12-08-2026 | El fiscal Dante Vega reconstruyó el secuestro y cautiverio en el D2 de diez docentes y estudiantes en días cercanos al 24 de marzo de 1976. Se trata de Agüero, Marmolejo, Bauzá, Morgante, Peña, Bonino, Giuliani, Fornés, Carrer y Fernández. Las próximas audiencias serán el 27 y 28 de agosto a las 9:30.
En esta audiencia del decimotercer juicio por delitos de lesa humanidad, Dante Vega — en representación del Ministerio Público Fiscal— llevó adelante el alegato que reconstruyó de manera detallada las detenciones ilegales, el cautiverio y tortura de diez víctimas que fueron secuestradas en fechas cercanas al golpe del 24 de marzo de 1976. Los imputados volvieron a estar físicamente en la sala de audiencias luego de haber participado únicamente por vía virtual las últimas audiencias. Asimismo, el defensor oficial comunicó que falleció el imputado Teodoro Galigniana y queda pendiente analizar si alguna causa o delito lo tiene a él como único imputado y debe darse por terminada.
Al reflexionar sobre el destino de quienes pasaron por el Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D2), el fiscal analizó la paradoja de un plan sistemático que, sin embargo, dejó márgenes inexplicables de supervivencia: «Sabemos su metodología, su organización, su descentralización, la cuadriculación del fenómeno concentracionario, pero hay veces que la pregunta sobre quién vivía y quién moría permanece incógnita», introdujo Vega.
Caso 26: Marta Rosa Agüero y Roberto Marmolejo
Marta Rosa Agüero militaba en el Partido Comunista, era maestra jubilada y tenía una participación activa en el sindicato del Magisterio de Mendoza. Fue secuestrada el 17 de marzo de 1976, cerca de la una de la mañana, en su domicilio, donde también estaban su hijo, Aldo Adler, y su nuera. El operativo fue llevado a cabo por una patota compuesta por dos oficiales y nueve efectivos armados pertenecientes al Liceo Militar General Espejo. Al frente del procedimiento se presentó un teniente de apellido González, del Liceo. Con prepotencia, González le comunicó a la familia que el Ejército Argentino contaba con las facultades suficientes para detener personas y realizar allanamientos domiciliarios sin la necesidad de exhibir una orden judicial.
Marta fue interrogada de forma violenta en su propia vivienda durante dos horas sobre su militancia y entorno político, mientras los efectivos requisaban de manera destructiva la casa con el objetivo de sustraer objetos de valor y retirar todo el material bibliográfico disponible. Posteriormente, fue encapuchada y obligada a subir a la parte trasera de un camión militar del Ejército, custodiada por personal armado. En otro camión pero en el mismo operativo habían secuestrado a Marmolejo, quien la reconoció porque era la madre de un compañero y no tenía vendas en los ojos.
La fiscalía reconstruyó que Agüero fue llevada al D2. Según contó, al ingresar, le quitaron la capucha, registraron sus datos personales en un acta y la alojaron en los calabozos. Compartió celda con María Elena Moyano de Blanco, quien había sido detenida por una confusión de identidad de los represores, que buscaban a Ángeles Gutiérrez de Moyano, maestra jubilada, y después desaparecida, con un marcado parecido físico.
A Marta Rosa Agüero no le dieron comida ni asistencia médica durante su cautiverio en el D2. Con los ojos vendados, era conducida de forma sistemática a salas de interrogatorios donde pudo reconocer la voz del teniente González, el mismo que la había secuestrado en su casa. Este hombre aludió en el interrogatorio al carnet de afiliada al Partido Comunista que él mismo había confiscado en el domicilio. Esta intromisión directa de un oficial del Liceo Militar en el Departamento de Informaciones policial llevó al fiscal Dante Vega a señalar con ironía: «Parece que el Ejército también estaba facultado para hacerse presente en el centro clandestino».
Posteriormente, Agüero fue trasladada del D2 a la central de policía de calle Mitre y luego a la Seccional 2, donde permaneció en condiciones de detención ilegal hasta el 30 de marzo de 1976, cuando legalizaron su situación y pudo recibir ropa y visitas de su familia. Durante el secuestro, su hijo Aldo Adler se entrevistó personalmente con el general Lucero, entonces interventor de Mendoza, para pedirle información sobre el paradero de su madre. Lucero admitió que estaba detenida a disposición de la VIII Brigada de Infantería de Montaña y les aconsejó que buscaran tanto en la penitenciaría provincial como en el D2, ya que en esos lugares «había gente detenida». Marta Rosa fue liberada el 15 de abril de 1976.
