Las partes intervinientes en el noveno juicio por delitos de lesa humanidad fueron convocadas por el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) con el propósito de reiniciar las audiencias. La sesión virtual será el viernes 22 mayo a partir de las 9:30. Según ha trascendido, Vicente Omar Navarro Moyano, que revistaba en el Destacamento de Inteligencia 144, será sumado a esta causa.
Es previsible que en el transcurso de la audiencia se determine la modalidad que adoptará el tribunal para dar continuidad a este juicio que se encuentra en la etapa de declaraciones testimoniales. Deberá garantizarse el carácter de público de las sesiones.
Asimismo, según ha trascendido, se incorporará otro acusado al expediente por delitos cometidos por el Destacamento de Inteligencia 144, hoy en debate. Se trata de Vicente Omar Navarro Moyano, oficial del Ejército capturado meses atrás que se encontraba prófugo desde febrero de 2013.
El militar está señalado por su participación en el operativo antijesuita y el de mayo del 76. Se le adjudican privaciones abusivas de libertad, homicidios, tormentos y robos contra veintinueve personas, diecisiete de las cuales se encuentran desaparecidas.
El Destacamento 144 al que perteneció Navarro -ubicado en Martínez de Rozas y Emilio Civit de Ciudad- fue la dependencia local del Batallón 601, una pieza clave en el diseño y la ejecución de la represión clandestina. Sus tareas se realizaban en absoluto secreto, con operaciones encubiertas. Sus integrantes solían actuar con falsas identidades y contaba con una red nacional que les permitía intercomunicarse y retroalimentar la información, así como también tomar decisiones. El personal recibía información directamente del Batallón de Inteligencia 601 con sede en Buenos Aires y se reportaba a él, conectando a las máximas autoridades con los centros de tortura y desaparición de personas. La dependencia fue cerebro y motor del genocidio local.
La imprescindible continuidad
El 6 de marzo se realizó la última audiencia previa a la cuarentena. Había comenzado el análisis del operativo antijesuita hasta que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del Covid-19. En consecuencia, se dispuso la feria judicial en todas las jurisdicciones.
A pesar de ello, las posibilidades de conexión por plataformas virtuales permitieron algunas excepciones en plena cuarentena. El 27 de abril el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata abrió el camino al convocar a las partes para dictar sentencia por los crímenes cometidos en la subzona 15. Una semana después se anunciaba la sentencia en las causas Feced III y IV de Rosario, Santa Fe. En los hechos, quedaba demostrada la viabilidad del pedido de continuidad de los juicios requerida por los organismos de derechos humanos, al que se sumó el planteo de la procuradora de crímenes contra la humanidad, María Ángeles Ramos.
El 5 de mayo pasado, la Cámara de Casación Penal -a través de la jueza Ángela Ledesma- recomendó a los tribunales orales que tienen causas en curso retomar los juicios e instó a la “observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria”. En este marco, la fiscalía local solicitó una mesa de diálogo para prever la implementación de los dispositivos que garanticen el acompañamiento a los y las testigos y la calidad de oral y público inherente a este debate
En cuarentena se abrieron rejas
En el lapso de suspensión del juicio ocurrieron algunos incidentes. Como lo informamos oportunamente, los abogados de varios procesados y condenados pidieron prisiones domiciliarias para sus defendidos en virtud de una acordada que invitaba a los tribunales a resolver rápidamente las solicitudes de personas detenidas con penas leves, próximas a salir en libertad, que presentasen problemas de salud y/o integrasen grupos de riesgo. Una propuesta que generó gran revuelo mediático y cacerolazos en todo el país.
En Mendoza, Carlos Ledesma, Oscar Simone, Oscar Bianchi, Pedro Linares, Juan Carlos Ponce, Vicente Omar Navarro y Juan Carlos Santa María –este último condenado a prisión perpetua en 2018- consiguieron el arresto domiciliario “cautelar, excepcional y provisorio” otorgado por el TOF 1 de Mendoza. También lo obtuvo Segundo Héctor Carbajal, el apropiador de Claudia Domínguez –nieta recuperada 117-. Pero, acostumbrado a la impunidad, participó de una fiesta en pleno aislamiento social obligatorio que fue grabada. Al tomar conocimiento, el tribunal revocó la medida y el exmilitar volvió a la Unidad 6 de Cacheuta.
Por su parte, la Cámara Federal de Apelaciones local le concedió la domiciliaria a Mario Ocampo, oficial del Ejército detenido en la cárcel VIP de Campo de Mayo que estuvo prófugo durante siete años, eludiendo responder por los ilícitos cometidos en San Rafael.
Los beneficios antes mencionados fueron cuestionados por las querellas y la fiscalía, además de los Organismos de Derechos Humanos, debido a varias razones. Tratándose de delitos gravísimos debió mediar un exhaustivo informe de salud del procesado que justificara la medida. Además, no se escuchó a las victimas antes de tomar la determinación.
Por otro lado, unos pocos detenidos no consiguieron volver a sus casas: el TOF 1 le denegó la prisión domiciliaria a Jorge López, Julio Lapaz y Antonio Garro. Las prisiones domiciliarias concedidas rápidamente a fines de marzo merecieron críticas por el trato desigual de la población carcelaria. El beneficio alcanzó a los genocidas pero clausuró otros pedidos demorados por la campaña mediática y el caceroleo que aturdió a la justicia.
