18-03-14 | En una larga y extenuante audiencia, la fiscalía terminó la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la “Causa de los Jueces” y comenzó la del D2. Se vivió una jornada especial con provocadores carteles en la entrada e intentos de dilatar el juicio por parte de los exjueces Miret, Petra y Romano.
A primeras horas de la mañana, en el ingreso a la sala de audiencias, fueron colgados carteles injuriosos que hacían alusión a la inexistencia de los Desaparecidos y pedía la libertad de los represores procesados por delitos de lesa humanidad. A raíz de la solicitud del abogado Pablo Salinas, quien calificó la novedosa cartelería como indignante y atentatoria al respeto entre las partes, el Tribunal dispuso se retirara la pancarta injuriosa y recién entonces pudo comenzar la audiencia.
El tribunal pide que se retire una de las banderas
Viejas mañas de los ex jueces
El fiscal Dante Vega terminó de leer la Causa 098 G que se completó con las omisiones de investigar las privaciones ilegítimas de la libertad y torturas contra Néstor Ortiz, María Florencia Santamaría, Héctor Eduardo Mur, Elena Bustos de Mur, Roberto Gaitán, Edith Arito, Alfredo José Scafatti y Carlos Cangemi.
Además se conoció el sonado caso de Luz Amanda Faingold, secuestrada el 29 de agosto de 1975 cuando tenía apenas 17 años. Trasladada al D2, fue golpeada, violada y permaneció seis días incomunicada con la anuencia del juez Miret y el fiscal Romano. Entre otras cosas, ninguno aplicó las medidas tutelares, por tratarse de una menor, previstas en la Ley de Patronato.
Finalmente, se dio lectura al caso de sustracción de la beba de 9 meses, Celina Manrique Terrera, y la desaparición de sus padres, Alfredo Manrique y Laura Terrera; los tres secuestrados el 24 de julio de 1977 en la terminal de ómnibus de Mendoza. Además de la indiferencia acostumbrada por los ex jueces; durante el año ‘87, Romano decidió archivar la causa, a pesar de que la apropiación de menores estaba exceptuada de la Ley de Obediencia Debida.
En definitiva, los cuatro ex jueces deben enfrentar cargos por no cumplir con sus deberes y omitir investigar numerosos ilícitos. En el caso del ex juez Miret, está implicado en 35 causas; Carrizo en 19; Petra en 22 y Romano tiene el récord, con 97 en total.
Alargar el juicio por si acaso
Al cerrarse este tramo, el Presidente del Tribunal, Dr. Piña, propuso obviar la lectura de los requerimientos de la parte querellante, en este caso la Secretaría de la DDHH de la Nación y el MEDH de Mendoza, dado que eran idénticas a las ya leídas por la Fiscalía. Para tal fin ofreció las copias a los ex Jueces imputados y a sus abogados con resultados disímiles. El ex juez Carrizo al igual que el Defensor Oficial aceptaron la propuesta mientras que Miret, Romano y Petra pretendieron que se leyeran nuevamente, a sabiendas de que se trataban de los mismos argumentos e imputaciones ya escuchados. Tanto los querellantes Salinas como Peñaloza reaccionaron señalando maniobras para alargar el juicio innecesariamente. El entredicho obligó al Tribunal a dictar una Resolución que ratificaba la distribución de las copias entre los imputados y cerró el asunto, no sin antes escuchar las quejas del defensor Ariel Civit que se transformó en vocero de un contrariado Romano.
Escuchá la intervención del abogado querellante Fernando Peñaloza
Malos recuerdos
Con gestos serios, mezclados con alguna sonrisa nerviosa, los ex policías del D 2, imputados por apremios, torturas, ataques sexuales a hombres y mujeres, homicidios y desapariciones de personas escucharon parte del Requerimiento de la Elevación a Juicio de la Causa 003 y accs., que los llevaron a estar sentados en el sitial reservado para los acusados.
