04-11-2022 | La fiscalía comenzó a repasar los imputados, su formación y su pertenencia a las fuerzas represivas que participaron en los operativos que se investigan en este juicio. La próxima audiencia, donde se concretará el pedido de penas, es el jueves 10 de noviembre a las 13:00.
“Teníamos mucho más de lo que sabíamos”, aseguró el fiscal Daniel Rodríguez Infante al recuperar lo desarrollado en los alegatos respecto a la responsabilidad penal de las unidades y de sus integrantes. En las audiencias previas relevó la extensa y elocuente normativa de las Fuerzas Armadas y de seguridad que sirvió de marco regulatorio para el plan de exterminio —alguna, previa al golpe de Estado, fue resignificada en la “lucha antisubversiva”—, así como información presente en legajos y numerosos y contundentes testimonios. Las intervenciones directas y documentadas de las áreas de inteligencia en muchos de los secuestros —tarea caracterizada por el secretismo— sorprendieron al propio Ministerio Público Fiscal a lo largo del noveno juicio.
Los criterios de imputación: autoría mediata y coautoría funcional por división de tareas
Antes de comenzar a analizar las carreras y cargos de los acusados, Rodríguez Infante recordó los principales aspectos del criterio de imputación que siguió la fiscalía para estos casos. Se explayó sobre la ya desarrollada distinción en dos planos, el vertical —distintos niveles— y el horizontal —pares, mismo nivel—. El plano vertical se refiere a la teoría de la autoría mediata por aparato organizado de poder. Es decir, cuando el autor domina el hecho sin realizar en sí la acción. Tampoco se requiere que esté presente ni que medie coacción: en los aparatos organizados de poder siempre habrá personas disponibles para ejecutar las tareas y órdenes. En este juicio en particular, destacó, hay “muchos hombres de atrás”, autoridades de inteligencia que planificaron y ordenaron los operativos. Pero, además de las áreas de inteligencia del Ejército y la Fuerza Aérea, los roles de relevancia y el dominio parcial del aparato de poder —cuanto menos— de integrantes o jefes de las unidades operativas de esta última también los convierte en autores mediatos. Por el contrario, el plano horizontal da cuenta del accionar mancomunado entre pares. En estos casos, se habla de coautoría funcional por división de tareas: no solo tortura quien tiene la picana en la mano, sino también quien custodia, quien traslada, etc., toda persona que desarrolla un rol. Este criterio se aplica para los policías de las Comisarías 7 y 16 y miembros del Departamento de Informaciones (D2).
Hay dos excepciones: por los secuestros del matrimonio Verd-Palacio, Hugo Luis Zalazar está imputado como partícipe primario, dado que al momento de los hechos no había ascendido dentro del Destacamento de Inteligencia 144. La participación primaria indica que la persona realizó un aporte esencial para que se produjera el operativo. En casos posteriores le corresponde la autoría mediata. Lo mismo sucede con Guillermo Campanille, quien también debe responder como partícipe primario.
Anacleto Edmundo Calderón: Destacamento de Inteligencia 144
Ingresó a la Escuela de Inteligencia de Campo de Mayo en 1972 y realizó el curso de Técnico en Inteligencia. Navarro Moyano se refirió a este curso y quiso minimizarlo: “solo un carnet para hacer inteligencia”. Verónica Almada explicó que era necesario postular y tener antecedentes para ser aceptado en esta formación.
Se desempeñó primero en Paraná y fue dado de alta en el DI 144 el 30 de diciembre de 1977. Arribó formalmente un mes después. Con el grado de sargento primero hasta fines del 79 y sargento ayudante durante el 80, se desempeñó como jefe del Grupo Documentación —Primera Sección Ejecución— en el 77, jefe del Grupo de Reunión en el 78, encargado de la Primera Sección Ejecución en el 81 y de la Segunda en el 82.
Además, Anacleto Edmundo Calderón realizó gran cantidad de trabajo en comisión en otras provincias del III Cuerpo del Ejército —San Luis y Córdoba—, lo que da cuenta de la injerencia regional del DI 144 dentro de la zona 3 y la subzona 33. En sus calificaciones resultó evaluado siempre de forma positiva.
Juan Carlos Luis: Destacamento de Inteligencia 144
Comenzó su carrera militar como cabo de Comunicaciones en la VIII Brigada de Infantería de Montaña. En 1966 realizó el curso de Auxiliar de Inteligencia en la Escuela de Inteligencia de Buenos Aires y un año más tarde obtuvo el título de especialista. Fue destinado al Servicio de Inteligencia de Bahía Blanca y luego al Destacamento de Inteligencia Militar 181.
