17-05-18 / En una prolongada audiencia, el equipo fiscal, compuesto por Patricia Santoni, Daniel Rodríguez Infante y Dante Vega, alegó acerca de la responsabilidad del personal del D2 en procedimientos ilegales, ataques sexuales y torturas que recayeron sobre numerosas personas detenidas. Entre ellas, se recordó el paso del desaparecido Jorge Daniel Moyano por sus calabozos.
La fiscal Patricia Santoni dio inicio a la jornada para abordar el caso de Nélida Virgina Correa. Según sus declaraciones era militante social cercana a Montoneros. Tenía cuatro hijos y debió pasar a la clandestinidad cuando se sucedieron numerosas detenciones en el marco del operativo contra esa corriente, registrado en febrero ’76.
Durante 3 años consiguió mantenerse en libertad pero el 26 de noviembre de 1979 fue aprehendida en la casa de un hermano y pudo reconocer, entre sus captores, al acusado Miguel Ángel Tello. Transportada al D2, estuvo allí 21 días y sufrió todo tipo de torturas. En diciembre la trasladaron al penal provincial de donde salió en libertad en 1981.
A Nélida Correa le fue aplicada la ley 20840 y luego fue absuelta. Entre las pruebas documentales que acreditan su detención en el D2 hay un sumario de prevención y el registro de su traslado a la penitenciaría. La víctima reconoció a varios miembros del D2: Oyarzabal, Bustos Medina, Scacchi y los acusados en este juicio: Miguel Ángel Salinas y Carlos Faustino Álvarez.
La fiscal se detuvo en estos dos últimos agentes, quienes fueron imputados por primera vez.
El tercer acusado por esta causa es Miguel Ángel Tello, quien participó de la detención de Correa y su traslado al D2.
Historial de Salinas y Álvarez
Miguel Ángel Salinas, según su legajo, era agente del D2 e ingresó en junio de 1976. Se desempeñaba en la sección Reunión de Información. Por un tiempo fue custodio del gobernador de la provincia y luego regresó para permanecer hasta 1999. Por desbaratar a las bandas de la subversión recibió las felicitaciones con las que Santuccione solía reconocer a sus subordinados.
A pesar de que en su declaración negó haber tenido contacto con detenidos en el D2, fue identificado por varixs presxs: Correa, Rosa Gómez, Nerio Neirotti y otros. David Blanco dijo que les acercaba la comida en los calabozos y lo reconoció como uno de los policías que custodiaba en el Banco Mendoza.
Carlos Faustino Álvarez, según su legajo, se desempeñó entre 1974 y 1984 en la sección Registro de Fichero y luego en la sección Análisis de la Información. También recibió felicitaciones por su participación en “la lucha antisubversiva”.
Al igual que Salinas dijo que no tuvo contacto con detenidos y que su trabajo consistía en recortar diarios. Sin embargo fue reconocido por Nélida Correa y Oscar Pérez.
Miguel Ángel Salinas y Carlos Faustino Álvarez están acusados como coautores de
- Privación abusiva de la libertad agravada
- Tormentos agravados
- Asociación ilícita
Esta última imputación fue fundamentada por la fiscal entendiendo que el D2 funcionaba como un sistema donde sus integrantes tenían distintos roles pero respondían a un mismo fin.
A Miguel Ángel Tello, ya condenado en anteriores juicios, se lo acusa por privación abusiva de la libertad y tormentos agravados.
La Causa de los Bancarios
El fiscal Daniel Rodríguez Infante alegó por las detenciones de los empleados bancarios Luis Ocaña, Arturo Galván, Hermes Oca y Horacio Lucero.
La Asociación Bancaria, fundada en 1924, fue un sindicato con gran combatividad y objeto de persecución durante las sucesivas dictaduras. Cuenta con 200 personas desaparecidas a lo largo de su historia. En Mendoza se registraron 17 secuestros del colectivo bancario que participaba de las comisiones gremiales internas. Asimismo, fueron víctimas de desaparición forzada: Carlos Marín, José Vila Bustos, Ricardo Sánchez Coronel y Sabino Rosales, pertenecientes a los bancos de Previsión Social y Mendoza locales.
