3-07-2026 | La fiscalía continuó los alegatos sobre el accionar del D2 con la reconstrucción de los secuestros y traslados clandestinos de víctimas provenientes del sur provincial y del Gran Mendoza. Todos los casos corresponden a detenciones previas al golpe de Estado. Durante la audiencia se desarrollaron los casos de once personas, entre ellas Santiago José Illia, quien permanece desaparecido. Luego de la feria judicial, las próximas audiencias tendrán lugar los días 30 y 31 de julio, con horario a confirmar.
Con la provincia bajo cero, los Tribunales Federales fueron escenario de una nueva audiencia de alegatos por los crímenes cometidos por el Departamento de Informaciones (D2) durante la última dictadura cívico-militar. A partir de testimonios, documentación y registros penitenciarios, la fiscalía reconstruyó el recorrido represivo de las víctimas desde sus secuestros hasta su paso por el D2 y otros centros de detención, y profundizó en el caso de Santiago José Illia, desaparecido tras la supuesta liberación de la Penitenciaría Provincial.
Caso 24: secuestros en San Rafael y traslados al D2
La fiscalía desarrolló los hechos sufridos por tres víctimas secuestradas en San Rafael y posteriormente trasladadas al Departamento de Informaciones (D2): Nilo Lucas Torrejón Bravo, Santiago José Illa —actualmente desaparecido— y Orlando Flores. Este caso se reconstruyó con prueba documental y los testimonios de Nilo Torrejón y Orlando Flores durante este juicio.
Nilo Lucas Torrejón Bravo tenía 24 años, era militante de la Juventud Peronista de San Rafael y trabajaba en la Dirección Provincial de Construcciones. Según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, ya había sufrido allanamientos y detenciones por motivos políticos durante 1974 y 1975. El 26 de febrero de 1976 fue secuestrado en su domicilio de calle Chacabuco mientras dormía junto a su familia. El operativo fue realizado por efectivos del Ejército y de la Policía de Mendoza. Alrededor de veinte soldados rodearon la vivienda, algunos permanecieron sobre los techos y otros irrumpieron en el lugar. Torrejón fue atado, encapuchado y trasladado. Durante el procedimiento reconoció entre los efectivos a un integrante de la policía que era vecino suyo.
Tras permanecer algunos días detenido en San Rafael fue llevado al edificio de Infantería. Permaneció cautivo junto a unas treinta personas, entre ellas Osvaldo Flores y varios integrantes de su familia. Allí, las víctimas fueron golpeadas y sometidas a distintos tormentos. Una madrugada ingresaron Santiago José Illa, Ricardo Demetrio Ríos y Aldo Ozán, quienes fueron separados del resto y mantenidos con mayores medidas de seguridad.
El 10 de marzo Torrejón fue trasladado a Mendoza junto a Carlos Berón, Jorge Berón, Osvaldo Flores, Ramón Rosales y Santiago Illa. El viaje se realizó en un camión del Ejército, con todos los detenidos esposados y encapuchados. La fiscalía destacó que ese traslado clandestino quedó registrado en el libro de guardia de la Policía de San Rafael. Al llegar al D2 le tomaron fotografías, huellas dactilares y le informaron que quedaba alojado en el Palacio Policial a disposición del Ejército.
Pese a que en su declaración en este juicio Torrejón negó haber sufrido torturas en el D2, el fiscal Rodríguez Infante aclaró que la víctima compartió un régimen de detención clandestina caracterizado por amenazas, golpes, aislamiento y tormentos psicológicos. En ese sentido, recordó que escuchar los gritos y las sesiones de tortura de otras personas detenidas, sin saber cuándo llegaría el propio turno, constituye en sí mismo un mecanismo de tortura.
