19-06-2026 | La fiscalía continuó su alegato sobre el rol del D2 en la persecución de militantes de la Juventud Trabajadora Peronista. La audiencia anterior desarrolló los secuestros de Daniel Rabanal y Marcos Ibáñez, primeros dos procedimientos de esta serie de detenciones ocurridas en febrero de 1976. Hoy concluyó el análisis de los secuestros de Rodolfo Molinas, Miguel Ángel Gil, Silvia Ontivero, Alejo Hunau, Fernando Rule, Olga Vicenta Zárate, Guido Esteban Actis, Stella Maris Ferrón, Yanina Rossi, Ivonne Larrieu, Alberto Muñoz, Antonia Muñoz y Haydee Fernández. La próxima audiencia será el viernes 3 de julio a las 9:30.
El fiscal Dante Vega terminó de alegar por el caso 23, correspondiente a los secuestros de quince personas entre el 6 y el 20 de febrero de 1976. Todas las víctimas fueron alojadas en el D2, incluidas tres menores. Miguel Ángel Gil ingresó moribundo a la penitenciaría tras las torturas sufridas en este CCD y falleció el 22 de febrero. Marcos Ibáñez falleció en la Unidad 9 de La Plata luego de recibir una fuerte golpiza. Las demás víctimas adultas transitaron largos cautiverios carcelarios.
Más detalles sobre Ibáñez y Molinas
Si bien este caso fue analizado en la audiencia anterior, el fiscal agregó que luego de la intervención quirúrgica que recibió Marcos Ibáñez en la penitenciaría de Mendoza, producto de la tortura sufrida en el D2, en septiembre de 1976 la víctima fue trasladada a la Unidad Penitenciaria 9 (U9) de La Plata. Entre el 24 y 25 de julio de 1977, en la celdas de aislamiento de este establecimiento, un grupo del Servicio Penitenciario torturó al joven y debió ser internado en el servicio médico del penal de Olmos. Marcos Ibáñez falleció por los golpes, en septiembre de 1977. Tres de los responsables fueron condenados en 2010.
Rodolfo Molinas fue detenido el 9 de febrero de 1976 en el domicilio de Marcos Ibáñez. Era oriundo de Santa Fe y había viajado a Mendoza junto a su esposa, María Cecilia Pizarello, y sus hijos. Como a todo este grupo, lo trasladaron al D2, donde fue torturado. Cuando le tocó declarar ante el juez federal Evaristo Carrizo en la Unidad Regional I (URI I), Molinas iba sin camisa, descalzo y con parálisis en las manos debido a la picana eléctrica. Según el expediente, se abstuvo de declarar. Luego fue conducido a la penitenciaría. En su prontuario se encuentra el detallado informe médico que escribió el doctor Tarquini luego de revisar a Molinas y constatar las heridas de la tortura. En prisión, según el testimonio de Fernando Rule, por un año sus compañeros le escribieron las cartas porque había perdido el control de las manos. En septiembre de 1976 fue trasladado a la U9 de La Plata.
La violencia sexual en el D2
Silvia Susana Ontivero declaró ante la CONADEP y luego en numerosos juicios de la provincia. Dio testimonio en el marco de esta causa, en noviembre de 2023. Además de su detención, se analizará lo sucedido con su hijo, Alejo Hunau.
Silvia tenía 29 años. Era militante de la Juventud Trabajadora Peronista, empleada de la Dirección de Comercio y delegada gremial. Fue detenida el 9 de febrero de 1976 en su domicilio de la calle Granaderos de Ciudad, junto a su pareja de entonces, Fernando Rule, y su pequeño hijo Alejo, de cuatro años. Varias personas de civil, con armas y pelucas, ingresaron violentamente al domicilio por el garaje. El D2 labró el acta de detención, sin orden de allanamiento –por disposición de la VIII Brigada de Infantería de Montaña–, y sin aclaración de firmas. Desde el principio al fin de su detención, sufrió golpes e insultos. En un Fiat 125 fue trasladada al D2 con el niño. Rule iba en otro vehículo. La vivienda fue saqueada y hasta robaron la carpeta de una casa que estaban pagando y finalmente fue adjudicada a otra persona: “Se dedicaron al rubro inmobiliario”, ironizó la víctima.
