Fernando Peñaloza (FP), abogado querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad en Mendoza en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN), explicó cómo evolucionó su valoración del fallo del Tribunal conformado por Antonio González Macías, Roberto Burad y Alejandro Nocetti: “Al escuchar la sentencia hubo cierta disconformidad, puntualmente con el caso de Fernando Morellato (cinco años de prisión en cárcel común, probada la aplicación de tormentos). Pero con el pasar de los días se fue madurando la sensación y se morigeró la bronca. Creo que, en definitiva, se trata de rescatar y aceptar las reglas de juego. Comenzó a decantar la situación y comencé a ver qué es lo que había quedado: diez condenas, una declaración de responsabilidad importante, incluso, respecto de Morellato. También quedó abierta una puerta muy grande para la presentación de un recurso ante la Cámara de Casación Penal respecto de la calificación jurídica que hay que darle a esa responsabilidad. Por lo tanto, estoy conforme. Creo que hay mucho más para rescatar: el Tribunal receptó lo que Casación dijo en el juicio anterior y por eso condenó por el delito de asociación ilícita en todos los casos. Y una vez más se confirmó el genocidio como el marco en el que se cometieron los delitos. Esto es importante porque no en todas las provincias los Tribunales lo aceptan”.
“Por otro lado, es de rescatar que el único modo de que se condenara como se hizo es reconocer que se operó respecto de grupos. Es el caso de Juan Agustín Oyarzábal, quien no podría haber sido condenado por la desaparición de Blanca Graciela Santamaría sino se entendía que ella pertenecía a una agrupación, y que muchos de sus miembros fueron desaparecidos en un periodo de diez días, más otros que fueron detenidos y que contamos con sus declaraciones. Estas son cosas importantes que hay que reconocerle al fallo. El resto será responsabilidad nuestra intentar purgarlo”.
El periodista Sebastián Moro (SM), del Blog de los organismos de derechos humanos para el seguimiento de los juicios, agregó que otro fuerte reconocimiento fue el considerar el paso por distintos centros como una sola detención, los considerados «tramos», como en el caso de Ángel Bustelo. «¿Cómo lo valoran?», consultó a los abogados.
FP: En el juicio pasado, el Tribunal no aceptó el agravante de más de un mes de duración en el delito de privación ilegítima de la libertad. Entonces sostuvimos que había que considerar todo el tiempo de detención de Bustelo, y no pensar que en la Compañía de Comunicaciones estuvo tres días. Esta vez sí entró en la condena, y eso tiene mucho de conceptual: es entender una privación de la libertad en todo el proceso, independientemente del lugar y de la persona que haya estado a cargo en ese momento. Si se entiende que hubo un plan sistemático y que existió asociación ilícita entonces no se puede fraccionar.
Pablo Salinas (PS) representante en el juicio del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) contó al Blog su concepción: “Yo soy optimista, también porque lo pienso en relación a los anteriores juicios: en el primero (San Rafael) se condenó a cuatro represores; en el segundo (Ciudad de Mendoza) a otros cuatro; y en este tercero tuvimos condena para diez represores, siete de ellos a reclusión perpetua y solo tres temporales. Tengo mucha alegría, tranquilidad y satisfacción porque si se compara con el resto de Latinoamérica, realidades que pudimos conocer a través de Congresos internacionales, lo nuestro es increíble. Uno ve la sorpresa entre los abogados de los países hermanos, como el caso de la jueza Mariana Motta (Uruguay), cuyo trabajo y compromiso es entrañable y a quien la Justicia de su país la sacó del seguimiento de las causas por los delitos de lesa humanidad».
“Cuando comencé mi militancia por el juicio y castigo en el MEDH” agregó Salinas, «éramos muy pocos». «Estábamos al comienzo el abogado Alfredo Guevara Escayola y yo, como antes estuvo Carlos Venier. Pero en esos momentos casi nadie quería meterse en un juicio de este tipo; y ahora vemos a más colegas que están comprometidos como Fernando Peñaloza, Pablo Garciarena, Viviana Beigel, Daniel Rodríguez Infante, Patricia Santoni e incluso Dante Vega; que ya actuó en cinco de estos juicios entre ellos el de la masacre de Trelew» (caso que fue retratado por Francisco “Paco” Urondo, asesinado aquí en Mendoza, en «La Patria Fusilada», una investigación sobre esos hechos).
