18-06-2026 | La fiscalía alegó por cuatro casos correspondientes a enero y febrero de 1976. Las dos detenciones de Roberto Blanco, desaparecido en el D2, además de los secuestros de Jaime Valls, Raúl Lucero y la cordobesa Silvia Peralta. Luego comenzó la reconstrucción del gran operativo contra la Juventud Trabajadora Peronista-Montoneros conocido como “Causa Rabanal”. La próxima audiencia será el viernes 19 de junio a las 9:30.
Durante la jornada, los fiscales Dante Vega y Daniel Rodríguez Infante continuaron los alegatos sobre hechos previos al golpe de Estado. En primer lugar, las detenciones de Roberto Blanco, que podrían tener un móvil económico y que concluyeron con la desaparición del militante peronista en abril de 1976. Luego se analizaron las detenciones de Jaime Valls y Raúl Lucero a raíz de la distribución de volantes que advertían sobre el golpe de Estado. También se reconstruyó el caso de Silvia Peralta, militante del PRT-ERP oriunda de Córdoba, que estuvo detenida en el D2 en febrero de 1976 y fue desaparecida meses más tarde en La Perla. Por último, comenzó el desarrollo del operativo Rabanal contra doce víctimas adultas y tres menores.
Caso 20: Roberto Blanco, Roberto Eduardo Jalit y Héctor Tomás Salcedo
Este caso comprende dos hechos: en primer lugar, el secuestro y cautiverio de Roberto Blanco, Roberto Eduardo Jalit y Héctor Tomás Salcedo en el D2; luego, el segundo secuestro y posterior desaparición de Roberto Blanco. Para reconstruir los hechos, la fiscalía se apoyó en las declaraciones de los testigos sobrevivientes, en los expedientes de la época —algunos de los cuales contienen declaraciones de las propias víctimas—, en los testimonios de otras personas que compartieron cautiverio con Blanco, Jalit y Salcedo en el D2, y en el legajo personal y el legajo CONADEP de Roberto Blanco. Antes de desarrollar el caso, el fiscal recordó que Armando Osvaldo Fernández ya fue condenado por la desaparición de Blanco en el marco del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, conocido coloquialmente como la megacausa de los jueces federales.
Roberto Blanco había nacido en Córdoba en 1939. Al momento de los hechos tenía 36 años y estaba en pareja con Nora Cadelago. Trabajaba en la Dirección de Transporte desde el 15 de junio de 1973 y había sido secretario de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Junto a dos amigos, Roberto Eduardo Jalit y Héctor Tomás Salcedo, era, desde 1975, militante de la Juventud Sindical, agrupación históricamente vinculada a la ortodoxia peronista. A fines de 1975, los tres amigos se convirtieron en socios cuando adquirieron el fondo de comercio del Hotel Derby, ubicado en la calle Patricias Mendocinas al 1643 de Ciudad. Tras esta compra, Blanco pasó a vivir en la habitación 109 del inmueble, mientras que Jalit y Salcedo pernoctaban ocasionalmente en el lugar.
El 18 de enero de 1976, personal policial asentó una denuncia de un ciudadano de apellido Salpietro que señalaba a Blanco como partícipe del atentado del 3 de enero contra la Comisaría Primera, en el cual se dio la muerte del agente Cuello. Por este hecho, que ya fue repasado en audiencias anteriores, se abrió un expediente que el D2 usó como plataforma para la persecución sistemática de personas. Con el tiempo se investigaría a Salpietro por falso testimonio, sin embargo, la misma noche de su denuncia, efectivos del D2 procedieron –sin orden judicial y sin citación formal al acusado– al secuestro de Blanco, Jalit y Salcedo, quienes se encontraban juntos en el hotel.
