“La policía tiene ánimo sobrado de eliminar física y moralmente a quien no cumpla con la ley (…) Los convoco alrededor de este fortín del orden, de la disciplina para que junto con vuestra policía pasemos a combatir a los apátridas, a los sin Dios que hoy están flagelando el cuerpo de la Nación” (vice-comodoro J. C. Santuccione, 11/12/1975).
Durante los años previos a la dictadura, bandas parapoliciales y paramilitares actuaron a lo largo de todo el país. En Mendoza, actuaron diferentes organizaciones, pero el accionar represivo fue llevado a cabo principalmente por el Comando Anticomunista de Mendoza (CAM) y el Comando Moralizador Pío XII. Dichos comandos, que se habrían constituido para “defender a la población de la penetración marxista” en el primer caso, y para “resguardar la moral de la población” en el segundo, estaban directamente vinculadas al jefe de la policía provincial, vice-comodoro Julio Cesar Santuccione.
Santuccione se desempeñó como Jefe de Policía de la provincia de Mendoza desde el 29 de octubre de 1974 hasta el 20 de diciembre de 1976. Este personaje, que llegó a Mendoza de la mano del interventor Antonio Cafiero, estuvo procesado por el secuestro y desaparición de por lo menos 20 personas, y por el funcionamiento de los Centros Clandestinos de Detención Comisaría 7 de Godoy Cruz, D-2 Mendoza y comisaría 25 de Guaymallén. También fue, durante la dictadura, secretario del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y luego de su paso por Mendoza estuvo en la Subzona 16 de la Primera Brigada Aérea, que abarcaba Merlo, Moreno y Morón (e incluía entonces Hurlingham e Ituzaingó), donde la Fuerza Aérea comandó la represión ilegal auxiliada por la policía bonaerense. Fue Jefe de la Plana Mayor de la Fuerza de Tareas 100 de la que dependían varios centros clandestinos, entre los que se encuentra la Mansión Seré y el Palomar, desde donde se realizaron vuelos de la muerte.
Los atentados en Mendoza comenzaron antes de la llegada de Santuccione. En abril de 1973, el gobernador electo Alberto Martínez Baca, sufrió un atentado con bomba, que se autoadjudicó la Juventud Peronista Auténtica. A través de un comunicado anunciaba que era “un llamado de atención a Martínez Baca porque su gestión estaría inducida por elementos del comunismo internacional” y que el atentado se realizaba “en defensa del peronismo auténtico y nacional”. En octubre de ese año, el Comando de Operaciones Anticomunistas José Rucci realizó dos atentados. Uno -nuevamente- contra Martínez Baca y el otro contra Enrique Dussel. En este último atentado, fueron dejados panfletos en los que se lo acusaba de “apátrida y de envenenar las conciencias de la juventud con la inmunda doctrina marxista”. Al final del volante declaraban: “Su sangre los alcanzará a todos”.
El CAM entró en escena en setiembre de 1974, mes en el que realizó seis atentados, los cuales según el relato de las víctimas, estarían ligados a la policía provincial. El primero de ellos se produjo contra la imprenta Paulos, y el segundo estuvo dirigido a la sede del Partido Comunista (P.C.). Estos dos hechos, que constituyeron la presentación en sociedad del CAM, fueron acompañados de dos partes de guerra en los cuales el comando manifestó los móviles de los atentados. En el primer caso, se acusó a la imprenta mencionada de “ser un lugar donde el enemigo confeccionaba material ideológico que envenena las conciencias de la juventud”, en el segundo por adoctrinar “a personas de intereses ajenos a la Patria” (Mendoza, 8/9/1974). A partir de ese momento no dejaron de producirse atentados. Ese mismo mes fueron colocadas bombas, en la casa del dirigente sindical Gervasio Lépez, en el Centro Cultural Israelita y en el Taller Nuestro Teatro (TNT), acusado a través de un parte de guerra de “aguantadero de la banda marxista leninista que hace pocos días cometiera atentados con bombas incendiarias en el centro de la ciudad” (Mendoza, 25/10/1974). Vale la pena destacar que cuando los actores salieron del sótano en el que se encontraban, la policía, que ya estaba adentro del local, los detuvo.