Hizo efectiva su presentación en el Destacamento 144 el 27 de enero de 1977 como sargento ayudante en Comunicaciones y auxiliar de Inteligencia. Se desempeñó como encargado de la Primera Sección Ejecución —en Instrucción explicó que esta se abocaba al “marco interno”— y más adelante encargado del Tercer Grupo de Ejecución y del Grupo de Reunión. Realizó numerosas comisiones a San Juan.
Cumplió funciones en esa dependencia hasta el año 1980, momento en el que fue destinado al servicio exterior, como auxiliar del Equipo Asesor de Doctrina Militar en el Ejército de Bolivia. Se retiró en 1988 con el grado de suboficial mayor. Fue evaluado destacadamente.
El fiscal aprovechó el análisis de Juan Carlos Luis para discutir los dos argumentos centrales a los que recurren los imputados que se desempeñaron en inteligencia para desligarse de responsabilidad: el argumento “burocrático” y el argumento del conflicto con Chile.
El primero consiste en describir esta actividad como trabajo de oficina. Luis declaró que era “suboficial redactor dactilógrafo” y que realizaba tareas de escribiente en horario de oficina —“como si el horario fuera relevante”, ironizó el fiscal—. Otros imputados se dedicaban, según ellos, a cuestiones administrativas y de mantenimiento de mobiliario o a leer diarios y relevar prensa. Uno incluso aseguró que inteligencia era “recortar figuritas”.
El segundo argumento frecuente es el “chileno”. Durante el segundo juicio de San Rafael, debido a declaraciones de uno de los imputados, la fiscalía pidió al Servicio Histórico del Ministerio de Defensa un informe sobre la hipótesis del conflicto con Chile. Si bien se identificaron dos variables de conflicto con el país vecino en los años sesenta —cuestiones fronterizas o la “comunización” de Chile—, el último desarrollo de esta hipótesis data de 1969 y se enmarca en una planificación militar. No existen documentos posteriores ni pruebas de que esa proyección hubiera pasado a la ejecución y a la asignación de recursos. Verónica Almada también se refirió a este argumento y sostuvo que era imposible que todo el personal de inteligencia y todos los recursos se hubieran concentrado allí ya que los archivos indican lo contrario.
Volviendo a Luis, las contradicciones son evidentes. Primero aseguró que se dedicaba al “marco interno” y que desconocía que hacía el marco externo, pero luego indicó que realizaba reconocimiento o detección de asentamientos de población chilena —lo que también refuta el argumento de las tareas de oficina—.
Hugo Luis Zalazar: Destacamento de Inteligencia 144
Desde 1965 se desempeñó en el Servicio de Seguridad del Ejército, luego Destacamento de Inteligencia Militar 8 y, desde 1970, Destacamento de Inteligencia 144. Se había formado en la Escuela de Inteligencia del Ejército como auxiliar de Inteligencia. Su baja se produjo en diciembre de 1981, momento en que se retiró con el grado de suboficial mayor.
Cuando ingresó al D144 —sargento primero— prestó servicios como auxiliar de la División Reunión Interior. En 1969 fue auxiliar del Pelotón Registro y Archivo de la Sección Reunión. El 15 de mayo de 1970 pasó al Grupo Reunión Ámbito Interno. El 1 de enero de 1971, como sargento ayudante, trabajó en el Servicio Logística, Seguridad y Arsenal, cargo que desempeñó hasta el 30 de enero de 1973. Después fue jefe del Pelotón Logística. En marzo de 1977, además de conducir este Pelotón, fue designado encargado del Destacamento 144 hasta marzo del año siguiente. Desde el 16 de octubre de 1978 ejerció nuevamente este rol.
Fue calificado con “sobresaliente” en sus evaluaciones —Suárez, máxima autoridad del D144, celebró en un informe de 1981 que se había convertido en un “eficaz colaborador del jefe” de la unidad— y salió varias veces en comisión por distintas provincias y departamentos de Mendoza.
Al momento de los secuestros de Sara Palacio y Marcelo Verd, en julio de 1971, Hugo Luis Zalazar era sargento ayudante del Servicio Logística, Seguridad y Arsenal. Por estos hechos debe responder como partícipe primario: en el marco de sus funciones en Logística, es decir, proporcionando los medios y elementos para las labores del D144, realizó un aporte fundamental. De acuerdo al reglamento RC-16-5, la logística tenía dos funciones esenciales: abastecimiento y mantenimiento de efectos comunes del personal —armamento, municiones, equipos, combustible— y en el teatro de operaciones. En su declaración indagatoria, Zalazar explicó que se encargaba del mantenimiento del mobiliario y de “la casa”.