El expediente incluye el acta de entrega de Alejo a su padre, Jorge Hunau, que se presentó en el D2. Aprovechando la detención de Silvia, y con la connivencia del Poder Judicial provincial, el hombre le arrebató a su hijo. Recién pudo recuperarlo once años después de la detención.
La víctima relató que en la sesiones de tortura alguien oficiaba de médico y la auscultaba. También recibió una visita de un supuesto sacerdote que le recomendó colaborar. Varias veces al día fue violada por distintos sujetos, a veces de forma grupal. Estas situaciones se repitieron todos los días que estuvo en el D2. Los demás detenidos testimoniaron sobre la violencia sexual constante que vivieron las mujeres secuestradas.
Silvia sufrió un aborto producto de la tortura. Al ser detenida estaba embarazada de dos meses. Otra detenida también perdió un embarazo más avanzado. Tras los abortos, un supuesto médico les realizó “en carne viva” el raspaje final. Sus órganos quedaron tan afectados por la picana eléctrica que no pudo volver a tener hijos. También le quebraron el tabique nasal, que pudo ser operado por intervención de la Cruz Roja tres años más tarde, ya en la cárcel de Devoto.
Estuvo en total 18 días en el D2. Su familia la buscó y supo que estaba detenida tras la publicación de una nota del diario Mendoza: la foto la mostraba con evidentes signos de tortura. El 26 de febrero, Silvia fue trasladada a la penitenciaría previo paso por la URI, donde prestó declaración ante el juez Carrizo. Como tenía su ropa hecha jirones, los policías del D2 le dieron el vestido de otra persona. “Doctor, mire cómo estoy, me han torturado salvajemente”, dijo la mujer, que no podía caminar de las laceraciones en sus partes íntimas, y declaró haber sido violada. Como se ha escuchado en juicios previos, Carrizo contestó: “¿No te habrás caído?”.
Cuando ingresó al penal, el médico Corradi solo observó escoriaciones en el talón. “Entre los médicos de la penitenciaría hay unos y otros”, aclaró el fiscal. En este caso, elaboró un informe falso. En Boulogne Sur Mer estuvo alojada en el pabellón de presas políticas y no pudo recibir visita de su hijo. En septiembre de 1976 pasó a Devoto y el mismo mes de 1983 salió con libertad vigilada, que se extendió siete meses.
Fernando Rule también declaró en numerosas ocasiones, además de haber guiado las primeras inspecciones oculares en el D2. Tras ser detenido junto a Silvia Ontivero y el pequeño Alejo, el 9 de febrero de 1976, fue trasladado a este CCD, donde “comenzó el infierno”. Estuvo en un calabozo individual y fue torturado constantemente en la sala de acumuladoras. Además de privación de agua, solo comió tres veces en 20 días, comida que consistía en una cucharada de arroz en la mano. Presenció la violencia sexual que sufrió Silvia, que tuvo también el objetivo de torturarlo por su vínculo de pareja.
En la URI, prestó declaración ante Guzzo el 26 de febrero, junto a Silvia y Daniel Rabanal. Luego ingresó a la penitenciaría y en septiembre pasó a la U9 de La Plata. Recuperó la libertad con modalidad vigilada en noviembre de 1982.
La muerte de Miguel Ángel Gil
Miguel Ángel Gil es la primera víctima asesinada por el D2 sobre la que hay completa certeza. Tenía 33 años, era delegado gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica de Mendoza.
Fue secuestrado el 10 de febrero de 1976 en su domicilio de Ciudad. Según el habeas corpus que presentó su madre, Rosa Ramona Carrión de Gil, ese día por la tarde se presentó personal policial de la Comisaría 24 y Miguel Ángel quedó detenido sin recibir razones. El juez Carrizo desestimó el pedido por faltas formales y la mujer insistió. En lugar de pedir informes a la Policía, el 12 de febrero Carrizo consultó al Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, lo cual demuestra que el juez estaba al tanto del operativo contra todo el grupo y de las fuerzas intervinientes. El Comando confirmó la detención y el 13 de febrero la justicia rechazó el recurso.