Las mismas víctimas narraron estos hechos en las declaraciones que les tomaron en el D2. Roberto Blanco declaró que, estando en el hotel, ingresó personal de la Brigada de Investigaciones, que alguien se identificó como teniente del Ejército y que se lo llevaron encapuchado. Jalit contó que aquel día había llegado al hotel a las 20:30, cuando tres sujetos vestidos de civil se le acercaron, le preguntaron su nombre, le exhibieron armas, le dijeron que eran militares y lo trasladaron al D2. Salcedo, por su parte, narró que en la noche del 18 de enero unos hombres de civil irrumpieron con metralletas, que lo tiraron al suelo mientras él les gritaba que era funcionario del gobierno y se lo llevaron. Este último aseguró que, por el corto tiempo del traslado, supo que lo habían llevado a una dependencia policial. Luego, cuando lo metieron en una celda y se sacó la venda, se encontró con una habitación de dos por uno y una sola mirilla: había llegado a los calabozos del D2. Allí, las víctimas fueron torturadas e interrogadas. Jalit contó que, en los interrogatorios, querían que dijera que Blanco era Montonero, lo que carecía de sentido, dado que Blanco militaba en una agrupación política de derecha enfrentada a esta organización. Cinco días después de su detención, Salcedo, Jalit y Blanco fueron trasladados a la central de policía de calle Mitre antes de ser liberados. Al reencontrarse allí, comprendieron que los tres habían pasado por el D2 y Blanco les mostró los moretones que tenía de la cintura hasta el cuello. Además, tenía las costillas rotas y el esternón desgarrado.
El primer paso de Roberto Blanco por el establecimiento ha sido confirmado a partir de la declaración de muchas personas que estuvieron allí al mismo tiempo que él. Ricardo Puga, por ejemplo, conoció a Blanco entre fugaces conversaciones en el D2 y declaró que este “parecía una vaca” por las manchas y los moretones que le habían dejado los golpes recibidos allí. Recordó, además, que a Blanco lo tiraban al piso y luego obligaban a las demás personas cautivas en el D2 a caminar por encima de él. Salomón Fioretti, por su parte, también estuvo en el D2 durante esa época y en su declaración recordó a una persona grande, corpulenta y de acento cordobés a quien reconoció cuando le mostraron una foto de Roberto Blanco. Juan Basilio Sgroi también habló de Blanco cuando fue entrevistado por Rodrigo Sepúlveda, un reconocido periodista que investigó los esquemas de la represión durante el terrorismo de Estado en Mendoza. Pero nadie supo más del sufrimiento por el que pasó Roberto Blanco que su pareja de entonces, Nora Cadelago, quien contó que lo pateaban en la espalda y en el pecho y que, cuando pudo verlo, estaba todo morado. “Callaba cosas por las cuales le corrían las lágrimas”, recordó.
Tras la primera liberación, Blanco entró en una licencia de 90 días que la Secretaría de Transporte le otorgó por el estado deplorable en que lo dejaron. Junto a Jalit y Salcedo, contrataron a un abogado para reclamar los daños y perjuicios sufridos y decidieron vender el fondo de comercio del hotel para irse a Buenos Aires a iniciar una actividad similar. En Buenos Aires, vivieron en un departamento que el padre de Nora Cadelago les prestó –era jefe de la policía ferroviaria– hasta que los convencieron de volver a Mendoza por la inminencia de un golpe de Estado. Ya de regreso, Blanco se enteró de que lo estaban buscando y llamó a su concuñado —médico, radicado en Córdoba y con un cargo en la Fuerza Aérea—, quien le aconsejó hablar con el interventor de la Universidad Nacional de Cuyo, el comodoro Ruiz. El 30 de marzo, en reunión con Ruiz, este le informó que pesaba sobre él una orden de detención y fue llevado por Armando Osvaldo Fernández y otro efectivo policial de nuevo al D2: allí le sacaron una foto, le tomaron las huellas digitales y lo dejaron en libertad.