El fiscal reconstruyó brevemente el derrotero de la causa contra Zalazar. Dictada su primera imputación por la mayoría de los casos —excepto la causa Verd-Palacio— fue indagado y liberado por el juez federal Walter Bento por falta de mérito. La Cámara Federal dictó su procesamiento, pero el militar ya estaba prófugo. Cuando se requirió su imputación por el caso Verd-Palacio, Bento resolvió nuevamente la falta de mérito porque consideró que en 1971 no existía práctica sistemática de desaparición de personas ni estaba probada la intervención del D144. La fiscalía apeló una vez más y la Cámara dictó su imputación. No obstante, el juzgado federal lo desimputó. El Ministerio Público apeló y la Cámara dispuso por segunda vez su procesamiento. Fue capturado en 2017.
Vicente Omar Navarro Moyano: Destacamento de Inteligencia 144
Su caso se incorporó tardíamente porque se encontraba prófugo desde febrero de 2013 y aún no había sido capturado cuando inició el juicio, en marzo de 2019. En 1971, Navarro Moyano realizó el curso de Técnico en Inteligencia en la Escuela de Inteligencia de Buenos Aires. En 1972 fue asignado al Destacamento de Inteligencia 101, Grupo de Actividades Especiales. En diciembre de ese año ingresó al D144 con el grado de teniente primero y se desempeñó como jefe del Grupo Actividades Especiales de Inteligencia En 1974 fue designado jefe del Grupo Contrainteligencia, también llamado Segunda Sección de Ejecución. Al año siguiente lo nombraron jefe de la Primera Sección de Ejecución, sinónimo de Inteligencia, junto a Héctor Raúl Tarradellas. Ascendió entonces a capitán.
Desde el 3 de marzo del 76 hasta el 22 de diciembre de ese año ocupó nuevamente el cargo de jefe de la Segunda Sección de Ejecución, oficial de Logística y jefe de la Sección Apoyo. Su legajo indica que continuó revistando en el Destacamento hasta enero de 1977, momento en el que fue trasladado a la Central de Reunión del Batallón 601, estructura de inteligencia a nivel nacional con sede en Buenos Aires.
En su extensa declaración durante el debate oral, Navarro Moyano explicó que su motivación para dedicarse a inteligencia había sido la muerte del teniente Azúa —amigo y padrino de sus hijas— en Pilar, durante una acción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. “En la génesis misma de su vinculación con inteligencia él admite el vínculo con la lucha contrasubversiva”, destacó el fiscal, aunque haya expresado que buscaba “entender por qué estos grupos llevan a cabo estos ataques”.
Se presentó, además, como una persona no grata dentro del Destacamento por su adscripción al peronismo y por su supuesta participación en el regreso de Perón. Para 1975, sostuvo, lo habían “sustituido”. Recurrió al argumento del díscolo: sus unidades no tenían presupuesto y dormía en un catre. No obstante, su legajo lo desmiente de forma contundente: desde su ingreso en 1972 ocupó sucesivamente cargos de jefe y en 1977 fue trasladado a la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601, máximo órgano de inteligencia del país donde orbitaban los grupos de tareas. Cuando el fiscal le señaló esta incongruencia, Navarro Moyano argumentó que en Buenos Aires le dieron una oficina marginal donde había máquinas de coser.
También se refirió al funcionamiento del D144 dentro de “canales normales e institucionales”, pero sugirió que tal vez hubo alguna actividad paralela. Respecto al Grupo de Actividades Especiales, también llamado Grupo Calle, indicó que buscaba información en diarios pero más adelante reconoció que tenía informantes sobre actividad “subversiva”. La información se elevaba a la jefatura del Destacamento y a la VIII Brigada.
Oscar Alfredo Simone: Destacamento de Inteligencia 144
Ingresó como contratado en la Dirección de Tránsito y Transporte en agosto del 70 y se desempeñó en distintos cargos administrativos. En esa oficina trabajaba con Roberto Blanco, hoy desaparecido, y hablar de este caso implica necesariamente contar el rol del Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Destacamento 144. El aparato represivo argentino —como la Stasi de la Alemania Nazi— se valía de un aporte mixto, militar y civil.
Las leyes 19373 y 21705, desclasificadas por la 26134, hablan de las características de estas personas civiles. Para generar información relativa a la subversión, el personal militar necesitaba gente que llegara a otros lugares y esas personas, desde su rol se adecuaran al plan. Los agentes civiles, entonces, provenían del lugar de donde se buscaba información y no necesariamente están insertos de antemano en el Ejército, como es el caso de Simone.
Oscar Alfredo Simone se incorporó formalmente como PCI del Destacamento en septiembre de 1983. Pocos días después fue nombrado en el Cuadro 3, Subcuadro C3, como agente secreto. Su seudónimo era Orlando Antonio Silva: las iniciales siempre coincidían con su nombre real. También figura en el listado de PCI entre el 76 y el 83 como agente de reunión.