Sin embargo, el hostigamiento estatal no concluyó allí. El 30 de enero de 1980, Marta Rosa Agüero fue secuestrada por segunda vez en el local de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Fue trasladada nuevamente al D2, donde permaneció cautiva hasta el 8 de febrero de ese año, cuando fue derivada a la Penitenciaría de Mendoza, donde la mantuvieron privada de su libertad hasta el 24 de diciembre de 1980. Su hijo presentó un recurso de habeas corpus el 7 de febrero de 1980, el cual fue rechazado sistemáticamente por la justicia federal tras recibir el informe del Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña que confirmaba que estaba detenida a su disposición.
La fiscalía también destacó que Marta Rosa Agüero fue una de las principales firmantes de las denuncias colectivas que las víctimas debieron presentar contrarreloj antes de que se cumpliera el plazo de caducidad impuesto por la Ley de Punto Final. Compartió esa presentación con otros sobrevivientes como Lozano, Antolín, Rule, Ontivero, Coria, Vázquez, Vélez, Paris, Zárate, José V. Nardi, Sabatini y Aramburo. Dicha causa judicial sufrió numerosas idas y vueltas entre la Cámara Federal de Apelaciones (CFA), la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la justicia militar, y siguió un complejo curso independiente de las otras.
Por su parte, Roberto Marmolejo tenía 21 años, estudiaba en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y militaba en la Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista Combativa (Tupac). Al igual que Agüero, Marmolejo sufrió el cautiverio en el D2 en dos oportunidades. La primera de ellas ocurrió entre junio y julio de 1974, cuando fue detenido junto a varios compañeros de la facultad. La segunda se produjo cuando fue sorprendido pegando carteles políticos en la vía pública junto a un compañero de apellido Tripiana. Los trasladaron inicialmente a la Comisaría 7, de Godoy Cruz, y luego al D2.
El secuestro que analiza este juicio ocurrió la madrugada del 17 de marzo de 1976 a las 2:45 en su domicilio, de Guaymallén, donde irrumpieron de forma violenta numerosos efectivos del Ejército Argentino mientras él descansaba junto a su padre y su hermana. El operativo estuvo encabezado por un agente de civil que dirigió el allanamiento ilegal. Secuestraron una gran cantidad de libros y materiales de estudio.
Posteriormente, las fuerzas represivas fabricaron un expediente judicial contra Marmolejo bajo la Ley 20840 de «seguridad nacional», y le adjudicaron falsamente el delito de activismo en una supuesta organización paramilitar con fines subversivos. El expediente incluía una acta con una declaración atribuida a Marmolejo que él negó en sede judicial. Estas supuestas confesiones, afirmó el fiscal, eran redactadas e inventadas por los torturadores con la única finalidad de comprometerlos legalmente o justificar su detención. Incluso vinculaban militantes y organizaciones que no guardaban conexión real.
El material rotulado como «subversivo» que le fue atribuido en el expediente penal incluía panfletos, folletos, boletines internos de agrupaciones, una vaina servida, diarios y revistas con anotaciones. Sobre la base de estos documentos, el fiscal federal Otilio Romano solicitó la detención, aunque finalmente Marmolejo fue sobreseído por la justicia.
En paralelo a esta pantomima legal, dijo Vega, la realidad física de Marmolejo consistió en un cautiverio feroz. Tras ser secuestrado de su casa y llevado en el mismo momento que Marta Rosa Agüero, fue ingresado al D2, fotografiado y arrojado a los calabozos. De allí fue conducido a una habitación ubicada dos pisos más abajo, en el sótano del edificio, donde funcionaba una central telefónica con grandes baterías de alimentación eléctrica y se percibía un fuerte olor a ácido sulfúrico.