El joven fue alojado en la celda contigua a Rule y fue torturado en reiteradas oportunidades. Cuando les abrieron las celdas para tomar agua, Gil no pudo moverse y Fernando pidió autorización para llevarlo. Tenía lastimaduras en los talones y posiblemente una pierna adormecida. Otra pista de la tortura sufrida consta en el expediente: en la indagatoria que realizaron en el D2, figura que Miguel Ángel no pudo firmar por dolores en su mano derecha. Las demás víctimas escucharon que gemía: “Todos nos dábamos cuenta de que se estaba muriendo”.
El macabro episodio de la pirámide humana, relatado en instancias judiciales previas, también es elocuente del estado de Gil. Las personas detenidas fueron obligadas a armar una pirámide con sus cuerpos y Silvia Ontivero debía saludar desde la cima, como una reina de la Vendimia. Miguel Ángel se encontraba en la base y soportó el peso de las demás víctimas.
El estado de salud se agravó y el D2 dejó constancia en el expediente: allí figura que Miguel Ángel se encontraba enfermo y el D2 solicitó intervención de Servicios Sociales. El documento, firmado por Pedro Dante Sánchez Camargo, informó que el hombre padecía “un cuadro de insuficiencia cardíaca producto de una infección de una vieja várice interna en su pierna” y dispuso su traslado a la penitenciaría para su “custodia y tratamiento” porque el lugar donde estaba alojado no tenía las comodidades para un tratamiento médico.
Miguel Ángel Gil llegó moribundo a la cárcel, el 22 de febrero por la madrugada. Fernando Héctor Sponda, médico del penal, revisó a la víctima y consignó su “gravísimo estado”: cuando quisieron reanimarlo, constataron el paro respiratorio y certificaron su fallecimiento. No obstante, le hicieron un prontuario penitenciario: “La burocracia del terrorismo de Estado”, reflexionó Dante Vega. El documento está repleto de notas periodísticas sobre la detención y la muerte. La penitenciaría emitió un comunicado para aclarar a la prensa que habían recibido al detenido prácticamente sin vida.
El fiscal Vega quiso hacer un acto de reparación para Rosa Ramona Carrión de Gil, madre de la víctima. La mujer declaró ante el Juzgado Federal en marzo de 1987 y relató su búsqueda: fueron a casi todas las comisarías, además del Palacio Policial. Cuando logró constatar que Miguel Ángel estaba en el D2, se presentó todos los días y le llevó comida y ropa, pero no quisieron recibir los paquetes porque “no le hacía falta nada”. También esperó al gobernador interventor Lucero fuera de su casa. El 22 de febrero, muy temprano, un policía en bicicleta le avisó que fuera el Cuerpo Médico Forense: “En ese momento pensé que mi hijo estaba muerto”, declaró. Fue con su esposo y el médico les informó que se trataba de una herida en la pierna. Antes de firmar el acta, el profesional dudó, rompió el papel y llenó otro donde figuraba como causa de muerte una septicemia aguda. “Me lo entregaron enseguida. Yo le vi solo el rostro, que tenía como morado los dos parietales, la nariz morada y el pelo pegado”. Fue al D2 a reclamar las pertenencias de su hijo y un hombre de apellido Garay le entregó los objetos.
Más víctimas del operativo
Olga Vicenta Zárate Aguirre tenía 45 años, era empleada y delegada gremial de ENTEL en San Martín y militaba en Montoneros. El 12 de febrero de 1976 personal policial realizó un procedimiento en la vivienda que compartía con su hermana Manuela Zárate, ubicada en la intersección de Correa Saa y Alberdi, en Guaymallén. Durante el allanamiento únicamente secuestraron documentación. Ese mismo día los efectivos se dirigieron a la clínica donde Olga permanecía internada, recuperándose de una intervención quirúrgica en el útero, y dejaron una custodia permanente en la puerta de su habitación. Nueve días después, el 21 de febrero, ingresaron a la habitación, le vendaron los ojos, le colocaron unas gafas y la trasladaron al D2, pese a que aún se encontraba convaleciente.
