29-11-17 | Se inició un Juicio por delitos de lesa humanidad contra Luciano Benjamín Menéndez. Las causas comprenden doce desapariciones forzadas y similar número de detenciones ilegales. Las mismas están contenidas en sendos juicios realizados en San Rafael, de los que el ex General de Brigada fue apartado por distintas razones.
Menéndez, apodado “Cachorro” o la “Hiena”, estuvo a cargo del III Cuerpo del Ejército desde septiembre de 1975 hasta igual mes de 1979. Cuatro años en los que comandó las fuerzas de seguridad y armadas que cometieron delitos aberrantes en una amplia zona del país. En la cumbre del poder, tenía competencia y discrecionalidad sobre el Noroeste (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja), la zona central (Córdoba y Santiago del Estero) y Cuyo (San Juan, Mendoza y San Luis). Desde 2008 enfrenta numerosas condenas y procesos en curso.
En Cuyo fue sentenciado a cadena perpetua por el Tribunal Oral Federal de San Luis; luego, procesado en el VI juicio de la provincia de Mendoza, aún en debate. En esta oportunidad debe responder por los crímenes cometidos en San Rafael tratados en el primer juicio (2010) y en la Megacausa (2015/2017) desarrollados en el sur provincial.
Se abrió el debate
El Tribunal Ora Federal en lo Criminal N° 2 de Mendoza fue presidido por la jueza Fátima Ruiz, acompañada por Marcelo Grosso y Paula Marisi. La parte acusadora estuvo representada por los fiscales Pablo Garciarena y Dante Vega, así como por los querellantes Rosendo Chávez y Gonzalo Evangelista. Por el Ministerio Publico de la Defensa asistió Santiago Bahamonde.
En la apertura, el Fiscal Garciarena dio lectura a un resumen del Requerimiento de Elevación a juicio que contenía, por un lado, diversas causas acumuladas ya tratadas en el último juicio de San Rafael; por otro, la “Causa Luna” y, finalmente, la “Causa Tripiana”. Al finalizar la lectura de los hechos, enunció la calificación. En el caso de las desapariciones forzadas, correspondió privación ilegítima de la libertad agravada; mientras que para las detenciones se incorporó la figura de tormentos. En todos los casos, se lo consideró autor mediato.
Sin atender al orden cronológico, el fiscal leyó una reseña de los hechos que rodearon los secuestros y desapariciones de doce personas:
– Héctor Aldo Fagetti era estudiante de ingeniería y fue detenido el 26 de febrero de 1976, en un negocio de su propiedad. También su casa fue allanada y luego trasladado a la sección Canes de Infantería. Su esposa pudo verlo, llevarle ropa y comida hasta que el 10 de marzo le comunicaron falsamente que había sido liberado. Pertenecía a la Juventud Peronista.
– José Ortemberg fue detenido en su domicilio, el 11 de abril de 1976. Trabajaba en la Dirección de Construcciones de la Provincia. Fue alojado en la Departamental, situada en los sótanos de Tribunales. En una de las visitas, su madre pudo escucharlo en ese lugar.
– Rolando Gastón Berohiza, secuestrado el 13 de abril de 1976 en la vía pública, fue cargado en un camión y su casa apareció toda revuelta. Pertenecía a la Juventud Peronista.
– Marta Angélica Guerrero fue víctima de un grupo de tareas, algunos de civil y otros uniformados, que la secuestraron a la medianoche del 7 de junio de 1976 en su domicilio.
– Ricardo Demetrio Ríos fue apresado en su casa, por la noche, el 29 de junio de 1976, con gran despliegue. En los meses posteriores su domicilio fue allanado dos veces.
– Omar Ozán fue detenido por tres personas en la zapatería de Pueblo Diamante donde trabajaba, el 7 de julio de 1976. Pertenecía a la Juventud Peronista.
