20-10-17 / En la sesión de la fecha declararon Miguel Ángel Rodríguez, relatando su paso por la comisaría 33 a fines de 1976 y Carlos A. Rossi, secuestrado en 1977 y llevado al D2, indagado acerca de las personas con las que compartió cautiverio en ese centro clandestino de detención. Finalmente, a pedido de la defensa, el abogado Juan Carlos Aguinaga, se presentó a testimoniar en favor del acusado Carlos Rico.
Miguel Ángel Rodríguez , oriundo de General Alvear, estudiaba ingeniería en Buenos Aires y se acercó a la militancia de la Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista Combativa (TUPAC). Por el asesinato de un líder del gremio estudiantil se volvió a la ciudad de Mendoza. Aquí mantuvo contacto con la misma agrupación. Se incorporará su declaración del 28 de octubre del 2014.
El 17 de diciembre de 1976 cerca de la medianoche se encontraba repartiendo volantes con su compañero Enrique Krzyzanowsky en la zona del barrio San Martín. Particularmente, en el barrio Obrador, que tenía un zanjón sin puente y por ello costaba salir. En los folletos reclamaban por esa situación.
Al llegar a una esquina, unos policías los detuvieron al grito de “¡alto!”, los tiraron al suelo y los revisaron. Los escoltaron a pie por el zanjón, les gritaban con mucha violencia e incluso hubo disparos que Rodríguez interpretó como simulacros de fusilamiento. Durante el trayecto se fue sumando personal policial y los dejaron en la Comisaría 33. De ese lugar recuerda reiterados y fuertes golpes y patadas mientras le preguntaban nombres de sus responsables. Para librarse, Miguel Ángel inventó que se había encontrado el paquete con panfletos. Tenía miedo de lo que le pudiera pasar.
Esa misma noche fueron trasladados en un furgón celular al D2 donde estuvieron hasta mediados de enero. En ese centro clandestino estuvieron alojados junto con Alfredo Hervida, a quien conocía de antes y había sido detenido en una circunstancia similar. Recordó de este compañero que cuando los llevaron a la penitenciaría tenía “una pierna suelta” y no podía caminar. También estaban en el D2, Rosa Gómez, Norma Arenas, Hilda Isabel Núñez con su beba y Ciro Jorge Becerra.
A mediados de enero, Miguel Ángel Rodríguez fue trasladado con Krzyzanowsky al penal provincial. Allí lo obligaron, a los golpes, a firmar una supuesta declaración y el 24 de marzo del ‘77 lo llevaron en un avión Hércules a la Unidad 9 de La Plata. Aunque había suscripto una autorización para que su abogado defensor fuera Petra Recabarren, recién supo en la U°9 las razones de su detención por una visita del secretario del juez Guzzo.
En esa cárcel tuvo contacto directo por primera vez con un familiar. Luego obtuvo su libertad desde Caseros, el 21 de julio de 1980.
Carlos Alberto Rossi fue llevado de su domicilio de Rivadavia el 9 de septiembre de 1977. Permaneció 14 días en el Departamento de Investigaciones de la Policía de Mendoza (D2) tras los cuales ingresó en la penitenciaría provincial. Recuperó la libertad en abril del año siguiente. Dado que Rossi ya brindó testimonio en otra ocasión, la fiscalía solicitó la incorporación de esas declaraciones.
El testigo relató que fue secuestrado por tres personas de civil que descendieron de un Citroën y le pidieron que los acompañara hasta la comisaría a tomarle declaración. Sin embargo, lo encapucharon y condujeron al D2 en la ciudad de Mendoza. Durante los 14 días que estuvo detenido, reconoció haber compartido cautiverio con otros vecinos de Rivadavia, entre ellos Carrasco, Burgoa, Pellegrini y Antonaci, todos de Rivadavia, actualmente fallecidos. También mencionó la presencia de un matrimonio y otras personas detenidas desconocidas.
Además, recordó que un día escuchó los gritos de una mujer que a lo largo de una hora o más, entre lamentos y quejidos, pronunció su nombre y su procedencia: decía ser del departamento de Las Heras. Luego no se escuchó más. Lamentablemente, el testigo no recuerda el nombre de la mujer.
Proteger al mundial de fútbol
La defensa citó como testigo a Juan Carlos Aguinaga, exministro de Seguridad que nombró a Carlos Rico como Subsecretario durante su breve paso por el ejecutivo provincial. La presencia de Juan Carlos Aguinaga, hermano del exabogado defensor del propio Rico, Alberto Aguinaga, responde a la clara estrategia de la defensa de señalar a Rico como víctima de persecución política.
Juan Carlos Aguinaga es abogado y exsenador por el Partido Demócrata (PD). En 2007 asumió como Ministro de Seguridad provincial durante el gobierno de Celso Jaque. Renunció cuatro meses más tarde, en abril de 2008.
El testigo relató su incorporación al gabinete de Jaque como parte de un equipo que durante diez años se desempeñó en materia de seguridad: entre sus miembros, “sin pertenencia partidaria”, se encontraba el excomisario Carlos Rico.
Dijo haber tenido plena libertad para designar a su grupo de trabajo ministerial. Sin embargo, luego del nombramiento de Rico como Subsecretario de Seguridad comenzaron a llegar pedidos de informe por la participación del mismo durante el terrorismo de Estado en nuestra Provincia, concretamente como miembro instructor del Grupo Especial ’78, un grupo policial “para proteger al mundial de fútbol de cualquier acción del tipo subversiva”, según el propio Aguinaga.
Luego, narró un episodio ocurrido en Uspallata, en una reunión ampliada de gabinete. En esa ocasión, Sergio Miranda, hijo del exjefe del D2 entre agosto y diciembre de 1977 y dirigente del PD que se desempeñaba como subsecretario de Relaciones con la Comunidad, le transmitió un mensaje instándolo a despedir a Rico para evitarle “ataques” a la gestión de turno. Aguinaga aseguró haberse negado. Posteriormente, fue convocado por la Legislatura para dar explicaciones frente a las acusaciones contra su subordinado y denunció haber sufrido “hostigamiento constante” y manifestaciones políticas contra el excomisario.
Por esta razón, a los cuatro meses de asumir, él y Rico renunciaron a sus cargos. El testigo afirmó que Rico “está preso” porque él no lo sacó en ese momento: “si lo hubiera despachado políticamente en el momento que me mandaron el apriete, no estaría sentado acá”.
Por último, denunció que el “hostigamiento” tenía su origen en la Subsecretaría de Justicia de la gestión de Jaque, donde había “abogados de las organizaciones de Derechos Humanos” que elevaron varios pedidos de informes que él, sin obligación por su jerarquía, contestó.
El Defensor oficial solicitó convocar a Sergio Miranda a brindar testimonio.
La semana próxima no se realizarán audiencias continuando el debate el jueves 2 de noviembre.
