AUDIENCIA 74 / EXJUECES, CADA VEZ MÁS COMPLICADOS

27-04-15 | Los cuatro testimonios de esta audiencia permitieron ratificar que una parte importante de la Justicia Federal fue funcional al aparato represivo estatal. Hugo Tomini, quien estuvo secuestrado en el D2 y preso en la Penitenciaría Provincial y en La Plata, y los familiares de desaparecidos, Mirta América Granic, Dora De Marinis y Haydée Moreno de Suárez, relataron cómo jueces y fiscales, entre quienes fueron mencionados Otilio Romano, Luis Miret y Guillermo Petra, ignoraron o boicotearon cada denuncia presentada.

Hugo R. Tomini por teleconferencia

Miret en el D2

Hugo René Tomini declaró por teleconferencia desde la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Militante de la Corriente Socialista ligada a la organización Poder Obrero, fue detenido el 28 de agosto de 1975 en la vía pública. Un policía lo paró en la calle, le pidió los documentos y a continuación lo trasladaron en un carro de asalto al domicilio donde residía en ese momento, perteneciente a la familia de su compañero Juan Carlos Yanzón, también secuestrado. Allí lo maniataron y le propinaron una golpiza, mientras lo interrogaban buscando información sobre un supuesto “contrabando”.
Luego del interrogatorio, fue trasladado en el baúl de un auto al D2, donde coincidió con Eduardo Glogowski, Luz Faingold, Prudencio Mochi, Raquel Miranda, Ricardo D´Amico, Juan Carlos Yanzón y su padre, Blas Armando Yanzón, entre otros secuestrados para la misma época. En esta dependencia fue torturado e interrogado, y recordó haber oído la voz de Luz Faingold implorando que no la ultrajaran.
Tomini declaró haber visto a Luis Miret en dos oportunidades mientras duró su cautiverio. La primera de ellas fue en el D2, donde la guardia lo sorprendió con la orden de ponerse de pie “porque venía el señor Juez”. Gravemente herido como producto de la tortura no pudo cumplir con el requerimiento, pero logró verlo desde el suelo. El exmagistrado le preguntó cómo estaba, y al responderle que se sentía muy dolorido, recibió como única respuesta las palabras “hay que aguantar”.
La segunda vez fue en el Juzgado Federal, adonde lo trasladaron a él y sus compañeros. Allí tuvo una audiencia con Miret, en la que no se le comunicó estar acusado de ningún delito. Luego fue llevado a la Penitenciaría. Los primeros tres meses pudo recibir algunas visitas esporádicas de sus padres y de su abogado, Alberto Marcelo Oro, desaparecido el 30 de octubre de 1976, a quien recordó como un amigo.
Permaneció en la Penitenciaría hasta septiembre de 1976, cuando fue trasladado a la unidad 9 de La Plata.
En 1979 se le dio la opción de salir del país. Ante el requerimiento del padre de Tomini, Miret firmó su absolución, alegando que “si los militares no tenían nada en contra de él, yo tampoco”.
El testigo se trasladó a Italia, y permaneció allí hasta 1984, año en el que retornó al país.

El hermano familiero

Declara Mirta América Granic

Mirta América Granic es la hermana menor de Héctor Pablo Granic, quien permanece desaparecido desde el 14 de mayo de 1976. El muchacho tenía 20 años, se había recibido de técnico industrial y estaba en la búsqueda de trabajo. Su hermana lo definió como un joven muy familiero y tranquilo, al que le gustaba tomar mate y escuchar música con sus amigos.
La noche que lo secuestraron, cerca de las 2.30, un grupo muy numeroso de personas, uniformadas (probablemente del Ejército) y de civil, invadió la casa del barrio Batalla del Pilar, de Godoy Cruz. A todos los integrantes de la familia los hicieron tirar al piso y quedar boca abajo, mientras se llevaban a Héctor y a un amigo, que según las actuaciones policiales era de nombre Pedro Rafael Quinteros, aunque podría tratarse de Eduardo Beliveau, desaparecido.
La familia hizo la denuncia en la Seccional Séptima de Godoy Cruz y luego presentaron numerosos Habeas Corpus, todos rechazados. Mirta recordó, entre los amigos y compañeros de su hermano, a los hermanos Talquenca y a Virginia Suárez, desaparecidos.

