23-08-2024 | Declararon por videoconferencia Jaime Torrens y María Angélica Hechín. Ambas víctimas, nacidas en Santa Fe, tenían relación con la organización Poder Obrero. Los hechos revelan el funcionamiento del aparato represivo y la participación del Departamento de Informaciones de la Policía (D2) ya en 1975, antes de la dictadura. La próxima audiencia es el 6 de septiembre a las 9:30.
En el día de la fecha, hacia las 10:45 horas de una fría mañana de invierno, Jaime Nelson Lucio Torrens se dispuso, por primera vez en un juicio oral, a dar testimonio de los padecimientos que tuvo que soportar en el contexto de la última dictadura militar. Oriundo de Santa Fe, Jaime ya había prestado declaración en Rosario, durante la etapa de instrucción fiscal, pero no lo había hecho nunca ante un tribunal oral. Es por ello que, ante el pedido del fiscal Daniel Rodríguez Infante, comenzó su testimonio narrando los pormenores de su detención, su secuestro y su posterior reclusión en distintas dependencias policiales, entre ellas, el ex-D2, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que es objeto de este juicio.
Detención clandestina y primeras torturas
En junio de 1975, Jaime Torrens era estudiante de cine y se había radicado en Mendoza por decisión de su organización. El día previo a una manifestación que los empleados estatales habían organizado contra la represión —Santuccione había sido recientemente designado jefe de la Policía—, se reunió cerca del centro cívico con su esposa, Rosa Ángela Benuzzi, y Juan Carlos Dolz, dirigente gremial, para almorzar y planificar algunas cuestiones relacionadas a la convocatoria. En ese momento, Jaime era responsable político de Poder Obrero —rebautizado en septiembre de 1975 como Organización Comunista Poder Obrero (OCPO)—, mientras que Juan Carlos Dolz era secretario general del combativo Sindicato de Obreros y Empleados Públicos de Mendoza (SOEP) y, según Jaime, simpatizaba con Poder Obrero.
Cerca de las 14:30 aparecieron cinco o seis personas vestidas de civil que los redujeron y los introdujeron en la parte trasera de un vehículo, para trasladarlos inmediatamente a un edificio en el que los metieron en unas celdas muy pequeñas con puertas rojas. Allí, los mantuvieron durante dos o tres horas. En ese interín, Torrens pudo escuchar una discusión entre dos oficiales, en la que uno le increpaba al otro el haber detenido a Dolz un día antes de la manifestación. Luego de este intercambio, Dolz fue liberado, mientras que Jaime y Rosa fueron llevados, tras un corto traslado, a otro calabozo, esta vez de puerta verde, donde comenzaron los interrogatorios y la tortura. Al día siguiente, por los comentarios de un oficial, se enteraron de que habían llegado al D2.
Unas horas más tarde llegó María Angélica Hechín, a quien conocían de Santa Fe. En esta dependencia, Jaime y su esposa fueron golpeados y torturados todos los días. Y Jaime sostiene, aún con pesar en su voz, que su esposa sufrió incluso más que él.
Los métodos del D2
Los interrogatorios versaban sobre sus lecturas, sus actividades y demás. Tuvo que soportar hasta cuatro sesiones de tortura con picana. En la última de ellas, tras escuchar a alguien gritar “pará, pará, que se nos va”, sufrió un síncope —un desmayo o pérdida temporal y súbita de la conciencia— que le dejó secuelas hasta el presente. Tras este episodio, aunque lo torturaron a los golpes muchas veces más, ya no le aplicaron la picana. Su esposa no corrió la misma suerte y continuó sufriendo este método. A Jaime lo hacían escuchar cómo la torturaban.
Nueve u ocho días más tarde les permitieron ducharse, y al décimo los trasladaron encapuchados junto a Hechín a un juzgado federal. Al llegar allí, un oficial que hacía de custodio les dijo que no debían dar sus datos porque estaban incomunicados. Si alguien se los pedía tenían que comunicarse con él. Jaime cree que esto se debió a una interna entre la policía provincial y la policía federal. En el juzgado solo declaró Rosa Benuzzi, a quien luego liberaron. En el caso de Jaime y de María Hechín, postergaron la declaración para el día siguiente. El exjuez federal Francisco Miret le refirió al testigo que «lo estaban presionando» para dejarlo preso. Finalmente quedaron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por decreto y fueron conducidos a la penitenciaría de Mendoza, donde Jaime estuvo recluido hasta mediados del 76. Luego fue trasladado en un vuelo Hércules a la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata. Tras un breve paso por el penal de Caseros, fue excarcelado en La Plata bajo la modalidad de “libertad vigilada”. Corría el mes de junio del 82. Se instaló en la casa de su suegro porque su familia vivía en España.
Con respecto al destino de su esposa, Rosa Ángela Benuzzi, Jaime refirió que una vez liberada dejó la provincia de Mendoza por seguridad junto a su padre, que viajó a buscarla. Más adelante, en octubre de 1976, fue detenida en San Lorenzo, Santa Fe, por las Fuerzas Armadas. Desde entonces, está desaparecida. Lo mismo sucedió con quien intervino por un tiempo como su abogado, Alberto Marcelo Oro, oriundo de San Juan y defensor de presos y presas políticas que también fue víctima de desaparición forzada en 1976.
