AUDIENCIA 83 / SECUESTROS, DESAPARICIONES Y EL ENSAÑAMIENTO DEL D2 CON POLICÍAS MILITANTES

13-11-2026 | La fiscalía alegó por cuatro casos: Rosario Aníbal Torres, Miguel Poinsteau y Salvador Moyano —los tres desaparecidos— y Alfredo Hervida, sobreviviente. Las pruebas vinculan directamente al D2. La próxima audiencia será el 20 de noviembre a las 9:30.

El alegato del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de Dante Vega al principio y de Analía Quintar para el último caso. La audiencia iba a continuar, pero se suspendió por una falla técnica. Esta audiencia contó con la presencia de los imputados en sala que, sin embargo, se mostraron inquietos y el fiscal Rodríguez Infante le pidió al presidente del tribunal que interviniera. El juez les advirtió que era momento de intervención de la fiscalía y que debían guardar silencio.

Caso 52: Rosario Aníbal Torres

El caso de Torres se vincula al derrotero del gobierno de Elías Adre en San Luis, pero también al asesinato de Francisco Urondo, al secuestro y desaparición de su compañera, Alicia Cora Raboy, y la apropiación de su pequeña hija, Ángela Urondo Raboy. Los hechos, ocurridos en Mendoza el 17 junio de 1976, fueron analizados en el segundo juicio de nuestra provincia, que tuvo sentencia en 2011. En esa ocasión se oyó la declaración de la única sobreviviente de este operativo, Reneé Ahualli. Aníbal Torres fue visto por última vez en las celdas del D2, agonizando.

El fiscal Dante Vega comenzó su alegato refiriéndose a la reforma policial que inició el gobierno de Elías Adre en San Luis, en 1973. En dicho proceso, Adre integró a sectores civiles de la militancia peronista en cargos de autoridad de esta fuerza. Rosario Aníbal Torres, nacido en 1939 en el departamento de San Martín —San Luis—, era uno de sus hombres de confianza y fue designado comisario y jefe de la Policía de esta localidad en 1973. 

Torres integraba la organización Montoneros y tenía un rol de responsabilidad. Junto a Jorge Amodey, Evaristo Baigorria y Arturo Avellaneda, en enero de 1974 fue detenido y procesado por la justicia federal puntana por asociación ilícita y tenencia de armas de guerra. Lo señalaron como responsable de un campamento de Montoneros en la zona. Pese a ser excarcelados el 20 de marzo de 1974, el fiscal federal subrogante Luis Miret apeló al decisión y logró que la Cámara Federal revocara la excarcelación. En consecuencia, Torres, Amodey y Baigorria pasaron a ser buscados por la policía local que antes habían integrado y los dos primeros se trasladaron, ya clandestinos, a Mendoza. 

En nuestra provincia, Torres integró una célula con Reneé Ahualli y su pareja, Emilio Carlos Assales. El grupo vivía en una casa ubicada en la calle Emilio Zola de Godoy Cruz. Ahualli declaró que lo conocían como Martín o Lucho. También sabían que había sido policía en San Luis y que la organización lo había trasladado junto a otros militantes porque allí eran buscados. 

La testigo relató que entre el 11 y el 13 de junio de 1976 la casa de Godoy Cruz fue desocupada por cuestiones de seguridad. Ahualli se alojó en la casa de un colaborador y el 14 o 15 regresó a buscar algo que necesitaba, ocasión en la que tuvo una cita de control —contacto secreto en algún punto de la ciudad para actualizar la situación de sus integrantes— con Aníbal Torres. La mujer le recomendó no volver a la vivienda y quedaron en otra cita de control para el 17. 

En esos días, Torres dejó una motocicleta en el domicilio de su amigo Juan Carlos González para hacer unas diligencias. González, tal y como se desarrolló durante la audiencia anterior, fue detenido el 17 de junio.

Vega explicó que el D2 secuestró a Torres en algún momento entre el mediodía del 15 de junio y la mañana siguiente. Por sobrevivientes de este centro clandestino de detención se ha podido comprobar que fue sometido a intensas sesiones de tortura. 

Respecto al operativo del 17 de junio en Dorrego, la principal fuente para la reconstrucción de lo sucedido fue el testimonio de Ahualli. Ese día, Francisco Urondo conducía el auto en el que viajaban Alicia Raboy, la pequeña Ángela y Reneé Ahualli. Al divisar efectivos policiales en la calle Remedios de Escalada, Urondo se detuvo e instó a las mujeres a huir a pie. Raboy y su bebé fueron secuestradas, Urondo fue asesinado con un golpe en la cabeza y Reneé Ahualli logró escapar. 