– Carlos Zapata fue interceptado cuando viajaba junto a su esposa, Mabel Blanco, y sus hijos. Ambos eran maestres rurales. Días después ella apareció, no así él.
– Sonia Rosa Luna fue secuestrada de su domicilio el 26 de mayo de 1976 con gran despliegue. Ya había sufrido una anterior detención, el 17 del mismo mes.
– Francisco Tripiana, detenido el 23 de marzo de 1973, fue alojado en la Departamental, donde su familia le llevó provisiones. Con fecha del 1 de abril de 1976 fraguaron un acta en la que consta una supuesta salida en libertad.
– Roberto Simón Osorio fue detenido en su domicilio, en un procedimiento encabezado por el mayor Suárez, el 23 de marzo de 1976.
– Pascual Sandobal fue levantado de una finca donde trabajaba, el 26 de marzo de 1976. Alojado en la casa Departamental, su familia le proveyó alimentos hasta que les comunicaron que había salido en libertad.
– José Guillermo Berón, detenido el 28 de agosto de 1976, fue alojado en la Comisaría 8va., luego en el Cuerpo de Bomberos y en la Departamental. Fue visitado por su padre hasta que el 8 de octubre del mismo año no dieron razón sobre él.
Además de los casos arriba señalados, los tres grupos de causas acumuladas contienen varias privaciones ilegales de la libertad sufridas en el marco del terrorismo de Estado. Así, en el mes de febrero cayeron sobre la familia Berón. Fueron apresados Luis Abelardo, Juan Carlos y Jorge Valentín, este último de apenas 17 años de edad. Posteriormente, se registraron las detenciones de Hugo Adelmo Riera, Ricardo Demetrio Ríos, Humberto Roca, Roberto Rolando Flores, Luis Enrique Barahona, Enzo Bello, Diego Pousadela y German Ríos.
Una vez finalizada la lectura de los hechos sufridos por las víctimas de este proceso, a cargo del fiscal Garciarena, llegó el momento de escuchar a Luciano Benjamín Menéndez.
“Burdo remedo comunista”
Después del cuarto intermedio, la Jueza Fátima Ruiz ofreció la palabra a Menéndez, quien, como acostumbra, se negó a declarar argumentando que “estos juicios son inconstitucionales”.
Sin embargo, la presidenta del Tribunal lo indagó sobre sus datos personales y el imputado respondió puntualmente. Luciano Benjamín Menéndez tiene 90 años, nació el 19 de junio de 1927, su padre, José María era militar y “expedicionario del desierto”, aclaró. Su madre, ama de casa. De estado civil viudo, tuvo siete hijos, dos de ellos ya fallecieron. Vive con el menor, llamado Juan Martín, en el barrio Bajo Palermo de Córdoba. Detentó el grado de General de División y realizó muchos estudios vinculados al ámbito castrense, alguno de ellos en EEUU. Fue dado de baja en 1980 y se sostiene con el sueldo de militar retirado.
El procesado Menéndez compareció ante el Juez Raúl Acosta, en 2006, pero se negó a declarar. En cambio, presentó un escrito que tituló “Por qué no declaro”. En él, además de destilar desprecio y animadversión contra un supuesto enemigo, hizo consideraciones técnico jurídicas y otras de carácter político. Invocó el artículo 18° de la Constitución Nacional y la Ley 14.029, Código de Justicia Militar, derogado en el 2008. Como jefe de jefes lamentó la presunta persecución a sus soldados; se autocalificó como “único responsable” de lo sucedido.
Por otro lado, en el escrito sostuvo que la subversión abandonó la guerra, pero no la lucha política. Paradójicamente, invocando la democracia, aseguró que utiliza las instituciones de la república para recrear el marxismo como eco de tiempos idos, insiste en que el fantasma de la subversión se cierne sobre nosotres para “cambiar nuestro estilo de vida”. Cierra su escrito afirmando que los juicios son un “burdo remedo comunista”.