El 16 de marzo fue trasladado a la Penitenciaría Provincial y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Permaneció alojado en el pabellón 11 junto a otros presos políticos, entre ellos Santiago Illa, Guido Actis, Vicente Antolín, Martín Agüero, Pedro Borichiu, Francisco Amaya, Pablo Seydell, Reynaldo Puebla y Pedro Víctor Coria. Tras el golpe de Estado del 24 de marzo las condiciones de detención se endurecieron aún más, con aislamiento, restricciones para recibir visitas y nuevos episodios de violencia. En diciembre de 1976 fue trasladado en un avión Hércules a la Unidad 9 de La Plata y, posteriormente, a la cárcel de Caseros. Recuperó la libertad en noviembre de 1979 con la condición de abandonar el país y se exilió en Suecia.
Santiago José Illa tenía 23 años, era periodista, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y vivía en San Rafael junto a su esposa, Silvia Cristina Faget, embarazada de ocho meses, y su hijo de poco más de un año. Ante las primeras detenciones de militantes en la ciudad, la pareja permaneció algunos días en la clandestinidad. Sin embargo, la misma noche en que regresaron a su vivienda, un operativo conjunto del Ejército y la Policía irrumpió violentamente en el domicilio.
El secuestro ocurrió durante la madrugada del 9 de marzo de 1976. Sin exhibir orden judicial, los efectivos ingresaron a la vivienda, sometieron a la familia y trasladaron a Illa al subsuelo de la vivienda, donde fue interrogado bajo tortura. Mientras tanto, Silvia Faget fue obligada a firmar un acta en la que se afirmaba falsamente el hallazgo de material subversivo en el domicilio. Cuando uno de los jefes del operativo le preguntó dónde estaban las armas, respondió: «Las armas las tiene usted». El procedimiento estuvo acompañado por destrozos y el robo de pertenencias de la familia.
Tras el secuestro, el padre de Santiago Illia recibió un llamado anónimo que le informó que su hijo se encontraba detenido en la sede de Infantería de San Rafael. Allí permaneció cautivo hasta el 10 de marzo de 1976, cuando fue trasladado junto a otros detenidos al D2 de la Ciudad de Mendoza.
El 15 de marzo, la madre de Illia presentó un habeas corpus en el que hizo constar que había tomado conocimiento del traslado de su hijo a Mendoza. Sin embargo, las autoridades le respondieron que se encontraba alojado en el Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña por actividades subversivas. El recurso fue rechazado por el juez Carrizo. Para la fiscalía, esa respuesta ocultó el verdadero lugar de detención: Santiago ya estaba secuestrado en el D2.
El 16 de marzo fue trasladado a la Penitenciaría Provincial. Allí permaneció en las mismas condiciones que Nilo Torrejón y el resto de los detenidos provenientes de San Rafael. Compartió cautiverio con varios presos políticos, presenció las torturas infligidas a otros detenidos y continuó sometido al régimen de clandestinidad que caracterizaba estos procedimientos. Entre el 17 y el 18 de marzo, su esposa Silvia Cristina Faget recibió una carta escrita por Santiago desde la penitenciaría. Poco después, su madre pudo visitarlo.
El 12 de mayo le informaron que iba a recuperar la libertad, le devolvieron sus pertenencias y lo retiraron del penal. Desde entonces nunca más se supo de él. Nilo Torrejón, Roberto Marmolejo y Fernando Rule dieron cuenta de ese episodio, mientras que el sacerdote Jorge Latuf declaró que lo vio caminar custodiado dentro del Liceo Militar General Espejo. La fiscalía recordó además que José Antonio Fuertes, condenado por estos hechos, reconoció en una indagatoria de 2008 su firma en la documentación del traslado y afirmó que había retirado a Illia para conducirlo al Liceo por orden de sus superiores.
A partir de ese momento comenzó una nueva búsqueda. El 15 de mayo, Silvia recibió una carta que le había enviado a su esposo preso con la leyenda de que Santiago «no se encontraba detenido en ese lugar». El 2 de julio, su madre y su esposa presentaron un nuevo habeas corpus. La respuesta judicial sostuvo que Illia fue puesto en libertad el 12 de mayo por lo que el recurso también fue rechazado.