Por mucho tiempo, a partir del relato de Ahualli, circuló la versión de una posible “cita envenenada”, es decir, conocida previamente por el aparato represivo. La única sobreviviente de estos hechos creyó haber visto a Aníbal Torres en un auto de la organización Montoneros junto a efectivos policiales al momento de la emboscada. Dante Vega recordó que el dato es irrelevante para la fiscalía dado que toda persona que entra a un CCD es una víctima. Por otro lado, el fiscal se preguntó qué razón podría tener el D2 para acercarse al lugar en un auto de Montoneros sabiendo que podría alertar a las personas buscadas. “La presencia de Aníbal Torres no tiene sentido”, reflexionó, y sugirió que puede haberse tratado de un error de Ahualli.

Público en la sala.

Otra versión largamente extendida fue la muerte de Urondo por ingesta de pastilla de cianuro. Urondo llegó a decirles a Raboy y Ahualli que la había tomado antes de que bajaran del auto, posiblemente para convencerlas de escapar mientras él las cubría. No obstante, como se comprobó en el segundo juicio, el D2 lo ejecutó de un golpe de pistola en la cabeza. La autopsia reveló esta causa de muerte y desestimó la presencia de cianuro en el organismo de la víctima.  

En cuanto a Rosario Aníbal Torres, otras personas detenidas en el D2 a mediados de junio dieron cuenta de la especial violencia que padeció el hombre por su vinculación a la fuerza policial. Roque Luna, Rosa Gómez, Raúl Acquaviva y Eugenio París declararon que los integrantes del D2 lo torturaron brutalmente acusándolo de “traidor hijo de puta” y de haber “degradado el uniforme”. Torres, a quien no conocían previamente, se presentaba como policía y pedía a las demás víctimas que no les dijeran oficiales a los agentes de esta dependencia porque no tenían ese rango. 

Quienes sobrevivieron refirieron la agonía de Aníbal. Eugenio París fue obligado a limpiar su celda y se lo cruzó en el baño: “Apareció un rostro que me dijo ‘hermano, ayudame’. Ese fantasma me persigue hasta hoy. Fueron segundos. El compañero cuya celda limpié deliraba, estaba muy mal. Una noche ese delirio cesó y vino un silencio. Escuchamos que abrieron su celda y entraron con otra actitud, por la forma de caminar y las situaciones que uno advertía, nos dimos cuenta que se lo llevaron. Yo calculo que muerto”.  

Además de esta prueba testimonial, en el libro de actuaciones sumariales del D2 ampliamente citado en esta megacausa hay registros manuscritos sobre diversas personas desaparecidas que pasaron por esta dependencia, incluido Rosario Aníbal Torres. Además, la causa “Luna” consignó el domicilio de Emilio Zola y señaló la condición de prófugo de Torres. El fiscal mencionó que el D2 detuvo dos veces a un homónimo llamado Aníbal Torres, proveniente de Paraguay.

Por último, Vega refutó las declaraciones del jefe del D2, Pedro Dante Sánchez Camargo. Supuestamente, y según las palabras de Sánchez Camargo, a través del Comando de Operaciones Tácticas (COT) una comisión policial habría viajado a San Luis para aprehender a Torres. Por el contrario, como se comprobó, Rosario Aníbal Torres fue secuestrado en Mendoza y murió en las celdas del D2 producto de la tortura. Su cuerpo continúa desaparecido. 

Caso 56: Alberto Salvador Moyano

Cuando Alberto Salvador Moyano desapareció tenía 22 años de edad. Terminó la escuela en una ENET nocturna y de día trabajaba como policía. Después de ser parte de la Juventud Secundaria Peronista, se incorporó al Peronismo de Base. Sin embargo, el vicecomodoro Julio César Santuccione, jefe de la Policía de Mendoza, lo había cesanteado de la fuerza. 

Aurora Elena Alvarado, esposa de Moyano, contó que momentos antes de la detención, ella estaba en su casa con su hijo y su tía y vieron una persona que espiaba por la ventana. Salió a buscar a su marido, le señaló al hombre que ahora esperaba en una parada de colectivo, y el propio Salvador lo reconoció porque era policía. Dieron una vuelta y se volvieron a encontrar con el sujeto de frente. Esta vez, sin mediar palabra, el hombre abrió su saco, exhibió un arma y la volvió a esconder. 