Al llegar al Departamento de Informaciones le arrancaron una cadena de oro con una imagen de la Virgen. Esa misma noche un hombre ingresó a su celda y, mientras la interrogaba, comenzó a tocarla. Olga le pidió que dejara de hacerlo, pero el agresor respondió que él era quien «iba a gozar». Luego fue abusada sexualmente. Durante su declaración recordó que les suplicó que no la violaran. Según reconstruyó la fiscalía, fue víctima de reiteradas violaciones por parte de personal del D2, al igual que otras mujeres detenidas en ese centro clandestino.
Silvia Ontiveros, testigo de lo ocurrido, resumió el padecimiento con una frase que fue recordada durante la audiencia: «Si la tortura es terrible, la violación es peor». Los abusos también fueron corroborados por otros sobrevivientes, entre ellos Fernando Rule y Haydee Fernández.
Al día siguiente fue trasladada a un espacio más amplio donde, junto a otros hombres y mujeres detenidos, fue obligada a formar una pirámide humana. Los hombres debían ubicarse en la base y las mujeres encima. A Olga la hicieron sentarse sobre todos los demás mientras los guardias le decían: «Saludá, que vos sos la reina». Después la condujeron por un ascensor hasta la sala de torturas. Allí la desnudaron, la ataron de brazos y tobillos sobre una especie de banco de madera y comenzaron a aplicarle picana eléctrica en las axilas, el pecho y los muslos.
Durante su declaración indagatoria de 1977 aseguró que recién cuando fue trasladada a la Penitenciaría supo que su casa había sido allanada. Olga permaneció detenida en el D2 hasta el 27 de febrero de 1976. Luego fue trasladada a la Penitenciaría Provincial y, el 29 de septiembre de ese año, derivada a la cárcel de Villa Devoto.
Guido Esteban Actis tenía 25 años, era empleado de la Dirección de Estadísticas y Censos y se desempeñaba como delegado gremial de ATE. Durante la audiencia se reconstruyó que el primer intento de secuestro ocurrió el 13 de febrero de 1976 cuando se dirigía a la casa de su abuela, ubicada en la esquina de Mitre y San Lorenzo de Ciudad. Al llegar al lugar fue interceptado por un grupo de personas que le ordenó bajar del vehículo «o lo hacían boleta». Actis intentó resistirse aferrándose al balcón de la vivienda, pero fue golpeado por los atacantes. En medio del forcejeo, uno de ellos le disparó en una mano para obligarlo a soltarse. A pesar del ataque, logró evitar ser capturado.
Una semana después, el 20 de febrero, entre las 13 y las 14 horas, dos policías uniformados se presentaron en su domicilio, ubicado en la intersección de Garibaldi y San Juan de Ciudad. Allí fue detenido y trasladado en un Peugeot 504 hacia el D2. Su madre siguió el recorrido del vehículo hasta donde le fue posible.
Al ingresar al Departamento de Informaciones permaneció inicialmente a cara descubierta mientras confeccionaban el acta de detención. Durante su cautiverio fue retirado en distintas oportunidades para ser sometido a torturas. Recordó que recibió golpes de puño «como si fueran de boxeo» y que los detenidos ni siquiera podían ir al baño con normalidad. También relató que, antes de una declaración indagatoria, fue conducido hasta una cocina donde vio a personas conocidas y a otros detenidos descalzos.
En esa oportunidad, el secretario del juez, a quien conocía por el ambiente del rugby, le aconsejó que no declarara porque quien tomaba nota de las respuestas era personal policial. Actis permaneció sin asistencia de un abogado defensor y decidió abstenerse de declarar. También recordó que durante todo ese tiempo permaneció con la misma ropa.
El 27 de febrero de 1976 fue trasladado a la Penitenciaría Provincial. En septiembre de 1978 fue derivado a la U9 de La Plata y recuperó su libertad el 23 de noviembre de 1982.
Stella Maris Ferrón Delvo tenía 22 años cuando fue secuestrada, la noche del 10 de febrero de 1976, en su vivienda de calle Río Cuarto 2963, en Dorrego, Guaymallén. Dormía junto a su esposo, Juan Agustín Rossi —actualmente desaparecido— y su hija Yanina Rossi, de apenas diez meses de edad, cuando un grupo de efectivos del D2 irrumpió en la vivienda.
