librarse de sufrimiento causándose a sí misma un daño que le provoca la muerte. “Cuando María del Carmen Marín opta por ingerir la pastilla de cianuro no lo hace libremente, lo hace forzada por la circunstancia que genera de forma dolosa e ilegal el aparato represivo estatal”, agregó. Por esta razón, debe considerarse homicidio por autoría mediata.
Los delitos cometidos contra Mario Benditti
El último caso analizado, como se anticipó, no involucra al campo Las Lajas, pero sí a la Fuerza Aérea y su base. Mario Eduardo Benditti, hoy fallecido, declaró tres veces en instrucción y luego en el sexto juicio. Relató haber militado en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y haber participado de la lucha por el medio boleto en el Colegio Nacional Agustín Álvarez. Fue expulsado en 1975.
En enero de 1977, a sus 19 años, comenzó el servicio militar en la IV Brigada Aérea. Por la noche completó sus estudios secundarios en la Escuela Tomás Silvestre. Ese año rindió en Buenos Aires el examen para ingresar a la Escuela de Suboficiales de esta fuerza. Sostuvo que aprobó el examen pero no lo dejaron entrar por razones políticas. A su regreso, siguió desempeñándose como pintor en el Casino de Suboficiales. En ese marco, refirió que se guardó una radio del Casino en una “covacha”, una pieza de la que tenía llave. También coleccionaba en su casa cartuchos detonados o sin detonar.
En julio de ese año se produjo por la noche un gran operativo en su vivienda, ubicada en calle Alpatacal de Guaymallén. Benditti regresaba de la escuela cuando se encontró la cuadra rodeada por personal de la Aeronáutica. El responsable era el oficial principal Gutiérrez. El joven fue obligado a subir a una camioneta celeste a punta de pistola. El procedimiento fue observado por sus vecinos y vecinas. Elisa Moyano, hermana de Salvador Moyano y amiga de Benditti, confirmó ante la justicia la escena ya descripta.
El fiscal advirtió que no se trata de un testigo ordenado o minucioso en su relato, por lo cual la reconstrucción de los hechos implicó una lectura atenta de todas sus declaraciones. Según Benditti, la detención tuvo motivaciones políticas, pero también reconoció el hurto de la radio y las municiones que constan en su legajo. En cualquiera de las hipótesis, haya tenido o no razones políticas, hubo privación abusiva de la libertad desde el secuestro y en los tramos posteriores, argumentó Rodríguez Infante. Dado que se produjo en el contexto del ataque general y sistemático contra la población civil, empleando la misma estructura represiva, debe considerarse un delito de lesa humanidad, insistió. Para el Ministerio Público y la jurisprudencia, las motivaciones particulares de los acusados son irrelevantes en términos de responsabilidad penal.
El sumario por la sustracción de los objetos ya mencionados tiene fecha del 23 de agosto, aunque el secuestro se produjo en julio. También existen en el legajo de la víctima sanciones previas por cuestiones disciplinarias. Por ejemplo, por dormir en un turno lo habrían arrestado en el predio de la IV Brigada dos semanas, entre el 5 y el 20 de julio. Esta última puede haber sido un arresto anterior o un intento de blanqueamiento del procedimiento ilegal, sostuvo el fiscal.
En concreto, Benditti declaró que estuvo detenido cuatro meses en una habitación con tres colchones, una puerta y ventanas cerradas. Allí estuvo sin venda, pero lo sacaban encapuchado para estaquearlo. En instrucción, el hombre indicó que podría haber sido Las Lajas, aunque la descripción ofrecida permitió determinar que fue algún sitio de la IV Brigada Aérea, posiblemente el puesto B o Los Polvorines. Allí fue torturado y estaqueado al sol. El responsable era un suboficial de la Fuerza Aérea de apellido Carmona. Relató que lo mojaba y lo obligaba a hacer las necesidades en esa posición. Este hombre le reprochaba el hurto de la radio. Luego permaneció un mes más en los calabozos del puesto B, sin venda, razón por la cual pudo asociar voces y rostros.
Todo este tiempo, su familia desconocía su paradero. A fines de 1977 fue trasladado a Morón y luego a la base aérea de El Palomar. Allí, por las gestiones de su tío, la familia puedo ubicarlo. Un Consejo de Guerra lo juzgó y estuvo privado de la libertad hasta marzo de 1979. El legajo contiene estas actuaciones. En Mendoza, estuvo un mes más detenido en el puesto fijo A.
