15-09-15 | En el marco de la ampliación de declaración por la que pueden optar los procesados antes del inicio de los alegatos, en la fecha se escuchó al exdirector del Liceo Militar, coronel Carlos Tragant; a los policías Julio Lapaz y Armando Guevara, y al expenitenciario, Pedro Linares. Todos coincidieron en negar las imputaciones con similares argumentos.
Por videoconferencia, desde la Cámara de Casación Penal, declaró el Cnel. (R) Carlos Horacio Tragant. Con tono marcial y frases cuidadas trató de desvincularse de las acusaciones con los remanidos argumentos de cualquier imputado. Sin embargo, en su declaración ofreció una serie de datos que lo dejaron amarrado a la Dictadura, desde su inicio.
Según Tragant, el 23 de marzo del ‘76, fue convocado por el general Maradona quien le informó que al día siguiente darían un golpe y lo designaba como interventor militar en la provincia de San Juan, función que cumplió a cabalidad. El hecho lo hace partícipe directo del quiebre del orden constitucional y asalto al poder practicado el 24 de marzo por la Dictadura Militar. En aquella ocasión, el Maradona le anunció que detendrían al Ejecutivo mendocino y le pidió organizara su alojamiento en una dependencia militar. Para este fin, dispuso las instalaciones del Liceo Militar Gral. Espejo.
Partió a San Juan y un mes después, el 30 de abril de 1976, retomó la dirección del Liceo Militar e inició gestiones ante el Maradona para que retiraran a los presos del predio ante la inminencia de la ceremonia de bendición de los uniformes de los cadetes que se realizaba los 25 de Mayo. El motivo era porque “los detenidos podían perturbar con gritos” el acto público. Efectivamente, días después consiguió su cometido.
En cuanto a las detenciones ilegales practicadas en ese Instituto Militar, el Tragant aclaró que el Lugar de Reunión de Detenidos (LRD) del Liceo, estaba a cargo del coronel Pablo Tradi, otro imputado en esta megacausa, recientemente fallecido, y la atención directa de presos era competencia del oficial González Viescas, también fallecido.
Por otro lado, Tragant objetó a la fiscalía y a los testigos por imprecisiones en la fechas y dio su versión de la acusación que le cabe por la desaparición de Santiago Illa. La víctima fue retirada de la cárcel por el sargento José Fuerte y entregada en el Liceo Militar el 12 de mayo de 1976, cuando Tragant dirigía esa institución. Según él, Fuertes “un hombre distinguido”, asistía al coronel Nemesio Scheró, miembro de Inteligencia y Operaciones, quien le habría pedido que retirara al detenido Illa de la Penitenciaría y se lo entregara, o sea que la culpa sería del fallecido Scheró.
Finalmente, desconoció al Tribunal, “ustedes no son mis jueces naturales”, afirmó y dijo haber sufrido torturas psicológicas por su permanencia durante 3 meses en la cárcel de Marcos Paz, hasta que los magistrados le otorgaron la prisión domiciliaria.
En su densa alocución el excoronel retrotrajo al pensamiento mesiánico de las FFAA, quienes según él, son las llamadas a formar en el “sentido profundo de amor a la Patria” y proveer al país de los principales dirigentes, a través de los liceos militares. Asimismo justificó su actuación en lo que llamó el alma de la institución armada: la disciplina y la subordinación. En otras palabras, la obediencia debida.
El guardiacárcel Linares
El agente penitenciario Pedro Linares, involucrado en el encubrimiento por omisión de los tormentos sufridos por Pablo Seydell, Luis María Moretti y Pablo Amaya, presente en la Sala, declaró en segundo término.
Linares relató haber ingresado en la fuerza en octubre de 1973, como guardiacárcel del Penal. A partir del 24 de marzo de 1976, fue asignado al pabellón 11 de presos políticos, donde se encargaba del ala intermedia. El acusado reconoció que los allí detenidos habían sido víctimas de torturas y golpes, pero sostuvo que “él nunca vio nada” ni participó de los traslados a la sala de tortura ubicada en la peluquería del penal. Además, frente a este tipo de situaciones, él no podía hacer nada más que “comunicarle la novedad” a su superior, aseguró.