Durante el operativo, Juan Agustín Rossi intentó resistir el ingreso armado del personal policial. En el enfrentamiento resultó herido el oficial Humberto Hernández, quien posteriormente murió. El fiscal recordó que nunca existió una investigación por esa muerte, ya que el procedimiento había comenzado con un allanamiento ilegal, realizado de noche y sin orden judicial.
Tras el secuestro de Stella, el comisario Juan Félix Amaya se hizo cargo de Yanina sin intervención de ninguna autoridad judicial. Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que la niña fue utilizada como «cebo» para intentar capturar a José Antonio Rossi.
Stella fue trasladada al D2, donde permaneció detenida durante aproximadamente dieciocho días. Allí fue sometida a permanentes sesiones de tortura con golpes y picana eléctrica. Los interrogatorios estaban dirigidos a obtener información sobre el paradero de su esposo y eran acompañados por amenazas constantes de asesinar a su hija.
Además, denunció que fue violada reiteradamente por personal del D2 durante todo su cautiverio. Como consecuencia de esas agresiones y de las torturas, perdió un embarazo de dos meses y medio. La pérdida fue confirmada por un médico que la atendió luego de una sesión de tormentos y le indicó medicación. Durante la audiencia, el fiscal recordó que estos abusos fueron corroborados por otros sobrevivientes del D2, entre ellos Rule y Fernández.
También relató que, mientras permanecía detenida, fue obligada a firmar una declaración bajo amenazas. Tiempo después reconoció únicamente su firma, pero negó conocer el contenido del documento. El 27 de febrero de 1976 fue trasladada a la cárcel y, meses más tarde, al penal de Villa Devoto.
Respecto de Yanina Rossi, la fiscalía reconstruyó que la niña permaneció separada de su madre desde el momento del secuestro hasta el 12 de marzo de 1976. Stella recordó que ambas fueron golpeadas durante el procedimiento y que, una vez trasladada al D2, perdió completamente el contacto con su hija. Durante ese tiempo, Yanina permaneció bajo la custodia del comisario Juan Félix Amaya, quien asumió su tenencia sin que existiera ninguna resolución judicial que lo autorizara.
Los abuelos maternos de la niña viajaron desde Santa Fe a Mendoza luego de recibir el llamado de un capellán de la Penitenciaría, quien les pidió que fueran a buscar a su nieta. Cuando finalmente la encontraron, según se reconstruyó en la audiencia, Yanina estaba sostenida de un tejido en un patio, completamente sucia y con una infección en la piel.
Ivonne Eugenia Larrieu y Alberto Mario Muñoz eran oriundos de Mar del Plata y militaban en Montoneros. En agosto de 1975 se trasladaron a Mendoza y comenzaron a participar de una Unidad Básica en Guaymallén. Alberto consiguió trabajo en una fábrica de marcos propiedad de Ricardo Puga, mientras que Ivonne se dedicaba a la venta de ropa. Primero vivieron en una pensión que les facilitó Puga y luego se mudaron a la vivienda de Miguel Ángel Gil, en un barrio de Godoy Cruz.
En enero de 1976, la pareja viajó a Mar del Plata, donde nació María Antonia. Regresaron días más tarde a Mendoza. En la madrugada del 10 de febrero de 1976, cerca de las dos de la mañana, un grupo de alrededor de quince efectivos armados irrumpió violentamente en la vivienda mientras la pareja dormía. Uno de los hombres apoyó un arma en la cabeza de Alberto Muñoz y le ordenó levantarse. Luego fue vendado, golpeado y trasladado al D2. Ivonne y María Antonia, que tenía quince días, fueron llevadas en otro vehículo hacia el mismo destino. Muñoz declaró que los efectivos se llevaron todas las pertenencias que había en la vivienda. En el D2 fue alojado en un calabozo, mientras que Ivonne permaneció junto a su hija en otra habitación del mismo centro clandestino.
Durante su cautiverio, Alberto fue sometido a constantes golpizas. Recordó que durante los tres primeros días no recibió alimentos y que lo sacaban reiteradamente de su celda para ser golpeado en los pasillos, al punto de regresar arrastrándose. En la tortura lo desnudaron, mojaron y sometieron a picana eléctrica mientras era interrogado por su militancia política.