Dicho esto, el fiscal se abocó al caso de Luis Gabriel Ocaña, activista bancario que sufriera dos ataques: una bomba y un tiroteo contra su domicilio. Fue apresado el 17 noviembre de 1975 por el D2. Como prueba existe un acta con datos falaces sobre el lugar y la circunstancia de su detención así como el testimonio de varios compañeros que compartieron cautiverio y dieron cuenta de los tormentos a los que fue sometido. Después de un largo periplo salió con la opción a Francia en 1981.
Con posterioridad, igual suerte corrieron sus compañeros del Banco de Previsión, Arturo Galván, Hermes Ocaña y Víctor Horacio Lucero, detenidos el 6 de abril de 1976 en su lugar de trabajo y trasladados, inicialmente, al D2.
Los dos primeros permanecieron en esta dependencia hasta fines de junio de 1976 cuando fueron trasladados, juntos, a la Compañía de Comunicaciones. Durante su permanencia allí, según los testimonios de sus compañeros, fueron sometidos a torturas; particularmente, Hermes recibió terribles golpizas. Éste reconoció al imputado Pablo Gutiérrez como un custodio del banco que los vigilaba.
En cuanto a Arturo Galván sufrió, en enero de 1976, un primer cautiverio en Logística de la policía de Mendoza, donde se encontraban otros detenidos de apellido Balbas y Páez. Días después fue trasladado al Palacio Policial para que le tomaran las huellas dactilares y fue liberado.
Por su parte, Víctor Horacio Lucero recibió similar trato en el D2 y salió en libertad el 1 de junio del ‘76. No hay ninguna imputación contra Lucero ni registro alguno.
Por esta causa que incluye a los cuatro bancarios antes mencionados está acusado Armando Osvaldo Fernández como autor mediato de
- Privación abusiva de la libertad agravada
- Tormentos agravados
Por su parte Pablo Gutiérrez, ya condenado en anteriores juicios, es considerado coautor en los casos de Arturo Galván, Hermes Ocaña y Víctor Horacio Lucero por
- Privación ilegítima de la libertad agravada
- Tormentos agravados
La Juventud Guevarista
El fiscal Dante Vega desarrolló el alegato por los procedimientos ocurridos entre el 10 y el 17 de mayo de 1976 contra integrantes de la Juventud Guevarista. Se centró en siete víctimas por las cuales están acusados tres integrantes del D2: Armando Osvaldo Fernández, Pablo José Gutiérrez, Diego Fernando Morales. Este operativo no solamente evidencia la inteligencia previa sino también la actuación conjunta de las diferentes fuerzas constituyentes del aparato represivo estatal. En este caso, el D2, la fuerza aérea, las comisarías 7 y 33, el Consejo de Guerra Especial y Estable.
En una semana secuestraron a 20 personas relacionadas con el PRT-ERP. El diario Los Andes publicó el 22 de mayo del ’76 el “desbaratamiento de una célula extremista” e incluyó un listado de personas apresadas sin mención sobre quienes hoy continúan desaparecidas. Sin embargo, la actuación policial comenzó con tres detenidos que no pertenecen al grupo de militancia ni a la causa. Este operativo está plagado de irregularidades, como tantos otros. Ausencia de órdenes judiciales, declaraciones falsas, parodia de sumarios, actas fraguadas son algunos ejemplos.
De esta causa, todos fueron puestos a disposición del Consejo de Guerra por sumarios instruidos relacionados con participación en actividades subversivas. La pantomima que eran estos juzgamientos ya ha sido ampliamente relatada: defensores que a los gritos pedían confesiones, violencia, penas draconianas.
