30-05-17 | Con altura y precisión, Daniel Rodríguez Infante completó las respuestas a los pedidos de nulidad de los abogados de los acusados. Luego, la argumentación de Pablo Salinas, en nombre de la querella del MEDH, dio inicio a las réplicas en razón de lo sostenido por las Defensas. Luego fue el turno de la Fiscalía, que continuará la próxima semana.
El fiscal ad hoc, Daniel Rodríguez Infante, desmenuzó uno a uno los pedidos de nulidad del juicio, realizados por los defensores. Si bien las argumentaciones fueron técnicas, consiguieron ser inteligibles para el público en general.
Comenzó abordando las pretendidas nulidades por no respetar el principio de congruencia, formulada por la defensa. En ese sentido, Rodríguez Infante desbrozó dos planteos. Uno que indica que los acusados no fueron indagados por cada uno de los delitos por los que se los acusa. El otro planteo consiste en sostener que la imputación fue sorpresiva.
Con respecto a la primera, Civit afirmó que su defendido, el guardiacárcel Oscar Bianchi, no fue indagado por privación ilegal de la libertad ni por asociación ilícita. Al respecto, el fiscal ad hoc sostuvo que las indagatorias se realizan en base a los hechos que fundan la acusación. En este caso se trata de los tormentos, en el marco de la lucha antisubversiva, denunciados por Nilo Torrejón y Eugenio París. Habitualmente se indaga por los hechos y después se califica, incluso esto puede mutar a lo largo del proceso. Como no se modificó la plataforma fáctica, el fiscal indicó que el pedido no corresponde.
El segundo planteo de la defensa fue porque la acusación fue sorpresiva. Al respecto Daniel Rodríguez Infante recordó que no fue así y enumeró las distintas instancias del juicio en que se advirtió sobre las imputaciones a los acusados. Al respecto leyó varios fallos que respaldaron su posición.
Pedidos de nulidad varios
Por otro lado, Civit pidió la nulidad del reconocimiento de Bianchi realizado por Eugenio Paris. Para ello sostuvo que debió ser en rueda de personas y no mediante fotografías. Recordó que Paris mencionó a tres guardiacárceles: dos Bianchi y Bonafede y podría haber confusión. Sobre este punto sostuvo que se trata de una técnica de investigación inicial y que tiene valor como complemento del testimonio, es inherente al mismo. Al margen de la disquisición técnico-jurídica, el sentido común diría que, pasado cuarenta años, las fotografías de época permiten reconocer mejor a una persona que su apariencia actual.
Daniel Rodríguez Infante sostuvo, en síntesis, que el reconocimiento fotográfico tiene valor conviccional cuando es complementario del testimonio. Agregó el nombre de los numerosos exdetenidos que reconocieron a Oscar Bianchi en el rol de verdugo. Resulta antológico el episodio reiterado por varios testigos que da cuenta del acusado pisando la espalda a Daniel Rabanal cuando intentaba subir la escalera arrastrándose, a causa de las torturas, después de una brutal requisa en la cárcel.
Por otro lado, Civit sostuvo la nulidad porque a su defendido no le indicaron cuáles eran las pruebas en su contra, por lo tanto, no pudo responder porque no estaban detalladas. Sin embargo, el fiscal recordó que las pruebas están claramente contenidas en el requerimiento de elevación a juicio, por ende, afirmó “no corresponde el incidente de nulidad”.
Para finalizar este tramo, el fiscal ad hoc, respondió la solicitud para que sean consideradas nulas todas las declaraciones de Pablo Seydell, Francisco Amaya y Moretti, previas al debate. Aparentemente resultó molesto que, en algunos casos, la fiscalía mencionara anteriores declaraciones para que los testigos clarificaran sus respuestas. Dichas declaraciones se refieren a la detención ilegal y torturas recibidas por los tres detenidos en las que estarían implicados José Lorenzo y Antonio Garro, policías de la Comisaría 7ma. de Godoy Cruz. En este sentido, Daniel Rodríguez afirmó que la norma procesal permite que en la instancia de debate se remita a declaraciones previas del testigo para remediar el paso del tiempo. Por eso, afirmó, se incorporan las declaraciones anteriores. Cerró asegurando que esta práctica no es motivo de nulidad.
Nulidades por los exmagistrados
Para concluir, el fiscal ad hoc, respondió al bosquejo de los defensores en el sentido de que no se respetó el debido proceso. Al respecto, dijo que el mismo fue planteado por Juan Day y Ariel Civit, aunque en el caso de este último le resultó difícil interpretarlo. De sus dichos pudo extraer cinco puntos, que según la defensa conducirían a la nulidad:
- La irregular intervención de los fiscales Omar Palermo y De Luca en el requerimiento de elevación a juicio por los delitos cometidos por los exjueces.
