07-03-16 | En la víspera del Día Internacional de las Mujeres, la doctora Viviana Beigel en representación del MEDH, hizo una precisa introducción en la que abordó la persecución a las mujeres mendocinas a la que denominó una cuestión de género. Repasó los distintos casos ocurridos durante el terrorismo de Estado, con la connivencia y complicidad de los cuatro exjueces imputados en este juicio. En la parte inicial de la audiencia estuvo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj.
A primera hora se hizo presente en Tribunales Federales, Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Se reunió con integrantes del TOF, dialogó con las partes y luego, en un breve encuentro con la prensa, ratificó la decisión del gobierno nacional de respaldar la continuidad de los juicios de lesa humanidad en todo el país y de continuar con la búsqueda de los/las nietos/as apropiados/as. Luego tuvo una reunión informal con miembros de los Organismos de Derechos Humanos de Mendoza y aseguró: “esta gestión no abona la teoría de los dos demonios”.
Violencia contra las mujeres
La exposición de Viviana Beigel comenzó con un análisis la especificidad de la represión en relación a las mujeres, es decir, una explicación del contexto que derivó como justificativo para su implementación. Para ello, además de apoyo jurídico en materia de derechos humanos, la abogada contó con el marco ofrecido por los estudios género.
Años antes de la dictadura militar iniciada en 1976, se llamaba a las mujeres a volver a su lugar obligado: el cuidado de los hijos, la atención familiar, los quehaceres domésticos. En los ámbitos de la comunicación social, como la prensa, se reafirmaba este mandato. En los diarios tenían lugar las opiniones de la Liga de Madres de Familia, la Iglesia Católica y demás organizaciones religiosas. Ante el esfuerzo sistemático de restaurar los roles tradicionales de género, quienes osaban salirse de ese espacio eran castigadas.
El Mendozazo y otros levantamientos sociales de las décadas del ’60 y ’70, fueron protagonizados por maestras que trabajaban junto a los curas tercermundistas. Protestaban ellas contra la división sexual del trabajo, la relación entre los espacios público y privado, la moral sexual y su nula actividad en cargos de poder. Por ello fueron acusadas de marxistas y subversivas.
Bajo la jefatura del Vicecomodoro Santuccione, se obtiene una modificación del Código de Faltas. Su intención era “restaurar las obligaciones naturales del género” y destruir a “las enemigas de la moral”. Así fue que el Comando Pío XII se ocupaba en perseguir a las mujeres en situación de prostitución, utilizando la tortura y la muerte. Sus cuerpos eran arrojados en la zona de Papagayos, al igual que los primeros militantes asesinados. Luis Ocaña, ex detenido en el D2, declaró: “Estábamos presos juntos porque éramos la misma basura, víctima del mismo odio de clase”.
La demonización que hacían de las militantes políticas era común a las “mujeres de mal vivir” porque no pertenecían al orden social y moral establecido.
Sin embargo, una doble moral imperaba; en nombre de ciertos principios, a las mujeres se les decía cómo vivir y al mismo tiempo, se las detienía y abusaba sexualmente. La represión dispuso de sus cuerpos y de sus vidas de igual manera.
Particularmente, las mujeres militantes eran acusadas de crueles, capaces de abandonar a sus hijos y exponerlos al peligro. Un ejemplo es el titular del diario Los Andes ante la detención de Paco Urondo y su pareja, Alicia Cora Raboy: “Abatieron en Mendoza a un delincuente subversivo. Usan como escudo a un niño”.
Las que cuestionaban los valores establecidos eran consideradas transgresoras. Pilar Calveiro asegura que manifestaban una amplia libertad sexual por lo que eran tildadas de malas madres, malas esposas, malas amas de casa. En palabras de un suboficial chileno, “las mujeres guerrilleras eran mujeres peligrosas”.
Sara Gutiérrez sostiene que no solo la violencia física fue parte del accionar de las fuerzas represivas, sino también la misoginia. Ese profundo odio sobre las mujeres transgresoras provocaba todo tipo de humillaciones y vejámenes.