En ese calabozo del subsuelo, Marmolejo fue sometido a brutales golpizas y a tormentos como el submarino seco —asfixia mediante la colocación de una bolsa de nylon en la cabeza—, mientras los torturadores le exigían que revelara la ubicación de supuestos depósitos de armas, en interrogatorios dirigidos por un agente que hablaba con un marcado acento porteño. En un segundo interrogatorio, fue trasladado vendado y maniatado a través del ascensor a una sala de torturas diferente, donde otro hombre lo golpeó reiteradamente mientras indagaba sobre su militancia en la UTN y su relación con Juan Carlos Carrizo, Mario Susso (posteriormente ejecutado) y Rodolfo Moriña (desaparecido). Una vez en libertad, Carrizo le confirmó que su pareja, Susana Bermejillo, había sido asesinada en fechas que coincidían exactamente con esos días en que los represores le preguntaban a Marmolejo por su entorno.
Marmolejo relató que más o menos conseguía ubicarse temporalmente por el taconeo de los zapatos de la administración. Entre quienes recordaron su paso por el centro clandestino y la gravedad de las torturas están Santiago Enrique Barroso y, nuevamente, Marta Agüero. Marmolejo permaneció once días incomunicado en el D2 antes de ser trasladado a la Penitenciaría de Mendoza. En el año 1984, durante una inspección ocular junto a la Conadep, logró reconocer físicamente las salas de tormento del edificio, y en el marco de las audiencias judiciales, pudo identificar a uno de sus torturadores, de apellido Lucero.
Caso 34: Gerónimo Morgante
Morgante estaba afiliado al Partido Justicialista y fue uno de los fundadores del Partido Auténtico en Mendoza. Se había desempeñado como subsecretario de Economía en el gabinete del gobernador constitucional Alberto Martínez Baca —período en el cual el propio despacho oficial sufrió un atentado con explosivos— y trabajaba como periodista en el diario Los Andes.
Ante la inminencia del golpe de Estado de marzo de 1976, Gerónimo Morgante decidió trasladarse de forma preventiva a la provincia de San Juan diez días antes del 24 de marzo. Sin embargo, patrullas militares y policiales allanaron la casa de dos parientes en Barrancas para dar con su paradero. Les indicaron a sus familiares que Morgante debía presentarse de inmediato en la Casa de Gobierno de Mendoza, y cuando fue, lo detuvieron inmediatamente un soldado conscripto de guardia y personal de civil de la Policía de Mendoza.
Gerónimo Morgante fue trasladado al Departamento de Informaciones (D2), donde lo encerraron inicialmente en una sala amplia con una banderola alta que conectaba con una especie de sótano. Durante los primeros cuatro días le dieron alimentos, pero después se los suspendieron por completo. Sufrió permanentes torturas psicológicas de parte de los guardias, quienes gritaban cosas como: «A estos hijos de puta hay que matarlos y a sus hijos».
Por la presión, una noche Morgante despertó gritando en medio de una pesadilla en la que soñaba que los militares estaban fusilando a su hijo. Desesperado, gritó a los represores: «Fusílenme a mí, pero no a mi hijo», y arrojó contra una ventana un balde metálico donde hacía necesidades fisiológicas. Esto desató la furia de dos oficiales que ingresaron a la celda y le propinaron una paliza tan severa que Morgante se desmayó del dolor. Despertó horas después en los calabozos de la planta superior.
Para quebrar su resistencia mental, los guardias lo metieron a un ascensor y lo hicieron subir y bajar de forma reiterada, mientras lo amenazaban diciendo: «Ya te vamos a llevar a Papagallos», en alusión al paraje del piedemonte utilizado por la dictadura para el descarte de cadáveres. Luego lo tendieron en un montículo de ripio para simular que estaba en Papagallos, pero él pudo notar que estaba dentro del edificio policial.
Caso 35: Alicia Peña
Morgante fue interrogado sistemáticamente atado a una camilla metálica en sesiones dirigidas por un represor con acento porteño y por el propio jefe del D2, Pedro Sánchez Camargo. En abril de 1976 fue trasladado a la Penitenciaría de Mendoza y luego fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata. Nunca existió un sumario policial ni una causa penal formal que justificara su detención, pero estuvo inicialmente bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional. Aunque el cese de su detención a disposición del PEN se dictó el 13 de junio de 1977, continuó secuestrado hasta junio de 1978 bajo la jurisdicción exclusiva de la VIII Brigada de Infantería de Montaña. Después lo regresaron al penal provincial y lo liberaron sin explicación sobre los motivos de su encierro de más de dos años.