Cuando se presentó ante el juez recordó que lo recibió con insultos. «Me dijo que era un subversivo, un comunista de mierda, que diera gracias por estar vivo y después me preguntó si quería declarar», relató. Muñoz llegó a esa audiencia sin zapatos, sin camisa y con visibles lesiones producto de las torturas.
Ivonne también permaneció detenida en el D2 en condiciones inhumanas. Relató que fue alojada junto a su hija en una oficina vacía, sin cama ni colchón, donde únicamente una ventana le permitía distinguir si era de día o de noche. Durante los primeros cuatro días no recibió agua ni comida. Pese a que insistía en que necesitaba alimentarse para poder amamantar a María Antonia, los pedidos fueron ignorados.
Además de las torturas psicológicas, los golpes y las privaciones, Ivonne denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de personal del D2. Antes de violarla, uno de los represores le dijo: «Esto te va a pasar si estás sentada». También declaró que nunca recibió atención médica durante todo el tiempo que permaneció detenida.
El 27 de febrero de 1976, Alberto Muñoz, Ivonne Larrieu y María Antonia fueron trasladados a la penitenciaría. La fiscalía destacó que Muñoz ingresó al penal con graves lesiones producto de las torturas sufridas en el D2. Ivonne permaneció detenida junto a su hija por orden del juez Carrizo.
En septiembre de 1976 Alberto fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata y recuperó la libertad en noviembre de 1981. Ivonne fue a la cárcel de Villa Devoto el 29 de septiembre de 1976 y recuperó la libertad el 9 de diciembre de 1979. La niña quedó al cuidado de sus abuelos. En 2025, Antonia declaró en el marco de este juicio. Un año antes prestaron declaración Alberto e Ivonne.
Haydee Fernández del Río tenía 43 años, era abogada y se desempeñaba como asesora del Poder Ejecutivo provincial. Durante el alegato, el fiscal recordó que no integraba Montoneros, sino que brindaba asistencia legal a familiares de personas secuestradas, especialmente en la presentación de recursos de habeas corpus. En una declaración realizada en 1976 expresó que siempre había ejercido su profesión con normalidad y que nunca imaginó que esa tarea pudiera convertirla en objeto de persecución.
El 16 de marzo de 1976, alrededor de las seis de la tarde, fue detenida en su estudio jurídico por dos hombres vestidos de civil que no se identificaron ni exhibieron orden judicial. Fue trasladada en un vehículo negro hasta el D2 y llevada a una celda con los ojos vendados.
Para torturarla se la llevaron al subsuelo, donde la desnudaron, la golpearon y la sometieron a picana eléctrica mientras la interrogaban por la documentación que llevaba consigo —cheques, papeles y comprobantes— y por las personas a las que representaba como abogada. También intentaron que admitiera haber entregado un revólver a otra persona, acusación que negó en todo momento.
El fiscal recordó además su declaración brindada en 2014, en la que describió las secuelas físicas que le dejaron las torturas: moretones en todo el cuerpo, marcas de agujas en los pechos y en la zona de los ovarios, además de un quiste que detectó tiempo después en uno de sus pechos. En esa oportunidad también identificó a algunos de sus torturadores, entre ellos «el Porteño», Pagela, Carelli y García.
Tras una sesión de tortura, uno de los oficiales comenzó a conversar con ella, le dio unas palmadas en el hombro y le aseguró que seguramente recuperaría la libertad en pocos días. Para el fiscal, ese contraste reflejó la naturalidad con la que los integrantes del D2 alternaban las sesiones de tormentos con conversaciones cotidianas.
El 18 de marzo fue trasladada a la cárcel de Boulogne Sur Mer, donde permaneció hasta el 29 de septiembre de 1976. Luego fue derivada a la cárcel de Villa Devoto y recuperó la libertad el 7 de enero de 1981. Sin embargo, continuó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional bajo un régimen de libertad vigilada, que la obligaba a presentarse día por medio en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz para poder continuar trabajando. Recién a fines de julio de 1981 dejó de estar sometida a ese régimen de control.
La próxima audiencia fue fijada para el 3 de julio a las 9:30, aunque el Tribunal adelantó que podrían programarse nuevas jornadas antes de esa fecha, las que serán informadas oportunamente.
