La megacausa del IV Juicio en Mendoza, que se tratará a partir del próximo 17 de febrero, incluye delitos de Lesa Humanidad perpetrados por las Fuerzas Armadas; la Policía Federal; la cúpula y subalternos de Policía de la Provincia, entre ellos 16 miembros del Departamento de Informaciones –D2; y los responsables de las torturas en la Penitenciaria Provincial. Por otro lado, se enjuiciará a los cinco magistrados, funcionales al plan genocida, quienes ejercieron altos cargos en la Justicia Federal hasta las últimas décadas.
La Fiscalía Especial trabajó largo tiempo en la acumulación de expedientes agrupados por coincidencia en los hechos, victimas y/o imputados. En septiembre pasado ya estaban cumplidos todos los requisitos para que se tratara la denominada “megacausa” en el cuarto Juicio que se realizaría en la provincia. Poco después se dispuso sumarle lo trabajado acerca de los magistrados procesados Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Petra, Rolando Carrizo y Gabriel Guzzo, lo que se generó un nuevo bloque de expedientes incluidos en la llamada “causa de los jueces”.
Solamente, la inicial “megacausa”, reúne 110 nombres. Mujeres y hombres militantes sociales, políticos, sindicales, meros opositores, o personas próximas a los y las activistas que devinieron en víctimas de procedimientos delictuales; 37 de ellos están desaparecidos y 6 fueron probadamente asesinados. Ante el estrado volverán las escenas dantescas vividas en 1976 a través del relato de quienes estuvieron secuestrados en el D2, hoy constituidos en testigos y querellantes.
Extensa Causa 003 y acc.
La Causa 003 y acc. reúne un alto porcentaje de las víctimas e imputados en este IV Juicio. Incluye numerosas causas cuyos denunciantes fueron detenidos ilegalmente y sometidos a vejámenes en el D2 y otras dependencias policiales. Aborda, también, las desapariciones de dirigente montonero Jorge Vargas, visto por última vez en aquel CCD y la del estudiante de periodismo Edesio Villegas, así como lo acontecido con Miguel Ángel Gil entregado a la Penitenciaría casi moribundo. También está contemplado el operativo que concluye con la desaparición de Ricardo González y el homicidio de Osvaldo Sabino Rosales, cuyos restos fueron encontrados en el cuadro 33 del Cementerio de la Capital, identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense –EAAF- y entregados a sus familiares en 2011.
A lo largo de las audiencias se revisará la densa causa Ravanal iniciada antes del golpe de estado, en virtud de la Ley 20840 de “Represión a la Subversión”; entre otros hechos, revela la embestida contra el sindicalismo combativo presente en el Banco Mendoza, ATE y otro sectores laborales que adhirieron a la Juventud Trabajadora Peronista –JTP- y a corrientes clasistas. Ente ellos estará presente el nombre de Marcos Ibañez, delgado sindical ante el histórico Sindicato de Obreros y Provinciales -SOEP-, secuestrado en el D2, trasladado a la Unidad 9 de La Plata y muerto a manos de los guardias de esa cárcel Federal, hoy condenados a cadena perpetua.
Por primera vez, los ataques sexuales quedarán visualizados y abordados como un delito con entidad propia, independientemente de las torturas; se juzgará a algunos miembros del D2 por “Violación agravada por el uso de la fuerza”, lo que deja al descubierto los permanentes ataques sexuales denunciados por cuatro mujeres detenidas en ese CCD.
Cabe indicar que la Causa 003 y acc. contempla las denuncias contra otras dependencias de la Policía Provincial que intervinieron en la represión a través de detenciones ilegales y entrega de los apresados al D2 como las Seccional 31º, 33º y 13º; así como las Comisarías 16º de La Heras y 7ma de Godoy Cruz que habilitaron un espacio propio para los “interrogatorios” y torturas constituyéndose en Centros Clandestinos de Detención.
Finalmente, dentro del mismo Expediente se analizará el traslado y posterior desaparición de Santiago Illa, quien se encontraba detenido en la Penitenciaría Provincial y fuera entregado a personal del Liceo Militar Gral. Espejo donde se pierde su rastro.
Operativos varios
Por otro lado, la Causa 001-F concentra las desapariciones de Horacio Bisone, trabajador gráfico perteneciente a la Juventud Peronista – JP- y la de Aldo Patroni, mecánico de industria CIMALCO, que fuera secuestrado en un amplio operativo próximo al Mundial ’78. También incluye a dos estudiantes de medicina, Víctor Manuel Vargas y Jorge Solís capturados en su domicilio; todos actualmente desaparecidos.
En la megacausa está incluida la desaparición del matrimonio formado por Laura Terrera y Alfredo Manrique, quienes partieron con su beba desde San Juan con destino a Mendoza y, se estima, fueron secuestrado al llegar a la terminal local. Esta causa, 067-F, también aborda la apropiación de la hija de ambos, Celina Rebeca Manrique Terrera, cuya identidad le fue restituida en 2007, engrosando la lista de nietos recuperados en el orden 87º.
