Antes y durante la dictadura se desempeñó como defensor oficial en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. En la época, el marco legal permitía que el entonces defensor oficial Petra —o el fiscal Romano— subrogaran el cargo de jueces. Es por esta función que fue condenado: por rechazar recursos de habeas corpus sin promover investigaciones en casos de desapariciones de personas.
Incluso hay evidencia de una causa —la de Manuel Gutiérrez— en la cual, como fiscal, recibió un habeas corpus a raíz del cual solicitó una declaración. Posteriormente, en condición de juez debió resolver y rechazó el recurso a pesar de no contar con la declaración que él mismo había ordenado.
Condenas
Fue condenado a prisión perpetua en el cuarto juicio.