Un día después, el 31 de marzo, Roberto Blanco estaba en la casa de su pareja cuando lo llamaron para citarlo nuevamente al D2. Según la denuncia que Salcedo presentaría más tarde ante el Ejército, ese día Fernández fue al domicilio de Cadelago y, como Blanco no estaba, dejó dicho que necesitaba hablar con él; por la noche Fernández llamó a la casa y le indicó que debía presentarse en el D2 para terminar de llenar unos papeles. Desconfiando del motivo de la citación, Blanco llamó al padre de Nora Cadelago para preguntarle qué hacer y este le dijo que fuera acompañado. El 1 de abril se presentó en el D2 junto a Héctor Salcedo, quien tuvo que manejar porque Blanco aún no podía caminar. Ingresó alrededor de las 10 por la puerta principal, sobre calle Belgrano, y Salcedo se quedó esperándolo en el auto. Pasaron dos horas y no salió. Cuando Salcedo entró a preguntar, Fernández le respondió que ya se había retirado; en la guardia, en cambio, le dijeron que no lo habían visto. Nora Cadelago refirió lo mismo que Héctor Salcedo y agregó que este la llamó para preguntar si Blanco estaba en la casa, que volvió a entrar al D2 y que luego se retiró por terror. Desde ese momento, Roberto Blanco está desaparecido. Al día siguiente, el 2 de abril, Salcedo radicó la denuncia ante el Ejército.
Nora contó que lo buscaron durante un año, que la citaron muchas personas de la Secretaría de Transporte y que, en algún momento, le dijeron que no se metiera más, que lo habían fusilado. También declaró que un médico forense, a través de su esposa, le transmitió que su marido le había dicho que no lo buscara más: que él mismo lo había atendido y que estaba muerto.
La hipótesis más fuerte de la fiscalía es que la desaparición de Blanco estuvo vinculada al fondo de comercio del hotel Derby, que fue vendido tras su primera detención. La fiscalía sostiene que el hecho se relaciona con ese negocio, aunque no puede precisar si la motivación fue económica, si hubo otro factor o algún tipo de revanchismo: la falta de certezas, explicó, es común debido a la clandestinidad con que se cometieron los hechos. En cualquier caso, remarcó, la motivación no altera la responsabilidad penal: cualquiera haya sido el móvil, el hecho se inscribe en un marco de represión estatal y se vincula directamente con el D2.
Caso 21: Jaime Valls y Raúl Lucero
Los secuestros de Jaime Valls y Raúl Lucero constituyen para la fiscalía el “caso volantes”. Las víctimas tenían 23 y 27 años, militaban en el Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda (FAUDI) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el 4 de febrero de 1976 estaban repartiendo volantes cerca de Bodegas Giol, en Maipú; los panfletos advertían sobre la creciente intervención de las Fuerzas Armadas y el inminente golpe de Estado.
Fueron detenidos por hombres que bajaron de una camioneta. Lucero trató de escapar y le dispararon en la pierna. La mujer que los había llevado en su vehículo –Mónica Petri– presenció los secuestros y pudo dar aviso a las familias. Valls –que declaró en este juicio en 2025– y Lucero –actualmente fallecido– fueron trasladados a la Comisaría 10 de Maipú y posteriormente al D2. Reconocieron que estaban en este CCD porque Lucero se pudo correr la venda. Permanecieron encapuchados y en calabozos distintos hasta el 6 de febrero, momento en que les retiraron las vendas. Presenciaron entonces “todo tipo de hechos desagradables”. Allí fueron interrogados y torturados por un policía que se hacía llamar Morales. En reconocimientos fotográficos, señalaron a dos policías que tenían una fisonomía similar: Ricardo Aleks y Luis Estalles. Valls declaró que compartieron cautiverio con las víctimas del operativo Rabanal.
El 5 de febrero el padre de Valls presentó un habeas corpus que motivó el envío de oficios desde la justicia para averiguar su paradero. Un día después, el 6 de febrero, el jefe del D2 respondió que los dos hombres estaban detenidos a disposición del Comando de la VIII Brigada en virtud del decreto que prorrogó el estado de sitio en 1975. El juez solicitó el decreto de arresto específico porque el estado de sitio no alcanzaba para justificar las detenciones. El 10 de febrero, Jorge Maradona contestó que no tenía una copia del decreto para mandar y dio un número inventado. En verdad, el decreto de arresto del PEN se emitió un mes después: “El desdén de la autoridad militar sobre la justicia queda demostrado con este asunto”, sostuvo el fiscal.
