02-09-14 | Los expolicías del D2 —Julio Lapaz, Rubén González y Pablo Gutiérrez— y el expenitenciario Oscar Bianchi fueron identificados este lunes por su participación en detenciones, torturas y violaciones por dos testigos, Paris y Ocaña. También declaró Alberto Peña, hermano de una exdetenida, Alicia.
La jornada se inició con una fuerte movilización de organismos de DD. HH. en reclamo por la pretensión de detención domiciliaria por parte de Otilio Roque Romano. Accedé desde aquí al texto completo del Comunicado de prensa.
Se reabrió el debate con el pedido del Fiscal Dante Vega de incorporar algunas causas para ser tratadas a efectos de agilizar el tratamiento de diversos expedientes acumulados. El pedido corresponde a la inclusión en el presente juicio de las causas que tienen como víctimas a Carlos A. Marín, Emilio Luque Bracchi, Osvaldo Zuin, Luis María Vazquez, Amadeo Sánchez Andía, Olga I. Roncelli, Oscar M. Pérez Fernández. Agregó Vega que la necesidad de acelerar los juicios es de interés tanto para las víctimas o sus allegados, como para los imputados. Por esta misma razón el Fiscal solicitó que se incremente el número de audiencias por semana y sus horarios de funcionamiento. También solicitó que se incorpore al debate el imputado Francisco López, que fuera detenido semanas atrás y que se encontraba fugado al comienzo del juicio.
Luego, el Fiscal General de la Nación a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, presente en la audiencia de hoy, intervino aportando ciertas consideraciones al pedido de prisión domiciliaria para el ex juez O. Romano, que se está tramitando por vía incidental. Las mismas tienen que ver con garantizar el proceso conforme a las reglas mínimas que exige el estado de derecho, por lo que solicita que se oralice dicha solicitud y sus pruebas, ya que de lo contrario, un trámite que se realice ajeno al control de las partes tendría una repercusión negativa ante la sociedad. “No nos podemos dar el lujo de tramitar a espaldas de la sociedad”. Agregó Auat que el dictamen del Perito de “dudosa confiabilidad” no alcanza para llegar a una conclusión consensuada y aceptada pacíficamente. Reforzó su argumento al añadir que si se trata con ligereza, con antecedentes precarios, sesgados, de dudosa autenticidad, se está banalizando lo que pasó en la dictadura y se suma el hecho que, quien pide la prisión domiciliaria, tiene antecedente de fuga. Continuó diciendo que la oralización permitirá tener la convicción profunda de que lo que se decida sea de cara a la sociedad, “un vehículo pacificador que no merezca objeciones”.
El Presidente del Tribunal Piña respondió que se trata de un pedido válido y que se puede organizar sin superponer con las audiencias. Tendrán en cuenta el pedido.
El representante de la querella Pablo Salinas insistió en su pedido de la audiencia anterior, sobre solicitar al Subsecretario Franco Picardi el informe sobre penitenciarías. Agregó también la solicitud de citar al Director del Penal de Mendoza y autoridades provinciales para que informen de las condiciones de los establecimientos, así como también a M. Imparado, para tener pleno conocimiento de estas condiciones en la penitenciaría local.
Piña contestó que él ha estudiado el expediente y que en el momento que se decrete va a ser compulsado. Aclaró que en materia de libertades corresponde al Tribunal y que la mayoría de las prisiones domiciliarias se han hecho en la secretaría, pero que se pueden hacer en la sala de audiencias pero no en el marco del debate. Agregó más adelante que el incidente no se ocultará a los querellantes ni a los demás defensores.
La Subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, adhirió al Ministerio Público Fiscal y la Querella, con respecto al dictamen del médico forense y ofreció organizar una visita in-loco, al Pabellón 6A de San Felipe donde están alojados los imputados de delitos de lesa humanidad para poder constatar sus condiciones, a lo que el presidente Piña comentó que es de máximo interés dicha visita.
“Han sido 38 años esperando este momento”
Comenzó a declarar Alberto Mario Peña quien relató la detención de su hermana Alicia, ocurrida en la madrugada del 1 de Abril de 1976, cuando a las 0:30 aproximadamente entraron en malón entre 20 a 25 efectivos militares a la casa familiar en la que estaban sus padres, su hermano menor y Alicia. Luego de revolver toda la casa durante casi dos horas, se fueron llevándose detenida a su hermana y dos efectivos se quedaron allí hasta las 8:00 de la mañana. Uno de ellos durmió en la cama de Alicia. A las 10:00 del mismo día llegaron dos personas de civil que revisaron especialmente el dormitorio de su hermana y se llevaron algunos escritos, cigarrillos, un dinero que estaba sobre la mesa y libros de Benedetti y Cortázar de propiedad de su madre, profesora en la Facultad de Letras de la UNCuyo.
Durante más de un mes no supieron el paradero de Alicia a pesar de la búsqueda incesante de su padre, a quien el declarante llevaba en el auto a distintos lugares, como el Comando, La Justicia Federal, el Obispado, los Jesuitas, y a enviar cartas a Videla, al Papa, al Arzobispado. El testigo relató que a su padre le dio un ”shock” cuando supo de la posibilidad que su hija estuviera en el Palacio Policial, ya que como era arquitecto, tuvo que inspeccionar el edificio cuando estaba en construcción y recordó las condiciones de habitabilidad: las medidas ínfimas de las celdas, la falta de ventilación.
