21-04-15 | La anuencia del exjuez Miret a las torturas y violación en el D2 fueron develadas a través de los testimonios de Eduardo Glogowski y Juan Carlos Yanzón, detenidos en 1975. El tercer testimonio, brindado por Pedro Torres, puso de relieve el rol que le cupo a Guillermo Petra en calidad de defensor.
León Eduardo Glogowski fue detenido el 28 de agosto de 1975 cuando, acompañado por Susana Liggera, intentaban ingresar en el domicilio de un compañero.
Indagado por la Fiscalía, el testigo hizo un breve recorrido por su militancia como delegado estudiantil, miembro del Frente Antiimperialista por el Socialismo – FAS- y de la Organización Comunista Poder Obrero –OCPO-. En el momento de su secuestro tenía solo 19 años y era un estudiante avanzado de la carrera de Medicina.
Glogowski relató las circunstancias que rodearon a su detención en forma coincidente con el relato de quien entonces fuera su novia, Luz Faingold, en declaraciones de la semana anterior en este mismo Juicio. Ambos, al igual que Liggera y otros, convergieron en el D2 donde fueron torturados y despojados de sus pertenencias de valor. Sin embargo, su mayor registro de dolor fue cuando “…escuché (a Luz) pidiendo socorro para que no la violaran…“, dijo.
Cinco o seis días después de su secuestro, el grupo fue trasladado al edificio de Tribunales Federales para prestar declaración. Ante el Juez Luis Miret y el fiscal Otilio Romano, según consta en el acta correspondiente, el hombre dejó consignados los apremios ilegales sufridos y el “ultraje” a su novia. Hechos nunca investigados por los exmagistrados imputados en el presente debate.
Por otro lado, Glogowski hizo hincapié en la especial saña contra él por su condición de judío: “me hacían comer en el piso”, dijo, reproche que trasladó a Miret, quien en aquel momento le contestó “… y también, con ese apellido”. La expresión, sin duda, infiere legitimidad a la discriminación y un punto de coincidencia con la ideología nazi sustentada por las patotas de la represión ilegal.
Después de declarar en el Juzgado Federal, el joven fue trasladado a la Penitenciaría Provincial y corrió lo misma suerte que el conjunto de los presos políticos siendo parte del contingente transportado bajo torturas a la U9 de La Plata, en septiembre de 1976. Durante su permanencia en este penal fue notificado de su libertad pero enviado a los calabozos nuevamente porque pasó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional-PEN-. En 1979 fue alojado en el penal de Caseros desde donde salió con libertad vigilada en julio de 1981. Habían transcurrido 6 años desde la detención.
Su prolongado cautiverio fue explicado por la categoría de “irrecuperable” que se le adjudicó en la cárcel de Buenos Aires. Según el declarante, en la Plata primaba el castigo físico mientras que en Caseros era psicológico. Allí, permaneció “dos años sin ver el sol” y le ofrecieron firmar un escrito donde se declaraba arrepentido, pero el joven se negó a rubricarlo. Manifestó que la población carcelaria era clasificada en “recuperado”, “recuperable” e “irrecuperable”. Esta estrategia tendía a destruir los lazos entre los detenidos.
Eduardo Glogowski fue acusado por infracción a la ley 20.840 de “represión a la subversión”. Su familia contrató el patrocinio del abogado Quevedo Mendoza, quien se vio obligado a renunciar por no contar con las condiciones mínimas para ejercer la defensa. Por “instrucciones del Juzgado”, no podía ni siquiera conversar con su cliente.
Cerró su declaración acotando que a largo de su prolongada detención no percibió preocupación por su estado ni recibió asistencia de ningún letrado del Poder Judicial.
A la hora de las preguntas de las partes, los querellantes del MEDH, Salinas y Varela permitieron agregar algunas precisiones que ratificaron lo ya declarado por el testigo.
La desafortunada pregunta de Juan Day, defensor de Luis Miret, “¿ya sabía leer?” realizada a Glogowski, refiriéndose al acta labrada en Tribunales generó rispideces. El testigo reaccionó fastidiado por la ironía y obligó a la mediación del Presidente del Tribunal.
Day, molesto, cerró su intervención leyendo una larga lista de funcionarios judiciales de aquellos años, sin aclarar el rol que les cupo, como si todos tuvieran el mismo grado de responsabilidad, coincidencia o respaldo a la vocación de exterminio de los activistas políticos de los años ’70.
Finalmente, el abogado de Romano, Ariel Civit, con su característica introducción “Dígame una cosa…”, balbuceó sendas preguntas bastante ininteligibles, que aparentemente rondaban en torno a la presencia de Romano durante la indagatoria en Tribunales, ratificada una y otra vez por el testigo.