Cuando llevaban siete días desaparecidos, el padre de Jaime se presentó en la sede del Comando, donde le informaron que estaban en la penitenciaría. En la cárcel lo negaron. Tampoco estaban incluidos en lista de detenidos a disposición del PEN. El 11 de febrero insistió con el habeas corpus y ese mismo día el juez rechazó el recurso.
Tras ocho días en el D2, las víctimas fueron llevadas a la cárcel de Mendoza. Valls siguió siendo torturado y golpeado por los penitenciarios Bianchi y Barrios. En septiembre pasaron a la U9 de La Plata. Fueron liberados en febrero de 1977. Nunca existió una causa judicial en su contra.
Caso 22: Silvia Peralta de Ferreyra
Silvia y su pareja, Diego Ferreyra, se instalaron en Mendoza huyendo de la persecución de su Córdoba natal. Ambos militaban en el PRT-ERP y tenían una hija pequeña llamada Juana. Silvia, de 24 años, estudiaba Abogacía. Dante Vega advirtió que no se la menciona en ningún expediente, causa o “papel” del D2: no era de Mendoza, no tenía causa en la justicia, “estaba a su completa disposición”. Su itinerario, similar al de Rosa Benuzzi de Torres –venía huyendo de Santa Fe, estuvo secuestrada en el D2 y luego fue desaparecida en su provincia–, se reconstruyó a partir de testimonios de su hermana Marcela, su cuñado –Santiago Ferreyra– y sobrevivientes del D2.
La joven fue secuestrada en Maipú el 9 o 10 de febrero de 1976, cuando ingresó por error a un domicilio vinculado a Montoneros donde la policía había montado una “ratonera”. Llevaba consigo una revista del PRT que debía entregar. La condujeron al D2 donde permaneció cautiva, como mínimo, hasta el 27 de ese mes. Allí fue salvajemente torturada y sistemáticamente violada. En una oportunidad la trasladaron al pedemonte, donde sufrió simulacros de fusilamiento y un enterramiento hasta el cuello. Silvia llegó a contarle todo esto a su hermana Marcela cuando se reencontraron en Córdoba.
Recuperó la libertad debido a que integrantes de la policía pidieron un rescate a su padre, tras lo cual la joven fue abandonada cerca de San Rafael. Amigos de su familia la buscaron y la llevaron a Córdoba. A mediados de abril de 1976 debieron internarla en una clínica para que se recuperase de la heridas causadas por la tortura.
Dan testimonio del paso de Silvia Perlata por el D2, y de la violencia sexual que sufrió, varios sobrevivientes del mayor CCD de la provincia que estuvieron detenidos en esas fechas e incluso hablaron con ella: Fernando Rule, Silvia Ontivero y Guido Actis. Este último, recordó una escena en la que vio fugazmente a Silvia y su torturador, Mechón Blanco, cuando ingresaba al D2.
Silvia Peralta y su compañero, Diego Ferreyra, fueron secuestrados delante de los padres de Diego en Córdoba, el 24 de mayo de 1976, cuando iban a una reunión familiar. A esta altura habían pasado a la clandestinidad. Diego fue herido frente a su familia por la patota que los secuestró en un operativo del que participó el genocida Vergez. La hija de la pareja quedó con sus abuelos.
Diego y Silvia, a quien llamaban también “Phoebe”, fueron desaparecidos en el Centro Clandestino de Detención y Tortura La Perla.
