El 27 de octubre se inicia el sexto juicio por delitos de lesa humanidad. El Tribunal estará presidido por Alejandro Piña, acompañado por la jueza Gretel Diamante, de San Luis y el bonaerense, Daniel Cisneros. Se tratarán 12 causas, entre las que se destaca el rol de la Fuerza Aérea, el campo Las Lajas y otros CCD de la Provincia. Se revisará lo acontecido con 86 víctimas y la responsabilidad de 28 imputados pertenecientes a las Fuerzas Armadas y las policías Federal y de Mendoza.
Víctimas y acusados
Llegan al estrado varios hechos que conmovieron a la sociedad: los asesinatos de Susana Bermejillo y Mario Susso, verificados cuatro días antes del Golpe. También las ejecuciones de Amadeo Sánchez Andía, en junio de 1975 y de Víctor Romano Rivamar, en abril del ’76, a manos de la Policía Federal.
Además, el juicio contiene las desapariciones forzadas de Daniel Moyano, visto por última vez en el D2, así como las personas percibidas en el Campo Las Lajas: Juan Ramón Fernández, Osvaldo Zuin, María del Carmen y Carlos Marín (padre e hija) y el profesor Mauricio López.
Esta Megacausa tendrá como principal imputado a Luciano Benjamín Menéndez, nunca juzgado en Mendoza, y otros que llegan por primera vez ante el Tribunal Oral Federal Nº 1. Del Ejército: Carlos Ledesma, Roberto Montes y Walter Eichhorn; de la Fuerza Aérea: Juan Carlos Santamaría, Luis Cunietti y Armando Carelli. En cuanto a las policías, llegan acusados dos miembros de la Federal: Marcelo León y José Luis Mirotta. De la Policía de Mendoza estarán: Carlos Rico, Carlos Faustino Álvarez, Carlos Luciani, Miguel Ángel Salinas, Domingo Scacchi y Roberto Usinger. Los otros 13 acusados son viejos conocidos: Paulino Furió y Osvaldo Fernández, ya procesados o condenados en juicios anteriores.
Fuerza Aérea
Es la primera vez que serán enjuiciados hechos de secuestros, torturas y desapariciones atribuidos a responsables y estructuras represivas de la Fuerza Aérea en articulación con el Ejército. Si bien en juicios previos y en la actual Megacausa han sido develados los aportes que brindaron desde esa fuerza al terrorismo de Estado oficiales de alto rango como Alcides Paris Francisca y Mario Alfredo Laporta, se debe a su participación en crímenes mientras fungieron como jefes de la Policía de Mendoza, respectivamente, entre diciembre de 1976 y febrero de 1979 y, desde esa fecha, hasta 1982. En este sexto juicio provincial, ambos han sido nuevamente imputados: Francisca por una serie dispersa de privaciones ilegítimas de la libertad perpetradas en 1976 y Laporta por los dos meses y medio de cautiverio que padeció desde el 27 de septiembre de 1979 Mirta Irma Hernández, cuyo compañero Rodolfo Vera se encuentra desaparecido desde diciembre de 1977 en el marco del brutal Operativo Escoba.
Dado que aún no se obtiene la acumulación de causas por hechos dirigidos y ejecutados por personal de la Fuerza Aérea -con lo cual el número total de sus acusados se elevaría a más de veinte-, en principio no serán abordados los crímenes relativos a las dependencias de la IV Brigada Aérea y sus comisarías satélites, como la 16 de Las Heras y la 17 de Lavalle. Sí están contemplados por primera vez los centros clandestinos de Campo Las Lajas por hechos contra siete personas, cinco de ellas desaparecidas, y el Casino de Suboficiales, del cual fueron víctimas catorce mujeres.
De esta manera, Armando Olimpo Carelli -retirado como suboficial mayor y con funciones de inteligencia durante la dictadura-, Luis Feliciano Cunietti -retirado como vicecomodoro y con varias funciones operativas y de inteligencia-, Walter Tomás Eichhorn -retirado del Ejército como suboficial mayor con funciones en la Fuerza Aérea y hasta el momento prófugo-, deben responder como coimputados junto al exgeneral Luciano Benjamín Menéndez y al exoficial Carlos Eduardo Ledesma por los delitos cometidos en el Casino; en tanto que por los crímenes de Las Lajas, además de Menéndez y otro múltiple condenado como Paulino Enrique Furió, lo hará Juan Carlos Santamaría, quien fuera jefe de Inteligencia de la IV Brigada Aérea durante gran parte de 1977.