Es corriente escuchar a algunas personas, particularmente imputados y defensores, decir que en aquel momento se vivía una “guerra”. Con un tono irónico, el fiscal Vega se preguntó por qué, entonces, el Consejo de Guerra implementó el Código de Procedimiento estipulado para tiempos de paz.
En el D2, las víctimas fueron sometidas a picana eléctrica, submarino, golpes y amenazas.
Víctor Sabatini se desempeñaba como inspector laboral en la división regional del Ministerio de Trabajo. Tenía 33 años cuando ocho personas, algunas uniformadas y otras de civil, lo secuestraron de su domicilio, el 12 de mayo de 1976. Fue introducido en un vehículo junto con Daniel Moyano. En el camino sufrieron un simulacro de fusilamiento. El destino era el D2. El Consejo de Guerra lo juzgó y lo condenó, entre otras cosas, por “ocultamiento de delincuentes”, lo que devela la persecución a Daniel Moyano, a quien alojó en su casa pero perdió contacto en ese centro clandestino. Su detención continuó en la penitenciaría y en la Unidad 9 de La Plata. Fue liberado en democracia, el 26 de abril de 1984.
Daniel Moyano estudiaba en la Escuela de Comunicación Colectiva. El nombre tras el cual ocultada su identidad era Gustavo. Vivía para la fecha de su secuestro en el Barrio Santa Ana, con el matrimonio Sabattini-Allegrini. Fueron secuestrados el mismo día y al menos ocho testimonios acreditan su secuestro y paso por el D2. El más elocuente y preciso es el de Edith Arito, quien afirmó haberlo visto muy golpeado, tiritando por la picana. Ella le ofreció comida, él no aceptó pero le dijo su nombre. Hoy Daniel Moyano continúa desaparecido.
Nélida Lucía Allegrini era docente y se la llevaron después que a su marido y su amigo “Gustavo”. Esperaron que llegara su suegro, Valentín Sabattini, le hicieron firmar la custodia de sus hijos, dejaron a todos en la casa del hombre y la trasladaron al D2. En un ascensor fue llevada hasta un lugar de torturas donde recibió golpes en sus pechos y vagina lo que tipifica, según la fiscalía, un delito sexual por el cual van a acusar a los imputados.
Liliana Tognetti, Silvia Schwartzman, y Graciela Leda fueron secuestradas el 13 de mayo de 1976 y trasladadas al D2. La primera fue llevada por personas de civil. No declaró en debate pero diversas actas y testimonios dan cuenta de su estadía en ese centro clandestino y la trayectoria de su detención.
Silvia contó haber sido entrevistada en una sala de torturas, con manchas de sangre y cabellos pegados en las paredes. Reconoció al “Caballo Loco” y al “Puntano”.
Graciela declaró en varias oportunidades que fue secuestrada por efectivos de la policía de Mendoza, de civil y armados. En una ocasión, en el D2, la desnudaron completamente. Por una lesión en sus costillas, producto de los golpes, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en Devoto.
Estas cuatro mujeres, Allegrini, Tognetti, Schwartzman y Leda fueron llevadas a la penitenciaría provincial luego de ser condenadas en el Consejo de Guerra, en julio de ese año. A partir de septiembre cumplieron su condena en la cárcel de Villa Devoto.
Antonio Siro Vignoni era empleado judicial y estaba casado con Silvia Schwartzman. El 17 de mayo del ’76 fue secuestrado por tres agentes del D2. Su trabajo le permitió reconocer entre los perpetradores a Pablo Gutiérrez y a Alfredo Castro.
