11-09-2026 | El fiscal Dante Vega desarrolló algunos casos de una causa con muchas víctimas que compromete al D2. Contó el padecimiento de las familias Morales, Galamba, Sánchez Sarmiento y Vargas Álvarez, el cautiverio de infancias, la desaparición de Villegas y una serie de secuestros ocurridos en Rivadavia. La próxima audiencia es el 25 de septiembre a las 9:30.
Durante la audiencia anterior, el fiscal había introducido el caso 46, según el orden que tiene el Ministerio Público Fiscal para los alegatos. Se trata de la “causa Luna”, según el expediente labrado por la Justicia Federal. En ella hay veintitrés víctimas, entre las cuales hay dos desaparecidos —Jorge Vargas Álvarez y Edesio Villegas—, infancias trasladadas a centros clandestinos de detención, consejos de guerra y penas absurdas.
Alicia Morales de Galamba, Natalia y Mauricio Galamba; María Luisa Sánchez Sarmiento, Josefina y Soledad Vargas
Para la época de los hechos, Alicia tenía 24 años y estaba casada con Juan José Galamba, de 26 años, un joven intensamente perseguido por el aparato represivo. Militaban en el centro de estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y en la Juventud Peronista. Tenían una hija de un año y medio y un hijo recién nacido. Compartían vivienda con el matrimonio sanjuanino conformado por María Luisa Sánchez Sarmiento, de 30 años, y Jorge Vargas Álvarez, de 33 años, y sus hijas Josefina y Soledad Vargas. La persecución empezó antes del golpe porque a Vargas, militante de Montoneros, habían querido secuestrarlo en su provincia y, entre su resistencia y el auxilio de personas en la calle, logró salvarse.
Las mujeres y las infancias fueron secuestradas del domicilio de calle Rodríguez 78, de la Quinta Sección, en la Ciudad de Mendoza. Según el expediente, allí funcionaba una casa operativa de Montoneros y, por esa razón, el 12 de junio de 1976 por la noche, un grupo armado de personas vestidas de civil y encapuchadas irrumpió violentamente en la vivienda.
Alicia declaró múltiples veces: ante el Juzgado de Instrucción Militar, la Conadep, la Comisión Bicameral de la Legislatura, el Juzgado Federal 1 de Mendoza y el Tribunal Oral Federal 1 también de nuestra provincia. Según relató en distintas instancias, arribaron rompiendo puertas y ventanas cuando las dos madres estaban cenando luego de acostar a sus niñas y su niño que, por supuesto, con el operativo se despertaron. Era una situación abrumadora. A ellas las golpearon, las agarraron de los pelos y las pusieron contra la pared. Les preguntaban a los gritos por los maridos.
En un momento, a Alicia y María Luisa las dejaron ir a la habitación con Soledad, Josefina, Natalia y Mauricio, pero desde allí seguían escuchando ruidos, golpes y cómo iban rompiendo todo en la casa. Después supieron por el vecindario que habían rodeado varias manzanas a la redonda y que se habían robado los muebles, los electrodomésticos, el auto y hasta los pañales. Sin embargo, a pesar de la denuncia, el fiscal Romano se había negado a investigar los robos porque no quería transformar los tribunales en “una oficina de objetos perdidos”.
El traslado de las mujeres, las niñas y el niño fue directo al palacio policial. Según las declaraciones, el trato fue espantoso desde que llegaron. Alicia contó que fue vendada, encapuchada, atada y golpeada. Durmió en el suelo y no tuvo noticia de su hija y su hijo desde que se los llevaron del D2. Hacían todo para aumentar el sufrimiento, dijo el fiscal. Estuvo cuatro meses en ese centro clandestino, sin conocer su destino y atravesando un estado de total nerviosismo. A su situación, se sumaban los quejidos y gritos de niños, llantos, disparos con armas de fuego. Recién a los dos meses le permitieron bañarse, aunque con agua fría, y la suciedad le produjo una infección en el oído que no le trataron. Le daban poco alimento, una vez por día o cada dos días, y cada vez que la interrogaban le preguntaban por su marido, Juan José. En una de esas sesiones, le pegaron tan fuerte que la hicieron caer de la silla.
Natalia también declaró. Contó que cuando las encerraron en el D2, no le dieron comida, salvo cuando les arrojaron bananas como monos. Por eso Alicia amamantó a Josefina y Soledad, las hijas de María Luisa que, aunque eran más grandes, era la única forma de alimentarlas. Tampoco tenían con qué cambiar el pañal de Mauricio.
