28-09-15 | Como en la audiencia anterior, Otilio Romano insistió con su evidente intención de dar golpes de efecto. Al continuar la ampliación de su declaración, apeló a la descalificación de testigos, abundó en citas bibliográficas y buscó, con ironías y chistes, hacer creer que las acusaciones que pesan sobre él —97— son exageradas.
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Cerca de tres horas duró la segunda exposición del exjuez, destituido primero, y detenido después, tras estar prófugo en Chile. Nada de lo que dijo sorprende, ya que la mayor parte de su relato coincide con lo escuchado cuando leyeron su indagatoria, al inicio del juicio.
Nuevamente, calificó de anacrónicas las imputaciones, y argumentó en relación al esfuerzo que debe hacer para defenderse de hechos sucedidos casi 40 años atrás. Se refirió, otra vez, a las amenazas contra jueces. Contó que en aquel momento salía armado y antes de arrancar el auto lo empujaba unos metros por si tenía alguna bomba, para evitar así que la explosión ocurriera cerca de su casa. Luego, señaló que en esos años hubo 21.642 atentados terroristas, según la prensa, pero no aclaró la autoría de esos supuestos hechos terroristas.
A continuación, sobreabundó en citas bibliográficas, resoluciones judiciales e informes para ampararse en el concepto de que la actuación de las fuerzas militares fue “absolutamente clandestina” y que recién se tomó conocimiento de lo verdaderamente conocido a partir del regreso de la democracia. Romano se contradijo al señalar que nadie sabía lo que hacían las Fuerzas Armadas para luego enfatizar que “no lo disimularon”. Pero además, si fuese verdad que sólo se supieron los hechos después de 1983, nada dijo sobre los obstáculos que se pusieron desde los Tribunales Federales cuando él era influyente en ese terreno, tanto para las investigaciones como para el avance de estos juicios.
Como ya lo han hecho los abogados defensores, el exmagistrado también orientó su estrategia a arrastrar a todos los que fueron jueces o fiscales durante la dictadura y nombró a Díaz Araujo, Peñaloza y Fuego y extendió ese concepto a todos los magistrados del país que ejercieron entre 1976 y 1983. Repitió una y otra vez citas en las que incluyó a Walter Bento, Omar Palermo y hasta el fiscal Dante Vega. De ellas, Romano hizo alusiones parciales y obviamente sacadas de contexto para intentar confundir. Según el imputado, sólo en Mendoza, se acusa a los jueces de haber sido cómplices de la dictadura, aunque también hizo mención a un caso en Tucumán, pero no se acordó de otros juicios similares que se desarrollan en distintos puntos del país.
Llamó la atención que al referirse a la actuación de la policía dijera que le constaba que la participación de esa fuerza en la represión clandestina no era a voluntad. La pregunta quedó flotando en la sala: ¿Cómo le constaba?
El siguiente capítulo de su exposición Romano lo dedicó al dolo que le imputan y a la ampliación de las acusaciones. Pidió que le hicieran exámenes psiquiátricos para que se determinara si él tiene características de ser asesino, torturador o violador. Sabe Romano que él no está acusado de ser autor material de estos hechos por lo que este recurso no resiste ningún análisis.
Después, llegó el momento de las descalificaciones, tanto a la Fiscalía y a las querellas como a los testigos. Habló de actitudes histriónicas y artísticas y de preguntas efectistas y no técnicas. Justamente el histrionismo y el efectismo es lo que se percibe ahora en la conducta de Romano. En su pretensión de sumar confusión se centró en el valor de las costas de los Habeas Corpus, que sería, en la actualidad, cerca de $35. Habló entonces de los testimonios de Mariú Carrera y Nino Bonoldi, quienes dijeron sentirse intimidados y extorsionados. El destituido exjuez quiere hacer creer que Carrera y Bonoldi se sintieron de esta manera por el dinero que debían pagar, cuando es claro que la intimidación y la extorsión que sentían los familiares al presentar los HC era el rechazo a estos recursos que clamaban por la desaparición de sus familiares. La materialización era el emplazamiento a pagar costas, a lo que se sumaba el despliegue militar. La calle era cortada por los militares y no se podía transitar por las veredas, tal como el propio Romano relató ahora. Como también contó –tratando infructuosamente de desmentir la existencia de una ganchera- había un tablero en el que se colocaban las respuestas a los HC.
Para rematarla, consideró que lo juzgan solamente por los HC y repitió que si es así, todos los jueces tendrían que estar allí.
En relación a los testigos, aunque trató de utilizar palabras cordiales, fue descalificador, casi burlesco, incluso hasta con la Fiscalía. Según Romano, no lo pueden acusar por testimonios como los de Martínez Agüero “por ser ex jefe de Montoneros en Mendoza” o de Daniel Rabanal quien “mató a un policía”. “¿A esos les preguntan”?, dijo en tono irónico y los comparó con los testigos por él solicitados, a quienes considera “calificados”, como el doctor Alberto Aguinaga (funcionario de la dictadura), Luis Leiva (destituido por corrupción) y Héctor Benelbaz (un especialista en Inteligencia Militar y en Defensa Nacional para lo cual se instruyó con militares). No lo ayuda mucho esta comparación a Romano.
La descalificación de testigos continuó y se quejó de que algunos lo nombraron sin conocerlo. Explicó que para él están sugestionados o instigados y que, en cambio, quienes declaran vía teleconferencia no lo hacen. No ha repasado bien Romano tales testimonios porque sí lo hicieron.
De la acusación de Luz Faingold, quien asegura haberlo visto en el ex D2, Romano la calificó de más que burda y aseveró que jamás tomó una indagatoria en ese lugar y tampoco en la Penitenciaría. “Desafío al fiscal a que lo demuestre”, lanzó. Expresó que nunca asistió a reuniones sociales con militares y hasta se mostró acongojado por no haber asistido con su esposa de entonces, ya fallecida, a la visita a Mendoza del Papa Juan Pablo II “para no aceptar una invitación militar”.
Antes del cuarto intermedio, el imputado recordó el testimonio del periodista Alberto Atienza, quien dijo que lo mandaron a detener por una amenaza de pelea. “Mojado, pesa 30 kilos Atienza. ¿Y lo voy a mandar a detener por un problema de celos? ¿A ese testigo trae el fiscal”?, dijo Romano sin aludir a todos los padecimientos de Atienza durante su encierro.
Sobre el final de la audiencia volvió a insistir con que los militares se nutrían de su propia impunidad, sobre la responsabilidad de todos los jueces –hizo especial hincapié en Zaffaroni- y en que nadie supo de lo ocurrido hasta después de la democracia. También se quejó, en su nombre y en el de sus compañeros de detención, por las malas condiciones de habitabilidad en el penal y calificó de mentirosas a las autoridades del servicio penitenciario.
Romano quiere tribuna, seguirá su declaración en el día de mañana. El presidente del TOF, Alejandro Piña, lo consultó sobre cuánto calcula que se extenderá su declaración y Romano le contestó: “No sé, me tengo que defender de 97 acusaciones y tengo que hacerlo bien porque cualquier condena, por menor que sea, me significaría, por mi edad y mi estado de salud, la perpetua”. Entonces, Piña le pidió que no gire su relato sobre hechos ya abordados.