iMPUTACIONES ESPECÍFICAS
Por los hechos alegados, el Ministerio Público Fiscal responsabilizó penalmente a tres integrantes del D2:
Armando Osvaldo Fernández Miranda como autor mediato de
- privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, por seis hechos
- tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, por siete hechos
- lesiones graves por los hechos cometidos contra Liliana Tognetti y Graciela Leda
- abuso deshonesto agravado por la calidad de autor persona encargada de la guarda, por los mismos dos hechos
Diego Fernando Morales Pastrán prestó servicios en el D2 desde 1974 hasta 1981. En la instrucción declaró haber sido chofer y hacer tareas de archivo aunque habló de más al decir que por orden del jefe, Sánchez Camargo, los suboficiales tenían la tarea de bajar por turnos a ver a los detenidos, darles comida, ropa y demás. Fue reconocido por víctimas como Robledo Flores y Rosa Gómez. Junto con Pablo José Gutiérrez Araya son acusados por ser coautores de los siguientes delitos
- homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, por el caso de Daniel Moyano
- privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por el mismo hecho
- privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, por seis hechos
- tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, por siete hechos
- lesiones graves por los hechos cometidos contra Liliana Tognetti y Graciela Leda
- abuso deshonesto agravado por la calidad de autor persona encargada de la guarda, por los mismos dos hechos
DOBLE DETENCIÓN
Segundo Isau Alliendes fue secuestrado y liberado en 1976, causa por la que ya se alegó audiencias atrás. Luego, el 21 de marzo de 1978 fue secuestrado nuevamente y trasladado a la IV Brigada. El sumario por su detención se inició el 27 de marzo, cuando fue alojado en el D2. En la Fuerza Aérea no hay ningún tipo de registro de su aprensión y estadía. Tres días después fue remitido a la penitenciaría provincial y fue liberado el 21 de agosto de ese año, cinco días después de que el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que mantenía su detención fuera dejado sin efecto.
Por esta causa se encuentra acusado Alcides París Francisca, como autor mediato de los delitos de
- privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes
- tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima
Adriana Mercedes Spínola tenía 19 años cuando fue detenida en la vía pública por miembros de D2 el 12 de marzo de 1976. El secuestro se produjo por su vínculo con Juan Basilio Sgroi, dirigente del Partido Peronista Auténtico, detenido dos meses atrás.
Spínola permaneció una semana en el D2, donde fue golpeada, interrogada bajo tortura y obligada a desnudarse. El 19 de marzo fue conducida a la penitenciaría y luego a la cárcel de Devoto en los traslados del 29 de septiembre de ese año. Este itinerario está corroborado por sus prontuarios, el policial, labrado por el D2, y el penitenciario.
La tercera prueba documental es la causa elevada contra Juan Sgroi y otros militantes donde fue incluida Spínola. En este expediente, además de las actas de su captura, figura una constancia firmada por Spínola, por la cual autorizaba “a la fuerzas policiales y militares a realizar un minucioso registro de su domicilio”. El informe elevado a la 8va. Brigada está firmado por el propio Fernández.
Aunque obtuvo el sobreseimiento judicial a los ocho meses de su detención, junto con el fin de su disposición ante el PEN, fue liberada recién el 12 de enero de 1977.
Por estos hechos está acusado Armando Fernández como autor mediato de
- privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes
- tormentos agravados por la condición de perseguida política de la víctima
- Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor o persona encargada de la guarda
Mirta Hernández, esposa del desaparecido Rodolfo Vera, víctimas del “Operativo Escoba” desplegado a nivel nacional contra el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Su detención en Mendoza hacia 1979 es parte de la represión residual sobre dicha Organización.
Desde el 30 de diciembre de 1976 hay constancia del pedido de captura de la pareja. Se refugiaron entre Rivadavia y Mendoza hasta el secuestro de Vera, el 6 de diciembre de 1977. Su esposa y otros militantes de la Organización se trasladaron a Buenos Aires, luego a San Clemente del Tuyú y finalmente, a Mar del Plata, hacia enero del año siguiente.
En 1979 regresó a Mendoza y se presentó ante el D2 por recomendación de un abogado de apellido Carloni. Quedó inmediatamente detenida por averiguación de antecedentes, desde el 27 de septiembre hasta el 7 de diciembre de ese año. La causa llegó a la justicia luego de su liberación. Recién en 1984 recuperó su documento de identidad.