Llevadas al D2, al Casino de Suboficiales o a la Escuela de Verano de Papagallos, las que eran madres, eran secuestradas con sus bebés o separadas de sus hijos. Ese era el castigo por transgredir la moral occidental y cristiana dominante.
Secuestradas con sus hijos e hijas
Beigel enumeró los casos ocurridos en Mendoza de mujeres que hoy continúan desaparecidas y que fueron secuestradas junto con sus hijos/as.
A Alicia Cora Raboy la detuvieron en el mismo operativo en el que fue asesinado el poeta Paco Urondo. Ella estaba con su hija Ángela, de 11 meses y ambas fueron vistas en el D-2. Tras permanecer unos días en el CCD de la policía la niña fue dejada en la Casa Cuna, abandonada a su suerte hasta que la rescataron familiares. De su permanencia en el D-2 Ángela, a pesar de que entonces aún no cumplía un año, tiene recuerdos plasmados en un escrito que fue leído por la abogada del MEDH. “En los sueños no encuentro a mi mamá y ahora sé que el lugar de las pesadillas existe: es el D-2”.
Gladys Castro fue secuestrada de su domicilio junto a su esposo, Walter Domínguez. Ella estaba embarazada y en cautiverio nació Claudia, quien en 2015 recuperó su identidad. El único recuerdo que tiene de su madre es una foto, exhibida en su exposición por la doctora Beigel. María de Domínguez y Angelina Castorino siguen buscando a sus hijos Walter y Gladys.
María Inés Correa Llano y Adriana Irene Bonoldi estaban embarazadas cuando fueron secuestradas y la búsqueda de sus hijos continúa.
Laura Terrera también fue privada de la libertad junto a su hija Celina, que tenía entonces 8 meses. En 2007, ésta última recuperó su identidad luego de que la causa había sido archivada por los jueces Miret y Mestre Brizuela.
Los secuestros de madres con sus hijos/as fueron parte del plan sistemático de la dictadura, asociada con la Justicia Federal. Lo sufrieron, pero lo pudieron contar y denunciar Ana María Bacovic, Anabel Tortajada, Elena Sevilla, Silvia Ontiveros, Stella Maris Ferrón, Alicia Morales y María Luisa Sánchez Sarmiento, entre otras. Todas ellas fueron llevadas junto a sus hijos e hijas, que tras permanecer algunos días en centros clandestinos, fueron entregados a otros familiares.
Otra modalidad empleada por los represores fue la de dejar a los/las niños/as de las mujeres que secuestraban en casas de vecinos o directamente abandonados.
También padecieron las secuelas de la persecución los denominados “Hijos del Exilio”, quienes se vieron obligados a crecer en culturas ajenas, lejos de los afectos, sin abuelos, tíos ni primos y con otras lenguas.
Mujeres transgresoras
Viviana Beigel apeló a cuatro casos emblemáticos para demostrar cómo la represión atacó a las mujeres, ya no con el objeto de combatir la subversión, sino para impedir el desarrollo y el protagonismo de personas brillantes. Tales los casos de Ana María Moral, quien le escribió a su madre que la revolución era un acto de amor y una guerra contra la injusticia y el hambre; Gisela Tenembaum, que a los 21 años era una avanzada estudiante y una eximia nadadora; de Mercedes Vega de Espeche, brillante médica y militante del PRT y de Susana Bermejillo, quien a los 25 años ya era profesora de Literatura y estaba a punto de recibirse en Filosofía, cuando fue secuestrada y asesinada. Moral, Tenembaum y Vega siguen desaparecidas.
Los jueces, parte del plan
La profesional del MEDH expresó que claramente los jueces y fiscales estaban de acuerdo con los postulados de la dictadura. Lo demostró Luis Miret, con el caso de Luz Faingold. Consta en los expedientes que el ex magistrado consideró a Luz, quien tenía 17 años cuando fue detenida en1975, “un sujeto de gran peligrosidad”. En el dictamen que ordena su envío a la Dirección del Menor y no la entrega a sus padres, Miret demostró que su pensamiento y su accionar eran los mismos de quienes ejecutaban la represión ilegal. Así fue que determinó que “los padres no tenían control de la vida de la menor, agravado porque estaban separados”, “que Faingold llevaba vida de adulto y caminaba sola a altas horas” y “que no estaba claro con quién vivía”. Para peor Miret aludió a unos recortes de diarios soviéticos hallados en un allanamiento que en realidad eran para un trabajo de Matemáticas.