Para el Ministerio Público Fiscal, el caso evidencia el modo de funcionamiento del aparato represivo. Luego de permanecer secuestrado y torturado en el D2, Santiago Illia fue retirado del establecimiento penitenciario bajo la apariencia de una liberación y desde entonces permanece desaparecido. Esta modalidad no fue común en Mendoza, pero la fiscalía sí relevó casos similares de otros penales como las desapariciones de Guillermo Segalli, Miguel Domínguez y Gonzalo Carranza de la U9 de La Plata en febrero de 1978. También hay casos de conscriptos a los que se les dio licencia o baja y están actualmente desaparecidos.
Orlando Flores era trabajador de la construcción y militante de la Juventud Peronista de San Rafael. Fue detenido durante la madrugada del 24 de febrero de 1976 en un operativo realizado por personal de Infantería y del Ejército. Los efectivos ingresaron armados a su domicilio, lo apuntaron con armas de fuego y Flores logró reconocer entre ellos a un policía de apellido Domínguez. Tras reducirlo, lo subieron a un móvil y lo trasladaron para ser interrogado. En el procedimiento también fueron llevados a Infantería sus padres, su hermana y sus sobrinos, de apenas uno, tres y cinco años de edad, quienes recuperaron la libertad poco después.
Días más tarde, mientras preparaba comida para llevar a otros compañeros detenidos, un hombre de apellido Labarta se presentó en su domicilio y le aseguró que solo debía prestar una declaración para recuperar definitivamente la libertad. Flores concurrió a la Regional Segunda, donde le dijeron que iban a hacerle unas preguntas. Sin embargo, fue sujetado violentamente, introducido por la fuerza en el edificio y nuevamente detenido. Desde allí fue trasladado a Infantería de San Rafael.
El 10 de marzo fue llevado a la ciudad de Mendoza junto a otros detenidos e ingresado al D2. Permaneció vendado y esposado durante el traslado. En ese centro clandestino fue interrogado sobre su militancia y le exigían que dijera si pertenecía al ERP, a la Juventud Peronista o a otra organización. Él sostuvo que únicamente militaba en la JP. La fiscalía señaló que, al igual que ocurrió con Nilo Torrejón, las torturas sufridas por Flores fueron muchas veces relativizadas en comparación con las padecidas por otras víctimas. Sin embargo, destacó que las condiciones de cautiverio en el D2. Los detenidos debían comer con las manos, no podían ir al baño, escuchaban durante las noches los gritos de quienes eran torturados y permanecían en la incertidumbre permanente de no saber cuándo serían ellos los próximos. Ese clima de espera, sumado a la percepción constante del sufrimiento ajeno, fue señalado como una forma de tortura psicológica.
El 16 de marzo fue trasladado a la Penitenciaría Provincial de Mendoza. Permaneció allí hasta el 25 de marzo de 1977 y luego fue derivado a la Unidad N.º 9 de La Plata, donde finalmente recuperó la libertad el 7 de abril de 1977.
Caso 25: los abogados alvearenses Héctor Rosendo Chaves y Carlos Pont
Este caso también comprende a víctimas del sur provincial trasladadas al D2. Se trata de los hechos relativos a Héctor Rosendo Chaves y Carlos Pont, secuestrados en General Alvear. Rosendo Chaves declaró en múltiples ocasiones y también en este juicio, en febrero de 2025. Carlos Pont falleció en 1995. Para reconstruir su caso, además de los testimonios de Chaves, la fiscalía relevó prueba documental como su prontuario penitenciario.
Al momento de su secuestro, Chaves tenía 41 años, vivía en General Alvear y era militante del Partido Auténtico (PA). Pont, de 51 años y también abogado, era el apoderado del PA.
Chaves fue detenido el 15 de marzo del 76 en su estudio jurídico. Intervino en el procedimiento un grupo de cincuenta uniformados del Ejército. Durante todo el día la vivienda del abogado, pegada al estudio, fue allanada sin orden judicial. El hombre fue trasladado a la Comisaría 14 y por la noche, atado y vendado, al edificio de Infantería, en San Rafael. Desde entonces compartió cautiverio con Pont. El 16 de marzo, previo paso por Campo Los Andes, los dos abogados fueron conducidos en la caja de una camioneta, esposados y vendados, hasta el D2.