«Es importante rescatar esto en el marco de la continuidad de los procesos a mediano y largo plazo porque antes, si alguno de los abogados éramos blanco de algún ataque, peligraba toda la tarea por la justicia. En cambio hoy no es así, cualquiera de nosotros puede estar o dejar de estar en los juicios y de igual manera van a seguir. Este nuevo aire también se ve en el abogado que representó a Roberto Vélez, Martín Vergara, un pibe de unos 25 años. Presentó un alegato muy lindo, sobre la militancia política, se empieza a comprometer”.
“Hoy la fortaleza de los organismos de derechos humanos de Mendoza es notable” resaltó Salinas: “tenemos a la SDHN, al propio gobierno de la Provincia. Cuando estuve a cargo de la Dirección de derechos humanos de Mendoza (en 2008), el principal logro fue que la Provincia se constituyera en querellante. En ese momento, las dos fiscales (María Alejandra Obregón y María Gloria André) se opusieron. Tan distintas son ahora las cosas. Tanto es así que en este juicio, la abogada Romina Ronda (secretaria de Justicia de Mendoza) actuó de manera brillante como representante de la provincia”.
Pablo Salinas sobre la sentencia:
Procesos que reescriben la historia y legitiman la práctica política
Los abogados Pablo Salinas y Fernando Peñaloza compartieron con nuestro Blog su concepción respecto de lo que se construye en cada proceso oral público: historias, vidas y militancia política.
Peñaloza agregó una valoración respecto de quienes aún pudieran sostener la teoría de los dos demonios e interpeló a asistir a las audiencias:
Reconstruir es la tarea
FP: “El sistema constitucional argentino, el sistema republicano, implica que los que se dicta en una sentencia es una verdad”, explicó el representante por la Nación. “Si existe una sentencia judicial existe una verdad sobre un hecho. Si tenemos una sentencia judicial que juzgó cómo fueron los hechos en el homicidio de Paco Urondo, y las circunstancias y los responsables y demás, todo lo demás que se haya escrito antes queda de lado y queda fijado ahí. Una sentencia no es una verdad absoluta pero es lo que nuestro sistema constitucional reconoce como verdad y fija, entre otras cosas, los hechos”.
PS: “Fernando da en la tecla. Hay países que escriben su historia con los historiadores. En Argentina, que hoy tiene 400 represores condenados, entre 600 y 700 relatos jurídicos, es muy difícil que se insista en un sentido contrario al de la memoria, la verdad y la justicia. Es decir, es muy difícil para un Solanet, un Escribano, una Pando, para un Videla, para un Massera, decir ´no, esto no ocurrió´. No es discutir con un escriba o, un historiador, es discutir con cientos de fallos judiciales, y hasta con un juicio histórico como el Juicio a las Juntas. En este país se llegó a estos juicios por lo mejor del radicalismo, con Raúl Alfonsín; y con lo mejor del justicialismo, con Néstor Kirchner, impulsando la nulidad de las leyes de la impunidad, con la ley de Patricia Walsh y luego con la renovación de la Corte Suprema de Justicia. Aún cuando uno pueda estar a favor o en contra de sus resoluciones, es la Corte más prestigiosa que hemos tenido en la historia. Todo eso ha permitido este avance, lo mejor de los dos partidos más fuertes en la historia argentina reciente.
PS: “Lo mismo le sucedió a Fernando (Peñaloza) con el caso de los hermanos Talquenca. Porque pasa eso: a cada uno, por el motivo que sea, lo tocan más algunos casos, no a todos les da en la misma tecla. Él me mencionó a mí con el caso Galamba y claro, yo relaciono con lo que fue la militancia y la cárcel de mis viejos, la militancia peronista católica. A cada uno le toca una tecla en determinado momento, esas historias de compromiso, de gente que militaba políticamente para cambiar algo, para incluir, de argentinos que trabajaban por otros argentinos, con amor social. Y en este punto es importante destacar la profunda alegría que genera hoy cuando voy a reuniones de amigos, compañeros, organismos y me encuentro con tantos militantes que no están en la búsqueda de un cargo, de plata o de una prebenda, sino que lo hacen porque se renovó el ansia de militancia”.
