20-04-17 / Con el repaso de los asesinatos de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano así como la privación de la libertad de Luis Vázquez, finalizó la lectura del Requerimiento de elevación a Juicio de la acumulación de expedientes reunidos en eta megacausa. El Tribunal abrió el debate. Alberto Aguinaga, defensor de Carlos Rico, presentó formal recusación contra el fiscal Dante Vega por su supuesta pertenencia a “Justicia Legitima”.
En la jornada culminó la lectura del Requerimiento de Elevación a juicio contra los oficiales de la Policía Federal José Luis Mirotta y Marcelo León, implicados en los crímenes arriba señalados. Asimismo, se dio a conocer el Requerimiento por la privación ilegítima de la libertad del dirigente sindical Luis Vázquez.
DOS EPISODIOS TRÁGICOS
En base al relato de Carmelo Cirella Paredes, un expolicía federal, se conoció la participación de esa fuerza en los asesinatos de Amadeo Sánchez Andía, en 1975 y de Víctor Romano Rivamar, al año siguiente. Cirella, ya fallecido, confesó haber pertenecido al aparato ilegal de esa fuerza y proporcionó detalles de los procedimientos y los miembros de la Federal involucrados en ambos operativos. Sus dichos fueron coincidentes con pruebas y testimonios que acreditan las imputaciones.
Amadeo Sánchez Andía, de nacionalidad peruana, estudiante de Comunicación Colectiva, de 31 años de edad, fue secuestrado del Hospital Regional de San Martín y una semana después, fusilado en Canota.
El joven era correo del PRT-ERP. El 29 de mayo de 1975 se dirigía a Córdoba cuando el ómnibus que lo trasladaba chocó con un camión. Como resultado del impacto Sánchez resultó herido e internado en el Hospital de San Martín. Días después, el 5 de junio, se retiró la custodia policial al paciente y el mismo día, un grupo comando lo sacó en vilo del nosocomio en medio de un apagón. En la retirada, un miembro de la patota perdió un llavero que llevaba la inscripción “Escuela Ramón Falcón”, precisamente donde se formaban los cadetes de la Policía Federal.
El herido fue trasladado en una ambulancia y al día siguiente, el 6 de junio, apareció su cuerpo en el lecho del río Seco, con numerosos impactos de bala y un tiro de gracia. Para mayor escarnio, pintaron con brea sobre su cuerpo desnudo “por traidor Monto” para simular un ajuste de cuentas entre organizaciones político-militares.
Cirella, quien era chofer, ofreció los nombres de quienes secuestraron a Amadeo Sánchez: entre ellos se encontraba Marcelo León.
Víctor Romano Rivamar tenía 31 años y trabajaba en el Poder Judicial. Fue secuestrado el 22 de abril de 1976 y fusilado en Papagayos. Según los dichos de Carmelo Cirella, el subdelegado de la Policía Federal, José Luis Mirotta le instruyó que se deshiciera del cuerpo de Romano en cumplimiento de las órdenes de su jefe. Así, fue ocultado en las inmediaciones de las vías en Pedregal. Días después, en mayo, la policía de Maipú encontró el cadáver semienterrado en el Campo Ortega. Familiares de la víctima lo reconocieron y recuperaron sus restos.
Víctor Romano no tenía militancia sindical ni política, sin embargo, quedó, posiblemente, atrapado en una trama mafiosa. Los familiares de Romano recibieron cuatro llamadas, supuestamente de EEU, país en el que residía un hermano de la víctima, Hugo Armando Romano, quien tendría supuestas “actividades subversivas”. Su pareja estaba vinculada a un oscuro personaje, Juan Bataglia, quien solía extorsionar a los residentes en ese país para que regresaran a la Argentina, bajo amenaza de sufrir como represalia el asesinato de un familiar.
Bataglia, supo la familia años después, era un delincuente que trabajaba en combinación con la fuerza represiva. También, los Romano Rivamar, pudieron constatar que nunca existieron llamadas desde Estados Unidos, sino que provenían del centro de comunicación del Comando del Ejército local. Tal aseveración, 13 años después, fue confirmada por un soldado conscripto, quien aseguró que desde esa dependencia se hacían llamadas ficticias como si fueran del exterior.
