13-04-223 | Organismos de Derechos Humanos se reunieron con las fiscalías de Cuyo y la procuradora nacional de crímenes contra la humanidad. Preguntas y respuestas sobre los juicios actuales y futuros, caminos de investigación y de las luchas por memoria, verdad y justicia.
El Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos ex-D2 fue sede de la Mesa de Discusión Institucional y Social de Cuyo organizada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Nación. Representantes de ese fuero federal, a cargo de la procuradora Ángeles Ramos, se reunieron con grupos locales: las fiscalías de Mendoza y San Juan que investigan delitos de lesa humanidad, querellantes en las causas, el equipo de salud que asiste a testigos víctimas, organismos de derechos humanos del Gran Mendoza, del sur provincial, de San Luis y de San Juan. Además, se habilitó la posibilidad de participar de manera virtual por la plataforma Zoom para quienes no pudieron ir.
El objetivo de la reunión fue poner en común la situación local y compararla con la de otras jurisdicciones, plantear inquietudes, proyectar trabajos pendientes y proponer alternativas para seguir investigando los crímenes de la dictadura. El diálogo se intentó construir entre quienes operan en la Justicia y quienes desde su lugar siguen, de distintas maneras, los procesos judiciales. Se habló de cómo se complementan en ambos sentidos las luchas sociales por memoria, verdad y justicia con los juicios de lesa humanidad. En otras palabras, el juzgamiento a los responsables pone de pie a aquello que la dictadura intentó hacer caer.
“La jurisdicción de Mendoza ha avanzado a paso firme y sin pausa”, sostuvo Ángeles Ramos para introducir su participación, con especial referencia al juicio a los jueces. En paralelo, el fiscal general Dante Vega reconoció que la procuraduría siempre estuvo presente para activar o motorizar causas ante una impunidad reinante, y reconoció el trabajo del procurador anterior, Jorge Auat, y del titular de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, Pablo Parenti.
Entre las dudas sobre el presente y el futuro, las personas presentes compartieron inquietudes sobre la “impunidad biológica”, que no solo deja responsables sin ser juzgados, sino que deja a víctimas sin la posibilidad de obtener justicia. Es decir, se limitan las investigaciones cuando los responsables son personas mayores y por su edad se van muriendo o apartando porque los crímenes fueron cometidos hace más de 40 años. Para ofrecer una reparación a las víctimas y su entorno, la procuradora contó que intentan que las causas sin imputados igual se relaten ante el tribunal.
Sin embargo, aportaron desde la Oficina Fiscal de Asistencia en Causas por Violaciones a Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, están trabajando de manera conjunta con órganos como la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) para revertir apartamientos que se basan en informes limitados —incluso por videollamada— y no integrales. En el mismo sentido están coordinando para garantizar las ejecuciones de las penas, cuya evolución no puede limitarse únicamente a informes carcelarios.
La procuradora compartió que la norma que regula la ejecución de la pena y la obtención escalonada de beneficios —salidas transitorias, libertad condicional, libertad asistida, etc.— no da instrucciones específicas para casos de lesa humanidad y cada fiscal tiene autonomía para la interpretación y aplicación de la misma. Un criterio que sostiene la Procuraduría es la necesidad de que las víctimas sean escuchadas por el tribunal antes de dictaminar la libertad de un condenado, de forma individual o a través de las querellas y las fiscalías.
Reconoció, asimismo, que un gran número de condenados está en prisión domiciliaria, considerada para algunas corrientes jurídicas un derecho y no un beneficio. Esta condición no contempla beneficios, puesto que solo rigen para personas detenidas dentro del Servicio Penitenciario. Si dicha modalidad de detención es concebida en términos de arresto común, quienes solicitasen beneficios deberían trabajar en su resocialización (tratamiento psicolóigico, estudio). Es otra de las cuestiones que merece un debate profundo, se concluyó.
La dilación de los juicios y las audiencias distanciadas también influyen en el desarrollo de los procesos penales. A nivel nacional hay tribunales que no están conformados completamente, faltan juezas y jueces que, además de estos crímenes, investigan causas relacionados con otros delitos del fuero federal, como narcotráfico, trata de personas, contrabando, lavado de activos, etc. El problema es político y la solución también debe ser política, afirmó Ramos.
Más allá de la impunidad biológica, propia del paso del tiempo, todas las partes presentes consensuaron la necesidad de continuar las investigaciones por el derecho a la verdad. La prueba puede preservarse tomando declaraciones anticipadas, dándole prioridad a las causas no tratadas —víctimas o estructuras no exploradas anteriormente— e, incluso, avanzando con la investigación de casos no judicializados. Con este mismo espíritu, Daniel Rodríguez Infante agregó que en el noveno juicio de nuestra provincia, que se encuentra en etapa final, la fiscalía solicitó que la sentencia reconociera el lugar que ocuparon autoridades de distintas dependencias investigadas que no pudieron llegar a juicio por fallecimiento.
En cuanto a la citación repetida personas, Rodríguez Infante explicó que el objetivo es lograr un equilibrio entre obtener testimonios y evitar la revictimización de testigos que han declarado varias veces. Al mismo tiempo, abrir siempre la puerta a quienes quieran declarar, como una forma de reparación y no de sufrimiento.
Claudia Domínguez Castro —nieta 117, hija de Walter Domínguez y Gladis Castro— también aportó su experiencia. Luego de la restitución de su identidad en 2015, atravesó un largo proceso y actualmente es la referente local del nodo de Abuelas de Plaza de Mayo en Mendoza. Su lucha está centrada en el derecho a la identidad. Al respecto, propuso que se elaboraran carpetas de documentos de las personas desaparecidas, que no quedaran solo como víctimas de un juicio y que futuras nietas y futuros nietos no tuvieran que hacerse cargo de la reconstrucción de las vidas de sus padres y madres. “Es necesario que el Estado me devuelva la historia que una vez me quitó”, concluyó.
Para motorizar algunas o todas las opciones planteadas, diferentes intervenciones aportaron en el mismo sentido: la necesidad de dejar atrás la virtualidad y reactivar la presencia de público en las audiencias luego de pandemia, de crear lazos con las generaciones jóvenes, de usar los recursos actuales para que las demandas por memoria, verdad y justicia tomen la fuerza que la sociedad demuestra cada 24 de marzo.
En definitiva, todas las personas presentes ratificaron la fuerza y la voluntad de sus espacios —cada uno desde su particularidad— para continuar con los juicios de lesa humanidad en tanto procesos clave para el presente y el futuro en la necesidad histórica de la búsqueda de memoria, verdad y justicia.
