Oficialmente, se desempeñó como fiscal federal entre 1975 y 1983, año en que fue designado juez de la Cámara de Apelaciones. En la época, el marco legal permitía que el entonces fiscal Romano —o el defensor oficial Petra— subrogaran el cargo de jueces.
Producto de la investigación que se realizaba sobre su complicidad con la dictadura, presentó su renuncia a la Cámara en 2010, pero no fue aceptada. Estaba acusado de «haber omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo la promoción, persecución y represión de delitos de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas y de seguridad entre 1975 y 1983, de los que habría tomado conocimiento en su condición de fiscal federal y juez federal subrogante».
En agosto de 2011, Romano se fugó a Chile, donde pidió asilo por considerarse perseguido político. Antes de fin de año, el Consejo de la Magistratura lo destituyó de su cargo de juez y perdió, así, el beneficio de la jubilación. A raíz de las gestiones judiciales iniciadas en 2012, lo extraditaron a Argentina en septiembre del 2013. El exjuez volvió a Mendoza detenido y fue el único de los exmagistrados que transitó el proceso judicial en prisión preventiva
Condenas
Fue condenado a prisión perpetua en el cuarto juicio.