Los fiscales Dante Vega y Patricia Santoni empezaron por la causa “Fiscal contra Roque Luna” que alcanza a 20 personas que sufrieron el encierro ilegal en aquel Centro Clandestino de Detención –CCD-, con torturas, ataques sexuales, lesiones y daño psicológico. Entre ellas/os se encuentran Alicia Morales junto a su pequeño hijo Mauricio y hija Natalia Galamba; María Luisa Sánchez y sus pequeñas Josefina y Soledad Vargas; Elvio Belardinelli, Mario Roberto Díaz, José Luis Bustos, Jesús Manuel Riveros, Alfredo Ghilardi, Roque y Carlos Luna, José María Medina, David Blanco, Ramón Alberto Córdoba, Daniel Ubertone y Rosa del Carmen Gómez. Dentro de este grupo se encuentran las desapariciones de Edesio Villegas, estudiante de Periodismo y militante de la Juventud Peronista y de Jorge Vargas, abogado sanjuanino que fue visto, por su propia esposa, en un estado físico deplorable en el interior del D2. Por otro inciso se prevé analizar el asesinato de Sabino Rosales que, en enero del ’77, fue abatido a balazos y pasó por el D 2. En días próximos a este hecho, fueron secuestrados Francisco, Pablo y María Guadalupe González, tres hermanos que padecieron las acostumbradas vejaciones practicadas en ese lugar.
La buena memoria
Los sobrevivientes han conseguido aportar los datos que hacen posible este juicio. Luna logró reconocer, mediante fotografías, a algunos de los represores que lo castigaron como a Marcelo Moroy, Pablo Gutiérrez (presentes en la sala de audiencias) y Timoteo Rosales (apartado provisoriamente por razones de salud). Por otro lado, David Blanco, Ramón Alberto Córdoba y Daniel Ubertone, empleados bancarios y delegados gremiales detenidos en junio de 1976, reconocieron a quienes estaban cargo de las sesiones de torturas, como a los ya citados Moroy, Gutiérrez y Rosales, y también a Francisco Alberto López (prófugo) y Antonio Indalecio Garro, detenido en el Penal de Ezeiza.
En la misma causa, por primera vez llegan a juicio sucesos que develan a la Comisaría 7ma de Godoy Cruz como sede de un CCD. Hasta allí llegaron detenidos y fueron torturados Luis Matías Moretti, Francisco Amaya, Pablo Seydell. Éste vio con vida a
Rubén Bravo, hoy desaparecido. Los dos últimos reconocieron entre sus torturadores a Indalecio Garro y José Lorenzo, presente en la sala.
Continuará…
Ya por la tarde, al cierre de la jornada de este martes, comenzó la lectura de los requerimientos de la denominada Causa Rabanal, que incluye ilícitos contra representantes de gremios estatales y militantes del peronismo de izquierda, ocurridas entre el 6 y el 20 de febrero de 1976.
Antes del cuarto intermedio, dispuesto hasta el martes 25 de marzo a las 9.30, la fiscal Patricia Santoni alcanzó a leer los casos de Daniel Hugo Rabanal, Marcos Ibáñez (murió en la U9 de La Plata), Silvia Ontiveros y su hijo de 4 años, Alejo Hunau, Fernando Rule, Rodolfo Molinas, Stella Maris Ferrón, Miguel Ángel Gil (fallecido como consecuencia de las torturas), Olga Vicente Zárate y Guido Actis. Todos pasaron por el D2 y fueron víctimas del vandalismo ya conocido y reiterado en estos juicios. Vale recordar el caso de Gil para tomar nota de la perversidad de los verdugos. Como lo vieron muy deteriorado, con lesiones mayores, los captores obligaron a los detenidos a armar una pirámide humana y abajo colocaron a Gil provocándole la muerte. La lectura de este hecho permitió observar ceños fruncidos entre los imputados.
Desde el público, varias mujeres y hombres que estuvieron en el D2, revivieron aquellos momentos como “absolutamente dolorosos”.