En sus declaraciones, Alicia recordó que Josefina, la niña de 5 años de María Luisa se la llevó un señor que le dijo que le iba a comprar galletas. A pesar de que ellas se resistieron, se la llevaron a los forcejeos. Cuando volvió, contó que la llevaron a la terminal a ver si reconocía “tíos”, es decir, la usaron para marcar gente. La pequeña le dijo “perdoname, mamá” a María Luisa, y para Alicia eso fue terrible porque parecía haber entendido lo que pasaba. Además, Josefina fue manoseada, desvestida y obligada a presenciar las torturas de su padre, Jorge Vargas Álvarez. Luego le entregaron la niña a su abuelo, que se la llevó a su casa en San Juan. Dos meses después, la niña tomó un arma, se la llevó a la sien y se disparó.
María Luisa se enteró de la muerte de su hija cuando la sacaron un día para llevarla al velorio, una situación ensordecedora. El vehículo del traslado iba conducido por Carlos Bassín y, según declaró Alicia Morales, a Sánchez Sarmiento la trajeron de vuelta al D2 y la siguieron torturando.
Para ser juzgadas por un consejo de guerra, ambas mujeres fueron llevadas al Comando de VIII Brigada de Infantería de Montaña. A Morales la condenaron a cinco años de reclusión y a Sánchez a cuatro, por tenencia de armas, municiones, explosivos e incitación pública a la violencia en grado de tentativa. Recién el 20 de octubre las alojaron en la Penitenciaría de Mendoza y el 16 de noviembre las llevaron a la cárcel de Devoto.
Mauricio y Natalia Galamba estuvieron en el D2 un día, hasta que se fueron con su abuelo materno, a quien le entregaron “en depósito de la patria potestad hasta que se resuelva el caso”. Por su parte, Josefina y Soledad Vargas permanecieron en el centro clandestino hasta el 14 de junio.
En una instancia de reconocimiento fotográfico ante el juzgado federal, Alicia Morales identificó a algunos de los guardias del D2. Porque durante un tiempo le hicieron servir la comida y, para eso, le retiraban la venda. Señaló entonces a Hugo Bracón, que estaba usando la ropa de su marido, Juan José Galamba; a Francisco López, que podría tratarse de Mechón Blanco; a Caballo Loco, Luis Rodríguez, Pablo José Gutiérrez, Alfredo Castro, Carlos Rico.
Jorge Vargas Álvarez
De Jorge Vargas Álvarez no se supo mucho más. Después de ser secuestrado por un grupo de personas armadas de la Policía de Mendoza frente a la UTN, la noche del 12 de junio de 1976, fue alojado en el D2. Era abogado, tenía 33 años y militaba en Montoneros. Su madre, Josefina Vargas, contó que al día siguiente de su detención recibió una llamada telefónica desconocida que la policía lo había detenido e ingresado al Palacio Policial con signos de tortura. Motorizó algunas gestiones, pero nunca pudo dar con su paradero.
Solo se sabe que, antes de que lo desaparecieran, María Luisa Sánchez lo pudo ver porque un grupo de mujeres en situación de prostitución la llevaron con él. Jorge casi no podía hablar. Estaba postrado, con la boca rota, sin dientes, quemaduras de cigarrillos y heridas de bala: una le había perforado una mano y la otra le había abierto la frente y arrancado parte del cuero cabelludo.
Edesio Villegas, Guillermo Lucero, Vilda Manna de Lucero y Vilda Leticia Lucero
Edesio Villegas tenía 30 años, trabajaba en la Dirección de Comercio del Ministerio de Economía de Mendoza y estudiaba en la Escuela Superior de Comunicación Colectiva. Conducía un programa semanal de temas económicos. Además, militaba en Montoneros.
La detención se produjo el 26 de mayo al mediodía en la vivienda de la familia Lucero-Manna, ubicada en la calle Granaderos de Ciudad. Edesio alquilaba allí una habitación. Según declaró Guillermo Lucero, dueño de la vivienda, los captores se identificaron como integrantes de la División de Investigaciones. Se retiraron en un Peugeot 504, donde cargaron al joven.
Ese mismo día, Vilda Manna de Lucero escuchó ruidos y vio que dos sujetos se habían metido a su casa, pateando las puertas de las habitaciones. Obligaron a la mujer a encerrarse en el baño y robaron objetos de valor. Por la tarde volvieron y se llevaron un atado de ropa de Edesio. Por último, al siguiente día volvieron por un reloj propiedad de la hija del matrimonio, Vilda Leticia Lucero.