Alicia Graciela Peña tenía 21 años al momento de los hechos. Desempeñaba funciones como docente de nivel primario, militaba en la Juventud Peronista e integraba el centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional de Cuyo. Fue secuestrada el 1 de abril de 1976, aproximadamente a las doce y media de la noche, cuando un contingente de alrededor veinte militares fuertemente armados irrumpió sin orden de allanamiento en su domicilio familiar. Los efectivos revolvieron y destruyeron la vivienda durante más de una hora antes de llevársela bajo el pretexto de una averiguación de antecedentes. Su madre contó que, horas más tarde, ingresó un segundo grupo compuesto por personal civil de inteligencia que volvió a registrar la casa y los libros familiares, mofándose de los procedimientos anteriores: “Estos milicos no saben ni revisar”.
La familia de Alicia pasó entre veinte y treinta días en la más absoluta incertidumbre sin conocer su paradero, mientras el domicilio familiar permanecía bajo una estricta vigilancia por parte de agentes de civil que controlaban los movimientos de cualquier persona que saliera de la propiedad. A través de canales extraoficiales, los padres supieron que Alicia se encontraba cautiva en el Palacio Policial.
Alicia fue trasladada vendada y tabicada al D2, donde la mantuvieron incomunicada en una celda diminuta. Fue sometida a brutales sesiones de interrogatorio bajo tortura, donde fue desnudada a la fuerza, golpeada, insultada y sometida a descargas de picana eléctrica. Entre las voces de sus torturadores, identificó una con un marcado tono porteño.
Durante su cautiverio en el D2, Alicia fue violada en su celda por un efectivo policial. Pudo ver el rostro de su agresor porque no estaba vendada y años después lo identificó en un reconocimiento de fotografías como el policía Mario Esteban Torres. En el centro clandestino también pudo ver a los represores Miguel Ángel Tello y Manuel Bustos Medina. Alicia compartió cautiverio con otras víctimas como el médico Alberto Scafati, Reynaldo Puebla, Nerio Neirotti. Su estado de destrucción física quedó evidenciado, entre otros, en el testimonio de Francisco Robledo Flores.
De acuerdo con su legajo penitenciario, el 22 de abril de 1976 fue trasladada a la penitenciaría provincial junto a un grupo de prisioneros provenientes del D2, remitidos bajo la firma del jefe, Pedro Sánchez Camargo. Recién el 24 de mayo de 1976 fue puesta formalmente a disposición del PEN. Sus padres pudieron visitarla por primera vez a fines de abril o principios de mayo de 1976, en una entrevista con una estricta custodia armada que les impidió hablar con libertad. El hermano de Alicia declaró que volvieron llorando de la visita por el estado en el que la habían visto.
En septiembre de 1976, Alicia fue trasladada a la cárcel de Villa Devoto. En diciembre de 1977 fue devuelta a la cárcel de Mendoza y el 27 de marzo de 1979 fue enviada nuevamente a Villa Devoto. Obtuvo su libertad condicional en 1981.
Caso 36: Arrigo Enrique Bonino
El testimonio de Arrigo Enrique Bonino aportó elementos fundamentales para comprender la red de inteligencia que operaba en el ámbito educativo de Mendoza. Bonino tenía 20 años en 1976. Había cursado sus estudios secundarios en el Colegio Universitario Central (CUC), donde militó en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), y posteriormente se afilió al Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Estudiaba la carrera de Agronomía y continuaba su militancia estudiantil junto a su hermano, hasta que fue expulsado de la facultad inmediatamente después del golpe de Estado de marzo de 1976.
Bonino había compartido vivienda con Amadeo Sánchez Andía, un estudiante de periodismo que había decidido incorporarse a un curso de adiestramiento del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Córdoba al que nunca llegó. El colectivo en el que viajaba Sánchez Andía sufrió un accidente, él fue hospitalizado y luego secuestrado desde allí por las fuerzas represivas. Su cuerpo sin vida apareció tiempo después arrojado en el paraje Canota, con una inscripción que rezaba, confusamente, “por traidor monto».