Caso 23: Operativo Rabanal
Este operativo de febrero de 1976, todavía en democracia, fue investigado en profundidad en el segundo y el cuarto juicio de la provincia. El gran expediente caratulado “Fiscal contra Rabanal” constituye un ejemplo de la utilización de la Ley de Seguridad Nacional 20840 para disfrazar detenciones ilegales y del abandono definitivo de la formalidad judicial: ya no se piden autorizaciones para allanamientos, directamente se “patea la puerta”, se secuestra y se tortura en el D2. Las actas de los procedimientos, de existir, no tienen aclaraciones.
Las detenciones se desarrollaron entre el 6 y el 20 de febrero en distintas locaciones. Producto de los procedimientos, 15 víctimas fueron secuestradas: Daniel Rabanal, Marcos Ibáñez, Rodolfo Molinas, Silvia Ontivero, Fernando Rule, Stella Maris Ferrón, Ivonne Larrieu, Alberto Mario Muñoz, Miguel Ángel Gil, Olga Vicenta Zárate, Guido Actis y Haydeé Fernández; el caso incluye además a dos niñas pequeñas y un niño: Yanina Rossi, Antonia Muñoz y Alejo Hunau. Todas las víctimas adultas fueron trasladadas a la Unidad Regional I, donde el juez Carrizo y el secretario Giñazú les tomaron declaración antes de su ingreso a la penitenciaría.
Daniel Rabanal fue el primer detenido. Tenía 26 años, era dibujante y militaba en Montoneros. Fue interceptado en la vía pública por el Cuerpo de Vigilancia de la Policía cuando manejaba un Fiat 128 que había sido reportado como sustraído. La policía lo consideró un delincuente “común” y lo trasladó a la Comisaría de San José. Allí fue golpeado y colgado de una barra. Lo interrogaron según el trato “corriente” de las fuerzas de seguridad y le tomaron las huellas. El 8 de febrero intervino el D2, lo cual dio origen al expediente. Allí figura que personal de esta dependencia buscó a Rabanal en la comisaría y realizó un allanamiento en su domicilio, al que ingresaron con la propia llave que la víctima habría facilitado. El comisario lo despidió con una advertencia: “Bueno, pibe, yo llegué hasta acá. Ahora vienen los muchachos de Buenos Aires a buscarte. Que tengas suerte”.
Era de noche y lo ataron con alambres antes de colocarlo en el baúl de un auto. En algún lugar abierto, lo bajaron para golpearlo brutalmente entre seis o siete personas. Luego lo desnudaron y lo ataron al elástico de una cama en el interior de una construcción, donde fue torturado con picana. El 9 de febrero lo trasladaron al D2.
En este CCD permaneció hasta el 26 de febrero y aseguró que las primeras tres jornadas fueron las más difíciles por la permanente tortura sufrida. Tampoco recibió comida ni bebida y debió tomar su propia orina porque tenía alucinaciones debido a la deshidratación. Los interrogatorios ocurrían bajando las escaleras, en una habitación con olor a orina y ruido de máquinas. Paredes de por medio se oía ruido de oficina, gente hablando y máquinas de escribir.
Durante el cautiverio perdió 18 kilos y acumuló múltiples heridas: tuvo principio de gangrena en el pie, además de sufrir lesiones en ano, costillas rotas y paralización de una mano. Dicho estado fue confirmado por las demás víctimas detenidas en el D2. Guido Actis declaró que los perpetradores tenían cierta preferencia por golpear a Rabanal, Gil e Ibáñez.
El 12 de febrero su hermano Rodolfo Rabanal presentó un habeas corpus ante el juez Carrizo. Recién el 19 de ese mes la autoridad de la VIII Brigada de Infantería de Montaña informó que no había sido detenido por militares. El juez comprobó que estaba detenido en el D2 y rechazó el recurso. Luego del rechazo, aparece una falsa respuesta de la Policía negando la existencia de detención. “Perlas que se ven en los habeas corpus”, sostuvo Dante Vega.
