01-12-15 | El secretario de Justicia, Sergio Bonsangue, querellante en representación de la Provincia de Mendoza, abrió la instancia de alegatos del IV juicio en debate. Previamente, la secretaria del Tribunal completó la enumeración de las piezas probatorias incorporadas por las partes.
Después de la jornada del lunes la Secretaria del TOF N°1, Natalia Suárez, continuó repasando la prueba documental incorporada por las partes. El detalle estaba contenido en un extenso escrito que demandaría largas horas de lectura.
Para acortar los tiempos Sergio Bonsangue, Secretario de Justicia, pidió que se entregaran copias del texto a las partes y a fin de dar inicio al alegato previsto para la fecha. Argumentó el cambio de gestión del próximo 10 de diciembre.
Luego de un cuarto intermedio y, a pesar de que la única persona que se opuso fue el abogado Ariel Civit, defensor del ex juez Romano y del ex penitenciario Bianchi, el Tribunal decidió proseguir con la lectura. Horas después, el abogado querellante por el MEDH, Pablo Salinas, repitió el pedido de Bonsangue pero nuevamente fue rechazado. A lo largo de la mañana se escuchó la prolongada enumeración. Al finalizar, el Tribunal decidió pasar a cuarto intermedio hasta las 16 hs para iniciar la etapa de alegatos.
Ariel Civit, por petición de Romano y Bianchi, desistió de la lectura de los testimonios ofrecidos en otros juicios, que había solicitado con anterioridad. Además propuso que el alegato de la Secretaría de Justicia se realizara otro día, ya que sus clientes se habían levantado a las 7 de la mañana y era imprudente, por cuestiones de salud, que se quedaran hasta la tarde.
Para saldar la situación, el Presidente del TOF hizo la contrapropuesta de entregar a los acusados la grabación de la presentación, para no forzar su permanencia en la Sala. El ofrecimiento fue aceptado; así quedó habilitada la lectura del alegato por parte de Bonsangue. El único que asistió a la tarde fue el ex penitenciario Pedro Linares, quien se encuentra en libertad.
El interés puesto en los alegatos
El Secretario de Justicia, en representación de la Provincia de Mendoza, concretó su presentación en los términos dispuestos por el Tribunal.
A modo de introducción hizo referencia al proceso de gestación de la represión ilegal, desde los vejámenes ejecutados por el Comando Moralizador Pio XII hasta la aplicación del plan criminal conducido por las Fuerzas Armadas, que comprometió al conjunto de organismos de seguridad.
Señaló que, antes del golpe del ‘76, se desarrolló el “Terrorismo ideológico” predictarorial desplegado por el gobierno constitucional. Además del dictado de normas violatorias de las garantías constitucionales, el querellante señaló que las instituciones del Estado, en lugar de perseguir a la subversión con la ley en la mano, utilizó recursos legales para violar las garantías más elementales. Para ello contó con la asistencia de quienes eran jueces federales en ese momento.
Asimismo hizo un repaso sobre los hitos y aspectos específicos de la represión en Mendoza. En relación a esto último, mencionó la persecución gestada por el Comando Anticomunista Mendoza -CAM-, así como los lugares donde se materializó el terrorismo de Estado: el D-2, la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8 y la Penitenciaría Provincial. En las dependencias ya señaladas prestaron servicio los acusados.
Causas y calificaciones
La Provincia de Mendoza es litigante en la mayoría de las causas acumuladas para este IV Juicio, cuyos acusados son miembros de las FFAA, de Seguridad y penitenciarios. En cambio, no es querellante en la denominada causa de los Jueces, contra lo ex magistrados Miret, Romano, Petra y Carrizo.