Foto del perfil de Salvador Moyano.

Moyano fue secuestrado más tarde, en las cercanías de su domicilio, ubicado en calle Chile de Guaymallén. Se lo llevaron con forcejeos y disparos tres sujetos de civil en un vehículo cuando volvía de comprar en el kiosco. Era 27 de septiembre de 1976. Su esposa escuchó que la llamaba a gritos y cuando salió vio un Fiat 125 color crema frente al kiosco y dos hombres que lo sostenían de los brazos para llevárselo. Después de unos disparos, vio que Moyano cayó y estimó que al menos uno de los tiros le dio en la pierna. Lo subieron a ese vehículo y se lo llevaron. En el operativo también había otro auto.

El kiosquero, Jorge Alberto Nieto, contó que todo pasó apenas terminó de atender a Salvador. Se asomó a la vereda por los ruidos y vio a dos personas forcejeando con Moyano, que intentaba resistirse. Como no todos los testigos coinciden en cuál era el vehículo que acompañaba, el fiscal Dante Vega fue muy contundente al decir que las incongruencias eran irrelevantes: “Si nosotros seguimos especulando con las especificidades no es por la falta de datos o desajustes de los testigos, sino por la clandestinidad del aparato represivo”. 

Lo central es que la noche del 27 de septiembre de 1976, a Salvador Moyano lo meten en un auto personas de civil armadas que tiran tiros en la calle y se lo llevan. Está desaparecido desde entonces.

En el libro de novedades de la comisaría figura una constancia de la presentación de Elena  Alvarado a las 22:50. Acredita, además, que se constituyó personal policial en el domicilio, que levantaron vainas servidas y que buscaron rastros de huellas vehiculares. “Mentira”, dijo el fiscal, todo era una pantomima, una farsa para hacerle creer a la familia que estaban investigando. Pero lo cierto es que los hechos ocurrieron frente a un kiosco y ni siquiera interrogaron al kiosquero. La familia de Moyano interpuso al menos dos habeas corpus. La justicia los rechazó con costas.

¿Por qué se acusa al D2? Porque en 1987, Sánchez Camargo —jefe del D2— declaró ante la Cámara Federal de Apelaciones y dijo que él no intervino en el hecho personalmente, sino que el personal le notificó que habían dejado una custodia en el domicilio de Salvador Moyano. También aseguró que los efectivos le comentaron que Moyano había querido arrebatarle el arma a uno de los agentes y por eso se produjeron los disparos. Sánchez dijo que hubo mucho trabajo como consecuencia del procedimiento porque todas las fuerzas “vinieron a sacar apuntes y datos de cómo había ocurrido el hecho”. De paso, afirma el fiscal Vega, está reconociendo la Comunidad Informativa. 

El jefe del D2 dijo que en el operativo actuó exclusivamente personal policial, pero a instancias de un funcionario militar del COT (Centro de Operaciones Tácticas). Cree que fue Schroh el que le llevó una carpeta con antecedentes, domicilio y otros datos personales “de la persona ubicada como blanco”.

Caso 62: Miguel Alfredo Poinsteau

Miguel Alfredo Poinsteau estudiaba Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Cuyo y trabajaba como fotógrafo en una agencia de publicidad de César Orquín Serra. Poinsteau alquilaba la casa que le había ofrecido el dueño por una módica suma de dinero, para que la vivienda no estuviera desocupada. El secuestro ocurrió el 4 de noviembre de 1976, cuando un grupo de personas sin identificación irrumpió en su domicilio violentamente, en la calle Vucetich de la Ciudad de Mendoza. Sobra evidencia de que fue conducido al D2. 

Miguel Alfredo Poinsteau

César Orquín fue el primero en enterarse del secuestro de Miguel porque un vecino de la calle Vucetich fue a la agencia a contarle que había ido el Ejército y que la casa estaba abierta y con las luces prendidas. El hombre contactó a un conocido que había sido policía ferroviario y lo acompañó hasta el palacio policial.Dijo que lo atendieron dos hombres, uno de apellido Sánchez y otro, Oyarzábal y lo llevaron al domicilio. La casa estaba revuelta, había libros tirados, tapas de la luz salidas y cables cortados. El comisario Sánchez le pidió la llave de la casa para dejar un custodio adentro y después se la devolvió.