El grado de violencia y exterminio contra las víctimas, el rol preponderante que tuvo la Fuerza Aérea y la particularidad de haber funcionado como un centro clandestino a cielo abierto recién descubierto en 2004, hacen de Las Lajas una de las causas emblemáticas del juicio en ciernes. Allí fueron secuestrados, torturados y desaparecidos -y en varios casos trasladados desde otras provincias como Córdoba y San Luis- el profesor Mauricio Amílcar López -desde el 1 de enero de 1977-; el militante del PRT Héctor Osvaldo Zuin -a mediados de 1977-; y los militantes montoneros y de la Juventud Peronista, Juan Ramón Fernández y María del Carmen Marín Almazán, así como su padre, Carlos Armando Marín, todos desde el 28 de julio de ese año. Las otras víctimas de esta causa son Horacio Oscar Ferraris y Emilio Luque Bracchi, cuyos testimonios han resultado fundamentales para reconstruir la verdad sobre Las Lajas.
Centros Clandestinos de Detención
En esa ocasión, a través de la sustanciación de nuevas causas, salen a relucir otros espacios refuncionalizados como Centro Clandestino de Detención, donde numerosas personas permanecieron detenidas ilegalmente.
A las consideraciones hechas sobre el Campo Las Lajas, cabe agregar que la Compañía de Telecomunicaciones 141 de Campo Los Andes, Tupungato, se erigió un Centro Clandestino de Detención durante dos meses para albergar ocho presos a disposición del PEN. La orden emanada de la jefatura del Ejército fue motivada por la visita del entonces dictador Rafael Videla, en octubre de 1976. Los ocho detenidos permanecieron engrillados e incomunicados en Campo Los Andes, en condición de rehenes.
Por otro lado, también en instalaciones del Ejército, se habilitó el Casino de Suboficiales para concentrar un gran número de mujeres que fueron retenidas ilegalmente. El lugar dependía de la Compañía de Comandos y Servicios de la VIII Brigada, sito en uno de los predios que dá a la Avda. Bulogne Sur Mer. La causa atiende el caso de catorce mujeres sometidas a detención, maltratos y torturas. En esta oportunidad, llega por primera vez a juicio, el tan mentado Tte. Ledesma, cuyo nombre fue repetido, reiteradamente, por quienes estuvieron en el Liceo y algunos en la Compañía de Comunicaciones VIII.
Vuelve, también, lo sucedido en el Departamento de Informaciones 2 -D2- de la Policía de Mendoza, a través de nuevos hechos y debido a las compulsas solicitadas por la fiscalía, lo que implica nuevas acusaciones e incorporación de otros miembros del D2, algunos identificados por los testigos en el IV Juicio. Éste fue el más importante Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio del gran Mendoza.
Por otro lado, cabe destacar que esta Megacausa se ocupa de sucesivos procedimientos, acaecidos en Mendoza y otros puntos de la Provincia que tuvieron como destinatarios/as a miembros del Partido Comunista así como a activistas políticos y sindicales de otras corrientes.
La Federal y Rico
Un apartado especial merece la Policía Federal que llega por primera vez a juicio después de un intento fracasado en el anterior juicio. Miembros de esa fuerza son acusados de dos asesinatos.
Amadeo Sánchez Andía, estudiante de la carrera de Comunicación, fue arrebatado del Hospital de San Martín el 5 de junio de 1975 y 10 días después fusilado en Canota. Víctor Romano Rivamar fue secuestrado el 22 de abril de 1976 y su cuerpo sin vida fue hallado en el dique Papagayos, con un tiro en la nuca. Ambos casos fueron ejecutados por la Policía Federal.
La causa se basa en el testimonio, documentado en un film, que fue ofrecido por Carmelo Cirella, exagente de la Federal, al periodista Rodrigo Sepúlveda.
Finalmente, el escurridizo Comisario Mayor de la Policía de Mendoza, Carlos Rico Tejeriro deberá responder por su participación en la causa Rabanal. La misma contiene el asesinato de Miguel Ángel Gil y el ultraje recibido por 5 hombres y 5 mujeres, algunas de ellas detenidas con sus hijo/as, en febrero de 1976.
El escrito de la fiscalía, por un lado analiza el aporte del Cuerpo de Infantería, del que formaba parte Rico, a los operativos orquestados por el D2. Por otro lado, presenta la evidencia de la participación del excomisario en el terrorismo de Estado como integrante del “Centro de Instrucción Contrasubversiva” (CIC), así como en el dispositivo GE 78. Este Grupo Especial fue creado para tener bajo control a la población, a costa de varias desapariciones, con motivo del Mundial ’78.
