10-03-14 | Los fiscales Dante Vega y Patricia Santoni dieron a conocer el tratamiento dado por los acusados Rolando Carrizo, Guillermo Petra, Luis Miret y Otilio Romano, a los habeas corpus y denuncias en los que intervinieron con motivo del secuestro y desaparición de 43 personas, hechos acaecidos antes y durante la última dictadura.
La mañana del lunes 10 de marzo que comenzó con algo de frío se fue tornando calurosa con el paso de las horas junto a la lectura del Requerimiento de Elevación a Juicio que realizaron los fiscales, en la segunda jornada que aborda la llamada “Causa de los Jueces”.
A lo largo de la audiencia se pudo conocer cada una de las gestiones realizadas por madres, padres, hermanos/as o familiares para saber dónde estaba o qué había sucedido con Luis Moriña, Francisco Escamez, José Luis Herrero, Blanca Santamaría, Héctor Pablo Granic, Virginia Adela Suárez, José Antonio Rossi, Mario Luis Santini, María Silvia Campos, Zulma Zingaretti, Rosa Sonia Luna, Mercedes Vega de Espeche, Olga Inés Roncelli de Saieg, Hugo Alfredo Talquenca, Julio Félix Talquenca, Rubén Bravo, Adriana Bonoldi, Marcelo Carrera, Lidia De Marinis, María Leonor Mercuri, Walter Domínguez, Gladys Castro, Antonia Adriana Campos, José Antonio Alcaráz, Salvador Moyano, Miguel Poinsteau, Mauricio López, María del Carmen Marín, Carlos Marín, Ángeles Gutiérrez de Moyano, Santiago Illa, Aldo Patroni, Emiliano Pérez, Pedro Ponce, Jorge Pérez, Gloria Fonseca, Miguel Pacheco, Elvira Orfila Benítez, Manuel Gutiérrez, María Eva Fernández, Raúl Gómez, Víctor Hugo Herrero y Daniel Romero; mujeres y hombres que a la fecha se encuentran desaparecidos.
El contenido del documento describe las gestiones realizadas en la desesperada búsqueda por las personas arriba señaladas. En él se pone de manifiesto la coincidencia en el tenor de los procedimientos que daban cuenta que personas vestidas de civil, de entre cuatro y diez hombres, con armas de fuego, sin identificación, entraban por la fuerza, a los domicilios, o sorprendían en la vía pública a las víctimas; por medio de golpes e insultos reducían a familiares, luego de saquear los domicilios, a los empujones o golpes, trasladaban a las personas secuestradas, en vehículos sin identificación, con destino desconocido. Ante esta situación, en algunos casos las acciones se iniciaban con una denuncia en la Comisaría de la jurisdicción; en otros se recurría directamente al Juzgado Federal mediante presentación de un Habeas Corpus. Estos mismos solían reiterarse tres y cuatro veces después de sucedido el hecho en el afán de conocer el destino del/la desaparecido/a.
Ante los reclamos, los ex jueces se limitaban a realizar gestiones absolutamente formales. Solicitaban información sobre la posible detención a las Policías, la penitenciaría, en algunos casos a la VIII Brigada u otras fuerzas, siempre con resultado negativo; ellos repetían que los y las secuestradas no estaban en ninguna parte y las actuaciones judiciales iban a vía muerta, más aún, solían rechazar los pedidos con costas para los familiares de las víctimas.
Se dieron numerosos casos en que los ex magistrados hoy acusados dispusieron de elementos para iniciar la investigación, a la que estaban obligados por su función de administradores de justicia; sin embargo, eligieron el camino de asociar su tarea al exterminio practicado por la Dictadura.
Pistas sin investigar
Varias de las piezas conocidas en la jornada resultan significativas por clara decisión de los ex jueces de no tomar el camino de la búsqueda y la investigación que permitiera esclarecer los sucesos. Así, el padre del matrimonio de Antonia Campos y José Alcaraz se presentó ante el Tribunal y urgió su intervención argumentando que había tomado conocimiento, por medio de los familiares de detenidos en el D2, de que su hijo y su nuera se encontraban en ese lugar; más aún, los nombres de ellos estaban consignados en un libro del D2 que registraba la devolución de los prontuarios de ambos al D5, en fecha próxima a su detención. El juez Guzzo y el fiscal Romano desestimaron el dato, no ordenaron investigación alguna y nada hicieron para evitar su trágico final.
Como una muestra más, fue revelado que Mauricio López (secuestrado y visto por última vez en el Campo Las Lajas) envió una carta desde su cautiverio, aportada por su hermano; de lo escrito por el ex Rector de la Universidad de San Luis se infiere que estaba detenido, se dice bien tratado y agradece la intervención realizada por el Consejo Mundial de Iglesias para que se esclarezca su situación. A pesar de que la nota que obra en el expediente debería haber movilizado una indagación seria, tanto el juez Guzzo como el fiscal Romano la cumplieron con una rutinas habitual consistente en rechazar o sobreseer las causas para mandarlas al muere; aportando su granito de arena para que se consumen los crímenes de aquellos días.
Finalmente, entre otras causas en las que se contaban con elementos como para investigar, vale destacar el caso de Salvador Moyano, quien había pertenecido a la Policía de la Provincia y fue herido al resistir su secuestro. Sucedió que del lugar del hecho la Policía recogió la vaina de un proyectil y su esposa reconoció a un hombre de la Fuerza entre quienes realizaban el procedimiento; sin embargo los sucesivos H. Corpus presentados por sus familiares fueron rechazados por los jueces Guzzo y Petra, mientras que el entonces fiscal Romano afirmaba, alegremente, que no había indicios suficientes para iniciar una investigación.
De lo escuchado en la jornada se entrevé la complicidad de los ex jueves con los ilícitos cometidos en Dictadura. Más llamativo aún es el tono displicente con que el fiscal Romano respondía los HC presentados por los desesperados familiares; son clara expresión de una baja calidad humana.