Colette Newman de Facio, madre de Miguel, vivía en Buenos Aires y vino a Mendoza cuando se enteró. Al entrar a la casa, encontró todo desordenado y los anteojos de su hijo. Aquí se alojó en la casa de su cuñado, Luis Antonio Facio, quien le consiguió una entrevista el 20 de noviembre en el palacio policial con un tal inspector García, aunque el fiscal Vega recalcó que no existe en los listados ese efectivo, así que la deben haber engañado. Ese hombre le exhibió a la mujer un expediente en el que figura que Poinsteau fue detenido el 4 de noviembre de 1976 por la VIII Brigada de Infantería de Montaña y que lo habían liberado al día siguiente. El supuesto García le recomendó que no presentara un habeas corpus, le aseguró que su hijo “estuvo aquí abajo” y le dijo que ya la conocía porque era idéntica a las fotos que su hijo tenía en la casa. 

La búsqueda fue infructuosa, pero no terminó allí. En junio de 1979, Colette Newman presentó un habeas corpus en Buenos Aires y lo remitieron a la justicia de Mendoza. También denunció ante la Conadep en mayo de 1984 y dio testimonio ante el Juzgado de Instrucción Militar. 

Hay más pruebas de la presencia de Poinsteau en el D2, como una constancia de su detención en el propio libro 34 de esa dependencia. Además, Daniel Peralta, su amigo, relató ante el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos que Miguel tenía una amistad desde 1968 con Oscar Julio Ramos, militante montonero. En la clandestinidad, Ramos se había alojado en la casa de Poinsteau después de estar en la de Peralta y él relaciona su desaparición con ese hecho. 

Constancia del D2 que compartió la fiscalía.

Quienes compartieron cautiverio con Miguel también confirmaron que el joven fue sometido a torturas brutales. Víctor Cuello, detenido el mismo 4 de noviembre, dijo que escuchó a Miguel Poinsteau de una celda a otra y hasta pudo verlo por la mirilla. Le pidió disculpas por haber dicho dónde estaba. Cuello, además, escuchó unos golpes en la pared de la celda de Miguel y todas las personas que estaban allí (Rosa Gómez, Rubén Rizzi y otras) empezaron a llamarlo pero él ya no contestaba. En ese momento, entraron efectivos y se lo llevaron. El testigo sobreviviente pensó que estaba descompuesto, pero nunca lo trajeron de vuelta. Antes, Poinsteau le había dicho: “Víctor, de esta no salgo”.

Rosa Gómez también contó que cuando ingresó estaba muy malherido producto de las torturas. Con miedo, le preguntaba a ella si lo iban a volver a torturar. Laura Marchevsky, otra mujer alojada en el centro clandestino D2, relató que Cuello y Poinsteau llegaron a los calabozos al día siguiente de su detención. No pudo verlos pero sí habló con ellos. Contó que un día Miguel dijo “los quiero mucho”, sintieron un golpe seco, y ya no respondió. Todo el grupo empezó a patear las puertas para pedir ayuda y, al llegar, los policías gritaron enojados, hasta lo insultaban a Miguel. Se lo llevaron arrastrado. Si se suicidó o no, dice el fiscal Vega, para el Ministerio Público Fiscal es irrelevante. Para Marchevsky, fue producto de las torturas porque no tenían ni frazadas ni sábanas para ahorcarse. Lo cierto es que Miguel Alfredo Poinsteau está desaparecido desde entonces. 

Caso 65: Alfredo Daniel Hervida

Alfredo Daniel Hervida es uno de los sobrevivientes que es víctima en este juicio. Comparte su testimonio desde la restauración de la democracia, como hizo ante la Conadep en 1984, y también declaró en un juicio anterior y en este proceso. Además, hay mucha prueba documental que reconstruye su caso, como un prontuario policial elaborado por la Dirección de Investigaciones y un prontuario penitenciario. La reconstrucción del caso 65 estuvo a cargo de la fiscal Analía Quintar. 

Hervida nació en abril de 1955 y para la época de los hechos que se juzgan tenía 21 años. Vivía con su mamá y su papá en la ciudad de Mendoza y trabajaba con él como técnico electricista en la construcción. Quiso ingresar a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), pero no se lo permitieron porque tenía un antecedente penal en el marco de la ley 20840 de lucha contra la subversión. ¿Cuál había sido su delito? Su militancia en el centro de estudiantes durante la secundaria, que cursó en la escuela Pablo Nogués. Sin embargo, para el momento de los hechos ya no militaba.