Recordó las paredes del D2, manchadas con sangre, donde fue obligada a dar clases de matemática a los oficiales. Entre ellos reconoció a Pablo Gutiérrez.
Por estos hechos está acusado Mario Laporta (jefe de policía 1979-1982) en calidad de autor mediato por los delitos de
- privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes
- tormentos agravados por la condición de perseguida política de la víctima
La responsabilidad de Roberto Usinger
La fiscalía continuó con dos causas que señalan la responsabilidad de Roberto Usinger entre los años 1979 y 1981.
La primera por la detención de Oscar Miguel Pérez, ciudadano chileno que entre 1974 y 1975 había participado de la Juventud Peronista, apresado a los 23 años, el 8 de mayo de 1979, cerca de su domicilio del Barrio San Martín. Permaneció cincuenta días en el D2 y fue torturado sistemáticamente hasta la visita del cónsul de Chile, Hernán Brantes Glavic.
Para esa época también estaban alojados en el D2 los exmilitares armeros que conocían a muchos de los policías del CCD. Con los nombres referidos por ellos y las voces que memorizaba, Pérez pudo ir identificando a Scacchi, Oyarzabal y Usinger, entre otros. Con este último conversó bastante y supo que era chofer o custodio del gobernador, y que estaba en el D2 “castigado”. Era el encargado de transportarlo de la celda a las sesiones de tortura y aseguró que estuvo en alguna de ellas. Pudo verlo y describir su apariencia.
El 28 de junio de 1979 Pérez fue acusado por la ley 20840. Trasladado desde el D2 a la penitenciaría, hizo un largo periplo, hasta que fue liberado por indulto de Bignone el 2 de diciembre de 1983.
La subversión tiene forma de libro
La segunda causa, denominada “Berlanga y otros”, engloba varios operativos realizados por el D2 para detener a miembros del Partido Comunista durante el año 1980.
El 5 de mayo se efectuaron los primeros cuatro allanamientos en cadena que concluyeron con las detenciones de Rosa María Rouge, Valerio Castillo, Concepción Azuaga, Patricia Campos y Aníbal Firpo, todos trasladados al D2 sin orden ni decreto previo. El paso por el CCD consta en sus prontuarios penitenciarios. Las viviendas fueron saqueadas.
Rosa María Rouge y su esposo Julio Berlanga eran militantes del PC y tenían en su domicilio de Las Heras la biblioteca de la Organización. La vivienda era vigilada y había sido revisada por un militar antes de la detención.
El 5 de mayo ingresaron a la casa ocho personas y secuestraron gran cantidad de libros que trasladaron en un camión. Berlanga logró escapar y detuvieron a Valerio Castillo, compañero de militancia que también estaba presente. Rouge fue trasladada hasta el domicilio de su suegra, Concepción Azuaga de Berlanga. Allí se encontró con los hijos menores que habían sido retirados de la escuela por los captores. También estaba su cuñado, Aurelio Berlanga y Patricia Campos. Como resultado del itinerario, Rouge, Azuaga, Campos y Berlanga fueron llevados al D2.
En este CCD, Rouge, desnuda, fue interrogada. Recibió las visitas de una vecina y de su hija y se enteró de que su casa, destruida, era vigilada.
El 30 de mayo pasó a la penitenciaría y recuperó la libertad el 22 de mayo del año siguiente.
Valerio Castillo fue llevado a su domicilio para un allanamiento antes de ser encerrado en el D2. Estuvo una semana desnudo en los calabozos, fue torturado y reconoció a uno de los policías apodado “el ruso” que robó un dinero que su familia había entregado en el D2 para él: “el más ladino de todos”.
El 30 de mayo llegó al penal provincial y fue liberado el 13 de abril de 1982.