Edesio fue torturado en el D2. Edith Arito declaró que seguramente había muerto en este CCD porque lo vio muy herido una vez que la sacaron al baño. La patota quería llevárselo pero Edesio no se levantaba, solo lograba arrastrarse. Siro Vignoni también relató haber tropezado con un cuerpo en el pasillo de las celdas.
Arnaldo Villegas, su hermano, hizo diversas averiguaciones. Supo que Raquel Moretti, compañera de estudios, también estaba desaparecida. Además, declaró que Edesio era perseguido con anterioridad al secuestro. El propio Arnaldo fue seguido después de la detención. La familia presentó tres habeas corpus. En el expediente del último, interpuesto en 1979, figura que el D2 había solicitado la detención de Edesio en noviembre de 1976, meses después de su desaparición.
El fiscal Vega recordó que el caso de Edesio no fue un hecho aislado. Por el contrario, siete estudiantes de la Escuela Superior de Comunicación Colectiva sufrieron detenciones seguidas de desaparición: Virginia Suárez, Billy Lee Hunt, Raquel María Moretti, Roberto Daniel Moyano, Raúl Walter Reta, Aldo Casadidio. Además, otras víctimas —como Vilma Rúpolo— lograron sobrevivir.
Detenciones en Rivadavia: Elbio Belardinelli, Mario Roberto Díaz, Alfredo Ghilardi
Vega comenzó la reconstrucción de un conjunto de detenciones que tuvieron lugar en el departamento de Rivadavia —donde residía Juan Agustína Oyarzábal del D2— durante 1976, incluidas dentro del caso 46. Todas ocurrieron a la luz del día. El objetivo fue desarticular una supuesta célula de Montoneros.
Elbio Belardinelli tenía 43 años, era tornero y militante peronista. Fue detenido el 18 de agosto de 1976 en su domicilio. Personal policial de la Comisaría 13 exigió su presencia en esta seccional y Belardinelli fue conducido posteriormente al D2, vendado. Su esposa lo buscó en la comisaría pero le negaron información.
En el D2 el hombre sufrió tortura con picana eléctrica. Durante el interrogatorio le preguntaban por el destino de un premio de lotería que había ganado su amigo —y también víctima— Alfredo Ghilardi. Elbio fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en noviembre de 1976. En octubre había sido trasladado a la Comisaría Séptima y, un mes más tarde, a la penitenciaría provincial. Fue liberado desde la Unidad 9 de La Plata en 1977.
Mario Roberto Díaz tenía 20 años y militaba en la Juventud Peronista. Fue detenido el 16 de septiembre de 1976 en el domicilio de su familia. Se presentó un policía de civil conocido como “el colorado Martín” y lo condujo a la Comisaría 13. Allí, el subcomisario Armando Hipólito Guevara le informó que quedaba detenido por pertenecer a Montoneros.
Mario fue trasladado —vendado— al D2. En este CCD reconoció a Oyarzábal: “Bueno, vamos a ver cómo se comporta mi pollo”, le dijo el subjefe del D2. El joven fue interrogado con picana elcéctrica en la sala de tortura. Le preguntaban por Belardinelli. Los golpes recibidos le provocaron una afección crónica en varias vértebras.
En noviembre lo pasaron a la Comisaría 3, donde volvieron a interrogarlo. En esta ocasión, personal de inteligencia del Ejército y delegados del Consejo de Guerra lo amenazaron: “Todavía tenía boleto para el fondo del Carrizal”. Este dique aparece constantemente en las declaraciones como un posible lugar donde arrojaban cuerpos, recordó el fiscal.
Su madre, Hortensia Ramos, fue hasta la casa del propio Oyarzábal a preguntar por su hijo, pero no recibió información. En la Comisaría 13 le indicaron que había salido en libertad. Finalmente supo que estaba en el D2 luego de comunicarse con la esposa de Elbio Belardinelli. Lo confirmó cuando le entregaron una bolsa de ropa sucia de su hijo. Pudo verlo recién en la Comisaría 3.
En cuanto a su situación legal, en septiembre de 1976 Sánchez Camargo elevó el sumario policial a la VIII Brigada de Infantería de Montaña y un Consejo de Guerra lo condenó a 10 años de reclusión. Quedó a disposición del PEN desde octubre de 1976, un mes más tarde de su efectiva detención.
La próxima audiencia será el viernes 25 de septiembre a las 9:30.