Sobre este tópico Daniel Rodríguez Infante recordó las numerosas diatribas que ambos defensores lanzaron contra los fiscales, tratándolos de soldados obsecuentes del poder político. Se refirieron a ellos como “estos sujetos” y otras expresiones ofensivas. Sin caer en el mismo juego y, respetuosamente, el fiscal se limitó a contestar que la firma de Palermo y De Luca en aquel requerimiento no infringe la ley orgánica del Ministerio Publico. Para más, agregó que ese mismo planteo, con los mismos fundamentos, fue realizado en la etapa de instrucción y fue declarado inadmisible por la Cámara de Apelaciones y la de Casación Penal. - La irregular intervención de la fiscal Patricia Santoni y el fiscal Barreda. Situación que ya había sido resuelto en la etapa de instrucción.
En este caso, la respuesta provino de la misma magistrada Santoni quien se refirió a dos episodios protagonizados por el exjuez Otilio Romano. Éste pidió que la abogada no participara como secretaria a la hora de recibir su declaración indagatoria. La solicitud fue rechazada por los jueces Bento y Palermo. También cuestionó su intervención como fiscal general subrogante. Este planteo fue declarado inadmisible por la Cámara de Casación Penal. Agregó que fue ratificada en sus funciones en 2014.
Patricia Santoni solicitó el rechazo in limine de los dos pedidos de nulidad por lo antes señalado. - La misma pretensión surgió de la supuesta irregularidad por no haber indagatoria previa por las acusaciones. En el mismo sentido de lo argumentado más arriba, el fiscal ad hoc sostuvo que no se trastocó la plataforma fáctica; por lo tanto, cada magistrado fue procesado por los hechos por los que fue indagado.
- Asimismo, la defensa esgrimió como objeto de nulidad la recusación del juez Walter Bento. Este planteo ya había sido resuelto por la Cámara de Casación Penal en la etapa de instrucción. Hay cuatro cuerpos sobre este incidente por lo que resultó sorprendente, para el fiscal, que se hubiese insistido sobre una nulidad que ya fue rechazada con sobrados elementos.
- La supuesta selectividad en el procesamiento de los exmagistrados. Con respeto a este punto Daniel Rodríguez Infante dijo que quedaría en manos del fiscal Dante Vega, quien la abordará como parte de las réplicas.
Finalmente, reflexionó sobre los dichos de los defensores particulares que tuvieron ribetes irónicos, cuando no insultantes, para desmerecer la tarea de los acusadores: la fiscalía y las querellas. El propósito, señaló, fue “deslegitimar la tarea porque en definitiva pretenden cuestionar una verdad que tardó mucho en llegar”, aseguró el fiscal.
Ni selectividad ni falta de competencia
Luego de que finalizara la respuesta a los pedidos de nulidad de Daniel Rodríguez Infante, Pablo Salinas, querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, respondió a los intentos defensistas de vincular la denuncia a los exmagistrados con la Ley de Medios. Sin embargo, la denuncia a Romano fue previa al conflicto por esa ley; se formuló en 2009. Esto “fue un cuestionamiento ético a los Organismos de DDHH y a las víctimas, quienes jamás ejercieron ningún tipo de revanchismo o selectividad, simplemente relataron lo que les pasó como mejor pudieron, con absoluta honestidad y sinceridad”, dijo.
Salinas se concentró en dos puntos: la selectividad y la competencia. En relación a la primera, destacó que se denunció cuando se tuvo conocimiento y que el origen de la denuncia ya estaba en el primer juicio de lesa humanidad en San Luis: “Se debe descartar la selectividad. Siempre se pidió que se explicara todo el accionar de la Justicia Federal en el marco del terrorismo de Estado”, dijo. Fue, en definitiva, una réplica de calidad ética: Hubo un deber moral en denunciar.
Respecto a la competencia que tenían los exmagistrados, destacó que la Justicia Federal es una justicia de excepción, que trata delitos que afectan a toda la Nación y es más pequeña: “Ésta fue la Justicia que eligió la Junta Militar ya con anterioridad”, ya que en 1974 la ley 20840 por «delitos contra la subversión» establecía la competencia de la Justicia Federal. “Se pretende discutir más de 40 años después una competencia federal que ellos mismos no discutieron en el momento de los hechos”, remató.
