10-06-14 | En el marco de la denominada “Causa Rabanal” que analiza el Operativo de febrero del 76, se escucharon los testimonios de Rodolfo Molinas y de Oscar Gil, hermano de Miguel Ángel, muerto por las torturas de la patota del D2. Un melindroso abogado defensor suplente, produjo molestias.
Por videoconferencia declaró Rodolfo Molinas, detenido en la razia contra miembros y simpatizantes de Montoneros, realizada en febrero de 1976, que se cobró la vida de Miguel Ángel Gil y la de Marcos Ibáñez, éste último fallecido por las agresiones recibidas después de ser trasladado a la cárcel de La Plata.
Molinas fue secuestrado en la casa que compartía, circunstancialmente, con Marcos Ibáñez, el 9 de febrero y fue trasladado al D2. Sufrió, al igual que sus compañeros/as, graves torturas y desembarcó, junto con su grupo, en la penitenciaría provincial, previo paso por una comisaría donde fue indagado por el juez Rolando Carrizo.
En orden a seguir con uno de los ejes de esta causa, el Fiscal Vega lo interrogó acerca de las agresiones sexuales contra las mujeres detenidas en ese operativo. Molinas respondió que podía escucharlas; se refirió al llanto y coincidió con el relato que las tres testigos hicieron sobre las violaciones sufridas.
También se refirió a la indagatoria del Juez Carrizo. Contó que llegó desde el D2 “mugriento, descalzo y con un pantalón de mujer”. Molinas solicitó al juez que le diera 48 hs. para reponerse porque estaba aturdido, confuso, pero el magistrado optó por cerrar el asunto consignando que se abstuvo de declarar. La correspondiente acta está rubricada con un garabato y la impresión digital de Molinas ya que no podía manejar las manos paralizadas por las torturas. Molinas agregó que le faltaban dientes y su estado era deplorable. Sin embargo, el mismo día, al ingresar a la cárcel un médico de apellido Corradi, asentó en un informe: “no presenta lesiones”.
En cuanto al trato recibido en la penitenciaría provincial, aseguró no haber tenido “incidentes”, pero recordó las agresiones sufridas durante la famosa requisa de julio de 1976. En cambio, se explayó largamente sobre los padecimientos en la Unidad 9 de La Plata donde murió Marcos Ibáñez.
El testimonio finalizó con una pregunta del doctor Varela acerca de si se le había designado abogado defensor. Molinas respondió que tenía asignado el profesional de “pobres y ausentes”. Luego, negó conocer a un tal Enrique Sosa Arditi que, según consta en la causa, era su Defensor. Molinas fue condenado por un Tribunal Militar a 10 años de prisión sin haber tenido contacto con él.
Entre la vacuidad y la perturbación
Ayer, se presentó Leonardo Pérez Videla como integrante del Ministerio Público para contribuir a la Defensa oficial de los 23 imputados que no cuentan con los servicios de abogados particulares. También estuvo presente en condición de reemplazante, Sebastián Bahamonde, quien se abocó a obstaculizar, con meros formalismos, la indagatoria de la Fiscalía. Este último, sin siquiera observar la dinámica del escenario al que arribó provisoriamente, se dedicó, ayer y hoy, a generar malestar entre las partes, el Tribunal y el público. Enarbolando el Código protestó ante el Presidente del Tribunal, juez Piña, que la Fiscalía diera dos o tres piruetas para realizar una misma pregunta. Increíblemente, cuestionaba la lectura parcial de testimoniales realizadas hace treinta años entendiendo que esa lectura inducía respuestas, cuando es sabido que ayuda a las víctimas a refrescar la memoria sobre los hechos. Tal era el tono de las exigencias que obligó al Fiscal Dante Vega a callarlo: “Ud. a mí no me da indicaciones”-le dijo-. De ahí en más, la fiscalía se mostró puntillosa, para evitar las oposiciones.
Silencio en familia
Oscar Gil fue llamado a testimoniar debido a la muerte por torturas de su hermano Miguel Ángel, a manos de los guardias del D2. Relató que se encontraba fuera de la Provincia cuando la víctima fue secuestrada de su domicilio en Villa Hipódromo, pero que regresó un día antes de que recibieran el cadáver, acompañado de un informe médico que consignaba su fallecimiento por septicemia. Recordó que la entrega se hizo en la morgue judicial; aunque no lo vio, otros familiares le dijeron que Miguel, de contextura robusta, estaba consumido. Asimismo, dio cuenta de que un día después del secuestro de Miguel Ángel les decomisaron un Fiat 600 de su pertenencia; después de diversos trámites realizados por su madre ante Petra, el vehículo les fue devuelto en el D2.
Interrogado por las gestiones para dar con el paradero de Miguel Ángel Gil, recordó que recurrieron a Carlos Rico Tejeiro porque eran amigos del barrio. El policía, hoy detenido por su participación en la represión ilegal, les respondió que no sabía dónde estaba.
Oscar Gil no pudo proporcionar mayores datos porque “en la familia no se tocaba el tema”. Relató que él era militante político por aquellos años pero que desconocía el activismo de su hermano; sólo aportó que creía que lo habían detenido por ser delegado sindical de la Comisión Nacional de Energía Atómica –CNEA- donde la víctima trabajaba. En el mismo sentido, no recordaba que su madre impulsó una acción penal por el asesinato de Miguel, evocada por el Dr. Fourcade. Finalmente, describió a su hermano como muy compañero, solidario “alguien de manos abiertas”.
El lunes 16 reinicia el debate. Están citados a declarar Guido Actis, Ivonne Larrieu, Alberto Muñoz y Stella Ferrón.