La actitud del ex juez es demostrativa de que no sólo estuvieron de acuerdo con la dictadura sino que contribuyeron con la persecución política. La represión fue acompañada por la Justicia Federal, que instruía expedientes, trabajaba en la condena, ordenaba allanamientos, daba por válidas las declaraciones obtenidas bajo tortura y perseguía a personas por poseer libros, folletos o panfletos, como en el caso de Ángel Bustelo.
Beigel se detuvo en el caso de Teresita Fátima Llorens, al consideró “una joya”, por todo lo que demuestra. Una patota de la Policía Federal la secuestró y torturó para después darle intervención a la Justicia Federal. Miret, como fiscal, se declaró competente y pidió los antecedentes políticos de Llorens. Alfredo Guevara y Fuad Toum asumieron la defensa y pidieron la excarcelación de Teresita. Lejos de concederla Miret hizo lugar al pedido de la PF de prorrogarla incomunicación y en las mismas dependencias en que la habían torturado. A Guevara y a Toum los detuvieron, “por molestar” y los reemplazó Ángel Bustelo, también detenido y procesado por poseer literatura peligrosa. Entonces le designaron defensor oficial a Guillermo Petra Recabarren, quien no hizo absolutamente nada. También Romano intervino en esta causa, como juez subrogante.
La conclusión es que los jueces trabajaban directamente con los secuestradores, tenían relación directa, hablaban por teléfono, sabían perfectamente quiénes eran. No era casual entonces, la detención de los abogados.
Tenían también un acuerdo ideológico, sacado a la luz por los testimonios de los ex detenidos. Así, por ejemplo, Rolando Carrizo le dijo a Alberto Muñoz “comunista hijo de puta” y a Fernando Rule “Usted va a declarar lo que yo le diga”; Petra Recabarren, como defensor, maltrató a Pedro Torres, y Miret le contestó a León Glogowski, cuando éste le contó que se enseñaban con él por ser judío: “Y, también con ese nombre…”.
Otra muestra de la complicidad la dieron cuando aceptaron como válidas las declaraciones tomadas bajo tortura e incluso citaron como antecedentes fallos de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que no se basaban en ninguna jurisprudencia nacional o internacional, sólo de Mendoza, de la Justicia que ellos mismos integraban.
La persecución política la hacían a través de los expedientes. Ignoraban las declaraciones de las víctimas y las denuncias de los familiares. Personalmente los jueces vieron el estado de salud de los detenidos. María Florencia Santamaría se presentó ante la Justicia descalza y con los pies hinchados, Prudencio Mochi lo hizo arrastrando una pierna, Alberto Muñoz se la caía el pantalón y Silvia Ontivero llegó visiblemente lesionada para que el juez Carrizo le comentara: “¿No te habrás caído vos?”. También vieron a los detenidos en los CCD como lo declararon Walter Hoffman, Juan Carlos Yanzón y Hugo Tomini a quien Miret le recomendó: “Hay que aguantar”.
En la apropiación de niños y niñas hay otro capítulo de la complicidad judicial. Por el caso de Celina Manrique hubo inacción hasta entrada la democracia y pasaron 20 años para que la joven recuperara su identidad y en el de Claudia Domínguez Castro, esclarecido el año pasado, Miret rechazaba sistemáticamente los Hábeas Corpus bajo el argumento de que se producía “un desgaste jurisdiccional inútil”.
El absurdo trámite de los Hábeas
Los jueces remitían oficios al Comando, a la Policía, a la Federal, al Ejército. Amablemente preguntaban: “Señor, ¿puede decirme si Usted secuestró a…?”. Las respuestas eran obvias. Los HC eran un engaño a los familiares, una trámite que no servía para nada. El mismo Romano, recordó Beigel, reconoció que el aparato represor no se iba a investigar a sí mismo.