Pont fue ubicado en una celda grande con otras personas. Chaves ocupó una celda individual diminuta y declaró que fue torturado en una sala a la cual bajó mediante un ascensor o montacarga. Siempre estuvo vendado, pero cuando lo bajaban le ponían una capucha. Durante los interrogatorios se oían las voces de cuatro o cinco personas distintas, una de las cuales tenía tonada porteña. El testigo también mencionó que uno de los perpetradores posiblemente haya sido boxeador porque sabía pegar. Se desmayó varias veces a raíz de los golpes. Chaves supuso que a Aldo Fagetti lo habían matado pronto porque nunca le preguntaron por él, que era su compadre.
En el D2 se encontró con Bergoglio, que era su cliente y estaba en el estudio jurídico al momento de la detención. El padre de Chaves logró demostrar el carácter profesional del vínculo y consiguió que lo liberaran.
Recién diez días después de estar detenidos en el D2 se emitió un decreto de arresto del PEN y el 1 de abril tanto Chavez como Pont fueron trasladados a la penitenciaría. Curiosamente, el D2 informó que Pont debía ser sometido a revisión médica porque sufría de taquicardia. En septiembre de 1976 los dos hombres pasaron a la Unidad 9 de La Plata.
En el caso de Pont, no hay constancias posteriores sobre su derrotero. De acuerdo a información brindada por la Cámara Nacional Electoral, en 1984 se encontraba en libertad y luego se radicó en Neuquén. Falleció en octubre de 1995 en dicha provincia.
Por su parte, Chaves volvió a la cárcel de Mendoza y luego pasó a Caseros. En este penal recibió la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ocasión en la que ofició de delegado por su formación jurídica. En diciembre de 1978 le hicieron un Consejo de Guerra con personas desconocidas, pero el tribunal se declaró incompetente. No obstante, inmediatamente comenzó una causa en la justicia federal por infracción a la ley 20840 caratulada “Fiscal contra Rizzi”, que incluyó, además de Chaves, a Raúl Alberto Rizzi, Alicia Peña y Víctor Cuello. En marzo de 1979, en el marco de una indagatoria por esta investigación, las víctimas mencionaron a diversos integrantes del D2. Finalmente, en 1981, luego de seis años detenido, Chaves recibió la libertad vigilada.
Caso 27: Jorge Amaya Vargas y Santiago Barroso
Por su extensión, la fiscalía pidió desarrollar el caso 26 durante la próxima audiencia. En su lugar, Analía Quintar continuó con el caso 27 correspondiente a dos militantes peronistas de Maipú detenidos el mismo día: Jorge Amaya Vargas y Santiago Barroso. Este último declaró en instrucción en 2017. Jorge Amaya no llegó a hacerlo, pero envió una carta con un relato de lo vivido que es prueba en este juicio. Existe, además, una nota periodística sobre sus secuestros.
Enrique Santiago Barroso tenía 20 años, vivía en Luzuriaga, estaba casado y militaba en la Juventud Peronista (JP). Jorge Amaya, su vecino y amigo de la infancia, tenía 21 años, vivía en la misma calle –Francisco Muñiz–, trabajaba en la destilería de YPF e integraba la JP. Los jóvenes fueron detenidos la madrugada del 17 de marzo de 1976 en sus respectivos domicilios. En el operativo intervinieron más de 50 efectivos del Ejército y personal de civil.
Primero detuvieron a Barroso. Un hombre al que llamaban “capitán” le hizo escribir y firmar un papel negando que hubieran roto ni robado pertenencias. Luego de subirlo a un camión del Ejército, le pusieron soga en las manos. Casi simultáneamente, a unos metros de distancia, detenían a Jorge Amaya. Desde el camión, Barroso llegó a ver que cargaban a su vecino en otro vehículo. En la carta que envió desde Venezuela, país donde se exilió, Amaya narró que durante su secuestro lo golpearon e interrogaron sobre Santiago Barroso, con quien militaba en la Unidad Básica. Además, refirió que destruyeron la casa y golpearon a su madre y su hermana para que él respondiera.
