29-09-15 | Otilio Romano, en la misma línea que en jornadas anteriores, ocupó toda la audiencia para desvincularse de las imputaciones que pesan contra él y de su posible relación con la represión ilegal. Con una argumentación cargada de anécdotas que no venían al caso, entrelazadas con chicanas destinadas al fiscal Dante Vega, extendió largamente su intervención. Además, pretendió destacar su valentía al conceder sobreseimiento en algunas causas puntuales.
El exjuez procesado tiene una dinámica lenta, reiterativa y errática. Anda y desanda una carpeta, relee en silencio y luego lanza su retahíla. Así, ha encarado una ampliación de indagatoria que se asemeja a un alegato.
Hoy empezó afirmando que las detenciones ilegales por pocos días no pueden considerarse delitos de lesa humanidad, no se entendió porqué. Pasó luego a afirmar que las denuncias realizadas en sede policial, eran investigadas por los agentes de esa repartición y que no identificaban a los responsables de las aprehensiones; por ende, nada se hizo.
En un tramo de su cháchara, afirmó que “no había motivo para sospechar de la policía” y poco después agregó: “la policía qué podía hacer… la respuesta la daba el Comando”. Cabe preguntarse si Romano vivía en una burbuja cuando la gente en el ’76 se agolpaba, suplicando por sus familiares atormentados en el D2 del Palacio Policial. Aquella afirmación es un agravio al entendimiento. Él, bien sabe, que por declaraciones de sus propios jefes, se conoce el organigrama de la represión, se sabe de la Comunidad Informativa (CI) del Comando de Operaciones Tácticas (COT) y del rol fundamental que tuvo la Policía en el plan sistemático de exterminio en la Provincia. En fin, es altamente positivo que Romano siga hablando para abonar el dicho: “el pez por la boca muere”.
Por otro lado, con un artilugio, intentó excusarse, en nombre de los magistrados, de no recepcionar las evidentes torturas que denunciaban los detenidos cuando eran presentados ante la Justicia Federal. Según él, debían dar por válidas las declaraciones dibujadas por la Policía. Hizo mención al artículo 197 del código procesal penal que le daba plena potestad a la Policía, y al mismo tiempo, para justificar que los hechos se denunciaban tiempo después, situación que impedía su constatación. Ahora, pasados 40 años protestó Romano, se dan por probados.
Más adelante en su repaso cansino de apuntes, volvió a rechazar que su accionar estuviera encuadrado dentro de los delitos de lesa humanidad. Se remitió al Estatuto de Roma, que establece como requisito, responder a un patrón o norma. Hizo referencia a la acusación contra Cafiero en la estafa por las vasijas vinarias y a la imputación que sufrió Balbín por sus declaraciones. En esos y otros casos, se animó a otorgar el sobreseimiento, cual un gesto de desafío al poder. “Resolvíamos en contra del militar de turno”, aventuró.
De este modo, apelando a la confusión, para lavarse las manos, también recordó que desde 1971 la administración de justicia estaba a cargo de los Consejos y sus Tribunales militares.
Algo de política
Romano dijo permanecer escéptico a cualquier partido y a los gobiernos. Reprochó a los radicales que iniciaron los juicios en los ’80 porque mandaban a investigar por arriba y paraban los expedientes por abajo. Dejó deslizar la existencia de una puja interna dentro del Poder Judicial, y hasta tuvo el tupé de referirse a quienes estaban “en algo raro” y pasaron a la clandestinidad: “los valoro como militantes y combatientes”, lanzó.
Buena parte de su argumentación suele retomar lo asentado en la Causa 13, el primer juicio que condenó a los Comandantes de las FFAA, durante el gobierno de Alfonsín; marco que abona la teoría de los dos demonios. Sin embargo, en la última década, se acumuló una frondosa jurisprudencia a la que el exjuez, pocas veces, se remite. También, de vez en cuando, lanza reproches contra la Procuradora Gils Carbó y contra Justicia Legítima.
Pasado el mediodía, Ariel Civit, su defensor, pidió un cuarto intermedio para que Romano tuviera un descanso. Al regresar a la sala, la secretaria Natalia Suárez informó que la enfermera que lo atiende recomendó que no continuase con la declaración, pero el acusado quería seguir. Sólo alcanzó a decir, nuevamente, que como magistrados recibían amenazas de muerte. En su caso, dos fueron por escrito, de parte del poder militar, por haberle otorgado la internación en su casa a Fioretti (quien tenía una denuncia por la muerte de un policía) y que a Miret, lo amenazó el ERP.
Ante la insistencia de Civit, quien pidió dejar la declaración para la semana próxima, el fiscal Vega reclamó acelerar las audiencias. Por su parte, el presidente del Tribunal, Alejando Piña, respondió que, al no haber sesión el lunes 5 de octubre, se decidirá en una audiencia de trabajo cómo seguir con las declaraciones el martes 6 desde las 10 hs. A ésta sólo asistirán los letrados sin los demás acusados. Allí se tratarán asuntos relativos a cómo darle más velocidad al juicio y se fijarán más fechas para la declaración de los procesados. Agregó que el lunes 12 tampoco habrá audiencia, por ser feriado y el martes 13 se continuará con la modalidad que se haya decidido.
