10-02-15 | La mayor parte de la jornada la ocupó la reconstrucción de la vida y desaparición de Pedro Ulderico Ponce, a través del relato de su esposa Marta Freites y de Lucia Bourguet, compañera de trabajo. Cerró la audiencia Guillermo Defant citado a testimoniar por secuestro y tormentos sufridos por Ana Florencia Aramburo.
Desandar el tiempo y la distancia
Desde la embajada de Argentina en Francia, prestó testimonio la esposa de Pedro Ulderico Ponce, militante montonero secuestrado el 4 de abril de ’77, en las afueras de su lugar de trabajo. Esta resultó la primera de las desapariciones o asesinatos acaecidos entre el 4 y 10 de abril, que le costaron la vida a quince personas próximas a la JP /Montoneros.
Guiada por las preguntas del fiscal Dante Vega, con minuciosidad y documentación en mano, Marta Freites reconstruyó la vida y militancia de su esposo. Pedro Ponce nació en La Consulta, San Carlos, el 18 de junio de 1946. Inició el secundario en una escuela técnica. Joven aún se casó con Marta y tuvieron dos hijos. Al momento de su desaparición había retomado los estudios secundarios en el CENS N° 78 y trabajaba como encargado del Archivo de la Biblioteca San Martín de Mendoza.
La pareja perteneció al primer grupo de Montoneros que se constituyó en la provincia. La testigo aclaró que en su caso decidió abandonar la organización tiempo después de la muerte de Perón, pero Pedro siguió militando. Él alquiló, a su nombre, un taller mecánico que servía de cobertura para Montoneros, hecho que con el devenir de la represión lo colocó en la mira de la Justicia; sin embargo, Ponce siguió trabajando y sosteniendo la vida familiar hasta que, meses antes de su secuestro, le anunció a su esposa que pasaría a la clandestinidad. Aparentemente llegó a una cita o encuentro al que no asistió nadie, entonces regresó a su hogar, según el decir de Marta, “decepcionado” y retomó las actividades habituales.
El día 4 de abril, Ponce asistió como de costumbre a su trabajo, alrededor de las 11,30 pidió permiso para salir a fin de cumplir un encargo de su esposa. En la explanada de la Biblioteca San Martín se encontró con un compañero del CENS. Mientras estaban conversando se acercaron hombres de civil que exhibieron credenciales de la Policía Federal y lo secuestraron. Desde ese momento se perdió su rastro.
Iris Ponce, hermana de Pedro, presentó Habeas Corpus y recorrió las dependencias habituales sin ningún resultado. Por su parte, Marta salió del país hacia Bolivia y finalmente recaló en Francia, desde donde realizó varias denuncias ante organismos internacionales.
Al finalizar su testimonio, acongojada por lo sucedido, la testigo reprochó a los imputados por no cumplir con los 10 mandamientos. Insistió en la exigencia de darle cristiana sepultura a su esposo y reclamó su urgencia por saber: “¿Qué hicieron con él y dónde está?
La Biblioteca
Lucía Bourguet trabajaba en la Biblioteca San Martín cuando fue secuestrado Pedro Ponce; ratificó que el desaparecido pidió permiso para salir y no regresó. Dijo recordarlo aunque tuvo una escasa relación con él. Lo describió como una persona “cerrada”, introvertida, que se desempeñaba en el archivo.
Preguntada por la fiscalía sobre cómo reaccionó el personal de la biblioteca frente a lo sucedido, la testigo respondió que se comentaba que se había ido a Francia con la familia. Agregó que algo similar sucedió con una chica embarazada de apellido Fierro, que dejó de ir a trabajar, en referencia a una compañera de Ponce que finalmente se exilió en Holanda.
En relación a las repercusiones del golpe en la Biblioteca, Bourguet respondió que recibieron una lista de 100 autores que ordenaron retirar de la estantería y ficheros; el personal guardó las obras en cajas hasta el advenimiento de la democracia.
El querellante Carlos Varela le preguntó por los autores censurados pero solo recordó cuatro nombres. Asimismo se manifestó en desacuerdo con la medida de la Dictadura, en el sentido que las bibliotecas públicas deben disponer de todo tipo de material.
La causa Aramburo
En el marco de la causa por el secuestro y torturas de Ana María Florencia Aramburo, brindó su testimonio Guillermo Enrique Defant, abogado jubilado, hermano de Ernesto Ángel Defant, quien fuera pareja de la apresada.
Ana María, quien vivía en Buenos Aires, se hallaba de paso por Mendoza. La mañana del 6 de marzo de 1979 había ido a la casa su suegra. Juntas salieron al centro, cuando fueron interceptadas por un auto y obligadas subir. Guillermo las buscó en hospitales y comisarías, hasta que alguien le comentó que su mamá se hallaba en la Delegación de la Policía Federal. Al dirigirse a dicha dependencia, se encontró con que efectivamente su madre se encontraba en ese lugar e inmediatamente fue liberada. Del paradero de Ana María en cambio, no obtuvo información. Con el paso del tiempo se anotició que había estado en esa Delegación, donde fue víctima de torturas, y posteriormente trasladada al penal de Villa Devoto. Guillermo señaló que en dos oportunidades viajó a Buenos Aires con la hija de Ana María, para que la niña visitara a su mamá en Devoto. El testigo también comentó que su hermano Ernesto debió exiliarse en Suecia, donde reside actualmente.
Aramburo tenía orden de captura dispuesta por el comando de la VIII Brigada de Montaña. Fue inicialmente detenida y torturada en la sede de la Delegación de la Policía Federal y posteriormente trasladada al D2 para ser sometida a similar tratamiento. Fue juzgada por una Consejo de Guerra y alternó su prolongado cautiverio entre la Penitenciaría Provincial y la cárcel de Devoto
Finalmente, el testimonio de Defant sobre Florencia Aramburo desembocó en una exposición sobre su propia detención. Guillermo relató que en marzo de 1976 su domicilio sufrió un allanamiento, que incluyó robos y destrozos por parte del ejército. Al enterarse del hecho (él no se hallaba en su casa) se dirigió a radicar la denuncia al Comando Militar, lo que le valió quedar detenido por cinco meses. En ese lapso estuvo en el Liceo Militar y en la Compañía VIII de Comunicaciones, donde compartió el cautiverio con alrededor de 200 personas. Mencionó a los hijos del ex gobernador Martínez Baca, dirigentes sindicales, abogados, militantes comunistas, entre otros. Fue liberado el 27 de agosto de 1976.
