Por Laura Rodríguez Agüero
Extracto del libro Memoria de los juicios por delitos de lesa humanidad (Mendoza 2010-2018).
En Argentina, entre 1976 y 1983, se produjo la más sangrienta dictadura militar de toda su historia. En un contexto signado por una creciente agudización de las protestas sociales y de procesos dictatoriales en el Cono Sur, las Fuerzas Armadas (FF. AA.) tomaron el poder e impusieron un plan de exterminio que dejó un saldo de 30000 personas desaparecidas, miles de presas y presos políticos, exiliados y exiliadas, niños y niñas apropiadas ilegalmente y privadas de su identidad. Sin embargo, la violencia represiva comenzó antes del 24 de marzo de 1976 y, si bien existió un plan sistemático genocida decidido de modo centralizado “desde arriba” por las cúpulas militares, su implementación a escala local implicó ciertas especificidades en las distintas regiones del país.
A continuación, y para enmarcar histórica y conceptualmente el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad de la provincia, daremos cuenta de algunas de las características que la violencia estatal y paraestatal adquirió en Mendoza entre 1973 y 1983.
La violencia paraestatal 1973-1976
“La policía tiene ánimo sobrado de eliminar física y moralmente a quien no cumpla con la ley […] Los convoco alrededor de este fortín del orden, de la disciplina para que junto con vuestra policía pasemos a combatir a los apátridas, a los sin Dios que hoy están flagelando el cuerpo de la Nación” (vicecomodoro J. C. Santuccione, 11/12/1975).
Durante los años previos a la última dictadura militar, bandas parapoliciales y paramilitares actuaron en todo el país. En Mendoza existieron diferentes comandos paraestatales que estuvieron formados por agentes y ex agentes de las policías Provincial y Federal, miembros de las FF. AA. y civiles. Si bien estos grupos usaron diversos nombres al realizar atentados, el accionar represivo fue llevado a cabo principalmente por el Comando Anticomunista de Mendoza (CAM) y el Comando Moralizador Pío XII.
Ambos estaban a cargo del jefe de la Policía Provincial – vicecomodoro Julio César Santuccione- y se habrían constituido para “defender a la población de la penetración marxista” en el primer caso, y para “resguardar la moral de la población” en el segundo.
El accionar represivo paraestatal en Mendoza tuvo una temprana aparición. Ya en abril de 1973, el gobernador electo Alberto Martínez Baca sufrió un atentado con bomba que se adjudicó la Juventud Peronista Auténtica (JPA). A través de un comunicado, la JPA anunció que era “un llamado de atención a Martínez Baca porque su gestión estaría inducida por elementos del comunismo internacional” y que el atentado se realizaba “en defensa del peronismo auténtico y nacional”.
En octubre de ese año, el Comando de Operaciones Anticomunistas José I. Rucci realizó dos atentados: uno -nuevamente- contra Martínez Baca y el otro contra el filósofo Enrique Dussel. En este último, fueron dejados panfletos en los que se lo acusaba de “apátrida” y de “envenenar las conciencias de la juventud con la inmunda doctrina marxista”. Al final del volante declaraban: “Su sangre los alcanzará a todos”.
El CAM entró en escena en septiembre de 1974, mes en el que realizó seis atentados. El primero de ellos se produjo contra la imprenta Paulos, “por ser un lugar donde el enemigo confeccionaba material ideológico que envenena las conciencias de la juventud” y el segundo contra la sede del Partido Comunista (PC) por adoctrinar “a personas de intereses ajenos a la Patria”, según manifestaron sus partes de guerra (Mendoza, 8/9/1974).
Ese mismo mes fueron colocadas bombas en los domicilios de dirigentes sindicales, en el Centro Cultural Israelita y en el Taller Nuestro Teatro (TNT), acusado a través de un parte de guerra de “aguantadero” de una “banda marxista
leninista” (Mendoza, 25/10/1974). Estos hechos marcaron solo el comienzo de una serie mayor de atentados.
En lo que restaba de 1974 se produjeron nuevas acciones violentas por parte de las patotas de Santuccione y para 1975 la espiral represiva registró un enorme crecimiento. Durante los primeros meses del año estallaron explosivos en las casas de referentes políticos, gremiales y estudiantiles, y en junio fue hallado el cadáver del estudiante y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)-Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Amadeo Sánchez Andía, quien había sido secuestrado en un hospital de San Martín luego de sufrir un accidente. En este asesinato, al igual que en el de Víctor Romano Rivamar -ejecutado en abril de 1976- estuvieron involucrados miembros de la Policía Federal.
También fueron colocadas bombas en numerosos cabarets e instituciones religiosas judías y evangelistas.