El 26 de febrero Rabanal fue trasladado esposado y vendado a declarar ante el juez. Esta primera tanda de víctimas incluía además a Silvia Ontivero y Fernando Rule. Al llegar, a Rabanal le quitaron las vendas pero no las esposas, y el juez Carrizo le tomó declaración. Le costaba caminar y había bajado muchísimo de peso. “Eran espectros”, agregó el fiscal. Sus aspectos no coincidían con las fotos que les habían tomado apenas ocurridas las detenciones.
Luego de la declaración, lo subieron a un camión celular y lo condujeron a la cárcel. Allí fue revisado por el médico Carlos Casetti por orden del juez. A pesar de las lesiones visibles, consignó que el estado general de la víctima era “bueno”. En el penal también sufrió torturas.
Hacia 1979, ya en la Unidad 9 de La Plata, Rabanal tuvo una entrevista con el juez Guzzo –quien parecía haber quedado al frente de la causa– de forma previa a dictar una condena. Además, fue citado a declarar como testigo a un Consejo de Guerra que celebró el Ejército contra Rosa Gómez, Roque Argentino Luna, Daniel Ubertone y Morales, a quienes no conocía. Relató que se desarrollaron varias sesiones donde lo interrogaron sobre él, no sobre las personas imputadas. Recuperó su libertad el 26 de julio de 1984, previo paso por el penal de Caseros.
El segundo procedimiento, que tuvo lugar el 9 de febrero, consistió en la detención de Marcos Ibáñez y Rodolfo Molinas. Ibáñez tenía 26 años, era militante de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y operador de la torre de la empresa de transporte TAC. También se desempeñaba como delegado gremial. Molinas, de 24 años, era estudiante de Derecho y empleado en el estudio jurídico de su padre. Integraba la JTP.
Los secuestros ocurrieron en el domicilio de Godoy Cruz de Marcos Ibáñez, por la mañana, mientras cuidaba a la hija pequeña de la familia Molinas –quienes vivían allí circunstancialmente–. Personal de civil ingresó a la vivienda buscando a un tal “Martín” y, cuando Marcos dio su nombre, fue golpeado y detenido junto a Molinas. Llegó a reconocer a dos policías, García y Liguria, que habían trabajado como seguridad en Casa de Gobierno durante 1973. El acta de procedimiento labrada por el D2 invocó una orden de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, no de la justicia. El documento enumeraba una serie de objetos secuestrados: municiones, miguelitos, relojes automáticos de lavarropas. Al prestar declaración indagatoria ante la justicia federal por la causa Rabanal, en junio de 1977, Ibáñez desconoció estos objetos y advirtió que no figuraba todo lo que efectivamente se habían llevado.
Como era usual entre el personal del D2, fue trasladado vendado y atado en el baúl de un auto. En este CCD sufrió constantes torturas y nunca retiraron la venda. Allí lo obligaron a firmar una declaración con la promesa de que recibiría atención médica: tenía heridas en el cuero cabelludo y el hombro, además de infecciones. También lo presionaron para que reconociera una vivienda en el barrio Bancario: los policías lo subieron a un auto y le dijeron cuál era el domicilio que tenía que señalar, pero no encontraron a las personas que buscaban. Desde el auto, oyó que en un procedimiento que tuvo lugar en la calle Río Cuarto de Dorrego se produjo un tiroteo.
El 22 de febrero Ibáñez ingresó al penal provincial y debió ser operado por el doctor Marotta, jefe de Sanidad del establecimiento. El traslado desde el D2, según el propio documento que firmó Sánchez Camargo, se debía a “las condiciones de precariedad y falta de condiciones esenciales para su tratamiento en el lugar donde se aloja”, es decir, el propio CCD. El estado de la víctima consta en el informe que presentó Marotta el 3 de marzo de 1976: Marcos estaba deshidratado y febril, tenía heridas en el dorso de la nariz con exposición de huesos, hematomas múltiples e infecciones, entre muchas otras.
Marcos Ibáñez murió en septiembre de 1977 producto de una golpiza sufrida en la Unidad 9 de La Plata, a sus 30 años.
La próxima audiencia será el 19 de junio a las 9:30