En sus declaraciones, Benditti relata un episodio que habría ocurrido durante su detención de 1977 en un edificio de la calle Alberdi de San José. Se trata de un interrogatorio violento realizado por los oficiales “Santamarina” y “Monjo”. Dado que la Regional Oeste de la Fuerza Aérea funcionó efectivamente en ese lugar pero unos años más tarde, la fiscalía decidió no valorar el hecho por falta de certezas.
Las Lajas, no solo un lugar de detención, sino también de exterminio
En la última parte del alegato, Daniel Rodríguez Infante repasó algunas características centrales de Campo Las Lajas. El primer dato que se tiene sobre este centro clandestino de detención, como se dijo, es del 17 de octubre del 95, por una carta que Emilio Luque Bracchi le envía al entonces presidente Menem con motivo de un trámite indemnizatorio. También hay investigaciones del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y recortes periodísticos. El lugar tomó relevancia no solo como centro de detención, sino también de eliminación y exterminio.
Según un informe de 2004 firmado por quien era jefe de la IV Brigada, comodoro Marcelo Ernesto Puig, Las Lajas es un campo de tiro aéreo que tiene una superficie de 1149 hectáreas y 4276 metros. Se adquirió en dos fracciones: una, en los 40, por expropiación; otra, en el 82, por donación. Está ubicado en el pedemonte lasherino, aislado pero cercano al ejido urbano. El escrito asegura, sospechosamente, que se dejó de usar entre el 1976 y 1983 por un accidente y se volvió a utilizar en 2003 como lugar de tiro terrestre y adiestramiento. En 2004 fue intervenido por el juzgado, en el marco de estas investigaciones.
“Este lugar tenía todas las características que hacían falta para un centro de detención y de exterminio: aislamiento, soledad y un inmenso territorio virgen, en el que se podían llevar a cabo todo este tipo de prácticas, concretamente la eliminación física de las personas que allí estaban detenidas”, afirmó el fiscal.
Los testimonios sobre este CCD, de este juicio y del pasado, han permitido acreditar el cautiverio de víctimas sobrevivientes y desaparecidas. Se refirió, por ejemplo, a las declaraciones prestadas por distintas personas de la familia Gibanto sobre la muerte de su primo, el cabo José Vicente Dimódica. Dijeron que Dimódica hacía guardias en el puesto de las Lajas y les había contado que pasaban “cosas extrañas”, que veía circular camiones militares hacia el interior de los cerros. El joven también salía a caminar con un puestero que había visto un pozo en el piso, tapado con una chapa, de donde se escuchaban gritos.
Dimódica perdió la vida en un suceso extraño que no está esclarecido, explicó el fiscal. En este juicio, Domingo Gilli —otro primo— relató que el fallecido era cabo armero. Un día iban a comer un asado, pero se enteraron por un puestero que había tenido un accidente. En el Hospital Militar no tenían novedades, se comunicaron con la IV Brigada y allí aseguraron que se le había escapado un tiro que acabó con su vida.
En conclusión, repasó el fiscal, el CCD Campo Las Lajas “operó en la más manifiesta clandestinidad”. Ninguno de los casos de las víctimas tuvo formalidad, causa ni decreto. No tenían comunicación con el mundo exterior. Con todo lo que se conoce a raíz de las pericias promovidas por Elba Morales, Rodríguez Infante adhirió a la hipótesis del MEDH de considerar a este lugar un centro de exterminio y, por eso, uno de los sitios donde se buscan restos de las personas desaparecidas en Mendoza.
En Campo Las Lajas sometían a las víctimas a interrogatorios bajo violencia física —tormentos en sentido clásico y estricto—, pero de por sí todas las condiciones de cautiverio son configurativas de torturas: clandestinidad, percepción del sufrimiento ajeno, maltrato psicológico, hambre, encapuchamiento, tabicamiento, engrilletamiento, abusos sexuales, falta de higiene y, por supuesto, homicidios. Todo lo descripto cuadra perfectamente con un centro clandestino de detención, torturas y exterminio.
Las próximas audiencias serán el jueves 27 de octubre a las 13:30 y el viernes 28 a las 9:30.