El secuestro de Bonino ocurrió en abril de 1976, cuando se trasladaba en su automóvil junto a otro joven y una chica llamada María Eva (a quien no conocía de antes), con el fin de recoger unos libretos para hacer una obra de teatro. En el trayecto, una camioneta sin identificación comenzó a seguirlos y a disparar con armas de fuego contra su vehículo. Los rodearon soldados armados y un oficial militar, a través de un megáfono, les ordenó descender del vehículo, a excepción del conductor, Bonino. Un oficial se subió a la parte trasera del automóvil, le apuntó la cabeza con una ametralladora y le ordenó conducir hacia una comisaría en Guaymallén. Desde allí, lo hicieron manejar al Palacio Policial y dejar su auto abandonado en la playa de estacionamiento del edificio.
Al ingresar al D2, fue conducido por un pasillo hasta un escritorio donde confiscaron su documentación. Maniatado y con una venda en los ojos, lo llevaron por unas escaleras hacia el subsuelo. Al llegar a la puerta del calabozo, un guardia le advirtió con tono intimidatorio que quedaba detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
Bonino recordó que fue alojado en un calabozo tan diminuto que no le permitía acostarse estirado. Medía aproximadamente un metro por un metro y medio, estaba ubicado a la derecha del pasillo y tenía un triángulo de cemento en una esquina para sentarse, un rasgo arquitectónico característico de las celdas del D2. Había mucho olor a creolina. A pesar de que no lo sacaron de su celda para torturarlo, un interrogador ingresó directamente a su calabozo para preguntarle de forma violenta sobre el paradero de su hermano y de María Eva, y le quemó la boca con un cigarrillo. En una oportunidad, los guardias le arrojaron un plato de comida por debajo de la puerta, pero Bonino decidió no comer por temor.
Sobre su cautiverio en el D2, Arrigo Bonino relató el horror cotidiano de escuchar las torturas aplicadas a las mujeres detenidas: «Yo escuchaba a las mujeres que decían ‘otra vez no’». Recordó que los guardias retiraban a las jóvenes de sus celdas por las noches y ellas regresaban llorando. En una ocasión, un custodio lo amenazó directamente de forma sexual mientras se desabrochaba el cinturón.
Sus padres iniciaron una búsqueda desesperada por dependencias oficiales. En una oportunidad, su madre identificó el automóvil de Arrigo en la playa de estacionamiento del Palacio Policial, pero al reclamarles a los oficiales, la encañonaron con sus armas y le ordenaron retirarse bajo amenaza de muerte. Bonino recuperó la libertad un domingo, habiendo permanecido cautivo entre el 9 o 10 de abril y el 18 o 19 de abril de 1976.
Tras ser liberado, Bonino se trasladó a vivir con su hermano a un departamento en calle Arístides Villanueva, propiedad que compartieron temporalmente con Billy Lee Hunt, quien posteriormente fue secuestrado y permanece desaparecido desde abril de 1977. Ese departamento fue completamente allanado y desvalijado por las fuerzas represivas; una vecina les contó que una patrulla se llevó todas las pertenencias en un Rastrojero. Bonino supo de la desaparición de Billy a través del militante Mario Camín (secuestrado y desaparecido junto a su padre, Gustavo), quien le había manifestado la urgente necesidad de «hacer algo para que la gente de afuera se enterara de lo que estaba pasando» en el país.
En 1982, mientras realizaba el servicio militar obligatorio en la IV Brigada, Bonino conoció a un oficial de apellido Acevedo o Quevedo, enfermero en el «hospitalito» de la unidad militar. En una conversación, este oficial le confesó que por las noches realizaba tareas de inteligencia haciéndose pasar por estudiante universitario en distintas facultades para confeccionar listas de «zurditos» que luego, durante la noche, eran secuestrados («chupados») por las patotas de las que él mismo formaba parte.
Caso 38: Eduardo Bauzá
El alegato de la fiscalía abordó de forma sucinta pero contundente el caso de Eduardo Bauzá, cuyo cautiverio en el D2 quedó ratificado a partir de los testimonios de numerosos sobrevivientes que compartieron su cautiverio en el centro clandestino de detención.