Los dos fueron trasladados inmediatamente al D2. Amaya relató que le sacaron la venda y lo llevaron a un calabozo pequeño. Más tarde lo pasaron a uno más grande, con otras cinco personas: además de Barroso, mencionó a Roberto Marmolejo, detenido el mismo día. Barroso declaró que en el D2 había otras veinte víctimas. Los hombres fueron interrogados bajo tortura. Sufrieron, además, simulacros de fusilamiento.
Estuvieron al menos dos días en el D2, entre el 17 y el 19 de marzo. Luego los llevaron a la Jefatura Central de la Policía, entre las calles Mitre y Montevideo. No hay certezas sobre el tiempo exacto que siguieron cautivos, pero la situación se extendió varios meses hasta recuperar la libertad. Mirta Amaya, hermana de Jorge, declaró que no supieron de él por siete meses. En la jefatura también sufrieron tortura psicológica y simulacros de fusilamiento.
En su presentación ante la justicia, Amaya incluyó una copia de una nota publicada por Los Andes en marzo de 1976 titulada “Habríase identificado a los detenidos por fuerzas del Ejército”. El texto daba cuenta de varios operativos desplegados “por averiguación de actividades subversivas” que habían concluido en detenciones. Entre ellas, figuraban los nombres de Amaya, Barroso y Marmolejo.
Al ser liberados, Jorge Amaya perdió su trabajo en la destilería y como le retuvieron los documentos no pudo conseguir otro trabajo. Tampoco quería salir porque lo detenían por estar indocumentado. El hombre refirió que fue tal el estado de terror psicológico que optó por exiliarse en Venezuela. En la carta mencionada, explicó: “Tuve que huir del país, pasar mi juventud en un país que no era el mío (…) Perdí mis afectos, perdí mi familia (…) Sigo preguntando una y mil veces por qué a miles de muchachos como yo nos quitaron la parte más preciada de nuestras vidas, la juventud”. Poco después de escribir estas palabras, falleció en el país de acogida.
Por último, la fiscal se refirió a la violencia que sufrió Mirta Amaya aunque no haya imputados por estos hechos. La mujer declaró en instrucción en 2011 y relató que el día del procedimiento en su domicilio, a sus 23 años, fue violada en la cocina por 6 o 7 hombres “que entraban, salían y reían. No hizo la denuncia porque la amenazaron con matarla a ella y a Jorge.
Caso 28: Jorge Eduardo Moyano Pringles
Aunque no hay declaraciones de esta víctima, actualmente fallecida, su caso se pudo reconstruir por otras testimoniales y la prueba documental, incluido su prontuario penitenciario.
Jorge Eduardo Moyano nació en Mendoza en 1955. Al momento de los hechos tenía 20 años, era pintor de obra y vivía en Godoy Cruz. Fue detenido el 19 de marzo de 1976 cuando se presentó en el Comando de la VIII Brigada porque el día anterior lo habían ido a buscar a su domicilio. Desde el Comando lo trasladaron al D2. Aparentemente lo confundieron con Jorge Daniel Moyano, estudiante y militante del PRT-ERP desaparecido poco después en el D2, en mayo de 1976.
Jorge Eduardo no tenía militancia política. Otros detenidos, como Roberto Marmolejo o Alberto Scafatti, hablan del “joven equivocado” a quien nadie conocía. “La pasó muy mal, lo torturaron mucho”, dijo Scafatti. Estuvo secuestrado más de un mes en el D2 y fue torturado en este CCD.
El 22 de abril fue trasladado a la penitenciaría junto a otros detenidos. Tuvo decreto de arresto del PEN y salió en libertad el 16 de agosto de 1976.
Tras la feria judicial, las próximas audiencias se realizarán los días 30 y 31 de julio, con horario a confirmar.