Alfredo Hervida fue detenido el 17 de diciembre de 1976 cuando volvía de arbitrar un partido de básquet en el club Pedro Molina, de Guaymallén. Alrededor de las 22:00, una patrulla policial lo interceptó, lo obligó a subir y lo llevó a la Comisaría 31 para averiguar antecedentes. Allí vieron que había sido condenado en 1975 en la justicia federal a partir de un prontuario que había elaborado la Policía de Mendoza porque lo encontraron repartiendo panfletos en la terminal de ómnibus. 

Alega el fiscal Dante Vega.

Esta “averiguación de antecedentes” derivó en un trato completamente hostil en cuanto vieron la causa. Ya en la Comisaría 31 empezaron a torturarlo, contó. Lo golpearon, lo ataron de pies y manos, lo amenazaban permanentemente y lo encerraron en un calabozo. En el cuarto juicio contó que allí lo colgaron de dos sillas con un palo de escoba y lo tuvieron así largo tiempo. Una pierna le quedó sin movilidad ni sensibilidad por meses. Horas más tarde fue trasladado al D2 en una camioneta de la policía. Mientras lo llevaban, el personal de la seccional le decía “ahí sí que vas a hablar y te van a sacar todo lo que no nos decís a nosotros”. 

Lo ingresaron al D2 por el estacionamiento, como solían hacer, y lo encerraron directamente en un calabozo. Recordó que había más gente, que era una especie de subsuelo completamente oscuro, que las celdas tenían puertas de chapa, eran diminutas, y que hacia el fondo había unas duchas. Pocas horas después, lo sometieron a interrogatorios bajo tortura en una sala a la que llegó al bajar unas escaleras. Le preguntaban por su actividad política y por su antecedente. Él les respondía que ya no militaba y ni siquiera iba a la escuela, pero lo seguían torturando. No fue la única vez. Lo insultaban, lo amenazaban con hacerle daño a su familia —particularmente a su mamá y a su hermana—, lo golpeaban brutalmente y le aplicaron picana en todas las partes de su cuerpo, siempre con manos atadas y ojos vendados. Contó que dejaron secuelas en los genitales durante mucho tiempo. Alfredo denunció las torturas cada vez que pudo. 

En el D2 eran seis personas las que estaban en cautiverio: dos mujeres y tres hombres, además de él, como Norma Arenas, Miguel Ángel Rodríguez, Oscar Krzyzanowski. Recuerda que se escuchaba cómo se llevaban a la gente a la tortura y volvían jadeando. Permaneció 24 días en ese CCD, hasta el 10 de enero de 1977, cuando lo trasladaron a la cárcel de Mendoza. Mientras estuvo en el D2, para su familia estaba desaparecido. Permaneció incomunicado y aunque fueron a preguntar por él, siempre le negaron que estuviera allí. 

En el prontuario penitenciario del expediente, relató la fiscal, hay un oficio firmado por Oyarzábal, subjefe del D2, que remite a Hervida al director de la penitenciaría, en calidad de detenido e incomunicado. Además, otro oficio a nombre del director de la cárcel le informa al jefe del Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña que Hervida había ingresado al penal proveniente del D2.

Pero el blanqueo de su detención no implicó un manto de legalidad. En la penitenciaría, Alfredo también fue sometido a interrogatorios bajo tortura, vendado y desnudo. Estuvo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y, junto con Rodríguez y Krzyzanowski, le hicieron causa penal. Ya en marzo del 77 lo trasladaron a la Unidad 9 de La Plata y posteriormente a la cárcel de Caseros. 

Cuando le correspondía su libertad, le dijeron que no se la iban a dar por la condena que había tenido. A su familia le informaron que tenía la opción de salir del país con destino a Suecia. Pero los captores manejaron la situación de una manera extraña. Él mismo contó que lo sacaron de Caseros, lo subieron a un avión que hizo escala en Brasil y recién cuando tomó vuelo con destino a Europa, en aguas internacionales, el comandante de la aeronave se acercó, le dio su pasaporte y le dijo “ahora sos un hombre libre”. Tras repasar su cautiverio, Quintar concluyó: “Como si todo esto no hubiera sido suficiente, lo castigaron con el exilio”.

La próxima audiencia será el viernes 20 de noviembre a las 9:30.

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El Colectivo Juicios Mendoza se conformó en 2010 por iniciativa de los Organismos de Derechos Humanos para la cobertura del primer juicio por delitos de lesa humanidad de la Ciudad de Mendoza. Desde ese momento, se dedicó ininterrumpidamente al seguimiento, registro y difusión de los sucesivos procesos judiciales por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.