04-07-17 | El Tribunal Oral Federal N° 1 continuó la ronda de consultas destinada a los procesados, ofreciéndoles la posibilidad que brinden sus últimas palabras antes de la sentencia. Optaron por expresarse el exjuez Guillermo Petra, el penitenciario Oscar Bianchi y los policías Héctor Camargo, José Lorenzo, Marcelo Moroy y Juan Carlos Ponce. Otros tres prefirieron no argumentar.
El Tribunal, además, informó que durante la feria serán consultados los imputados que no pueden movilizarse y finalmente, el miércoles 26 de julio, ofrecerán la palabra al penitenciario Pedro Linares. A pesar de que el Tribunal no se ha expedido sobre la fecha de la sentencia se especula que en esa fecha, 26 de julio, harían público el fallo.
Guillermo Petra
El exjuez hizo un recorrido por su carrera en el Poder Judicial y subrayó que se desempeñó como defensor oficial durante ocho años y medio, cuando ningún abogado particular asumía las defensas de los acusados por la ley 20840 de represión a la subversión. En ese período, consiguió que el 30 a 50% de sus defendidos fueran sobreseídos o absueltos, aunque aclaró que no contaba con las cifras exactas.
Por otro lado, señaló que la Fiscalía no tuvo en cuenta todos los antecedentes que obrarían a favor de su desempeño y la calificó como “parcial y facciosa”. Arremetió contra los fiscales que pertenecen a la agrupación “Justicia Legítima” y calificó al presente juicio como “político-ideológico”.
Del mismo modo que el exjuez Romano, se remitió a los argumentos utilizados por la Sala I de la Cámara de Casación Penal que anuló la condena contra elexjuez tucumano Manlio Martínez, y estableció un paralelismo con su caso. Subrayó la anulación del cargo de asociación ilícita.
Finalmente, hizo mención a que no existen en su contra, ni siquiera, los cargos iniciales de omisión de investigar ya que la Fiscalía no los sostuvo y, para terminar, solicitó justicia.
Oscar Alberto Bianchi
El expenitenciario quiso dejar algunas cosas en claro: pidió que se evaluara la situación al momento de los hechos en relación con su jerarquía, quitándose responsabilidades por ser un “agente o celador”. Retrucó a los testigos que sostuvieron que el uniforme del personal penitenciario era gris, pues tenían uniforme azul. Recordó las declaraciones del detenido Mario Fioretti, para concluir que los testigos “vivían dos realidades”.
Descalificó los testimonios que, según él, se citaron para achacarle delitos que nunca cometió: “Para hacerme quedar como una persona agresiva”, lamentó. Destacó que jamás, en 31 años de servicio, tuvo un solo proceso por apremios ilegales. “Empecé y terminé mi carrera en gobiernos democráticos”, apuntó también.
Después de agradecer a su familia por el acompañamiento, dijo que estos años han sido para él “una pesadilla”.
Héctor Rubén Camargo
El oficial de policía, que pertenecía a la Comisaría 16° de Las Heras, aclaró que tenía poco que decir. Recordó el largo tiempo que lleva el juicio, los tres años y medio de detención y aseguró que ni a él, ni a ninguno de sus compañeros de prisión, “les cae la ficha” de por qué están en este proceso.
Aclaró que sabía que durante los años de Dictadura había “algo fuera de lo normal”, hubo muchos desaparecidos. Y cargó contra el gobierno anterior sosteniendo que en esa etapa hubo muchos desaparecidos, como la verdad y la justicia. Reveló que se sentía víctima en este juicio ya que el responsable suyo principal era José López y no estaba siendo juzgado.
Consideró que el esfuerzo de la fiscalía por esclarecer los hechos no tuvo la “profundidad necesaria”, y que no se consideró que en su legajo, a la par del “curso de antisubversión” también había hecho otro sobre Derechos Humanos. El primer curso habría bastado para presentarlo como un “experimentado de inteligencia”.
“No me siento culpable de nada”, siguió, y hacia el final invocó a Dios y su justicia. “Señor, me pongo en tus manos”, dijo, memorizando la frase en latín.