Concepción Azuaga de Berlanga era la madre de Julio y Aurelio Berlanga. Tenía 68 años y fue detenida en su domicilio junto con su hijo Aurelio. A mediados de mayo fue liberada desde el D2. Sin embargo, figura detenida en la penitenciaría hacia noviembre de 1980. El 22 de mayo de 1981 recuperó la libertad según su prontuario.
Aurelio Berlanga tenía 39 años, también militaba en el PC y vivía con su madre. Fue llevado junto con ella al D2. El 30 de mayo ingresó a la penitenciaría y fue liberado el 13 de abril de 1982.
Patricia Campos tenía 29 años, era profesora de historia y militante del PC junto con su esposo Aníbal Firpo. Fue detenida en la casa de Concepción Azuaga y trasladada a su domicilio. Como Firpo no se encontraba, después de revisar el lugar fue colocada una consigna para esperarlo. Estuvo en el D2 junto con Rouge hasta ser llevada a Boulogne Sur Mer el 30 de mayo. Fue liberada el 17 de julio de 1981.
Aníbal Firpo, arquitecto, fue detenido por la noche en su domicilio y obligado a conducir con el vehículo de su trabajo hacia el D2. El 30 de mayo ingresó al penal y fue liberado el mismo día que su esposa.
También contra el Partido Comunista
El segundo grupo de operativos se completó con la detención de Jorge Aliste y Rafael Báez, ambos en el domicilio de Aliste, en Godoy Cruz, el 28 de agosto. Intervino la policía motorizada en coordinación con el D2. Días después detuvieron a Carmen Rey y Gabriel Solá.
Jorge Aliste tenía 29 años, militaba en el PC y trabajaba como tesorero en una empresa. Vivía con su esposa en el barrio Decavial. Fue detenido camino al trabajo y su domicilio fue brutalmente saqueado, además de secuestrar material de la Organización. Entre los documentos orgánicos se encontraban las autobiografías políticas de Rey y Solá.
Permaneció 44 días en el D2 sometido a interrogatorios. La empresa presentó un Habeas Corpus a su favor que fue contestado.
El 8 de octubre fue llevado junto con Báez hacia la penitenciaría en el vehículo particular de un policía de investigación apodado “El ruso”, a quien describió como un hombre “macizo” de tez colorada que detuvo el auto frente una casa de la calle Agustín Álvarez para avisar a una mujer que volvería en breve. Fue liberado en julio de 1981.
Rafael Báez era el Secretario General del PC. Fue detenido en la puerta de la vivienda de Aliste y llevado al D2 con el mismo itinerario que su compañero. La familia supo de su paradero por una mujer que contactó el día de la declaración ante el juez y que transmitió su mensaje. El 16 de diciembre de 1981 recuperó la libertad.
Carmen Noemí Rey fue detenida en su domicilio el 18 de septiembre de 1980. La forzaron a firmar su conformidad con el allanamiento. Estuvo en el D2 bajo interrogatorios hasta el 9 de diciembre de ese año, momento en que pasó a la penitenciaría. El 21 de julio de 1981 fue liberada.
El rosarino Gabriel Solá fue detenido ese mismo día en su vivienda luego de un allanamiento. Permaneció en el D2 hasta el 4 de noviembre de 1980. Luego pasó al penal desde donde fue liberado el 16 de diciembre de 1981.
Los últimos dos procedimientos contra el PC fueron efectuados el 2 de octubre de 1980 con los secuestros de Ignacio González y Guillermo Scoones. Llevados al D2 y tres meses después a la penitenciaría recuperaron su libertad el 27 de julio de 1981. González tenía 58 años y estaba casado con Elena Simón. Scoones tenía 28, estaba en pareja con Carmen Rey y fue detenido mientras estacionaba su vehículo en la calle Pedro Molina de Ciudad.
Los alegatos continúan el viernes 18 de mayo a las 9.30 hs.
