El 12 de septiembre, como surgido del túnel de tiempo, escuchamos el Alegato de Ramiro Dillon, en representación de los imputados en la Mega causa que se debate en Mendoza. El hombre está a cargo del Ministerio Público de la Defensa; es decir es un funcionario del Estado.
Quienes asistimos a las audiencias de los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad, al escucharlo quedamos fastidiadxs y perplejxs.
Sus consideraciones, disfrazadas de disquisiciones filosóficas, evidenciaron que es parte de la troupe conservadora que sobrevivió a la glaciación. Con una retórica agresiva, por momentos apabullante, que incluyó largas citas en latín y en alemán, el letrado no pudo ocultar sus puntos de contacto con el desgraciado proceso de reorganización nacional.
Crease o no, el personaje desempolvó la misma teoría conspirativa que sustentaron la FFAA en los 70 para implementar el terrorismo de estado. Al analizar en el contexto de aquella época utilizó el conflicto este-oeste para interpretar lo acontecido en el país. Palabras más, palabras menos, sugirió que la Argentina era presa de la amenaza comunista, digitada en el exterior, y se imponía salvar la sociedad occidental y cristina. Un latiguillo que escucharíamos durante las sucesivas dictaduras y años después. De más esta decir que la idea de la guerra contra el comunismo internacional, con absoluto desconocimiento de la realidad nacional, con el tiempo dio lugar a la teoría de los dos demonios.
Así, hizo referencia “a la guerra sucia planteada por una parte de la jerarquía militar argentina y los subversivos revolucionarios”.
En este punto ya podemos decir que es inadmisible que un funcionario del Estado desconozca la disquisición en la que coinciden moros y cristianos. El monopolio del poder de la última dictadura militar se ejerció mediante el terrorismo de estado con un aparato clandestino e ilegal que cometió todos los crímenes tipificados como delitos de lesa humanidad. Estos son datos de la realidad incuestionables y dieron lugar a políticas públicas en el anterior gobierno y en éste, también.
El abogadillo devenido en defensor oficial, está en ese lugar en nombre del Estado que le provee el sustento. Su ideología, sus creencias, sus convicciones no pueden desconocer lo acontecido en el pasado reciente, ni las políticas de estado que generaron. Sus aseveraciones bien podrían dar lugar a una demanda ante el Ministerio Publico de la Defensa por desconocer el marco al que debe ceñirse.
Desde lo técnico jurídico comenzó solicitando la nulidad de éste juicio, a cuyas audiencias nunca asistió.
“No pienso hacer una defensa ideológica para que los fiscales del relato no me denuncien”, dijo, pero no lo consiguió.
Cabe preguntarse cuál es la fuente, según él, carente de componente ideológico.
Varios tramos de su alegato fue un corte y pegue de las manifestaciones de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. Algunos de sus miembros fueron connotados funcionarios de la etapa procesista como Juan Ramón Aguirre Lanari, ex canciller del último dictador, Reynaldo Bignone. Sus apellidos remiten a los amigos poderosos de la Dictadura.
Por esas casualidades de la vida, los argumentos de Dillon siguieron la línea de estos viejos conocidos. Cuestionó que se derogaran las leyes de impunidad al igual que Alberto Rodríguez Varela, ex ministro de Justicia de Jorge Rafael Videla y su defensor. Éste lamentó, en la última Asamblea de esa Asociación, que en 2003 “se abandonó la bandera de la concordia de Alfonsín y Menem», en referencia a las leyes de Obediencia Debido y de Punto Final e Indultos. Exactamente lo mismo que cuestionó Dillon. Una más: el abogado Ricardo Saint Jean, -hijo del Gral. Ibérico Saint Jean- afirmó en esa Asamblea, que «la Corte Suprema debe abandonar la jurisprudencia fijada por el fallo ‘Arancibia Clavel”; con similar planteo, inició su alegato el mentado defensor oficial.
También, adviértase que los abogados porteños y el nuestro, ya no reclaman por los «presos políticos», como en el gobierno anterior. Ahora, los imputados son “chivos expiatorios” de una persecución que responde a los oscuros designios de los organismos de derechos humanos y sus secuaces.
Según el desorbitado abogadillo, la conspiración continúa y estos juicios no son, ni más ni menos, que la continuidad de aquella guerra. Este hombre es un verdadero nostálgico que no advierte el dinamismo de la historia.
Para peor, aprovechó la tribuna para descalificar a los y las testigos-víctimas y, además, ofendió la inteligencia y el sentir de quienes padecimos el terrorismo de estado.
Bajo la apariencia de un pretensioso vuelo teórico, el alegato de Ramiro Dillon no consiguió ocultar su posicionamiento y su afinidad con los ideólogos del terrorismo de estado. Algo inaceptable en un funcionario que representa a un ministerio publico del Poder Judicial de la Nación.
