09-02-15 | Al reiniciarse los debates del IV juicio por delitos de lesa humanidad, declaró Francisco González, por videoconferencia, acerca de su propia detención y la desaparición forzada de su hermano Ricardo, en enero de 1977. Luego se escuchó a Susana Porras y a Oscar Pérez, compañeros de cautiverio en el D2, quienes aportaron la identificación de varios miembros de esa dependencia, partícipes de la represión ilegal, en 1979.
El Tribunal Oral Federal 1 se constituyó nuevamente para reabrir el debate de la Megacausa que ocupa al cuerpo desde febrero de 2014. El mismo está constituido por Alejandro Piña en calidad de Presidente, acompañado por Raúl Fourcade, Juan González Macías y Héctor Cortés.
Aportes de Francisco González
Desde la Embajada Argentina, en Madrid, declaró el hermano de Ricardo González, desaparecido en un procedimiento que se realizara entre el 16 y el 17 de enero de 1977, en la vivienda que compartía con Osvaldo Sabino Rosales, asesinado en una emboscada en el mismo domicilio.
Francisco González, detenido en su hogar mientras se ejecutaba el operativo, fue trasladado al D2 e interrogado sobre su pertenencia a Montoneros y acerca del paradero de su hermano; al respecto aclaró que había militado en el peronismo de base y que no sabía dónde residía Ricardo. Horas después lo sacaron de su cautiverio, “aquí vive tu hermano” le indicó un miembro del grupo de tareas frente a una vivienda ubicada en Dorrego, escenario de la desaparición y asesinato de González y Rosales.
Sobre su permanencia en el D2, el testigo aseguró: “vi que traían a un hombre cargado, arrastrándolo”- agregó- parecía muerto. Sin duda se trataba de Osvaldo Sabino Rosales a quien, posteriormente, la familia González identificó en la morgue cuando, presumiendo que allí se encontraba el cuerpo de Ricardo, se acercó a un reconocimiento en esa dependencia.
Francisco González, quien insistió ante el Tribunal de este IV Juicio para que lo llamen a declarar y poder aportar con sus datos al esclarecimiento de lo sucedido en el D2 y en lo que se refiere a su propia detención y la desaparición forzada de su hermano, también indicó que presenció cómo se repartían los muebles de su hermano entre los miembros del D2 y, además, mencionó a Francisco Jesús Fiumarelli como un personaje que conocía y hacía alarde de las tropelías que se cometían puertas adentro de ese Centro Clandestino de Detención y Tortura. Dijo que solía repetir “éste ni para tonto va a servir”, refiriéndose a algún detenido en el D2.
El represor Usinger en el ojo de la tormenta
Susana Paula Porras fue secuestrada el 20 de junio de 1979, año en el que siguió funcionando el aparato represivo estatal a pesar de que ya comenzaban a conocerse las desapariciones forzadas de personas.
Susana fue convocada como testigo en las causas que tienen como víctimas a Ángeles Gutiérrez de Moyano (desaparecida) y a Oscar Pérez, secuestrado durante 51 días en el D2 y luego detenido en distintos establecimientos penitenciarios, hasta diciembre de 1983.
Porras fue delegada sindical de ATE -trabajaba en el Ministerio de Educación- y militó en una rama de la Juventud Peronista. Al momento de ser capturada llevaba mucho tiempo alejada de la actividad política y estaba aquejada por un serio problema de salud tras varias cirugías.
En los interrogatorios fue golpeada y también recibió ataques sexuales. Le preguntaban por compañeros de militancia y sus domicilios. También la atormentaban moralmente y en esos maltratos psíquicos fue que escuchó que en el D2 estuvo su amiga Ángeles Gutiérrez de Moyano, desaparecida desde el 20 de abril de 1977. Los verdugos se ufanaban de los padecimientos de Ángeles, quien era jubilada docente y tenía 60 años cuando la secuestraron. El testimonio de Susana permite inferir que Ángeles Gutiérrez estuvo alojada en el D2.
Otro dato importante aportado por Porras es el relacionado con Roberto Usinger, policía del D2, quien participaba activamente de los interrogatorios en los que, curiosamente, los carceleros se mostraban interesados en conocer la situación económica de la familia Porras y las propiedades con que contaban.
El 17 de agosto de 1979 a Susana Porras la dejaron volver a su casa, pero con libertad vigilada, a cargo de Usinger, quien se presentaba asiduamente en el domicilio con álbumes de fotografías de militantes políticos.
De Usinger hay que recordar que está detenido desde 2012 cuando una nota periodística lo mostró como un llamativo personaje, vendedor de antigüedades en la plazoleta Alem. Al ser publicada su foto, la Fiscalía lo identificó y de inmediato se produjo su aprehensión.
Nuevamente Usinger y otros nombres
Un testimonio cargado de emoción fue el de Oscar Miguel Pérez quien, con gran fortaleza, hizo un esfuerzo de memoria y dio el nombre de quienes en 1979 cumplían funciones en el D2.
Oscar nació en Chile pero desde niño vivió en Mendoza. Tuvo militancia política afín al peronismo en los años ‘74 y ‘75, como parte de la comunidad del barrio San Martín, donde residía junto a su esposa y cuatro hijos.
Era albañil y se dirigía a su trabajo el 8 de mayo de 1979 cuando lo interceptaron desde una camioneta y lo secuestraron. Su siguiente destino fue el D2 donde vivió 51 días de horror. Durante 21 días no recibió ningún tipo de alimentos y fue víctima de todo tipo de torturas.
Por compartir cautiverio con tres personas relacionadas con las fuerzas armadas y que estaban allí supuestamente por tráfico de armas supo los apellidos de sus captores y nombró a Oyarzábal, Fernández, Bustos Medina (fallecido), Sosa (de San Rafael), Scachi, Jordán y Usinger. Indicó que éste último era de los más activos en las sesiones de tormentos mientras que, en los interrogatorios, Oyarzábal simulaba la voz con acento porteño.
Uno de los tres detenidos por tráfico de armas, perteneciente al Ejército, Mario Casanaro, le brindó los primeros alimentos, hecho que reivindicó como gesto humanitario.
Oscar Pérez estuvo en el D2 para la misma época que Susana Porras y con Luis Alfredo Montoya. De las mazmorras del Palacio Policial salió rumbo a la Penitenciaria Provincial, probablemente gracias a una gestión del Consulado Chileno que hizo posible que lo blanquearan. Posteriormente, fue condenado por un Consejo de Guerra en el que un teniente Escudero fue su defensor, pero lo declaró «delincuente terrorista internacional». Recuperó su libertad en el penal de Rawson en diciembre de 1983.
El testigo cerró su testimonio con un homenaje a tres militantes asesinados que contribuyeron al surgimiento del Barrio San Martín y aseguró que se presentó a declarar porque tenía 30 mil razones para hacerlo.
El debate se reinicia la mañana del 10 de febrero. Están citadas a declarar cuatro personas.