Una de las prácticas represivas utilizadas en ese momento fue la de los secuestros temporarios. Cuando se trataba de dirigentes políticos y sindicales, la presión de los gremios y la instalación del tema en la agenda pública llevó a la pronta aparición de los mismos. En el caso de bancarios, por ejemplo, la rápida reacción de las comisiones internas provocó la inmediata aparición de los secuestrados. Luego del golpe de Estado, algunos militantes víctimas de estos procedimientos integraron la lista de desaparecidos, como el delegado bancario Pablo Marín y el dirigente estudiantil Daniel Olivencia.
El accionar represivo paraestatal en Mendoza tuvo algunos rasgos particulares que vale la pena señalar. El primero de ellos fue el carácter “sexo genérico”, que se manifestó en la persecución, secuestro, tortura y asesinato de mujeres en situación de prostitución, quienes fueron golpeadas, llevadas al Departamento de Informaciones 2 (D2) -donde eran sometidas a todo tipo de abusos- y en algunos casos ejecutadas. Los asesinatos de estas mujeres cometidos por el Comando Moralizador Pío XII, pese a pasar inadvertidos durante décadas, fueron parte del entramado represivo paraestatal. A partir de testimonios de sobrevivientes del D2 sabemos que muchas personas que pasaron por ese Centro Clandestino de Detención (CCD) fueron ayudadas y hasta “salvadas” por las prácticas solidarias de estas mujeres que, en dictadura y democracia, fueron víctimas de la violencia policial.
El segundo rasgo característico del escenario local fue la articulación entre violencia institucional y violencia paraestatal que se plasmó en una enorme cantidad de asesinatos de personas que los diarios llamaban “delincuentes comunes”. Las crónicas de la época relataban cómo jóvenes de sectores populares, vinculados la mayor parte de
las veces a negocios ilegales en los que participaba la Policía -como quiniela clandestina, drogas o prostitución-, aparecían asesinados en los mismos lugares y con los mismos métodos que las y los primeros militantes víctimas del terror. Es decir que parece haber existido por parte de las fuerzas represivas cierta homologación entre “mujeres de mal vivir, delincuentes comunes y delincuentes subversivos” a la hora de aplicar las prácticas represivas paraestatales. El modus operandi -secuestro, tortura y asesinato-, los sitios de reclusión -comisarías, D2- y los lugares que hicieron las veces de “depósitos de cuerpos” -Papagayos, Canota, Las Lajas- fueron los mismos en todos
los casos.
En este complejo entramado represivo, la Policía parece haber utilizado el denominado “combate a la subversión” y el supuesto carácter moralizador de la represión paraestatal para saldar cuentas con proxenetas, narcos y quinieleros
clandestinos y, de paso, para acrecentar y aceitar su sistema de coimas hacia cabarets, ahora bajo la modalidad de colocación de bombas. A su vez, el carácter sexo genérico de la represión, que en los CCD se manifestó a través de ciertos castigos específicos hacia las mujeres como la violencia sexual, quedó en evidencia en la persecución con “fines moralizantes” de prostitutas cuyos cuerpos fueron parte del “territorio” en el que operaron de manera violenta las asimetrías de género.
Si bien el accionar represivo comenzó en 1973, durante los últimos meses de 1975 se produjo una inflexión cuando en octubre de ese año, a través de los decretos 2770, 2771 y 2772, se terminó de formalizar la participación de las FF. AA. en la represión. En Mendoza, el 22 de noviembre el ministro Mathus anunció a través de una conferencia de prensa un redoblamiento de las medidas de seguridad “en prevención de la guerrilla y la subversión”, invocando el decreto 2772/75 (Los Andes, 23/11/1975). El 22 y 23 de noviembre se produjeron numerosos secuestros, entre ellos los de Samuel Pringles -quien fue asesinado- y Luis Moriña -que continúa desaparecido-. Ese mismo mes, camino a Las Lajas fue hallado calcinado el cuerpo del dirigente gastronómico Luis Alberto Granizo.
A comienzos de diciembre se denunciaron nuevas desapariciones: la violencia paraestatal se cobró la vida del trabajador bancario José Vila Bustos y se produjo la ejecución en Papagayos de Néstor López Fornés, Secretario
de Organización de la Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina, cargo que había ocupado Granizo, asesinado unas semanas atrás.
Vale la pena señalar que estas acciones represivas ilegales se articularon con procedimientos legales impulsados por el gobierno nacional tales como la reforma del Código Penal, o las leyes de Prescindibilidad y de Seguridad Nacional (20.840); pero también en pequeñas disposiciones locales como la modificación del Código de Faltas o
la reglamentación del carnaval. Es decir que tanto las medidas coercitivas lícitas como las ilícitas fueron parte de una misma trama represiva que se estaba perfeccionando en los meses previos al golpe de Estado.