José Antonio Lorenzo
Lorenzo se desempeñó en la Comisaría 7ma. Al tomar la palabra, rebatió la afirmación que usó el abogado del Ministerio Público, Daniel Rodríguez Infante, sobre un “pacto de silencio”. Recordó que él fue el primer exintegrante de una fuerza de seguridad en declarar, en 2014.
Admitió que vio a Pablo Seydell después de haber sufrido torturas y que incluso lo ayudó con un vaso de agua. “No hay pacto de silencio”, sentenció. Recordó también el testimonio de Córdoba, quien dijo que nunca lo vio golpear a nadie.
Pidió recordar también a Facundo Manes, gurú actual de las neurociencias, quien habla de la “memoria cognitiva”: “Mi memoria falla”, reconoció en este sentido.
“Hice lo que más humanitariamente pude hacer. Pido por un país pacífico, por la República”, cerró, luego de agradecer a su abogado Venier, al tribunal, y de denunciar las agresiones que sufrió su familia en los años de este juicio.
Marcelo Rolando Moroy
El exagente del D2 también hizo uso de sus minutos para unas últimas palabras: “Yo entré a la policía por vocación. No por un sueldo, no me hacía falta”, empezó diciendo.
Destacó que, en 30 años de servicio, hizo muchos cursos para lo sociedad (“no contra la sociedad”, aclaró) y cosechó siempre muchas felicitaciones. “No entiendo por qué la Fiscalía habla de sociedad ilícita. Jamás me asocié con nadie para cometer delitos”, dijo, antes de acusar a Rosa Gómez y a Alberto Córdoba de haber mentido en sus testimonios.
Después de agradecer a su familia (que también sufrió ataques violentos en estos años, agregó), dijo: “El trabajo de la Fiscalía no fue lo profundo que debiera haber sido para buscar la verdad”. “Este país así nunca va a estar unido”, lamentó luego de homenajear a policías muertos en aquella época.
Miguel Ángel Ponce en su turno, expresó: “Soy totalmente inocente”. Por su parte, Juan Carlos Ponce dijo: “Me declaro inocente de todos los cargos que se me atribuyen. Lo único que pido es que se haga justicia, pero justicia verdadera”.
Por su parte, el policía Miguel Ángel Tello afirmó que no tenía nada que agregar, mientras que Julio Lapaz, perteneciente al D2, se desentendió de los cargos que pesan sobre él.
En relación a quienes no fueron consultados sobre sus palabras finales por tener prisión domiciliaria, el juez Piña informó que, de aquí al miércoles 26 de julio, se concurrirá a los siguientes domicilios con el fin de recoger las palabras de estos imputados: el del Alcides París Francisca y Dardo Migno (Rosario), Paulino Enrique Furió y Ramón Ángel Puebla (Buenos Aires); Luis Rodríguez, Ricardo Miranda y José Fuertes, en Mendoza.
Cuando se estaba levantando la sesión, desde Buenos Aires, alguien golpeaba insistentemente el micrófono para comunicarse con el Tribunal.
El coronel Tragant
Por videoconferencia, Carlos Tragant, quien había desistido de hablar cuando se lo consultara en la anterior jornada, se retractó. Su abogado, José María Soaje Pinto, un conocido personaje de ultraderecha, copó la pantalla y reclamó espacio para su cliente. El Tribunal le concedió la palabra.
El entonces director del Liceo Militar Gral. Espejo hizo un repaso de su historia y aclaró que fue absuelto en el juicio por el Plan Cóndor. Luego, se justificó leyendo la normativa militar y las disposiciones reglamentarias a las que tuvo que someterse, para concluir que sólo cumplió órdenes.
En cuanto a su participación en los hechos que se le imputan (la desaparición de Santiago Illa en ese Instituto) aseguró que el general Jorge Maradona lo designó interventor militar en San Juan, previamente, le pidió organizara en el Liceo un espacio para alojar presos y así lo hizo. A su regreso comprobó que era un lugar de reunión de detenidos, sin hacer mención a la causa Illa. Simplemente, dijo “por cumplir órdenes quedo eximido de responsabilidades”.
La última audiencia de este IV juicio será el miércoles 26 de julio a las 12 horas.