María Angélica Hechín declaró por primera vez en un juicio penal
María Angélica Hechín dio el segundo testimonio de la jornada. Fue su primera declaración en instancia judicial. Recordó que una vez recibió una citación para declarar en Buenos Aires, pero concluyó junto al tribunal y la fiscalía que se trató del juicio político al juez Miret en el Consejo de la Magistratura. Tras su destitución, el magistrado fue juzgado y condenado a prisión perpetua en 2017, junto con otros exjueces, por su complicidad con la represión antes y durante la última dictadura en Mendoza. La testigo fue secuestrada a mediados de 1975, un día antes de cumplir 26 años.
Hechín vivía en Santa Fe y estudiaba Letras en la Universidad Nacional del Litoral. Había tenido militancia como estudiante, pero ya la había dejado. Le faltaba solo una materia para recibirse y, con el permiso de la oficina correspondiente, había conseguido terminar en condición de libre. Quiso venir a Mendoza, donde estaba su novio, Prudencio Mochi. El 26 de junio del 75, arribaron a la vivienda unos cuatro hombres sin uniforme que dijeron ser de la Policía. Tras revisar toda la casa —no recuerda si tenían orden judicial— un policía le dijo que llevara una frazada y la subieron a un auto. Alcanzó a llamar por teléfono para avisarle a su familia.
Iba en el asiento de atrás, entre dos de ellos, y otros dos adelante. No la ataron ni la vendaron, pero como no conocía bien la provincia, tampoco sabía a dónde la llevaban, aunque supuso que era la jefatura policial. Los policías hablaban de un partido de fútbol.
Cuando llegó al edificio, dejó la cartera al lado de otra que reconoció, la de «Rosita» Benuzzi. La hicieron desnudar frente a dos mujeres, una de las cuales la trató muy mal por el anillo que tenía puesto la detenida, que atribuyó a la secta siloísta. Luego de vestirse, la llevaron a un lugar con hombres que la iban a interrogar. María Angélica advirtió que tenía problemas cardíacos y de salud mental, por lo que iban a necesitar un médico que le chequeara el corazón. La llevaron entonces a una celda. Escuchó que un hombre lloraba y el guardia le explicó que se debía al frío. La testigo le indicó que le entregara la frazada que había llevado. Supo que ahí estaba detenido Jaime Torrens, conocido de la militancia santafecina, cuando le dijo “te van a picanear, preparate”. También estaba “Rosita” Benuzzi, su pareja.
Un día, un policía la sacó del calabozo, la llevó al baño y la puso de frente a la pared. Levantó una venda para taparle los ojos, pero en el momento se abrió la puerta y ella vio que entró una persona con zapatos de rafia blancos y se fue. La testigo cree que la iban a torturar y, por alguna razón que desconoce, desistieron. Le dijeron que la Policía provincial no torturaba, pero la Federal sí. Estuvo allí diez días. Antes de llevarla a declarar al juzgado, le sugirieron que lo hiciera con la policía. Ella habló durante una hora, pero el oficial no anotó absolutamente nada. Al finalizar, le pidió que firmara una hoja que decía que se negaba a prestar declaración.
En el juzgado vio a su padre. Probablemente viajó anoticiado de la situación. La llevaron con Torrens y Benuzzi, que fue la primera en comparecer ante el juez. Mientras esto sucedía, llegó hasta Angélica un hombre corriendo, apurado, que le pidió su nombre y número de documento. El guardia que la acompañaba le hizo saber que estaba incomunicada y le dijo al otro sujeto que se lo pidieran al D2. Fue así como Hechín no solo confirmó que había estado allí, sino también que la Policía provincial sí torturaba dado que lo había escuchado estando cautiva en sus celdas. La testigo contó que le pospusieron la declaración, pero ella hizo «tal berrinche» que logró evitar regresar al D2. Por el contrario, pasó la noche en Contraventores, un lugar donde circulaba mucha gente, recordó. Al día siguiente, el juez la notificó de estar detenida por infracción a distintas leyes y ella, muy enojada, lo insultó.
Supo que liberaron a Benuzzi. A ella la trasladaron a la Penitenciaría de Mendoza, donde estuvo presa dos años hasta que le dieron la libertad. De la cárcel recordó distintas vivencias. Eran 32 presas políticas, con 16 hijos e hijas, que compartían pabellón con las presas “comunes”, como les decían a las otras detenidas. En febrero del 76, repasó, le hicieron firmar un papel que decía, por un lado, que quedaba sobreseída y, por otro, que seguía detenida a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por infracción a la ley 20840.
A fines de septiembre del 76 —el 29, cree— las presas políticas fueron trasladadas. Todas menos tres: María Angélica Hechín, Ángela Pastora Vélez y Ángela Beauffays. Pensaron que las iban a liberar. Luego del traslado masivo llegó al pabellón otra detenida, Laura Botella. Un día se la llevaron y a su vuelta Laura contó que la habían interrogado bajo tortura, con picana eléctrica y encapuchada. Perdieron las esperanzas de salir.
La testigo también recordó que en marzo del 77 tuvo anorexia y alucinaciones y, para calmarla, le pusieron una inyección: “Fue uno de los momentos más terribles que tuve que vivir”, lamentó. La liberaron el 28 de junio del 77, un día después de cumplir 28 años, con una compañera de San Luis. Su padre la buscó, ella terminó la carrera y consiguió trabajo. Pasó todo este tiempo, pero asegura que los efectos de lo vivido perduran.
La próxima audiencia es el 6 de septiembre a las 9:30.