Recién en la segunda quincena de mayo les avisaron y concedieron una visita a sus padres en el penal de Mendoza. El testigo, por su parte, pudo verla en febrero de 1977, en el penal de Devoto. Comentó que Alicia todavía rengueaba por las heridas producidas en el D2 durante la tortura y que, sin embargo “ella hasta nos daba ánimo a nosotros”.
“Yo no soy detenido, yo fui secuestrado”
Así comenzaba su declaración Eugenio París, quien al momento de su secuestro tenía 20 años y cursaba la carrera de Medicina. El 13 de mayo de 1976, a las doce de la noche, un grupo de hombres vestidos de civil a cargo de Celustiano Lucero lo secuestran en la cervecería “Bull & Bush”, de calle Vicente Zapata, lugar en el que trabajaba. Lo bajan al sótano para que busque sus pertenencias, luego lo suben al asiento trasero de un auto y se meten dos personas más; uno era Lucero. Una vez arriba lo atan, lo vendan y le empiezan a pegar. Lo trasladan al D2, en donde le roban la campera, la billetera y el reloj. Este es uno de los secuestros que forman parte de la gran caída de compañeros del PRT y la Juventud Guevarista, que se inició el 11 de mayo de ese año y tendría secuelas hasta fines de junio del ’76.
En el D2 lo llevan a una oficina para interrogarlo, en la que cinco individuos lo desnudan, lo atan a un banco y lo picanean. Allí, uno con voz aporteñada que dirigía el interrogatorio, le preguntaba por ciertos nombres a la vez que se burlaban de las torturas que habían sufrido otros compañeros (Raúl Acquaviva, Liliana Tognetti y Graciela Leda). Luego fue llevado a un calabozo. París recordó que estuvo dos meses en el D2 en los que mataron a cuatro compañeros (Torres, Moyano, Amaya, Sánchez Coronel) y que una vez “ese señor de allá”, dijo señalando a Lapaz, le sacó la venda, lo golpeó y le hizo limpiar la celda en la que habían torturado a Torres. Además agregó que vio cuando Lapaz y González entraron a la celda de una detenida y escuchó que la violaban.
El 7 de julio del ’76 fue llevado a Consejo de Guerra, en la que tuvo como defensor a Hernán Daguerre (oficial de Aeronáutica, quien ya lo había visitado en el D2 en una ocasión anterior con motivo del Consejo de Guerra), y fue condenado junto con 8 compañeros. Ese día los trasladaron en un camión celular a la Penitenciaría, en donde Bianchi los recibió a golpes y así los llevó hasta el pabellón 11. Afirmó “todas las veces que me movieron, hasta el año ’81, siempre fue a los golpes”. Compartió detención con Rabanal, Lozano, Seydell, Actis, Rule, Robledo, entre otros y mencionó la terrible golpiza del 24 de julio de 1976, día en que Naman García asumió como director del penal y en la que participaron, como en todas las golpizas, Bonafede, Linares, Bianchi y Barrios.
En septiembre es trasladado a la U 9 de La Plata junto con otros detenidos, en la que permanece hasta 1981, cuando recupera su libertad. París nunca tuvo causa judicial y aclaró que “Miret fue juez federal desde el 31 de mayo hasta el 16 de junio del ’76”, época en que desaparecieron Daniel Moyano y Virginia Suárez y dijo: “nunca supe qué hizo la justicia federal para ayudar o para salvar, hacer algo por estos compañeros”.
Escuchá el testimonio de Eugenio Paris
“El D2 metido en el Banco de Previsión”
Hermes Omar Ocaña Lucero tenía 33 años, era empleado del Banco de Previsión Social y delegado gremial cuando fue detenido una semana después del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Estuvo poco menos de un año privado de la libertad y en ese lapso pasó por la Dirección de Investigaciones de la Policía de Mendoza, el D-2, la Penitenciaría Provincial, el establecimiento militar de Campo Los Andes y otra vez la Penitenciaría desde donde salió en libertad el 11 de marzo de 1977.
Ocaña recordó que «antes del Golpe, en el Banco se había formado un grupo de seguridad bancaria, pero que no era precisamente para seguridad del banco, sino para hacer inteligencia». Aseguró que sus integrantes eran policías del D 2 e identificó a Julio Lapaz y Pablo Gutiérrez -imputados en este juicio- y a otros tres de apellidos Blanco, Vázquez y Rovira.
El ex bancario fue detenido junto a sus compañeros Galván y Horacio Lucero. A los tres los convocó un comisario Sánchez a la oficina de Personal del Banco y los trasladaron en un vehículo particular primero a Investigaciones y luego al D-2. Allí fueron interrogados bajo torturas, «situación que padecieron todos los que por allí pasaron, especialmente los jóvenes de la Juventud Guevarista, con quienes más se ensañaron», repasó Hermes.
Del personal del D-2 identificó nuevamente a Lapaz, Gutiérrez y Rovira.
El siguiente centro de detención para Ocaña fue la Compañía de Comunicaciones en la que fue recibido por quien estaba a cargo del lugar, Dardo Migno, y dio los nombres del sargento Peralta y el suboficial Pagela como dos de los que daban órdenes. También dijo que allí había interrogatorios a diario y muchas veces mediante tortura.
De Campo Los Andes, mencionó al mayor Paz, como quien estaba a cargo de la custodia de presos políticos.
Finalmente ratificó que nunca fue llevado ante un juez o fiscal ni informado de que tuviese alguna causa judicial en su contra, lo que pidió Pablo Salinas -abogado del MEDH- que se hiciera constar en el acta.
El lunes 8 de setiembre está previsto que comparezcan Alberto Scafatti, María Carrer, Carlos Roca y Raúl Acquaviva.