También fueron colocadas bombas en el domicilio de un militante uruguayo del FAS (Frente Antimperialista por el Socialismo) “por marxista y terrorista” y en el auto del ex diputado del FREJULI Eduardo Molina. El último fue condenado a muerte y se le dio un plazo de 72 hs. para abandonar la provincia. Estos hechos marcaron sólo el comienzo de una serie mayor de atentados.
Se agudiza la represión
“Mendoza, la provincia más limpia del mundo no cobijará basura roja en el suelo. Antes muertos que bolches” (CAM).
El año 1975 comenzó con una explícita agudización de la violencia paraestatal. Entre enero y abril fueron colocadas bombas en las casas de referentes políticos. Tal fue el caso de la casa del secretario general del Partido Comunista, Benito Marianetti, la de Alfredo Guevara, y la de Daniel Olivencia, presidente del Centro de Estudiantes de Antropología Escolar, entre otros.
Una de las formas de operar, fue a través de secuestros prolongados. Cuando se trataba de dirigentes políticos y sindicales, la presión de los gremios y la instalación del tema en la agenda pública, llevó a la pronta reaparición de los mismos. En el caso de bancarios por ejemplo, la rápida reacción de las comisiones internas que declararon paros y movilizaciones, provocaron la inmediata aparición de los compañeros secuestrados. Algunos militantes que fueron víctima de estos procedimientos, luego integraron la lista de desaparecidos. Tal fue el caso de Pablo Marín, dirigente bancario, y Daniel Olivencia, dirigente estudiantil.
En mayo, a raíz del asesinato de dos mujeres en situación de prostitución por parte del Comando Moralizador Pío XII, el diario Los Andes comenzó a poner en cuestión la información brindada por la policía, la que se había encargado de vincular algunas de las muertes a peleas al interior del “hampa”. Días después del asesinato de las dos mujeres, Los Andes publicó una crónica pormenorizada sobre catorce crímenes (algunos de personas no identificadas) cometidos desde fines del ´74, los que hasta ese momento habían sido calificados como internas de la mafia. En esa nota, el cronista comentaba en relación a dos de los asesinatos que “quizás sea coincidencia” pero pocos días antes de su muerte, “la policía había arrestado a las víctimas y horas antes de su desaparición habían estado detenidos en la brigada de investigación de la Unidad Regional Primera” (Los Andes, 6/5/1975). Cabe destacar que las denuncias presentadas por este diario, le valieron la cárcel, tortura y exilio a Antonio di Benedetto (subdirector) y a otros periodistas.
Durante los meses de junio y julio de 1975 fueron hallados nuevos cadáveres. Uno de ellos pertenecía al estudiante y militante del PRT-ERP, Amadeo Sánchez Andía. En los meses de setiembre y octubre el objetivo de los atentados se dirigió hacia instituciones religiosas (no católicas). Estallaron bombas en el Centro Cultural Israelita y Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), en una iglesia Evangélica Metodista y en la casa de Oscar Bracelis, ex sacerdote tercermundista.
Si bien el montaje del aparato represivo comenzó en 1974, durante los últimos meses de 1975 se produjo una inflexión cuando, en octubre de ese año, a través de los decretos 2770, 2771 y 2772 se terminó de formalizar la participación de las FFAA en la represión. En Mendoza, el 22 de noviembre el ministro Mathus, en conferencia de prensa, anunció un redoblamiento de las medidas de seguridad “en prevención de la guerrilla y la subversión” invocando el decreto 2772/75 (Los Andes, 23/11/1975). Entre las noches del 22 y 23 de noviembre fueron secuestrados/as Jorge Bonnardell, Luis Jury, Daniel Sendra, Luis Santoreno, Silvia Minto, Orlando Berlanga, Susana Abraham, Atilio Arra, Oscar Koltes, Joaquín y Julio César Rojas, Samuel Pringles, Daniel Pina y Luis Moriña, entre otros/as. Moriña continúa desaparecido y Pringles fue asesinado. Ese mismo mes, en Las Lajas (donde funcionó otro centro clandestino de detención), fue hallado calcinado el cuerpo del dirigente gastronómico Luis Alberto Granizo. El lugar de depósito de los cuerpos era siempre el mismo: Papagallos, Canota, Las Lajas. Un periodista que cubrió esos casos señala: “Los cadáveres los tiraban, yo tuve oportunidad de ir una vez, en unos pozos que nosotros llamábamos los pozos de Santuccione, allá en el Challao (…) era imposible verificar si había un cuerpo o no por la profundidad que tienen, se decía que ese era el lugar de depósito”.