La afirmación del fiscal es, entonces, que Simone en realidad prestaba colaboración con el D144 mucho antes de su designación formal. Solamente blanquearon su situación en las vísperas del retorno democrático. Al ingresar, el agente fue evaluado como una persona con “condiciones naturales para el quehacer específico”, con un perfil apto para el desempeño de las tareas de inteligencia, tanto en lo referido a aspectos ideológicos como a su confiabilidad. Figura en su legajo, además, la evaluación del conocimiento de factores: ideológico, 50%; político, 70%; gremial, 50%; subversivo, 95%.
En su legajo, hay constancia de su cercanía con el Destacamento y sus vínculos con el personal. Tenía cercanía probada con el sargento Héctor Luis, hermano del acusado en este juicio y, además, su papá había sido PCI y lo recomendó para el cargo. Este dato del conocimiento no es menor si se tiene en cuenta que el testigo Ramón Torres Molina dijo que el PCI era reclutado por contactos y que la confianza era un elemento central. Es decir, eran informantes que no siempre dependían de la institución sino más bien de la amistad con alguien. Todo reafirma la idea de que el momento formal de ingreso es bien posterior al inicio de sus tareas en el Destacamento.
En su indagatoria quiso quitarse responsabilidad y contó que “la dictadura” lo dejó cesante en el 77 de su trabajo en la Dirección de Tránsito y Transporte y recién fue reincorporado en el 88. Lo que genera dudas, puntualizó el fiscal, es que la misma dictadura lo incorporara formalmente a sus filas en el 83.
El fiscal reforzó la hipótesis de que la motivación de los hechos perpetrados contra Roberto Blanco se relacionó, de alguna manera, con la vinculación que Blanco y su grupo político (Jalitt y Salcedo) tenían con el Hotel Derby: luego de que los secuestraron y los torturaron, los dejaron en libertad y ellos se desprendieron del fondo de comercio del hotel. No es relevante en términos contextuales, del delito de lesa humanidad, pero sí para destrabar la verdad.
Juan Carlos Alberto Santa María: Fuerza Aérea
Entre febrero y agosto de 1976, Juan Carlos Alberto Santa María realizó un curso de oficial de Inteligencia en la jefatura 2 del Estado Mayor. Cuando obtuvo su especialidad, como primer teniente lo designaron jefe de Inteligencia de la IX Brigada Aérea y jefe de la División Central. A fines de ese año fue enviado a Mendoza. Particularmente, desde el 16 de diciembre del 76 se desempeñó en la IV Brigada como jefe de la División Inteligencia y de la Compañía de Policía Militar, dos estructuras centrales en el esquema represivo.
En la etapa de instrucción, el procesado señaló que en realidad recién hizo efectivas sus actividades en Mendoza a partir del mes de mayo, porque primero tuvo una licencia por enfermedad y después, por matrimonio. La estrategia, explicó el fiscal, es librarse de la responsabilidad del operativo de abril del 77. Después, entre el 1 de octubre del 77 y el 15 de febrero del 78, siguió siendo jefe de ambas estructuras y en sus evaluaciones figuran que su actividad aérea estaba resentida por la “tarea primaria” asignada, lo que se interpreta como lucha contrasubversiva, a la que estuvo abocado hasta febrero del 81. El imputado intentó también sustraerse de los hechos que se le atribuyen relativos a mayo de 1978 con el argumento de que estuvo haciendo el curso de helicópteros de alta montaña.
La fiscalía calificó a sus defensas como manifiestamente falsas, inverosímiles, voluntaristas, burocráticas o irrelevantes. De hecho ya pesa sobre el procesado una sentencia a prisión perpetua por la desaparición del reconocido docente Mauricio López. No hay registros documentales de sus internaciones ni tampoco parece haberse ido de viaje. No hay pruebas de que no haya estado en abril del 77 en Mendoza, pero de todas maneras es irrelevante: “Haya estado o no viajando, haya estado o no en la provincia, no puede ser eximido de la responsabilidad”, reafirmó el fiscal.
Lo que se le atribuye es el domino parcial de la organización que tenía a su cargo como jefe de la Compañía de Policía Militar y de la Inteligencia. Como autor mediato, sostiene la tesis acusatoria, dio las órdenes y conocía el plan para que se cometieran los crímenes. “El dominio de la organización no cesa por una licencia”, puntualizó. Por ser autor mediato, no es necesaria siquiera su presencia física. La jurisprudencia también reafirma esta idea: “El jefe traza lineamientos que se cumplen cuando está y cuando no está”.
Desde que llegó a Mendoza, Santa María se desempeñó como docente en cursos de inteligencia. “Su especialidad se refleja en su continuidad”, manifestó Rodríguez Infante: fue jefe de esta sección también en otras brigadas como la II de Córdoba —del 82 al 83—, la del Litoral y, luego, integró el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Bien entrada la democracia siguió especializándose en esta materia y se puede observar un curso de inteligencia en Estados Unidos en la década de los 90.
La próxima audiencia será el jueves 10 de noviembre a las 13:00.