Por todo lo dicho, la Fiscalía estableció la responsabilidad penal en calidad de coautores sobre Luis José Mirotta y Marcelo León. Ambos miembros y partícipes de los operativos llamados antisubversivos, entendidos como crímenes de lesa humanidad, son acusados por:
- privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, en los casos de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar.
- homicidio agravado por el uso de armas de fuego, por los mismos dos hechos.
- tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, en perjuicio de Amadeo Sánchez Andía.
ÚLTIMO CASO
Luis María Vázquez era empleado del Ministerio de Educación y Cultura. Fue secretario del Sindicato de Obreros y Empleados Públicos de Mendoza entre 1972 y 1974, gremio fuerte y combativo. El 1 de diciembre de 1975 fue secuestrado por personal del Ejército en su trabajo, luego de rodear el lugar con vehículos y efectivos militares.
Vendado y maniatado lo trasladaron a la Compañía de Comunicaciones de Montaña. Allí fue víctima de múltiples torturas y tres simulacros de fusilamiento de ese Centro Clandestino de Detención, recordó al teniente Migno en una declaración.
El 19 de diciembre ingresó y formó parte del traslado masivo a la Unidad N°9 de La Plata. En ese penal asistió de cerca al fallecimiento por torturas de Marcos Ibañez. Denunció además que le inventaron una causa recién en el año 1977, acusándolo de integrar una orden del ERP y participar del ataque al destacamento del Algarrobal. En 1979 fue trasladado a Caseros, desde donde recuperó su libertad el 25 de diciembre de 1980.
Por el caso de Luis María Vázquez se encuentran acusados Luciano Benjamín Menéndez y Dardo Migno Pipaon, por los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y haber durado más de un mes; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima; y Migno está acusado del delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.
Aguinaga recusó al Fiscal
El presidente del Tribunal, Alejandro Piña, declaró abierto el debate. Ante el pedido de presentación de planteos preliminares de las partes, el abogado Alberto Aguinaga, defensor de Carlos Rico, pidió la palabra.
Luego de que se rechazó la recusación que presentó en la etapa instructora contra Dante Vega, volvió a impugnar la participación del fiscal general en la causa. Esto fundado en la supuesta pertenencia de Vega a la agrupación “Justicia Legítima” (JL), situación que el defensor consideró escandalosa. Prueba de esa supuesta pertenencia, afirmó Aguinaga, fue su participación en un seminario dictado en la Universidad Nacional de Cuyo, organizado por Justicia Legítima, a donde fueron invitados diversos magistrados y juristas, entre ellos Vega.
Nombró distintas notas editoriales de La Nación, particularmente la titulada “No más venganza”, del 23 de noviembre de 2015, que según él refiere a esa “secta que pretende intervenir en la justicia argentina”. Mencionó, además, que JL solamente quería proteger “a sus pupilos, que lamentablemente son militantes de La Cámpora”. A lo largo de su planteo dejó al descubierto su afinidad con el conservadurismo demócrata y los fantasmas que rondan cualquier propuesta innovadora; un discurso típico de la prehistoria del pensamiento.
La agrupación, siguió Aguinaga, sería una “usurpación facciosa de la justicia, que determina que los jueces que no pertenecen a esa agrupación no serían legítimos”, según su interpretación.
Esta demonización concluyó en que Justicia Legitima se asimilaría a los partidos políticos por lo que Vega, no es un fiscal común, sino que actúa como militante; por ende, carece de la imparcialidad y objetividad necesaria.
Insinuó que las causas de lesa humanidad no son reales sino armadas. Pidió, además, que se apartara del proceso al fiscal ad hoc Ortiz, refiriéndose presumiblemente a Daniel Rodríguez Infante, quien actualmente cubre ese cargo.
La próxima audiencia será el jueves 27.