Miret aconsejaba a los presos en el D2
Juan Carlos Yanzón, oriundo de San Juan, tenía militancia en el sindicato ceramista y se reconoció como socialista.
La noche del 28 de agosto de 1975 llegando su casa, en la calle Malvinas Argentinas de Guaymallén, lo introdujeron por la fuerza en la vivienda, lo tiraron al piso, lo golpearon y le vendaron los ojos. En el lugar se encontraban, su primo Ismael Esteban Calvo, su padre Blas Armando Yanzón, León Eduardo Glogowski, María Susana Liggera, Prudencio Mochi y Mario de la Cruz Cisterna; todos fueron trasladados al D2. Convergieron en los calabozos con Raquel Miranda, Luz Faingold y Ricardo D’Amico, secuestrados el mismo día.
Durante el allanamiento a su casa, le robaron todas las pertenencias, incluidos muebles, dinero y cheques de su padre.
El testigo aseguró que sufrió duros golpes en el Palacio Policial pero no la aplicación de corriente eléctrica como a otros de los que allí se encontraban. Además destacó que estaba convencido de que todas las compañeras fueron violadas.
Asimismo recordó que durante su permanencia en el D2 recibió la visita de un civil que después supo se trataba de Miret, quien le preguntó cómo se sentía. Previamente lo había escuchado indagar a Hugo Tomini, en la celda contigua, quien recién volvía de ser torturado y ante sus quejas, el exjuez dijo “y bueno, hay que aguantar”.
Días más tarde, el grupo fue a los Tribunales Federales. En el pasillo coincidió con todos sus compañeros y pudo verlos muy deteriorados por los castigos; incluso Mocchi estaba herido de bala en una pierna.
Al enfrentarse con Miret, Yanzón lo reconoció como el desconocido que lo había visitado en la celda, aún así mencionó los castigos recibidos.
Desde allí, junto al grupo, fue trasladado a la Penitenciaría Provincial donde les dieron la paliza de recibimiento, a cargo del guardia Bonafede, durante la cual a su primo le quebraron tres costillas. Una vez en el pabellón de presos políticos, conoció a los guardiacárceles Bianchi y Linares, de quienes se enteró participaban en algún tipo de tortura.
En septiembre de 1976, al igual que sus compañeros, fue trasladado al penal de La Plata. Durante su permanencia en esa cárcel, recibió la visita de Petra quien le informó que lo habían sentenciado a 4 años y medio. Sin embargo, cumplió 6 años por estar a disposición del PEN.
Yanzón recordó que el abogado defensor que los visitaba en la cárcel de Mendoza, fue un compañero, Alberto M. Oro, desaparecido en octubre de 1976.
El testigo reflexionó acerca de la finalidad del D2 como un centro de exterminio, agregando que si su generación hubiera tenido la posibilidad de vivir en democracia, en un estado de justicia, no hubiera decidido oponerse de la forma que lo hizo.
Al terminar su declaración recalcó la responsabilidad histórica que tienen los tribunales en este momento ya que los pueblos se rehacen en la posibilidad de ejercer sus derechos, destacó.
Juez y parte
Pedro Julio Torres Silva, delegado sindical del Banco de Previsión Social y militante del PRT- ERP, fue detenido el 28 de septiembre de 1975 en la vía pública. El testigo, en la semiclandestinidad, llevaba consigo un documento falso, razón por la cual fue llevado a la Seccional Tercera, donde se encontró con varios policías conocidos que hacían las guardias en el Banco, quienes a su vez eran personal del D2.
Esa misma noche, Torres fue interrogado acerca del origen del documento falso pero él se negó a declarar, similar actitud tuvo la mañana siguiente cuando fue llevado al Juzgado Federal donde fue interrogado por el exjuez Guzzo. A continuación, fue trasladado a la Penitenciaría Provincial, donde conoció a dos imputados, Bianchi y Linares, a los que definió como “muy verdugos en el trato”, y a partir de allí fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata, Caseros y de vuelta a La Plata. En ésta última, recibió la visita de Petra Recabarren quien se presentó como su abogado de oficio. Torres resaltó la particular actuación del exmagistrado: “me hizo un interrogatorio que parecía más de un policía que de un defensor”. El testigo recuerda haberle preguntado: ¿Doctor, usted viene para defenderme o para que yo siga preso? También en esta ocasión Torres se negó a declarar. A raíz de esa situación se le asignó un nuevo abogado quien logró bajarle la condena de 6 a 5 años y solicitó la libertad condicional, la cual le fue negada.
Pedro Torres recuperó la libertad en 1982, momento en que partió exiliado a Suecia. Regresó definitivamente a la Argentina en 1984.