Entre las víctimas que declararon haber visto o compartido celdas con Bauzá en el D2 se encuentran Francisco Robledo Flores, Edith Arito, Rafael Fornés y María Teresa Carrer, quien relató que posteriormente Bauzá fue trasladado con destino a la provincia de La Rioja. Asimismo, Pedro Camilo Giuliani declaró haber sido alojado en la celda número 10 del D2 junto a Eduardo Bauzá. Al momento de ser trasladado, Bauzá, le dejó de regalo su frazada.
Caso 41: Rafael Fornés
Rafael Fornés tenía 36 años al momento de su secuestro. Graduado en Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba, había decidido regresar a Mendoza para ejercer la docencia. En el año 1969 obtuvo un cargo docente interino que le permitió dictar charlas de Educación Sexual. Era profesor en el Liceo Militar General Espejo, en el Colegio Técnico Químico de Las Heras y en la Escuela de Antropología Escolar de Mendoza. A fines de marzo de 1976, un llamado telefónico de un empleado de la Casa de Gobierno le notificó que había sido cesanteado de la totalidad de sus cargos docentes por orden de las autoridades de facto.
Su secuestro se produjo el 1 de mayo de 1976 en su domicilio familiar, donde se encontraba junto a sus dos hijos pequeños. Dos sujetos vestidos de civil y con barbas irrumpieron en la propiedad y, sin exhibir orden judicial, lo obligaron a subir en la parte trasera de un Fiat color rojo, donde uno de los secuestradores lo apuntó de forma constante con una ametralladora durante el trayecto hacia el Palacio Policial. Días más tarde, Fornés volvió a ver a estos dos secuestradores barbudos desempeñando funciones operativas dentro del D2.
Al ingresar al edificio, Fornés transitó por oficinas, baños y cambiadores antes de ser alojado en un calabozo diminuto provisto de una mirilla y un pequeño triángulo de cemento en una esquina para sentarse, condiciones que le provocaron una severa crisis de claustrofobia. Fornés pudo percatarse del lugar en donde se encontraba porque sabía que en ese mismo edificio del Palacio Policial era donde habitualmente se tramitaba la cédula de identidad. Su familia logró confirmar su paradero de alguna forma porque le hicieron llegar alimentos y vitaminas, aunque nunca recibió visitas.
En el D2, Fornés compartió cautiverio con Eduardo Bauzá, con la decana de la Escuela de Antropología Escolar, María Teresa Carrer, y con un médico que prestaba asistencia en barrios vulnerables. También recordó la presencia de cinco empleados bancarios. Relató que uno de estos trabajadores bancarios fue retirado de la celda y regresó horas después con los ojos vendados y el cabello completamente mojado. Lo habían torturado con ahogamientos, mediante el método conocido como submarino.
Fornés fue trasladado a través de un ascensor hacia las oficinas superiores, donde fue interrogado por agentes que no aplicaron violencia física directa, pero lo sometieron a un constante hostigamiento psicológico. Lo acusaban de haber participado en la quema de una bandera nacional. Fornés denunció que las mujeres alojadas en el centro clandestino fueron víctimas de abusos sexuales generalizados por parte del personal policial. Detalló que eran golpeadas, picaneadas, privadas de agua y sometidas a descargas eléctricas mediante la introducción de sondas en sus genitales.
Asimismo, Fornés advirtió la presencia activa de dos médicos que colaboraban con el aparato represivo en el D2. A uno de ellos lo vio por la mirilla atendiendo a un joven detenido que se quejaba de las infecciones producto de la aplicación de picana eléctrica; el médico se limitó a responderle: «No tenés nada». Respecto al segundo profesional médico que actuaba en el lugar, Fornés aportó un detalle característico: tenía una patología o un dispositivo en la garganta que hacía que su voz sonara con un eco metálico, como si hablara «dentro de una olla». Fornés permaneció privado de su libertad en el D2 por un período aproximado de treinta días y recuperó su libertad el 30 de mayo de 1976.
Caso 42: Pedro Giuliani
Pedro Camilo Giuliani tenía 36 años, era un reconocido militante de la Tendencia Peronista y se desempeñaba como empleado público en la Casa de Gobierno de Mendoza. Fue detenido el 5 de mayo de 1976 en su propio lugar de trabajo bajo la falsa acusación de «desacatar órdenes impartidas por los militares». El arresto fue ejecutado de forma personal por el coronel Etchazú, ministro de Educación de la provincia, quien lo encañonó dentro de las oficinas públicas. Inicialmente, Giuliani fue alojado de forma ilegal en la propia Casa de Gobierno, en un espacio que —especuló el fiscal Vega— correspondía a una oficina administrativa acondicionada por los militares para tal fin.