¿Se podía actuar de otra manera?, se preguntó Beigel. La respuesta es sí, como quedó en evidencia en una denuncia ante la justicia provincial en la que el magistrado tras no recibir respuesta se constituyó en sede policial. Es que la misma legislación vigente para la época habilitaba a los jueces a promover y ejercer requerimientos, que no quisieron hacer.
Los jueces crearon una “Zona Liberada Jurisdiccional”. Investigaban a los presos políticos pero no investigaban los secuestros. Se declaraban competentes y sobreseían las causas provisoriamente, “provisoriamente por 40 años”, añadió la letrada. Se quedaban con los expedientes a la espera de nuevas pruebas, que ellos no procuraban, quizás esperando “que llovieran o cayeran del cielo”.
Otorgaban y aseguraban impunidad porque tenían un compromiso ideológico y porque obtenían recompensas reflejadas en ascensos y nombramientos. Jamás cuestionaron una ley de la dictadura, consideraron malas madres a las militantes. Estaban de acuerdo con lo que sucedía.
Los ataques sexuales, tanto los abusos como las violaciones, no sólo se produjeron, también se denunciaron. Silvia Ontivero declaró que “pagábamos el precio de ser mujeres”, aunque muchos hombres también los sufrieron. Los ataques sexuales son considerados delitos de lesa humanidad y deben diferenciarse de la tortura que es otro delito de lesa humanidad. La violencia sexual tiene jurisprudencia y tiene, en los jueces, autores mediatos porque ordenaron u omitieron. Viviana Beigel citó un trabajo de Sofía D’Andrea en el que refiere que muchos violaron y otros fueron cómplices de violaciones, abusos deshonestos, manoseos y tocamientos, “Todos sabían” concluye el trabajo.
No es autor sólo el que ejecutó, también el que permitió e ignoró. Existió un aporte sistemático de los ex jueces para garantizar la impunidad.
Casos concretos
La doctora Beigel repasó 10 expedientes de mujeres desaparecidas y/o detenidas en los que la Justicia Federal les dio tratamiento similar, con la sucesiva declaración de competencia, el sobreseimiento y el rechazo sistemático de los HC a pesar de que en todos se incorporaban elementos que deberían haber promovidos investigaciones.
María Silvia Campos, Zulma Pura Zingaretti, María Leonor Mércuri, Ángeles Gutiérrez de Moyano y Elvira Orfila Benítez, todas desaparecidas, podrían haber corrido otra suerte si la Justicia Federal hubiese hecho lo que correspondía. También podrían haber estado menos tiempo detenidas o haberse salvado de torturas Olga Salvucci, Violete Anahí Becerra, María Elena Castro, Margarita González Loyarte e Inés Dorila Atencio. En los expedientes de ellas tuvieron participación, como fiscales, jueces o defensores, Otilio Romano, Luis Miret, Rolando Carrizo y Guillermo Petra.
Honrar la vida
El final del alegato de Beigel fue muy emotivo porque, como los alegatos anteriores de los otros abogados del MEDH así como el de Fernando Peñaloza, humanizaron la sala, al hablar no de números ni expedientes, sino de personas. Viviana se refirió a las mujeres que supieron transformar su dolor en lucha y con imágenes de por medio nombró a todas, las que están y las que ya no están, que marcaron y marcan caminos, que “honraron la vida porque merecer no es callar ni consentir”.
Mostró también una vieja imagen de las Madres mendocinas. Allí están todas cuando reclamaban por sus hijos ante una Justicia Federal que no les respondió porque sus integraron deshonraron sus cargos al no defender los derechos de los ciudadanos.
Finalmente le pidió al TOF que observara en la sala la presencia de los desaparecidos, en las pancartas sostenidas por familiares y militantes. “Ellos van a seguir hasta encontrar el último nieto y hasta que les digan dónde están los cuerpos de sus familiares”, dijo Beigel y cerró: “Pido que se haga justicia y se condene a los ex jueces”.
La próxima audiencia es el martes 8, en el horario habitual.