Hecha la salvedad, cabe especificar que el Subsecretario Bonsangue pasó revista a los hechos y víctimas, comenzando por la Causa 112-C. Esta remite a detenciones practicadas en febrero de 1976 contra militantes políticos y sindicales cercanos a la JP / Montoneros y la razia practicada en junio contra miembros de esa corriente. Incluye, también, los operativos realizados en mayo de 1976 contra jóvenes vinculados a la Juventud Guevarista y otros procedimientos ilegales que comprometen a las Seccionales de la Policía de Mendoza: la 7ma. de Godoy Cruz y 13° de Rivadavia. Las víctimas son: Daniel Hugo Rabanal, Rodolfo Enrique Molinas, Marco Augusto Ibáñez, Fernando Rule Castro, Silvia Susana Ontivero, Mario Alberto Muñoz, Ivonne Eugenia Larrieu, Stella Maris Ferrón, Miguel Angel Gil, Olga Vicenta Zárate, Guido Esteban Actis, Haydee Clorinda Fernández, Nilo Lucas Torrejón, Santiago Illa, Jorge Puebla, Alberto José Scafatti, Francisco Robledo, Alicia Peña, Eugenio Paris, Raúl Acquaviva, Carlos Roca, Roque Luna, David Blanco, Alberto Córdoba, Daniel Ubertone, Rosa del Carmen Gómez, Alicia Morales, María Luisa Sánchez, Jorge Vargas, Edesio Villegas, Elbio Belardinelli, Mario Díaz, Jesús Riveros, José Bustos, Francisco Amaya, Luis Moretti, Pablo Seydell, Miguel Angel Rodríguez, Alfredo Luis Ghilardi.
Asimismo, el alegato de la Provincia abordó las causas acumuladas referidas al Operativo de Abril del ’77, que tuvo como objetivo el secuestro y desaparición de Pedro U. Ponce, María Eva Fernández, Manuel Alberto Gutiérrez, Juan Manuel Montecinos, Jorge A. Pérez, Emiliano Pérez, Gloria Nelly Fonseca, Julio Pacheco, Elvira Orfila Benítez, Luis C. López Muntaner, Gisella Tenembaum y Billy Lee Hunt.
Por último, la provincia representó los intereses de Pedro Tránsito Lucero, Julián Baca, Carlos Enrique Abihagle, Arturo Marcos Garcetti, Carlos Fiorentini, Enrique Carmelo Durán, Rafael Antonio Morán, Ithamar Ismael Castro, Carlos Alberto Venier, José Vicente Nardi, Francisco Rafael Jiménez y Osvaldo Ernesto Aberastain, todos detenidos en fecha próxima al 24 de marzo de 1976, que recalaron en el Liceo Militar y la Compañía 8va. de Comunicaciones del Ejército.
Después de pasar revista a las causas en las que está involucrada la provincia, el querellante dio a conocer las calificaciones legales propuestas para cada uno de los procesados, según el caso. Se trata de privaciones abusivas de la libertad, tormentos agravados, abusos deshonestos, violaciones agravadas y desapariciones, ya consideradas homicidios. Propuso, asimismo, que las mismas sean encuadradas como delitos de lesa humanidad.
Pedido de penas
Finalmente, el Subsecretario de Justicia, Sergio Bonsangue solicitó las siguientes sanciones penales:
- Prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para: Juan Agustín Oyarzábal, Eduardo Smaha, Paulino Enrique Furió Armando Osvaldo Fernández, Pablo Gutiérrez, Luis Alberto Rodríguez, Miguel Ángel Tello, Alcides Paris Francisca, Carlos Horacio Tragant, Juan Carlos Ponce, Héctor Rubén Camargo y Miguel Ángel Ponce.
- Quince años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de diez años para Dardo Migno y Ramón Puebla.
- Doce años de prisión para Armando Hipólito Guevara, Antonio Garro, José Antonio Lorenzo y Marcelo Moroy.
- Diez años de prisión para Félix Humberto Andrada, Diego Morales, Oscar Bianchi y Pedro Linares.
Finalizada la presentación, el Tribunal informó que la próxima audiencia será el lunes 14 de diciembre a las 9,30 hs., para continuar con los alegatos de las querellas.
