22-08-16 | El fiscal Daniel Rodríguez Infante expuso casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en el Liceo Militar. Originalmente la causa tenía doce víctimas pero luego del fallecimiento de uno de los acusados, Pablo Antonio Tradi Martínez, son sólo siete. Para finalizar alegó por la desaparición forzada de Santiago Illa.
Los secuestros fueron realizados entre el 24 y el 30 de marzo de 1976. En el trayecto de su detención, las víctimas pasaron por el Liceo Militar General Espejo y posteriormente por la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8, salvo un caso. Múltiples irregularidades reinaron en las detenciones de estas personas: no hubo órdenes judiciales, tampoco flagrancia y ni siquiera concuerdan los apresamientos con las fechas de los decretos de captura.
Horacio Julián Martínez Baca, hijo del ex gobernador Alberto Martínez Baca, era abogado del Banco Nación. Fue secuestrado de su casa, de donde también se llevaron libros. Estuvo seis meses detenido en Mendoza y luego fue trasladado a la Unidad N°9 de La Plata y a Caseros.
Arturo Marcos Garcetti era secretario del SUTE y había sufrido detenciones previas. Se lo llevaron de su casa de Coquimbito y recién recuperó su libertad en julio de 1977.
Carlos Enrique Abihaggle era profesor universitario y militaba en la Juventud Única de Trasvasamiento Generacional. Sufrió un allanamiento en su casa cuando él no estaba y, preocupado, se presentó junto con su esposa en la Municipalidad de Guaymallén. Lo detuvieron y fue liberado más de seis meses después.
Carlos Fiorentini era secretario de Petroleros y había sido secretario regional de la CGT durante seis años. Se presentó ante el Comando el 29 de marzo del ‘76 y fue detenido inmediatamente. No pasó por la Compañía de Comunicaciones sino que del Liceo fue llevado al Cuerpo de Caballería de la Policía de Mendoza. También estuvo en el penal provincial antes de ser puesto en libertad, el 15 de julio del ‘77.
Rafael Antonio Morán oficiaba como periodista en el diario Los Andes. Luego de múltiples amenazas y censuras, personal del D2 se lo llevó de su trabajo. En noviembre fue liberado.
Osvaldo Ernesto Aberastain estudiaba Administración Pública y militaba en el centro de estudiantes de Ciencias Económicas. El Ejército y la Policía lo secuestraron de su domicilio.
Carlos Alberto Venier además de ser abogado apoderado del Partido Comunista, era presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Sufrió detenciones previas y hasta un atentado de bomba en su estudio, víctima del CAM.
A pesar de que el director Tragant describió al Liceo como un lugar de detención que tenía “comodidades”, los afectados denunciaron haber sido encapuchados, tabicados, violentados, como también haber sufrido simulacros de ahorcamiento y fusilamiento. Los tormentos a los que fueron sometidas estas víctimas tuvieron que ver con las condiciones de detención, su carácter clandestino, el hecho de estar incomunicados, los maltratos generalizados y el uso de calabozos de castigo.
El Liceo Militar General Espejo estaba a cargo de Carlos Horacio Tragant. Aunque entre el 23 de marzo y el 27 de abril de 1976 participó en San Juan de la Comisión de intervención, siempre fue director del Liceo y todo lo que ocurrió allí fue por órdenes de él mismo. Manifestó estar orgulloso de haber cumplido y ser responsable pero no culpable. Los delitos de los que se lo acusa son:
- Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, por los siete casos mencionados. A pesar de que no estuvieron todos detenidos más de un mes en el Liceo, sí es responsable por todo el tramo de las detenciones.
- Tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, por siete casos.
Santiago Illa
Es un caso único de desaparecidos en Mendoza en el que está documentado e identificada la autoridad militar que lo tuvo bajo su responsabilidad antes de su desaparición. Se trata de José Fuertes, suboficial del Ejército a quien Illa desde la Penitenciaría y lo recibió por órdenes del director del Liceo Militar General Espejo, Carlos Tragant.
Santiago Illa tenía 23 años cuando fue secuestrado en San Rafael. Era periodista y también oficiaba de carpintero. Estaba casado con Silvia Faget, con quien tenían un hijo, Reynaldo, entonces de un año y dos meses y esperaban a Ana Clarisa, que nacería al mes siguiente y a quien Santiago no conoció.
El circuito de detención de Chiche, como lo llamaban en familia, está corroborado con numerosos testimonios de quienes fueron compañeros de cautiverio. Se lo llevaron de su domicilio, en un operativo conjunto del Ejército y la Policía, encabezado por Luis Faustino Suárez, el 9 de marzo de 1976. Su primer destino fue el Cuerpo de Infantería de San Rafael para luego pasar por el D-2 y la Penitenciaría provincial. Allí, el 12 de mayo del mismo año le informaron que se iba en libertad, lo que produjo reacciones encontradas entre los otros compañeros detenidos, porque si bien la noticia fue tomada con alegría, muchos desconfiaban de esa liberación, que terminó siendo una mentira.
Durante su permanencia en el penal, Illa fue visitado por su mare y mantuvo comunicación con su esposa Silvia por correspondencia, con dos cartas por semana. Cuando pasaron varios días sin que nadie supiera nada de Santiago, comenzaron las preocupaciones de la familia. Del penal fue retirado por José Fuertes y llevado al Liceo y allí fue visto por otros detenidos.
El doctor Rodríguez Infante expresó que se trató de un caso burdo de intentar fraguar una libertad de un detenido que había sido blanqueado y que, incluso, estaba a disposición del PEN. Por eso fue “exhibido” frente al Liceo antes de hacerlos desaparecer.
Por la desaparición de Santiago Illa (de la que también son responsables los ex jueces, tema ya abordado por el fiscal Dante Vega) Tragant y Fuertes deben responder por las siguientes acusaciones:
- Privación abusiva de la libertad por mediar violencia y amenazas.
- Homicidio doblemente agravado.
- Tormentos agravados por la condición de detenido político de la víctima.
- Asociación ilícita.
Este martes está previsto que finalice el alegato del Ministerio Público Fiscal.