Posteriormente, fue trasladado al D2, donde lo alojaron en la celda número 10 junto a Eduardo Bauzá. También compartió encierro con los detenidos Galván y Ocaña, quienes regresaban de las salas de tormento del subsuelo en un estado físico deplorable a causa de las torturas.
Durante los interrogatorios en el D2, Giuliani fue acusado falsamente de haber colocado un artefacto explosivo en Godoy Cruz. Durante su traslado a las oficinas de tortura, pudo divisar el balde con agua y colillas de cigarrillos que los represores utilizaban para ahogamientos o “submarino”. Tras noventa o cien días de ser sometido a sistemáticos tormentos psicológicos y amenazas de muerte, Giuliani fue liberado en agosto de 1976. Su familia presentó un recurso de habeas corpus ante la justicia federal, que fue rechazado formalmente con costas para la familia tras recibir un informe del comandante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña que confirmaba que Giuliani se encontraba detenido bajo las facultades del Poder Ejecutivo Nacional.
Caso 43: María Teresa Carrer
María Teresa Carrer, Marité, tenía 38 años, era abogada y militante del Partido Peronista. Se desempeñaba además como decana organizadora de la Escuela de Antropología Escolar de Mendoza. Carrer poseía una activa participación en la Agrupación de Abogados de Mendoza. Debido a este compromiso, había sufrido amenazas: contó que una vez arrojaron en la puerta de su domicilio un papel con las siglas «Q.E.P.D.» —“que en paz descanse”—, y también asegura que era seguida por un Ford Falcon mientras llevaba a su hijo a la guardería de la Fundación Ecuménica.
Su secuestro se produjo a mediados de mayo de 1976 en su domicilio de Godoy Cruz, cuando dos sujetos vestidos de civil descendieron de un automóvil sin identificación. Al momento de su detención, María Teresa Carrer cursaba un embarazo de seis meses de gestación. Cuando su esposo les exigió a los captores que explicaran los motivos del procedimiento, los agentes se limitaron a responder que únicamente necesitaban hacerle «algunas preguntas de rutina» y que si tenía alguna duda o desconfianza, podía seguirlos en su auto. Sin embargo, al llegar al Palacio Policial, los guardias le negaron la presencia de Carrer en el edificio.
El automóvil de los secuestradores ingresó al D2 por el portón trasero. Al entrar al edificio, Marité Carrer vio también detenidos al psicólogo Rafael Fornés y el profesor Mario Franco, ambos docentes de la Escuela de Antropología Escolar. Posteriormente, fue conducida a una celda individual, cuyas dimensiones ínfimas le impedían moverse o recostarse. En un gesto de solidaridad, un detenido de apellido Santos le hizo llegar un colchón para que pudiera descansar en el suelo de cemento.
Durante los seis días que permaneció secuestrada en el D2, Carrer fue conducida a diferentes dependencias del edificio. En la primera de ellas, para ser evaluada por un médico policial, fue arrojada de forma violenta sobre una camilla donde le auscultaron el vientre, aunque no recibió ningún tipo de atención. En la segunda oportunidad, la llevaron a una oficina donde la obligaron a permanecer de espaldas a los agentes bajo la estricta orden de no darse la vuelta. La sometieron a un interrogatorio hostil sobre la identidad y actividades de los integrantes de la Escuela de Antropología Escolar.
En la tercera ocasión, recibió la visita de un comandante de la Gendarmería Nacional de apellido Segovia, a quien le atribuyó una actitud de «salvamento» hacia ella. Segovia le informó que las fuerzas de seguridad la estaban investigando y le recordó de forma intimidatoria que tenía un póster de los fusilados de la masacre de Trelew. Asimismo, le manifestó que concurría a visitarla por un pedido expreso de su suegra y su esposo. Esta intervención de Gendarmería en la estructura policial motivó la pregunta retórica del fiscal Dante Vega en su alegato: “¿También un comandante de Gendarmería Nacional en el D2?”.