El año 1976 inició con una serie de atentados con bombas a personas que habían participado del gobierno de Martínez Baca y se produjeron masivas detenciones ilegales contra gremialistas. En febrero murió el trabajador estatal Miguel Ángel Gil a causa de las torturas en el D2, y el 9 de marzo fue secuestrado en San Rafael Santiago Illa, quien continúa desaparecido. Finalmente, días antes del 24 de marzo asesinaron a dos jóvenes militantes: Susana Bermejillo -profesora de Letras relacionada con el Partido Comunista (PC)- y Mario Susso -estudiante de ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) perteneciente al Partido Comunista Revolucionario (PCR)-. Se sospecha que en estos dos homicidios participaron estudiantes vinculados a la Concentración Nacional Universitaria (CNU), agrupación de derecha que en Mendoza intervino en la UTN.
La dictadura
Como ya señalamos, la violencia paraestatal comenzó antes del 24 de marzo de 1976. Las modificaciones producidas durante los últimos meses de 1975, a los efectos de coordinar la “lucha antisubversiva”, llevó a las FF. AA. a dividir el país en cinco zonas. Mendoza integró la Zona 3 -junto a Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, y Jujuy- que correspondía al Comando del III Cuerpo del Ejército con sede en Córdoba, por lo que la provincia quedó bajo el mando de Luciano Benjamín Menéndez.
A su vez, Mendoza, San Luis y San Juan constituyeron la Subzona 33 dependiente de la VIII Brigada de Infantería de Montaña con asiento en la primera, y cada una de ellas abarcó un área de operaciones, correspondiéndole a Mendoza la número 33. La VIII Brigada de Infantería de Montaña estuvo a cargo del general Jorge Maradona, quien fue comandante de la misma hasta diciembre de 1977, cuando fue reemplazado por el general de brigada Juan Pablo Saá. A su vez, fueron segundos comandantes de esta Brigada el coronel Tamer Yapur y, a partir de febrero de 1977, el
coronel Mario Lépori. Hasta abril de 1976, Yapur fue interventor militar del gobierno provincial, seguido luego por el brigadier retirado Jorge Sixto Fernández.
Durante el primer y más crudo año de la dictadura, la Policía Provincial siguió a cargo de Santuccione y del subjefe comisario general Jorge Calderón, sucedidos por el comodoro Alcides Paris Francisca y el comisario general Ramón Arrieta Cortez, respectivamente.
Por su parte, los cargos de jefe y subjefe del D2 fueron ocupados respectivamente por los comisarios Pedro Sánchez Camargo y Juan Agustín Oyarzábal, y luego por Ricardo Benjamín Miranda y Aldo Patrocinio Bruno.
Una vez producido el golpe, el Ejército -columna vertebral de la represión- subsumió a las Policías y se sumaron nuevos actores como la Fuerza Aérea, las comisarías y la Penitenciaría Provincial, que además de albergar presos políticos se convirtió en CCD. En el desarrollo del accionar represivo fue fundamental el trabajo de inteligencia llevado a cabo por las “Divisiones especiales”: el G2 de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, la Regional Oeste de la IV Brigada Aérea, el D2 de la Policía Provincial, la Policía Federal y el Destacamento de Inteligencia 144 de Mendoza.
El desarrollo de la estrategia represiva se viabilizó, por un lado, a partir de la coordinación de las inteligencias de las distintas fuerzas en la Comunidad Informativa (CI) y, por otro, a través de una estructura operativa denominada Centro de Operaciones Tácticas (COT) que puso en marcha el accionar represivo sobre la base de la información obtenida por la inteligencia. Los procedimientos fueron llevados a cabo por las FF. AA. -principalmente el Ejército-, por la Policía o por ambos, en los llamados “operativos conjuntos”.
El destino de las personas secuestradas varió a partir de una serie de circunstancias, muchas de ellas desconocidas hasta hoy. Como señaló el fiscal Dante Vega, cuando el operativo era realizado por la Policía, las personas secuestradas iban a parar al D2. A su vez, algunas fueron asesinadas en los operativos y otras no sobrevivieron a las torturas. Quienes sí lo hicieron fueron “blanqueadas”, conducidas a la Penitenciaría, sometidas a Consejos de Guerra o llevadas a declarar ante la Justicia Federal y trasladadas a distintos penales del país, especialmente a la Unidad 9 de La Plata.