Destacó que, por ley, estaban obligados a trabajar en equipo con el D2. “No remitían sus sumarios a la Justicia Provincial, sino a la Federal. La Justicia Federal era la que se declaraba competente en cada uno de los expedientes”, dijo. Reconoció que “no todos los abogados tenían la convicción de Ángel Bustelo y Alfredo Guevara, por ejemplo, que pretendían ir a alegar algo a una Justicia Federal que era un eje de la represión ilegal”. “Siempre existió, aún en estos oscuros años, la dignidad”, finalizó.
Desviaron el foco de atención
Luego de un cuarto intermedio, tomó la palabra el fiscal general Dante Vega para concentrarse, específicamente, en la réplica al alegato defensor de los exmagistrados, «que es donde más elementos nuevos hay”.
En la introducción de su intervención puntualizó que iba a tratar dos puntos, en sintonía además con Pablo Salinas: el tema de la selectividad y la competencia.
Primero dejó en claro que los hechos ocurridos durante la Dictadura no fueron una “guerra”. “La historia argentina demuestra que aquí no ha habido guerra”, aclaró. Ante la «advertencia» de los defensores de la futura revisión de este juicio, enfatizó: “¿y cuál es el problema? Eso es lo que queremos. Que este juicio sea revisado una y otra vez”. Remarcó, además, que es sabido que este juicio llegará a instancias superiores como la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema.
En referencia a las cuestiones político partidarias que se trajeron en el juicio, dijo que “perdieron actualidad”, porque el proceso ha atravesado dos gobiernos distintos: así pierde sustento el argumento de que el Ministerio Público Fiscal responde a una motivación política y no a su deber. Fue incluso más allá: recordó que, en democracia, el Congreso había sido el refugio de la impunidad en los ‘80, el Ejecutivo en los ‘90 y que, actualmente, algunos podrían pensar que ese refugio es la misma Corte Suprema, haciendo referencia, entre otras cosas, al fallo del 2×1 de hace unas semanas.
Ya entrando al centro de su planteo, explicó: “Los defensores de los exmagistrados, con Day a la cabeza, han intentado desviar el foco de atención». Han intentado desviar el foco de luz, corriéndolo de los acusados a los fiscales. Según el relato de la defensa, no serían los imputados de este juicio los que integraron una banda criminal, sino los fiscales, formando parte de una asociación ilícita que habría manipulado personas e instituciones.
No sólo a estos sino también a los órganos de control de estos juicios, a los querellantes, que manejarían a toda esta gente en pos de un objetivo como lograr la condena de personas inocentes con delitos prescriptos.
“Manipulamos la ley, manipulamos la prueba: es una forma de desviar una acusación tan tosca, que a mí me ha sorprendido”, dijo con dureza. Y continuó: “No, nos hemos manejado con la ley y la doctrina vigentes al hecho. Hemos traído toda la prueba necesaria documental para aclarar los hechos”, y recordó el número de expedientes que recuperaron.
Los exmagistrados no eran incompetentes, este argumento se transformó en la «única tabla de salvación de los defensores». También en Córdoba y en Tucumán ha proliferado la investigación a los integrantes de la Justicia Federal en la última dictadura. No, como dijo la defensa, un invento del Procurador de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat.
“Yo demostré detenidamente de dónde venía la complicidad de los exmagistrados. La comunidad de hecho provenía de una gradualidad, por lo que había que tener en cuenta los hechos de 1974 y 1975. Eso lo demostré expediente tras expediente, demostré cómo los expedientes desde fines de 1974 en adelante hicieron su aporte criminal al terrorismo de estado, y las razones por las cuales esos aportes debían ser calificados como participación primaria”, dijo, no sin citar algunos de los expedientes encontrados, donde se prueban las omisiones desde 1974. Aquí quedó demostrado que las omisiones de investigar eran omisiones sistemáticas.
La defensa no contestó
El fiscal Dante Vega sostuvo que los abogados defensores no contestaron los planteos hechos por la acusación. No refirieron a la nula investigación de los exmagistrados ante delitos graves que llegaban a su conocimiento a través de habeas corpus, sumarios y denuncias personales. Es decir, lo que la fiscalía nombró como el círculo de la impunidad.
Las defensas no hablaron de la gradualidad en la operación ni analizaron las causas de los delitos relacionados con la «subversión». Tampoco hablaron de los habeas corpus que recibieron y rechazaron, ni de nada relacionado a los supuestos autores ignorados de los crímenes. No hablaron de las torturas denunciadas en sede judicial ni de las «parodias de investigación» como sucedió con Ángela Pastora Vélez, las causas Luna, Rabanal y Rizzi.
Concluyó el fiscal general con la introducción de su réplica y continuará el lunes 5 de junio a las 9.30.