Vergüenza hasta el último día

Dora Cristina De Marinis, durante su declaración

Dora Cristina De Marinis es hermana de Lidia Beatriz, desaparecida desde el 3 de junio de 1976. Ya había dado testimonio el 22 de marzo de 2011. Recordó que la misma noche en que secuestraron a Lidia, también su casa fue víctima de un operativo, probablemente previo, o simultáneo al que ocurrió en casa de su mamá, de donde se llevaron a su hermana.
Lidia, militante del ERP, había regresado de Buenos Aires hacía pocos días, con su hijo Lisandro –de cinco meses- y estaba junto a sus padres y su hermano Gustavo. Entres 6 y 8 personas, con pasamontañas, borceguíes y ropa oscura irrumpieron en el domicilio de Catamarca y Montecaseros y se llevaron a Lidia en camisón, previo a atar y vendar a sus padres y hermano. Lo mismo hicieron en casa de Dora, con ella y su esposo, Elbio Villafañe.
Desde entonces comenzó un largo peregrinaje por comisarías, dependencias militares, la iglesia y la Justicia Federal. Al día siguiente del secuestro, Dora interpuso un recurso de Habeas Corpus, que les ayudó a redactar el doctor Oscar Dimas Agüero, quien se negó a patrocinar a la familia, y luego de esto no quiso atenderlos más.
Los De Marinis presentaron varias Habeas Corpus pero no obtuvieron respuestas más que negativas. De los rechazos a estos recursos tuvieron participación Luis Miret y Otilio Romano. Cuando le hicieron saber que además les impusieron costas, Dora dijo que “de ninguna manera pagamos. Eso fue el colmo de los colmos. Estaban actuando de mala fe, mintiendo y encima pretendían que pagáramos. La gente que hizo eso debería sentir vergüenza hasta el día de su muerte. Nosotros sabíamos que los desaparecidos podían pasar al status de detenidos pero para eso había que ser amigo de un juez o un militar”.
La testigo dedicó además unas palabras a su madre, María Isabel Figueroa, fallecida en 2012. “Ella, hasta con 90 y pico de años, no dejó un sólo día sin buscar a su hija. Luego de declarar en el juicio en 2011 y tras la sentencia, murió tranquila, sabiendo que había cumplido su tarea”.

Habeas Corpus sistemáticamente rechazados

Haydée Moreno de Suárez

La audiencia del día lunes finalizó cuando compareció Haydée Moreno de Suárez, madre de Virginia Adela Suárez, desaparecida desde el 13 de mayo de 1976.
Alrededor de las 3 de la madrugada de ese día irrumpió en su domicilio de Godoy Cruz, en forma violenta un grupo de aproximadamente 20 personas armadas. Además de Virginia, se encontraba allí Haydée con su hijo Carlos, quienes fueron vendados y obligados a permanecer boca abajo en la cama, mientras les revolvían la casa. Se apoderaron de diversos objetos de valor, como máquinas de escribir, un proyector perteneciente a la escuela en que Haydée era directora, e incluso robaron dinero. A Virginia se la llevaron en camisón.
Las gestiones realizadas por la testigo, a fin de averiguar el paradero de su hija, no dieron resultado alguno, más que la demostración de la desinteresada actuación de la Justicia Federal. En primera instancia, la mujer presentó una denuncia en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz. Esa denuncia llegó a manos del entonces juez Luis Miret y del exfiscal Otilio Roque Romano quienes no le dieron curso. Además, tres Habeas Corpus fueron rechazados por Gabriel Guzzo y Guillermo Petra Recabarren.
Pablo Salinas le preguntó a Haydée si alguna vez la notificaron o le dieron alguna información sobre los resultados negativos tanto para sus denuncias como para las presentaciones judiciales. La respuesta fue contundente: “Me estoy enterando ahora”.
Las evidencias reveladas por el abogado del MEDH provocaron un exabrupto de Otilio Romano, quien intentó interpelar a Salinas, pero fue advertido por Alejandro Piña, presidente del TOF, de que si insistía lo desalojaría de la sala.
Este martes habrá una nueva audiencia pero no se dio a conocer quiénes serán los testigos.

 

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El Colectivo Juicios Mendoza se conformó en 2010 por iniciativa de los Organismos de Derechos Humanos para la cobertura del primer juicio por delitos de lesa humanidad de la Ciudad de Mendoza. Desde ese momento, se dedicó ininterrumpidamente al seguimiento, registro y difusión de los sucesivos procesos judiciales por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.