El abogado del MEDH destacó cómo los juicios aportan a un proceso de reconstrucción política difícil de retrotraer:
FP: “También entendí personalmente que es un trabajo de mucho cuidado. Pablo comentó que no todos soportan ir a las audiencias, así como tampoco todos quieren ir a las audiencias a declarar. Tengo presente por ejemplo un caso que para mí era solo un nombre y después leí el acta de un testimonio suyo. Hoy sé que es psicóloga, una académica de prestigio en la Universidad, pero que explicó que no podía declarar públicamente en el juicio, y lo pidió así ante secretaría. Es el caso de una persona que no pudo más que hacer un corte y no saber más nada. Lo último que hizo fue ir a la Fiscalía, decir lo que dijo, lo cual nos sirvió de mucho, pero reiteró que no quería declarar más, que logró hacer un corte desde el momento en que recuperó su libertad. Hay gente que a la que le cuesta mucho y eso hay que aprender a respetarlo. Hay que cuidar mucho eso, no todos los que ponés se paran, clavan las banderas y arrancan, como puede ser Fernando Rule y tantos otros y otras. Hay que entender que no todos son iguales. Nosotros desde lo profesional muchas veces lo lamentamos porque ese testimonio podría ser relevante, porque podría dejar involucrado a alguien; pero ahí se teje esa disyuntiva: ¿qué hago primar, la integridad y la decisión de la víctima que no quiere declarar, porque tomó su decisión, o mi interés de acusador? Hemos tenido que aprender a vivir con eso, a manejarlo, a hablarlo, a discutirlo entre las querellas. Es un territorio muy pantanoso, por suerte en la mayoría de los casos no es así y han dado testimonio, se han sentado y declarado, algunos sin público, pero ante el Tribunal. Yo he aprendido muchísimo y he conocido gente maravillosa. Para mí es una experiencia única, con las víctimas y con los familiares”.
PS: Hay compañeros que han crecido muchísimo, Luz Faingold es hoy secretaria de Derechos Humanos de Capital y Luz hizo todo un proceso a partir del juicio. Nino Bonoldi no habla del mismo modo hoy que cuando empezó sus primeras apariciones públicas, uno tiene la confianza de que va a pegar en el lugar que tiene que pegar, antes no era tan así. Todos hemos crecido en este camino. Y hay algo muy rico en Mendoza: yo empecé militando en Córdoba y había mucha división, pelea entre abogados, Organismos; acá por supuesto que hay gente que trabará más amistad con uno o con otro, pero no ha habido ningún quiebre importante, ninguna pelea de pavorrealismo o celos entre todos los que integramos la lucha por los Derechos Humanos. No es un dato menor, en Mendoza esto ha permitido que la unidad que hemos mantenido haga que nos dividamos tareas y seamos mucho más fuertes que en otras circunscripciones. Se va Romano a Chile y allí está Silvia Ontivero; van Miret y Romano al proceso de destitución en Buenos Aires y están Javier y Ángela Urondo; se labura Cuadro 33 y ahí están Mariú Carrera y Pablo Seydell, y se consiguen recuperar los restos de algunos compañeros. Elba Morales está laburando Las Lajas y todo el mundo acompaña ese trabajo.
24 de marzo junto a los Organismos
El enemigo: “ningún gil”
PS: Con ese notable nivel académico descubrieron, por ejemplo, que el no entregar los cadáveres fue un plan para garantizar la impunidad y a la vez destruían el lucro familiar de la víctima. Fueron tan perversos que al no estar el cuerpo (el cuerpo del delito), cuando fueron acusados llegaron a la justicia por privación ilegal de la libertad, no por homicidio, estaba todo pensado. Por más que hubiera juicios, ellos iban a quedar libres o, como mucho, serían condenados a tres o cuatro años de prisión. Con esto generaron el hecho más perverso de la dictadura: no nos han dicho dónde están los cadáveres de nuestros compañeros, han mantenido el pacto de silencio.Del Oeste a los cuatro puntos
FP: La SDHN es querellante en causas por trabajo esclavo ante la Justicia Federal, por torturas y violencia de género bajo órbita de la Justicia Provincial, y permanece esta impronta de impunidad. Me causan mucha preocupación las causas de trabajo esclavo en la Justicia Federal, no hay ningún avance, hay impunidad total. Estamos hablando de empresarios muy importantes en Mendoza y de muchísimo peso a nivel sudamericano y no logramos ni que los imputen, aún cuando hay muchísima prueba. Se les dan todas las posibilidades de cuestionar a la Secretaría como querellante, de cuestionar al fiscal como fiscal. En materia de delitos de lesa humanidad hay una impronta muy fuerte del Estado nacional puesta en esa temática y es inexcusable para los operadores hacerse los tontos, los distraídos. Pero en relación a otras temáticas no es tan así. Por ejemplo, en la Justicia Provincial hace falta un avance más y creo que la llegada de Omar Palermo a la Corte en ese sentido no es casual, el gesto y la decisión política del Gobernador en ese sentido es de las mejores de su gestión.