Otras tres causas dan cuenta del Operativo de Abril del ’77 contra quince personas supuestamente vinculadas a la JP/Montoneros que cayeron entre el 4 y el 10 de abril de 1977. Por un lado trata el procedimiento en el que fue secuestrada Gisela Tenembaum y baleada Ana María Moral, el cuerpo de Ana fue recuperado del cuadro 33 del cementerio local por su familia. Además aborda las desapariciones de Miguel Pacheco y Luis López Muntaner, estudiantes de arquitectura de La Plata, posiblemente ocultos en la provincia al igual que la pareja María del Carmen Laudani y Jorge José, miembros de Montoneros de origen marplatense , que resistieron su detención y fueron acribillados por las fuerzas represivas. Un tercer grupo lo constituyen militantes que se encontraban en la clandestinidad por la persecución desatada en 1976 y fueron apresados en diferentes procedimientos que evidencia un fino trabajo de inteligencia previa. Ellos y ellas son: Billy Lee Hunt, Jorge Albino Pérez, Gloria Fonseca, Elvira Orfila Benítez y Juan Manuel Montecino. El operativo de abril del 77 se completa con simpatizantes de la juventud peronistas solidarios, vinculados al grupo antes mencionado, que fueron secuestrados en la vía pública o en su domicilio y que aún permanecen desaparecidos; se trata de Emiliano Pérez, tío de Jorge, Pedro Ulderico Ponce, Manuel Gutiérrez y María Eva Fernández.
Finalmente, la megacausa volverá a analizar el operativo de Mayo del ’78 cuando en ejercicio del terrorismo de estado y para garantizar el Mundial de Fútbol, las fuerzas locales emprendieron contra la “subversión residual”, lo que dio como resultado la desaparición forzada de Margarita Dolz, Raúl Gómez, Víctor Hugo Herrera, Daniel Romero, Juan Carlos Romero, Mario Camin, Gustavo Camín, Ramón Sosa y Juan José Galamba. Este operativo y la causa que tiene como víctima a Ángeles Gutiérrez de Moyano fueron ampliamente debatidos en el 3er. Juicio realizado en Mendoza en 2012-2013; en esta ocasión se extenderán las imputaciones a otros responsables de los operativos.
Aún sin confirmar, se espera que la causa 171-F “Las Lajas”, incluida en este expediente, sea conocida en este juicio ya que hasta el presente la intervención de la Fuerza Aérea, a nivel local, no ha sido debidamente revelada. El abordaje de las desapariciones forzadas de Mauricio López, María del Carmen Marín, Carlos Marín, Héctor Osvaldo Zuin y Juan Ramón Fernández, vistos Las Lajas, podría ofrecer elementos para completar el mapa de la represión en la zona y contribuir a la verdad sobre el pasado reciente.
Los Acusados
Las Fuerzas Armadas dispusieron del aparato de poder estatal, pergeñaron el plan de exterminio y tuvieron el mando operacional de la represión. Por su parte el Ejército concentró la Comandancia de la región en manos del acusado Luciano Benjamín Menéndez y a nivel local, la subsede 33 con asiento en la VIII Brigada de Montaña, adaptó sus dependencias al plan represivo; a partir del golpe del 24 de marzo varias fueron acondicionadas como Lugar de Reunión de Detenidos – LRD-. Llegará ante el Tribunal, el 2do. Comandante de la VIII Brigada, Roberto Montes y el Jefe de la Compañía de Comunicaciones N° 8, Ramón Puebla. También está previsto analizar la actuación, en 1976, del Director de Liceo Militar Gral. Espejo, Carlos Tragant y del Subdirector Pablo Tradi. Asimismo, se revisará la participación de los oficiales Dardo Migno y Paulino, Furió sentenciados en juicios anteriores, así como la del suboficial José Fuertes, todos miembros del Ejercito.
Por otro lado, a la Fuerza Aérea le cupo una alta responsabilidad en Mendoza ya que tenía bajo su dominio el campo Las Lajas, probable terreno de exterminio de las víctimas sito en un predio de la IV Brigada Aérea. A la vez, esta fuerza ejerció la conducción de la Policía de la Provincia, desde Vice comodoro Santuccione, pasando Alsides Francisca para cerrar con Mario Laporta en funciones hasta 1982, todos altos oficiales de la aeronáutica que ejercieron la Jefatura de la Policía de la Provincia; los dos últimos imputados en el próximo juicio.
La Policía aportó activamente con miembros capacitados para el trabajo sucio; en este juicio se verán las atrocidades cometidas por 16 miembros de variada jerarquía que revistaban en el D2, incluyendo a los jefes Aldo Bruno, Ricardo Miranda, Juan Oyarzabal y Luis Rodríguez así como los agentes de inteligencia Eduardo Smaha y Armando Fernández. A estos seis, ya condenados en juicios anteriores, se le sumarán los nombres de parte de la patota que cometió los peores vejámenes en contacto directo con las y los secuestrados en ese CCD-; ellos son: Félix Andrada, Alfredo Castro, Pablo Gutiérrez, Francisco López Rodríguez, Diego Morales, Marcelo Moroy, Timoteo Rosales, Miguel Tello, Julio Lapaz y Rubén González.
La participación de la policía de la provincia alcanzó a las Comisarías. Están procesados en este juicio Armando Guevara de la Seccional 13° de Rivadavia; Héctor Camargo; Miguel Ángel y Juan Carlos Ponce de la 16° de las Heras y Antonio Garro y José Lorenzo de la 7ma. de Godoy Cruz; oficiales y suboficiales de estas dos últimas deberán responder por las torturas practicadas en esas dependencias
También serán enjuiciados los agentes penitenciarios Oscar Bianchi y Pedro Linares ejecutores de golpizas y otros tormentos cometidos contra los presos políticos alojados en la cárcel de Mendoza; la grilla de uniformados se completa con el procesado Jefe de la delegación Mendoza de Policía Federal en 1979, Jorge Marchelli.