Durante su cautiverio, Carrer escuchaba el constante ruido metálico de las puertas y rejas de los calabozos que se abrían y cerraban, acompañado de violentos golpes y gritos de personas que eran torturadas. Recordó en particular a un detenido que regresó luego de ser torturado con saña. A los dos o tres días de su ingreso, Carrer fue trasladada a la celda colectiva del final del pasillo, donde compartió encierro con Julia Rosa Fernández, secretaria Académica de la Escuela de Antropología Escolar. Carrer fue liberada seis días después de su secuestro, aunque las autoridades del D2 no le restituyeron su documento. Su presencia en el centro clandestino de detención fue confirmada por el testimonio de Edith Arito y otras víctimas.
Caso 44: Julia Rosa Fernández
La jornada de alegatos concluyó con el caso de Julia Rosa Fernández, quien tenía 26 años al momento de su secuestro. Graduada en Psicología en el año 1971 en la Escuela de Antropología Escolar de Mendoza, para 1976 se desempeñaba como profesora en esa institución y en la Escuela Normal.
Julia Rosa fue secuestrada entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de mayo de 1976 en su domicilio particular por dos sujetos vestidos de civil, quienes la obligaron a subir a un automóvil Peugeot 504 de color naranja. En un primer momento, Fernández pensó que el operativo estaba dirigido a localizar a su novio, quien poseía una activa militancia en el Frente de Izquierda Popular.
El vehículo ingresó al edificio del palacio policial por la playa de estacionamiento trasera y Julia Rosa fue conducida ante una mesa metálica donde un agente registró sus datos y confiscó sus pertenencias. Posteriormente, fue llevada al subsuelo hacia la zona de calabozos. Al ingresar, observó un cartel en la puerta que decía «área restringida» y daba acceso a un pasillo en forma de «T». Fue alojada en una celda diminuta, con el característico prisma de cemento en una esquina para sentarse.
Las condiciones de detención eran infrahumanas: las celdas estaban herméticamente cerradas, al punto de que Fernández relató que si a un detenido le ocurría una emergencia nadie se enteraba. Los guardias del D2 solo abrían las puertas en dos oportunidades diarias para proveerles una escasa ración de comida y permitirles salir al baño del pasillo, siempre dentro de la zona de calabozos. Durante su encierro, Julia Rosa reconoció la presencia de dos conocidos de la Escuela de Antropología Escolar: el profesor Rafael Fornés —de quien destacó que «lo único que hacía era enseñar educación sexual» en el colegio técnico químico de Las Heras— y la decana María Teresa Carrer.
El mismo día de su ingreso, Julia Rosa fue retirada de su celda y conducida a una oficina superior donde fue sometida a un violento interrogatorio sobre el funcionamiento de la facultad. Le preguntaban si había participado en tomas estudiantiles, si los estudiantes habían quemado o defecado sobre una bandera argentina, o si contaban con una radio de transmisión clandestina. Le exigían que confesara si pertenecía a la organización armada ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) o al Peronismo Revolucionario. Mientras la interrogaban, la zamarreaban y le daban golpes de puño por la espalda. Esta modalidad de interrogatorio violento y golpizas se repitió por cuatro días.
Al quinto día de detención, los represores le informaron que la dejarían ir, pero le advirtieron que debía presentarse todos los meses a firmar en la sede del Comando militar de calle 9 de Julio. Al reincorporarse a sus funciones docentes en la Escuela Normal, el director de la institución, el profesor Sarabi, la citó a su despacho para advertirle que en el colegio se exigirían declaraciones juradas y la amenazó con que ella la «iba a pasar muy mal» debido a sus antecedentes de detención. Sarabi le aconsejó pasar al ámbito privado o irse del país.
Para obtener su libertad definitiva y cesar las presentaciones mensuales en el Comando militar, debieron intervenir un tío político, el hermano de su padre y su propio padre, quienes realizaron gestiones ante las autoridades castrenses. Asimismo, Julia Rosa Fernández fue cesanteada de su cargo docente en la Escuela de Antropología Escolar de Mendoza, institución que poco tiempo después fue clausurada de forma definitiva por la dictadura.
Las próximas audiencias fueron fijadas para el jueves 27 de agosto y el viernes 28 de agosto a las 9:30.
