El cuarto juicio por delitos de lesa humanidad de Mendoza, el debate más importante y extenso que se llevó a cabo en la provincia —también conocido como “juicio a los jueces” o "megacausa"—, requirió tres años y cinco meses de audiencias y convocó a cientos de testigos. Comenzó con 41 acusados por los delitos cometidos contra 207 personas, que fueron perpetrados por oficiales del Ejército, mandos de la Policía de Mendoza, integrantes del Departamento de Informaciones 2 (D2) y de la Penitenciaría Provincial, además de cuatro exjueces federales: Luis Miret, Otilio Romano, Guillermo Petra y Rolando Carrizo. 28 procesados llegaron a la instancia de la sentencia.

Tuvo la particularidad de dar un lugar destacado a lo ocurrido en el D2, el mayor Centro Clandestino de Detención (CCD) de la provincia. Además, se oyeron extensos alegatos de las partes por las causas en las que estuvieron involucrados los antiguos magistrados. La sentencia fue ejemplar: el tribunal entendió que los exjueces también fueron responsables de los crímenes de lesa humanidad, cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio.

En 2019, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia en general y ordenó la revisión de ciertos puntos. En 2020, el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza dispuso la condena de quienes habían sido absueltos y el aumento de las penas de otros condenados por la reinterpretación de ciertos hechos y pruebas.