Algunas víctimas de desaparición forzada no dejaron rastros, otras pasaron por el D2 o fueron llevadas a distintos CCD. En Mendoza, además del ubicado en el Palacio Policial, funcionaron otros centros clandestinos, como la Comisaría 7 de Godoy Cruz, la 16 de Las Heras y la Penitenciaría Provincial; la Compañía de Comunicaciones, el Casino de Suboficiales, el Liceo Militar Gral. Espejo y la Compañía de Telecomunicaciones 141 (Campo Los Andes) del Ejército; por último, el Campo Las Lajas dependiente de la Fuerza Aérea.
A partir de investigaciones judiciales y de los Organismos de DD. HH. se han podido establecer distintos operativos llevados a cabo por la dictadura en Mendoza, que muestran la sistematicidad del plan represivo. Algunos de ellos han sido analizados en los juicios y serán abordados en este libro: operativo “agosto de 1975” -“causa Mochi” para la justicia- contra militantes de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO); “febrero de 1976” -“causa Rabanal”- contra trabajadores y trabajadoras estatales vinculadas a la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y Montoneros; “mayo de 1976”, que tuvo como víctimas a jóvenes guevaristas y militantes del PRT-ERP; “abril de 1977”, en el que se produjo el secuestro de militantes de la Juventud Peronista (JP) y de Montoneros; “diciembre de 1977” u “Operativo Escoba” contra personas vinculadas al Partido Comunista Marxista Leninista (PCML); y “mayo de 1978” cuando las fuerzas locales emprendieron acciones contra lo que denominaron “subversión residual” para garantizar el orden del Mundial de Fútbol.
La cifra de personas desaparecidas de y en Mendoza asciende a más de 250 hombres y mujeres y cientos de personas secuestradas y/o exiliadas, además de menores robados a sus madres desaparecidas y privados de su identidad.
Un hecho relevante en el desarrollo de la estrategia represiva a nivel local -que concluyó con la pena de prisión perpetua para cuatro ex magistrados- fue el papel que jugó la Justicia Federal como parte del engranaje del terror al legitimar el accionar represivo a través de diversas acciones delictivas: armando de causas en el marco de la
ley 20.840 -que habilitó una ola de secuestros de personas sometidas a torturas y violencia sexual en el D2-, negándose a investigar delitos denunciados, avalando condenas de Consejos de Guerra o rechazando los habeas corpus presentados por familiares de las personas secuestradas y/o desaparecidas.
Para profundizar sobre el terrorismo de Estado en Mendoza se puede consultar la siguiente bibliografía:
ABALO, Ramón (1997) Terrorismo de Estado en Mendoza. Mendoza: Liga por los Derechos del Hombre.
BRAVO, Nazareno, MOLINA GALARZA, Mercedes, BAIGORRIA, Paula y TEALDI, Esteban (2014) Apuntes de la memoria. Política, reforma y represión en la Universidad Nacional de Cuyo en la década del 70. Mendoza: EDIUNC.
CASA POR LA MEMORIA Y LA CULTURA POPULAR (2010) Hacerse cargo. La identidad de los detenidos desaparecidos y asesinados en Mendoza (1974-1983). Casa de la Memoria y la Cultura Popular. Mendoza: Aguirre.
GODOY Chacho (2018) Historieta La solidaridad en las sombra.
LUCERO Inés BELGRANO y SEYDELL Pablo (Coord.) (2018) Nosotrxs cuando decimos… El cuerpo y la palabra en los juicios por delitos de lesa humanidad. Mendoza: EDIUNC.
OZOLLO Fernando y SEYDELL Pablo (Comps.) (2012) Cuadro 33. Evidencias y encuentros en la búsqueda de compañeros desaparecidos en Mendoza. Mendoza: EDIUNC.
RODRÍGUEZ AGÜERO, Laura (2013) “Ciclo de protestas, experiencias organizativas y represión paraestatal: Mendoza, 1972-1976” [en línea]. Tesis de posgrado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2013. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.889/te.889.pdf.
RULE Fernando (2006) Un allegro muy largo. Mendoza: Acercándonos Ediciones.
SALINAS Pablo (2017) La justicia federal en el banquillo de los acusados. Mendoza: Centro de Publicaciones de la FCPyS, UNCuyo.
VEGA Dante, LAVADO Diego, BEIGEL Viviana y otros (2014) El libro de los juicios. Experiencias, debates y testimonios sobre el terrorismo de Estado en Mendoza. Mendoza: EDIUNC.
VELEZ, Roberto (1999). La represión en la Universidad Nacional de Cuyo: Antecedentes, reflexiones. FCPyS, UNCuyo.