A comienzos de diciembre se denunciaban nuevas desapariciones de estudiantes y gremialistas. Entre ellos José Salvador Vila Bustos, empleado de Caja de Ahorros del Banco de Mendoza quien fue detenido en su lugar de trabajo por tres hombres de civil. El secuestro de Vila se sumaba a otras detenciones de bancarios (Luis Ocaña, José Lozano, José Vila, Fuad Surballe y Enrique de Robledo, José Heriberto Lozano, entre otros). A todo ello se sumó, también en diciembre, la ejecución, en Papagallos, de Néstor López Fornés, secretario de Organización de la Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina, cargo que había ocupado Granizo, asesinado semanas antes. López Fornés fue secuestrado por efectivos policiales y “su cuerpo apareció maniatado con los ojos vendados y con 11 disparos y signos de tortura” (http://www.desaparecidos.org/arg/victimas/l/todos/lopezfn.html).
Finalmente, los ataques de la represión ilegal por razones políticas e ideológicas, se extendieron a quienes cometían delitos comunes. Varias personas fueron sometidas a una violencia inusitada: Juan Carlos Echegaray, residente en el Barrio La Favorita y vendedor de lotería, quien fue golpeado y abandonado en el camino al Challao y José Ramón Zaidán, vendedor ambulante, acusado de hurto y estafa. También en diciembre fueron encontrados en Papagallos los cadáveres de Alberto Ángel Ontivero, que había estado preso por hurto, y otros dos hombres con antecedentes delictivos: Miguel Angel Sanchez y Gaspar Aguilera. Respecto de estos casos vale la pena señalar que un factor que también actuó en el accionar represivo fue el de los “negocios” al interior de la policía, lo que se refleja en los asesinatos de personas vinculadas a negocios ilegales como la quiniela, las drogas o la prostitución. Otros casos de secuestros seguidos de torturas y asesinatos, que no presentaban connotaciones políticas pero en los que estaba implicada la policía, fueron el de Ricardo Benítez quien fue secuestrado en noviembre de 1975 en el centro por individuos que se identificaron como policías; y el de Hugo Alaniz, quien fue secuestrado a comienzos de marzo de 1976 por agentes de civil durante un baile de carnaval y falleció producto de las torturas en el Palacio Policial.
El vale todo
El año 1976 se inició con una serie de atentados con bombas a obreros, militantes del PC y dirigentes que habían participado del gobierno de Martínez Baca. Frente a constantes reclamos, Santuccione declaró que se estaba investigando al CAM pero “aún se desconocían sus integrantes, estructuras y bases”. Mientras tanto, no dejaba de crecer el número de desapariciones, allanamientos y asesinatos. Fueron hallados nuevos cadáveres que no fueron identificados y una persona gravemente herida en Papagallos. Días después se supo que se trataba del ciudadano chileno Juan Hidalgo, quien había sido secuestrado y torturado por la policía. En febrero fue asesinado el trabajador estatal Miguel Ángel Gil y se produjeron una enorme cantidad de detenciones.
El 13 de marzo de 1976 Los Andes publicaba una lista de 103 personas que habían sido detenidas “en averiguación de actividades subversivas”, entre las que se encontraban ex presos/as políticos/as que pasaron por el D2 como Silvia Ontiveros, Fernando Rule, Guido Actis y otros/as que luego integraron la lista de desaparecidos/as. También el 9 de marzo era secuestrado en San Rafael Santiago Illa.
Finalmente, el 20 de marzo se produjo el secuestro y asesinato de dos jóvenes militantes: Susana Bermejillo, profesora de Letras vinculada al P.C. (Partido Comunista) y Jorge Susso, estudiante de ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional perteneciente al PCR (Partido Comunista Revolucionario). A partir del golpe militar del 24 de marzo se perfeccionó y profundizó el esquema represivo que destruiría el entramado social y político que caracterizó a los años ‘60/’70, así como la posibilidad de una transformación revolucionaria.
