Lunes, 31 de marzo de 2014. Llego temprano al edificio de tribunales provinciales Las puertas de acceso están cerradas. Se me antoja un símbolo, la negación de justicia, entre otras acusaciones que pesan sobre los ex magistrados de omitir investigar detenciones, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas violaciones de domicilio,
El D2 fue uno de los centros clandestinos de Mendoza, en donde los genocidas cumplieron con el mandato del golpe civico militar que asoló formalmente nuestro país el 24/3/1976, pero que se instaló con fuerza en noviembre del 1975 en el gobierno de Isabel Perón.
Militante de la JTP, delegada de la Dirección de Comercio de Mendoza ante ATE, fui secuestrada en febrero del 1976 junto a mi hijo Alejo de 4 años, con quien me llevaron al D2 para luego sacármelo sin saber cuál iba a ser su destino. Ya en las celdas comienza la tortura y las violaciones. Nos nos dejaban dormir, era enloquecedor, celdas individuales, pequeñas, asfixiantes, sucias, aterradoras. Sufri violaciones durante los 18 días que estuve alli.
Los calabozos están como en un entrepiso en el subsuelo. Se escuchaba el sonido del público en la mañana que iba a hacer sus trámites. Ya hicimos dos reconocimientos del lugar. ERA ALLÍ SIN LUGAR A DUDAS donde nos tuvieron secuestrados.
Los detenidos eran, o bien secuestrados, torturados y desaparecidos o bien secuestrados, torturados por último “blanqueados” y pasados a la Justicia bajo la ley 20.840 de prohibición de actividades políticas.
En el D2 se “instruía” o se hacía un sumario rudimentario, en el cual nosotros, “voluntariamente” confesábamos tener ideología política y haber cometido delitos tales como poseer bibliografía de izquierda, estar relacionados con propaganda política, y vagamente se aludía a tenencia de armas, explosivos. Tales sumarios pasaban primero por Ejército, y desde allí eran remitidos a la Justicia Federal, en especial, el Fiscal convalidaba, ratificaba el contenido del sumario.
Todas esas causas eran acusadas por el Fiscal Otilio Romano, quien ejercía sus funciones junto al Juez Evaristo Carrizo en Mendoza. Esa complicidad y la del Fiscal Gabriel Guzzo está acabadamente probada en la causa 636 F, donde está imputado y procesado Otilio Romano, fugado y ya extraditado y cumpliendo con lo que la Justicia de hoy le reclama. Igualmente, Luis Miret, como defensor oficial, juez subrogante en esa época e incluso ocupando un lugar en la Cámara Federal de Apelaciones, nunca investigó las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos que llegaron a sus manos en esos años, con el apoyo irrestricto del juez Garguir y un tal Petra que “oficiaba” de defensor.
Hoy es claro y evidente que en el D2, las fuerzas armadas y la Justicia Federal actuaban coordinadamente.
Para quienes venimos señalando estas atrocidades desde hace 4 décadas, es reparador ver una Justicia que otorga todas las garantías que corresponden a quienes están juzgados: abogados defensores, trato respetuoso, Tribunal independiente.
En pocos meses, ese lugar de dolor y muerte nos lo van a entregar a los organismos de DDHH para convertirlo en un lugar de memoria, arte, alegría y sobre todo, de futuro, para que NUNCA MÁS.