Por otro lado, dio a conocer que el Penal estaba controlado por Gendarmería y los traslados al exterior, a cargo del Ejército, adjudicando un rol secundario a la actuación de los penitenciarios. En esta línea deslindó su responsabilidad por los tormentos infringidos a los presos, en la requisa de julio del ’76, ya que entró de guardia a las 8 de la mañana, cuando todo ya había pasado.
Puntualmente, respecto de su intervención en el traslado de Seydell, Moretti y Amaya a la “peluquería”, negó haber participado.
Julio Lapaz
Julio Lapaz declaró en la mañana de hoy haciendo gala, como es habitual en él, de un gran desparpajo.
Inició su declaración señalando que lleva 4 años y 9 meses procesado por una “mentira”.
Con descaro hizo referencia a las violaciones sistemáticas perpetradas en contra de Rosa Gómez, delito que por otra parte no sólo fue denunciado por la víctima, sino por otros sobrevivientes del D2, como Eugenio París, quien afirmó haber visto a González y Lapaz salir de la celda de Rosa en, al menos, dos oportunidades.
Continuó su declaración describiendo una “carrera policial”, que calificó como “intachable”. Esa carrera lo llevó a desempeñarse como custodio del vicegobernador Mendoza (mayo –agosto de 1974), luego como integrante del D2 “cuando vino el tema de la subversión”, también como custodio de los gobernadores Bordón y Gabrielli, para finalizar como honorable burócrata en la Planta de Verificación del Automotor, dependencia donde fue reconocido por Rosa Gómez cuando, en 2006, se disponía a realizar unos trámites.
La línea argumental seguida por Lapaz se dirigió, luego del auto encomio, a las pretendidas inconsistencias de su víctima, a quien buscó desacreditar revelando, además, detalles de la vida privada y su relación con una de las hermanas de Rosa, que en todo caso sólo sirven para confirmar las bajezas a las que puede llegar Lapaz .
La voluntad de dar cuenta de detalles de la vida familiar de Rosa Gómez pareció no hallar límites hasta que intervino el abogado querellante por el MEDH, Pablo Salinas, quien se opuso a que se ventilaran, innecesariamente, asuntos de la vida privada de las víctimas. Aún, cuando su argumento no fue aceptado, la exhibición obscena llegó a su fin.
Con testimonios falaces y una actitud intimidante, ya que no sólo puso en escena innecesariamente asuntos íntimos, sino que dio detalles de los domicilios de personas relacionadas con Rosa Gómez, uno de los violadores del D2 finalizó su declaración, presentándose a sí mismo como víctima inocente. Al retirarse dejó en suspenso una amenaza: “he sido torturado psicológicamente… y el día de mañana quién sabe qué va a pasar”, concluyó.
Negativo
El policía Armando Guevara, a cargo de la Comisaría 13º de Rivadavia, en septiembre de 1976, negó rotundamente su connivencia con las detenciones ilegales denunciadas por varios arrestados en esa ciudad.
Admitió haber allanado el domicilio de Mario Díaz y haberlo detenido, pero aclaró que fue en cumplimiento de una orden judicial y aseguró que no realizó otros procedimientos de ese tenor ni aportó información sobre actividades subversivas.
Asimismo, negó que los expresos Belardinelli, Riveros y Bustos hayan estado detenidos en la Comisaría a su cargo. Tampoco admitió conocer a Hortensia Ramos, madre del fallecido Díaz, quien se refirió a la actuación de Guevara y se limitó a atribuir su testimonio a una posible confusión porque en la misma seccional trabajaba su hermano.
El fiscal Rodríguez Infante le preguntó por su relación con Agustín Oyarzabal, un empeñoso jefe del D2 ya condenado a prisión perpetua. Guevara enrojeció y dijo que se trataba de un vecino oriundo de Rivadavia y oficial de la Policía con quien tenía una relación funcional.
En la próxima audiencia, el lunes 21, está prevista la declaración de un testigo propuesto por Civit y la ampliación de declaración de otros procesados.
